El proyecto de intervención de Vicentín encendió todas las alarmas. Pensar que el Estado gestione una empresa como esa implica varios desafíos. Además de la rentabilidad que supone participar del principal sector exportador, implica hacerlo en un contexto pospandémico, con mercados cada vez más exigentes en cuanto a estándares de calidad. Significa capitalizar experiencias como la de Vaca Muerta. Y obliga a respaldar nuevos modelos de desarrollo: no hay producción de alimentos exitosa sin diversidad en los procesos, cuidado del ambiente y de la salud pública.



—Les anuncio acá, en este instante, que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el Estado nacional sea haga cargo. 

 

Después de más de dos meses de cuarentena, el inesperado mensaje de Alberto Fernández rompió la fijación binaria del gobierno sobre la pandemia del Covid-19 y la negociación de la deuda. La declaración de “utilidad pública” de la empresa santafesina y la decisión del Estado de intervenir la cerealera esboza los debates de una agenda política y económica propia de su gestión. ¿Será esta la oportunidad para promover una participación virtuosa del Estado que permita iniciar un nuevo camino de desarrollo, sustentable y más equitativo, en el sector agrícola y más allá?

 

Vicentín juega un rol central en el sector de la producción de alimentos y exportación de cereales: un conglomerado de empresas relacionadas a varias industrias, como biodiesel, carne vacuna, fertilizantes y lácteos, entre otras. Es una de las principales exportadoras de granos y harinas del país y una importante fuente de divisas paralizada tras entrar en convocatoria de acreedores: un gigante demasiado grande como para dejarlo caer. 

 

El proyecto de intervención busca hacer una carambola a varias bandas. Por una parte, el Estado se asegura la continuidad en el empleo de los trabajadores, evita la caída de la cadena de pagos y suaviza el descalabro en una economía ya grogui por la pandemia. Por otra, gana control en una empresa que puede cumplir múltiples roles en el mercado agrícola, el más importante para la Argentina. Algunos de estos papeles ya se están imaginando y fueron mencionados en el anuncio: que Vicentin juegue como organización testigo en el mercado de la exportación de cereales, la producción de alimentos y el ingreso de divisas. Sin duda se trata de una apuesta fuerte del gobierno, pero si no se logra pensar más allá de la coyuntura hacia una estrategia de desarrollo sustentable para el siglo XXI, la movida corre el riesgo de quedarse corta.

 

Para comprender el desafío basta con mirar el ejemplo de YPF. En 2012 el gobierno decidió expropiar el 51 por ciento de sus acciones para recuperar el control del mercado de combustibles y apuntalar la soberanía energética. Junto con otras empresas, YPF apostó fuertemente a Vaca Muerta y al fracking como la gran oportunidad de desarrollo. Hoy, con el precio del petróleo a la baja y gran parte del mundo en confinamiento, el sueño de Vaca Muerta se desvanece. Mientras tanto, el país perdió años debatiendo sobre tecnologías que en el mediano plazo van a quedar obsoletas. 

 

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Argenzuela o Noruega: 

antecedentes de intervención estatal

El proyecto de intervención encendió todas las alarmas y puso en juego narrativas. Políticos de la oposición, periodistas económicos y referentes empresariales recurrieron a los argumentos del consenso neoliberal, como la supuesta “ineficiencia intrínseca” de las empresas estatales, asociada a escasa inversión e inoperancia burocrática “inevitables” y al tráfico de influencias, entre otros posibles actos de corrupción. Los mismos referentes analizan movidas similares frente a la caída de algunas de las empresas más importantes de Europa con una vara diferente. Por ejemplo: ante los anuncios del gobierno italiano de renacionalizar Alitalia, del alemán contando que se convertirá en uno de los principales accionistas de Lufthansa y del francés que afirmó que no dudará en usar “todos los medios disponibles para proteger sus empresas”, incluida la nacionalización, La Nación tituló: “Europa sale al rescate de sus empresas emblemáticas”. Ante el reciente anuncio del gobierno argentino, en cambio, dijo: “Con la excusa de un ‘rescate’ y la ‘soberanía alimentaria’ el gobierno decidió quedarse con Vicentin”

