A un año del fallo histórico que sentenció “fue travesticidio”, el hermano de Diana Sacayán recuerda cómo hizo aquella red de activistas y amigues para incidir en la justicia patriarcal y en el discurso social. Ese trabajo de hormiga (“hacíamos de investigadores, no queríamos que se nos escapara nada”) y las alianzas tejidas entonces empiezan a cosechar resultados, dice. Lo prueba la sentencia por el crimen de Marcela Chocobar. Porque las muertes trans-travestis son muertes evitables.



Después del asesinato de Diana, con Lohana Berkins queríamos que se hiciera Justicia. Sabíamos qué teníamos que pedir: había sido un travesticidio.

 

-Vos ocupate de estar fuerte. Yo me voy a encargar de todo-, fueron las palabras de Lohana.

 

Eran las 5 de la tarde. Recién salíamos de reunirnos con los primeros abogados y nos fuimos a comer una pizza a un bar de Corrientes y Paraná. Lohana ya no podía comer pizza, la retamos pero nos explicó que ella se iba manejando con la medicación y que había momentos en los que sí podía, como ese. Y ahí me dijo que teníamos que estar bien para afrontar lo que se nos venía.  

 

Los abogados asumen la causa. Nos empezamos a reunir con la fiscal Mariela Labozzetta de la UFEM. Me aceptan como querellante. A los pocos días, fallece Lohana. Se apaga un motor fundamental en el proceso que habíamos iniciado.

 

Sentía que sólo no iba a poder.

 

La causa se eleva a juicio, y la abogada Luciana Sánchez -presente en la escena del crimen desde el primer momento- asume la representación de la querella.

 

Entre varies empezamos a trabajar en una estrategia. Formamos la Comisión Justicia Por Diana y nos empezamos a juntar con militantes de derechos humanos, activistes, amigues, compañeres y familiares. Teníamos que estar organizades para llevar un juicio de estas características. Participaban muchxs abogadxs, queríamos tener miradas jurídicas diversas.

En ese camino fuimos delineando la figura de travesticidio. Entendíamos que el pedido de Justicia que estábamos reclamando por Diana debía abarcar las demandas de todo el colectivo travesti-trans.

 

Sabíamos que los medios y las redes son una herramienta de acceso a la Justicia. Por eso creamos una estrategia de comunicación para instalar públicamente el término travesticidio, el crimen de odio violento, y el de los travesticidios sociales, ambos conceptos ligados. Queríamos que los medios empiecen a hablar de las muertes de las travestis con esta perspectiva de derechos y como muertes evitables, y que se sepan las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.

 

Nos propusimos barrer el discurso hegemónico. Armamos un bloque político para levantar la consigna #BastaDeTravesticidios.

 

Queríamos interpelar a la justicia. Y para eso tejimos, además de la estrategia jurídica, la estrategia política: fuimos lugar por lugar, despacho por despacho, a contar cómo viven y  cómo mueren las personas travestis y trans.

 

Entendíamos que el feminismo también tenía que levantar esta bandera. Dimos talleres y paneles, intervenimos en las asambleas de Ni una Menos. Hablamos de las muertes de las personas travestis y trans y del estado de emergencia sobres esas muertes, de las violencias que atraviesan esos cuerpos y sobre la falta de pronunciamiento de la Justicia.

***

Queríamos darle forma al concepto de travesticidio en el discurso social. Contar nuestra hipótesis. Cuando llegamos al juicio ya teníamos instalado el concepto.

 

El fallo de Diana significó un quiebre porque habla de la violencia estructural que existe sobre el colectivo. Esa es la diferencia. Reconoce que no es que un día nos despertamos y ahí estaba la transfobia; si existe es porque se fue constuyendo.

 

Diana Sacayan 01 port

 

El fallo fue colectivo. Nos reuníamos los domingos en mi casa en Laferrere o en un local que nos prestaban en Constitución. Fueron horas enteras de leer y releer el expediente y definir estrategias sobre esa base. Cuando trabajás mucho y te dedicás seriamente y con responsabilidad, construís, elaborás. Hicimos un trabajo minucioso, paso por paso, parte por parte. Fue pensar y repensar la estrategia, por dónde podíamos entrar. Darío Arias, referente de Conurbanxs por la Diversidad, y Luciana Sánchez fueron pilares fundamentales en ese proceso. Arrancábamos a las 4 de la tarde y terminábamos a las 5 de la mañana. Hacíamos de investigadores, no queríamos que se nos escapara nada: si estaba la llave o no estaba, cómo fue lo del martillo, todo, todo punto por punto. Desmenuzábamos el expediente que tenía más de 11 cuerpos, y cada cuerpo 400 páginas. Así, tres años y medio. Empezamos siendo 12, terminamos 8. En el medio nos pasaba la vida: festejábamos los cumpleaños, afrontábamos separaciones. Destaco el respeto de todes por el manejo de la información: qué teníamos, cuándo hacerlo público.  

