El oficial la mete en el patrullero. Mientras la lleva, le va hablando de sus dos hijas chiquitas. Ella recién entra a la policía y está en pareja con una mujer. Él lo sabe. Le pregunta qué se siente eso de “estar con otra mina”. Después vuelve a mencionar a sus hijitas. Dice que le pregunta por curiosidad.
—Nomás, para estar preparado. En caso de que alguna de mis hijas…
La frase no la termina. No hace falta. Ella sabe que le pregunta para calentarse y manosearla. El patrullero sigue avanzando: están en medio de la ruta. En ese pueblo del norte todos se conocen. Él viene de una familia implicada en manejos turbios. Años atrás le había pegado un tiro al padre, pero se dijo que el arma se había disparado mientras la limpiaba. Natalia termina de convencerse de que, pase lo que pase, no le conviene decir nada.1
Las policías nacionales tienen un extenso prontuario en ilegalismos, apremios y criminalidades varias. Esta faceta represiva no es la única cara de la moneda institucional, pero es una cuya abultada existencia las ha convertido en agencias tan temidas como repudiadas. La larga lista de abusos y violencias que tienen a las policías por protagonistas puede rastrearse en distintos análisis e informes -periodísticos, políticos, académicos-. Aun así, las estadísticas son esquivas y resulta comprensible. En zonas atravesadas por un estricto control policial, el temor a la denuncia es un temor fundado. Se entiende que no se hable. Se entiende también que Natalia no lo haga. Después de todo, él es un oficial de trayectoria y con una dependencia a cargo. Ella acaba de graduarse como oficial y esa es una de sus primeras rondas de rutina. A pesar de su corta experiencia, sabe que de eso no se habla.
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Solemos conocer el accionar policial violento y/o abusivo que encuentra blanco en el afuera institucional. Pero trazar límites ciegos a lo largo de las fronteras sociales sólo conduce a distorsiones. De lo que miramos, por supuesto. La separación de tales cotos, en realidad, implica una línea porosa que nos obliga a prestarle atención a las variadas formas con que la violencia policial se despliega también hacia el adentro. Después de todo, que este accionar haya sido mayormente documentado y analizado hacia el exterior soporta una explicación coherente. Lo que sucede hacia el interior no se visibiliza porque no se denuncia. Los trapos sucios se lavan en casa.
Una encuesta realizada a principios de este año indica que más del 60% de las mujeres policías que sufrieron algún tipo de violencia y/o abuso en el ámbito institucional nunca realizaron formalmente la denuncia.2 Y cuando lo hicieron, la sanción al agresor alcanzó sólo al 4% de los casos. El resto -la aplastante mayoría- siguió sin ser sancionado. ¿Qué les ocurrió en cambio a las mujeres policías denunciantes? Un 21% debió buscar un nuevo destino. Un 17% fue trasladada a otros sectores dentro de la misma repartición. A un 15% le abrieron carpeta psiquiátrica. A un 8%, sumario administrativo. Y más del 5% fueron dadas de baja. Las conclusiones son fáciles: los hombres denunciados son encubiertos; las mujeres denunciantes, castigadas.
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Cuando yo denuncié a mi superior por violencia, ahí empezó el calvario. Me seguía con el auto, me hostigaba. Me llamaba y me decía que sabía dónde había estado, con quién había hablado. No sé si me había chupado el teléfono él o tenía contactos. Me decía que me iba a dejar paralítica con dos tiros en las piernas.3 Al principio no me querían tomar la denuncia en la comisaría. Después me la tomaron pero hicieron un sumario plagado de irregularidades para beneficiarlo a él. Hicieron lo imposible por sacarme de la fuerza: me rompieron el auto, me pusieron arrestos, llegaron a requisar a mis hijos chicos cuando salían a la vereda.
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La cantidad de casos de abuso y violencia a los que se ven sometidas las mujeres policías nos habla de un escenario que no es sólo institucional sino rutinario. Porque no asistimos acá a eventos excepcionales, comportamientos individuales o conductas desviadas, sino a prácticas naturalizadas, realizadas por agentes sociales sostenidos por formas típicas de intervención policial. La inexistencia y/o incumplimiento de reglamentaciones orientadas a cuestiones de género puede explicar en parte la recurrencia de estos casos (o explicar al menos la dificultad de la denuncia, ante la falta de normativas adecuadas que la sustenten y puedan hacerla prosperar).4 Pero en términos generales,5 la violencia policial contra las mujeres policías no es más que una deriva específica dentro de un modo particular de ejercicio de poder.6
Hablar de “violencia policial contra mujeres policías” debe entenderse, aquí, como un modo resumido de referir a la violencia de género. Aquella causada por el deseo masculino de ejercer poder y control sobre -en este caso- las mujeres, como señalan varios autores.7 Dentro de la institución policial, esta violencia adquiere variados matices. En un esquema tosco pero orientativo, un polo nuclea los casos que implican la vulneración de derechos laborales (impedimentos o trabas para ascender en la jerarquía por su rol de mujeres y/o madres, por ejemplo). Y el otro, agrupa casos de maltratos y abusos de distinta índole: insultos, amenazas, golpes, abusos, violaciones y hasta femicidios.