 

En relación al temor que asocia a las empresas estatales con la ineficiencia, muchas experiencias contemporáneas están diciendo lo contrario. Así como hubo varios fracasos, hay múltiples ejemplo de éxito en la mayoría de los sectores y en diferentes tipos de países. Algunos ejemplos son Codelco (Chile), una de las mineras más importantes del mundo; la petrolera Noruega Equinor;  China Mobile, líder nacional en telefonía; Dubai Ports, el tercer operador portuario más grande del mundo; y Thales Alenia Space, empresa francesa líder en la industria aeroespacial europea. Sus éxito se ve reflejado en algunos indicadores. Un análisis de las 500 firmas más importantes del mundo muestra que entre 2009 y 2014 la participación de empresas públicas pasó del 9% al 23%. En 2014, más del 10% de las 2000 compañías más grandes eran de propiedad estatal, con presencia en 37 países. En sectores como energía, ferrocarriles y varios de recursos naturales, las empresas estatales son más la norma que una excepción. Por otra parte, más allá de su eficiencia, las empresas estatales han sido importantes herramientas de política pública para impulsar el modelo de desarrollo en países considerados exitosos, como Singapur, Israel, Noruega y China.

 

¿Para qué sirve una empresa estatal agrícola?

 

El gran atractivo de las empresas estatales es que, si son rentables y eficientes, tienen el potencial de perseguir varios objetivos de desarrollo al mismo tiempo: equidad, estabilidad de mercado, competencia justa, crecimiento a largo plazo, avance tecnológico y autonomía. En sectores de recursos naturales -de crucial importancia para los países en desarrollo-, las empresas estatales, además, pueden asegurar un mayor control para preservarlos y cuidarlos, fijar metas ambiciosas de política industrial y tecnológica y garantizar cierta legitimidad sobre explotaciones que suelen ser conflictivas. 

 

En este contexto, no parece tan descabellado que ante la posibilidad de quiebra o traspaso a manos extranjeras, el gobierno se haya inclinado por el salvataje público de Vicentín, tan emblemática y poderosa en el sector de mayor importancia económica para el país. Lo que aturde es la dificultad de todas la partes para dar vuelta la página y comenzar a evaluar colectivamente cuáles son las nuevas oportunidades y riesgos. El ruido y las chicanas políticas impiden construir una mirada de largo plazo sobre los desafíos estructurales de la economía.   

 

¿Qué tipo de estrategias de desarrollo podrían abrirse si contamos con una empresa agrícola de gestión estatal, si un proyecto de expropiación como el de la cerealera se aprobara en el Congreso? Más allá del optimismo inicial sobre los beneficios de empresa testigo, el gran desafío sería proyectar a Vicentín como un articulador de nuevos caminos de desarrollo en el agro argentino. 

 

El sistema agrícola ha apoyado a la economía nacional con divisas durante los últimos quince años, pero enfrenta enormes riesgos y desafíos económicos, sociales y ambientales. En lo económico el mayor desafío es la concentración en producción, propiedad y  conocimiento. En 2019, el 78% del total de las exportaciones agrícolas (que explican el 48% del total de las exportaciones argentinas) se concentró en unos pocos cultivos básicos -semillas oleaginosas (50%) y tres cereales: maíz, trigo y cebada- que ocuparon el 66% del total de la tierra dedicada a la agricultura. En 2018, según el último censo agrícola, el 89% de los productores eran pequeños y medianos, y sólo explotaban el 25% del total de la tierra, mientras que el 11% aprovechaba las tres cuartas partes del suelo cultivable. 