 

La comisión Justicia por Diana tenía subcomisiones: medios y difusión y acción política. Desde esta última surge la Marcha contra los Travesticidios, que este año se hará por cuarta vez en el aniversario de Stonewell, el próximo 28 de junio. La marcha contra los travesticidios es la gran acción política de la comisión.  

 

Siempre trabajamos en absoluta soledad. Nadie nos llamó ni para ayudarnos con las fotocopias. Y creo que esa soledad es porque Diana era travesti, sudaca y originaria. Era una referente de los DDHH que se desenmarcaba.

 

Dentro del activismo también tuvimos que dar una batalla. La palabra travesti no existe fuera de Latinoamérica. Hubo una discusión política sobre si hablar de travesticidio o transfemicidio. Nosotres pensábamos que había que hablar de travesticidio porque al utilizar el término trans como término paragua se estaría negando la identidad travesti, que es una identidad política. La palabra travesti no es un discurso financiable. Esa batalla la ganamos puertas adentro. No negamos los transfemicidios, pero el crimen de Diana fue un travesticidio porque Diana era travesti. Entendimos que es necesario nombrar las cosas por su nombre: así como las muertes violentas de las mujeres son femicidios, las muertes violentas de las personas travestis-trans son travesticidios (en el caso de autopercepción como travesti) o transfemicidios (cuando se autopercibe mujer trans).

 

Hay una exclusión que en silencio deja marcas y margina, y es la que se aplica socialmente sobre las personas trans. La primera es la familiar, posiblemente la más dolorosa; después aparece la de la educación; después, la del trabajo: las puertas se cierran y las posibilidades de proyectarse se van achicando, así también sus derechos. A esa violencia estructural la llamamos travesticidio social. Está íntimamente ligado a esas violencias ejercidas. Nunca ha habido una respuesta de ninguna parte del Estado para generar las políticas públicas que permitan modificar esta situación. Este sistema, que funcionó así históricamente, hace que la expectativa de vida del colectivo travesti trans sea de 35-40 años.

 

Como actores sociales, y lo digo como llamamiento a las personas cis, este tema también nos tiene que interpelar a intervenir de las construcciones y sus resultados. Hay una responsabilidad que debemos asumir. Me refiero también a cierto feminismo; no es sólo levantar una consigna sino hacer un aporte que construya. Yo también me podría haber quedado en mi casa llorando a mi hermana o vivir el duelo de otra forma.

 

Si hoy tenemos que hacer una marcha contra los travesticidios es porque en otros espacios, incluso del colectivo LGTBI, no había lugar para estos reclamos, para denunciar estas muertes y estas violencias.

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El juicio oral ya tenía fecha: el 12 de marzo de 2018. La comisión se abrió al público y a las organizaciones. Teníamos que cosechar el trabajo y las alianzas que habíamos hecho. Llegamos a esta instancia con los recursos políticos necesarios. Sabíamos que este fallo sería una herramienta de empoderamiento para el colectivo travesti-trans.

 

Las características de las muertes violentas de las personas travestis y trans son prueba suficiente para interpelar a la justicia, para explicar el odio, y son suficientes también para exigir Justicia.  

 

Nuestro fallo habla de todos estos aspectos, de la situación y del estado de vulnerabilidad del colectivo travesti-trans. Por eso además de la pena a los culpables pedimos medidas que tengan en cuenta la violencia estructural que hay detrás y las omisiones de parte del Estado. No es que viene una persona loca, discriminadora, que odia lo diferente y nos ataca. Hay también un Estado que ha aportado a que suceda y que ni siquiera responde después por esas muertes. Es una locura que la justicia nunca se haya expedido sobre ésto. Al contrario: siempre lo hizo de forma estigmatizante. Por eso hoy las pibas no llegan a la justicia: les da miedo porque saben que siempre van a ser culpabilizadas, les van a pegar, como si no tuvieran derecho a reclamar nada.

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El 28 de junio es la próxima marcha contra los travesticidios. Estamos actualizando el documento en la parte donde hablamos del caso de Marcela Chocobar ahora que la Justicia respondió de una determinada manera.

 

Antes de de la sentencia habíamos exigido que se hablara de transfemicidio y que se aplicara el fallo Diana Sacayán. El caso llegó como homicidio simple y a los dos días, producto de haberse levantado toda la ola de la difusión y del laburo que estamos haciendo con las organizaciones y personas necesarias, se planteó el cambio de carátula como crimen de odio. Tiene mucho peso la lucha.

 

En el documento también nombramos a Zoe Quispe -asesinada con 36 puñaladas por su pareja- y otros fallos que les dieron perpetua a los asesinos pero no hablaron del odio a la identidad de género.

 

Las marchas siguen siendo una de las herramientas principales para interpelar a la justicia. Ahí está la importancia de seguir sosteniendo ese lugar, esa acción política, de seguir estando en movimiento. Y este movimiento tiene que ver con el feminismo. La marea verde tiene esa fuerza y esa fortaleza que hace que ciertas luchas se tomen inmediatamente y se ponga el cuerpo donde se lo tiene que poner.


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