Este último polo es el que mejor pone en diálogo la relación que me importa resaltar: aquella que se da entre la violencia institucional de género contra mujeres policías y la violencia policial; el que mejor permite comprender a la primera como una manifestación particular de la segunda. Mientras la vulneración laboral -y los insultos y las amenazas y hasta la muerte- no es un ejercicio del poder policial que haga blanco solo en las mujeres de la fuerza,8 los casos de abuso y violencia sexual alcanzan, en ellas, una mayoría estadística.9 Y no se trata de cualquier violencia de género: es una que se ejerce dentro de una institución que lleva un mandato decididamente “patriarcal” dentro de su ADN.
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Conocemos los tonos con que se tiñe el ejercicio del poder policial. Se trata, en primera instancia, de un poder configurado como territorial. No en términos de un espacio físico (una parada, una cuadrícula, una dependencia), sino de un espacio vincular. El poder policial detenta un espacio y su gente -vendedores ambulantes, “trapitos”, prostitutas o personal bajo mando-. Un viejo suboficial solía explicarlo con otras palabras: “todos los que viven en mi cuadrícula son putas y les bajo la bombacha cuando quiero”.
La frase lleva a un obvio corolario: el poder policial se ejerce a partir del uso discrecional de la fuerza. La gama en que esto puede manifestarse es por supuesto variada, pero la encuesta que mencionábamos antes arroja más datos. El primero, que un 18% de los casos denunciados por las mujeres policías implican violencia sexual (abusos y violaciones). El segundo, que el 67% de los agresores son jefes.10 Las conclusiones aquí también son sencillas: el ejercicio de la fuerza aparece siempre ligado a una relación de poder. El poder policial se erige como un poder que descansa, en buena medida, en la capacidad de manipular o disponer del cuerpo del otro.
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Me acosaba todo el tiempo. Él en ese momento era subdirector. No me dejaba en paz. Pedí el traslado porque tenía miedo de ser violada o molida a palos, como le ha pasado a otras. No me lo dieron. Y cuando hablé fue peor. Yo tenía un legajo impecable, nunca había faltado ni llegado tarde. A partir de eso me inventaron robos, me pusieron arrestos. Estuve a punto de perder mi embarazo: me tuvieron subida a un banco durante tres días, limpiando el techo. Finalmente me encerraron y me quisieron obligar a firmar la baja. Acá es así: primero firmamos y después nos notificamos. Ahora este señor vive como director, porque lo ascendieron, y yo de carpeta psiquiátrica.
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El poder policial es un poder habilitado para ser avasallante. En este rasgo de lo activo y lo dominante se juega un tercer factor: el poder policial entendido como la instauración de un determinado ejercicio de masculinidad. Aquella que aparece asociada al comercio del mando, la autoridad, la prepotencia y hasta la humillación del cuerpo de los otros. Aquella que comprende lo masculino como el registro de la violencia y el poder, como la capacidad para avanzar sobre cuerpos y espacios considerados como propios.
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El nuevo jefe estaba acusado por abuso sexual en otro lado. Lo escondieron en nuestro destacamento. Dormía en la misma habitación que nosotras las mujeres. Tenía la mente retorcida. Siempre decía que quería llegar a la última jerarquía para tener a disposición a todas las mujeres.
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El ejercicio del poder policial es territorial. Es violento. Es masculino. Masculinidad y poder policial se tornan intercambiables, pues este ejercicio del género -insinuaciones, abusos, imposiciones sexuales- se vuelve una herramienta privilegiada para avanzar sobre cuerpos y espacios considerados como propios. Así, la violencia de género -la violencia policial contra mujeres policías- es parte constitutiva del ejercicio del poder policial.12 La violencia policial aquí narrada remite, en última instancia, a una violencia generizada.