 

En lo social, la producción intensiva en tierra e insumos apenas requiere mano de obra. Este es un problema en un país con altas tasas de desempleo, porque desplaza la población rural hacia los conurbanos de las grandes ciudades, donde se crean bolsones de pobreza. El aumento de la concentración en la propiedad de la tierra también excluye a la mayoría de los agricultores de los beneficios creados por la actividad, y deja las decisiones clave sobre qué y cómo producir a unos pocos. Los problemas ambientales se ven en la erosión del suelo, la deforestación, la pérdida de la diversidad biológica natural y de los cultivos, el elevado uso del agua y la energía, y los problemas de salud causados por el aumento del uso de herbicidas e insecticidas.

 

Por lo tanto, este sistema necesita redireccionarse puertas adentro en Argentina y hacia afuera. Necesitamos cambiar conductas, prácticas y tecnologías para movernos en direcciones más sustentables en estos tres frentes. Una empresa estatal con influencia en el sector puede ser un agente de transformación privilegiado. 

 

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La sustentabilidad como necesidad

 

A diferencia de otros sectores donde la construcción de un sendero sustentable requiere más inversión e investigación, en el agro se trata más bien de dar lugar y apoyar una diversidad que ya existe. Muchas de las prácticas y tecnologías para lograrlo están disponibles; múltiples actores experimentan con ellas, como los productores orgánicos y agroecológicos, y los de la agricultura familiar. Muchos de estos productores, competitivos en muchos aspectos, luchan por sobrevivir en un mercado guiado solo por precios, dominado por unos pocos actores que fijan las reglas e influencian las decisiones institucionales claves para el sector. Una empresa estatal podría favorecer estas prácticas alternativas a través de su poder de compra, sin necesidad de grandes inversiones. Al mismo tiempo, podría generar importantes sinergias con el INTA, las universidades y otros actores sociales para adoptar formas de innovación abierta, y redireccionar la investigación hacia el cuidado del medio ambiente y la diversificación de la producción.

 

Esta es una urgencia para el sector de la producción de alimentos que no podemos seguir ignorando. Pero las condiciones cambiantes en los mercados internacionales también traerán nuevas urgencias. Ya tenemos claros indicios que muestran que como resultado de la pandemia, se extenderán y endurecerán las regulaciones internacionales sobre cuestiones como trazabilidad y etiquetado en bioseguridad y salubridad. Especialmente en los mercados de mayor poder adquisitivo, donde se están fortaleciendo las exigencias de estándares en la producción de alimentos, que a la larga se convertirán en restricciones para el comercio. Durante las últimas décadas algunas regiones de altos ingresos, como la Comunidad Europea, han ido aumentando los requerimientos en el etiquetado por organismos genéticamente modificados (OGMs), por ejemplo. También han comenzado a exigir mayor calidad de procesos productivos en relación al uso de pesticidas, entre otros elementos, basados en la sospecha de que dañan la salud. Lo más probable es que esta conducta ya difundida en Europa se extienda a otras regiones.

 

En este contexto una empresa estatal, compradora y exportadora de productos agropecuarios, y productora en sectores seleccionado, podría cumplir un rol fundamental en el establecimiento de estándares de calidad y de producción, y así favorecer la inserción internacional en los mercados internacionales en un futuro dominado por mayores restricciones al comercio de alimentos por una utilización de mayores regulaciones.

El enorme potencial de estos cambios podrá alcanzarse sólo si logramos aprender de las fallas de las experiencias previas en Argentina. Cuestiones de transparencia, responsabilidad social y cuidado del patrimonio público deberían ponerse en primer plano. Quizás sea el momento de repensar los modelos societarios para permitir mayor participación ciudadana en las empresas públicas. Todas estas cuestiones merecen  discutirse con amplitud. 

 

Más allá de la forma final que adquiera, la intervención de Vicentín representa una oportunidad enorme. Para evitar que se escape hay que cambiar de pantalla y empezar a experimentar con nuevos modelos de la Argentina que se viene. 

 


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