El poder policial se asienta así, para su ejercicio, en la construcción de un otro a someter. Instaura una relación de diferencia o desigualdad que haga posible el maltrato o el abuso. Que haga posible su existencia y su persistencia en el tiempo. Que haga posible también el silencio que se teje en torno a él. Hablamos, por supuesto, de vulnerabilidades. Pero no sólo de su instauración: también de su aprovechamiento. Después de todo, conviene no olvidar que, para una gran franja del personal policial, mantenerse dentro de la institución implica una estabilidad laboral que no pueden darse el lujo de perder. En mujeres que son sostén de hogar, el lujo se vuelve urgencia.
Hay también aquí violencia de género. Tanto en la clase de vulnerabilidad que las mujeres policías ostentan como en los “castigos” que la indocilidad les reporta. Porque mientras los sumarios, los arrestos o los traslados (por nombrar unas pocas) son estrategias disponibles casi por igual para hombres y mujeres policías, hay un recurso que parece estar hecho -otra vez: no en un sentido único, pero sí de mayoría estadística- a medida de las mujeres: la carpeta psiquiátrica. El recurso remite a una asociación tan antigua como todavía en curso: la de la mujer insumisa como “loca”. La categorización tiene, en el ámbito policial, su traducción nativa: la “carpetera”. O aún más: la “triple Luz” (en la codificación que se usa para modular por radio, donde a cada letra le corresponde un nombre propio, Luz es la forma de decir L. O sea: ele, ele, ele. Loca, loca, loca).
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La violencia policial ejercida contra las mujeres policías no es un fenómeno nuevo, aunque sí poco problematizado. Abordar estos casos nos fuerza a mirar de frente eso que hasta hace poco quedaba invisibilizado. No por ignorado, sino por mayormente excluido. De hecho, ciertos sectores políticos lo han dicho sin eufemismos: no hay espacio para mujeres policías en los ámbitos de los feminismos y los encuentros organizados de mujeres. La policía es el límite. Pero si los casos mencionados provocan incomodidades es porque conllevan desafíos: ¿cómo vamos a ajustar, a partir de ellos, el encuadre con el que pensamos la trama de la violencia policial?
Ilustración de interior: Maikena
1 Éste y los sucesivos relatos de mujeres policías corresponden a un trabajo de campo realizado a lo largo de 2019.
2 La encuesta -federal, anónima y de la que participaron 250 mujeres policías, en actividad o retiradas- fue una de las primeras acciones realizadas por la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, conformada en marzo de 2019. Éste y otros colectivos similares nuclean a mujeres policías de distintas provincias del país, que buscan construir legislación actualizada con perspectiva de género dentro de las fuerzas de seguridad. El 3 de Octubre de 2019 presentaron un proyecto de ley destinado a reemplazar a la normativa vigente, que data de los años 1970s. La encuesta mencionada fue realizada en el Facebook de la Red a través de un formulario web. Los resultados fueron levantados por distintos diarios nacionales.
3 El arma es, en los casos narrados, un elemento siempre presente, ya sea mediante la amenaza de su uso o mediante su uso efectivo (según un informe de Correpi para el año 2018, 1 de cada 5 femicidios fueron llevados a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad y con armas reglamentarias). Esto no significa, sin embargo, que en el arma descanse el solo peligro del ejercicio violento del poder policial. La capacidad de poner en marcha recursos estatales legitimados para el hostigamiento, la persecución y el castigo -armar causas, fraguar delitos, lograr encarcelaciones efectivas- añaden un cariz particular al ejercicio de este poder.
4 No podemos olvidar, en este sentido, que la incorporación de mujeres a las fuerzas policiales locales es un proceso reciente y hasta tardío, si lo medimos en relación con la vasta historia de las policías del país (el proceso de ingreso se regulariza recién en los años 1970s). Tal hecho es sin dudas indicativo de una institución que se ha pensado, desde sus orígenes, como una profesión a ser ejercida por hombres.
5 Afirmar esto no significa ignorar que la agencia policial es una institución con innumerables matices y realidades, capaz de contener dentro de sí un número igualmente variable de perfiles y modos de actuar.
6 Recalco: un modo particular de ejercicio del poder. No el único, por supuesto.
7 En términos generales, puede aplicarse al deseo masculino de ejercer poder y control sobre un otro feminizado: mujeres, travestis, transexuales, gays, etc.
8 Recordemos, por ejemplo, el caso de Lucas Muñoz, un policía muerto por la policía rionegrina a la que pertenecía.
9 Desde ya, existen casos en contrario. Ver, por ejemplo, el de Maximiliano Almonacid.
10 El argumento de la violencia policial contra mujeres policías oficia acá como recorte de análisis en función de la problemática abordada. No pretende, bajo ningún concepto, establecer asociaciones reificadas entre mujer y victimismo.