El sociólogo Javier Auyero retoma el trabajo sobre el Estado y plantea las implicancias de las relaciones clandestinas entre los actores del mercado de drogas y los oficiales de la policía. Esa zona gris a la que nunca se le prestó atención -las intervenciones clandestinas del estado en los territorios relegados de las ciudades- y a la que Auyero le cambia el foco: cómo impacta la política en la vida cotidiana de la gente común. Publicamos la IV Conferencia Memorial Guillermo O’Donnell que el autor de "La política de los pobres" dio en el Congreso Nacional de Ciencia Política que organiza la SAAP junto a la UNSAM.



Foto portada: Agencia Télam

Fotos conferencia: Pablo Carrera Oser

 
 

 

Conferencia “Un Estado ambivalente. Hacia una sociología política de la marginalidad urbana. Conferencia Memorial Guillermo O’Donnell” con Javier Auyero (Austin/Texas), Hector Mazzei (UNSAM, UBA) y Gabriela Ippolito-O´Donnell (UNSAM)

 

Es para mi un honor estar aquí. Y confieso que me asaltaron las dudas cuando me llegó la invitación – al fin y al cabo, no soy cientista político y he tenido – sobre todo en mi trabajo sobre clientelismo – más de un desencuentro con la manera dominante de abordar ese arreglo sociopolítico en la disciplina – diferencias no sólo metodológicas, sino sustantivas y hasta epistemológicas, diría. 

 

Dudas, también, relacionadas a la etnografía, herramienta analítica que suelo utilizar en buena parte de mi trabajo y que no suele ser muy usada (respetada) en el quehacer del oficio del cientista político. Más de uno aquí presente entonces tendrá sus razones para cuestionar mi presencia como disertante en esta conferencia memorial GOD.

 

 

Tengo más de una conexión personal con la vida y obra de Guillermo. Y no sólo porque sus textos fueron formativos en mi paso por la UBA. Fueron él y Pepe Nun (ambos conocidos de mi padre, Guillermo y él, tengo entendido, habían cursado la carrera de abogacía juntos) quienes me alentaron, en el año 92 (el siglo pasado!), a emprender mis estudios fuera del país – cuando no era algo tan usual como lo es ahora (no sabía yo, confieso, qué era un PhD cuando Guillermo me lo mencionó la primera vez).

 

Varios años antes de ese providencial encuentro, Gabriela Ippólito, entonces si no me equivoco en el CEDES, fue quien ayudó a entender textos que, para este estudiante que acababa de abandonar la carrera de derecho en tercer año, eran un poco… digamos oscuros: los textos introductorios al CBC de “Sociedad y Estado.”

 

Muchos años después, puedo dar las gracias públicas.

 

Se suele decir que los etnógrafos se limitan a “contar buenas historias” sobre CÓMO suceden los fenómenos sociales pero no saben explicarlos, no pueden ni saben establecer POR QUÉ ocurren. Un poco porque creo que el POR QUÉ yace en el CÓMO, que no hay tal distancia entre descripción y explicación, y otro poco porque sigo creyendo en el poder de las historias para comunicar nuestras interpretaciones, déjenme comenzar esta charla con una historia.


Lourdes, de 14 años, vivía en una modesta casa, en el barrio de La Carne, en la parte sur de Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina. Había sido abandonada por su padre después de la muerte de su madre, y vivía con tres hermanos mayores.

 

En la noche del 15 de mayo de 2013, ella estaba mirando la televisión cuando dos hombres a bordo de una motocicleta balearon su casa. Una de las nueve balas entró en el pecho de Lourdes.

 

De acuerdo a los habitantes del lugar este tipo de tiroteos son comunes en la zona, la mayoría originados en “broncas” entre vecinos. Este, sin embargo, fue distinto. Uno de los hermanos de Lourdes, Nicolás de 21 años, estaba vendiendo drogas ilícitas desde el patio trasero de la casa en una zona controlada por Los Monos, en ese entonces la organización dedicada a la comercialización de drogas criminalizadas más poderosas de Rosario. Nicolás estaba intentando lo imposible: abrir un lugar de ventas independiente de Los Monos en el territorio controlado por ellos. 

 

Unos días antes del tiroteo, Murray, el líder de Los Monos (todos los nombres han sido modificados, dicho sea de paso) se enteró del puesto de ventas de Nicolás. Uno de sus soldados le informó: “tenés competencia, están trabajando muy bien”. Las conversaciones entre Murray y su soldado, Lucas R., los muestran preocupados por saber a quién pertenece ese lugar. 

 

Ansioso por averiguarlo, Murray llama a un oficial de la policía local, el sargento Belporto, y le pregunta si este puesto estaba protegido por alguien: “está muy cerca de un nuestro. Si no está, vamos a mandar a alguien a cerrarlo”.

 

Horas más tarde, Belporto llama a Murray a su celular y le informa: “Podés ir a clausuralo”. Inmediatamente, Murray le ordena a su soldado: “denle a mansalva.”

 

Lourdes murió camino al hospital a los pocos minutos del tiroteo.

La primera parte de esta historia la reconstruí con ayuda de fuentes periodísticas. Los breves diálogos entre Murray, Belporto y su soldado son parte de las muchas escuchas telefónicas que aparecen en la causa en la que Los Monos – 21 civiles y 12 miembros de las fuerzas de seguridad fueron acusados y muchos condenados por homicidio, obstrucción de justicia, conspiración, etc. 

 

Antes de delinear los puntos principales de esta charla, quiero presentar una historia más que proveniente de una tercera fuente de datos en la que se basa mi trabajo – junto al análisis de fuentes secundarias y escuchas telefónicas, el trabajo etnográfico en una barrio marginado con altas tasas de homicidios – comparativamente hablando- del conurbano bonaerense.

 

 

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“Cuando empezamos traficando en Las Violetas tuvimos un arreglo con la policía. Todos los fines de semana venían a buscar el sobre (recibir su coima). Los policías sabían que vendíamos drogas pero no nos molestaban. Nos liberaban la zona. Si no les pagábamos cada fin de semana, estábamos en problemas y terminábamos en la cárcel. Cuando nos movimos de barrio empezamos a vender mucha cocaína y, sin darnos cuenta, molestamos a la policía porque ellos ya tenían un arreglo con alguien que vendía ahí. Un día unos gendarmes querían saber cuál era nuestro problema con la policía y amenazaron con matarnos, pero en el momento en que, supuestamente, nos iban a disparar, nos ofrecieron protección a cambio de que les pagáramos más. Los gendarmes tienen más peso que la policía y nosotros estábamos con ellos. Empezamos a dominar el barrio, ¿viste? Todo depende del territorio en el que estés. Alguno es para los policías, otro la gendarmería”. 

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Durante las primeras décadas del siglo XXI, la mayoría de los países latinoamericanos han sido testigos de un aumento en la violencia urbana, haciendo de América Latina la única región del mundo donde la violencia letal (medida en las tasas de homicidios, y soy consciente del sesgo masculino que tiene esta manera de medir la violencia) sigue creciendo sin estar en guerra. 

 

Los analistas están de acuerdo en que esta violencia no se distribuye de manera equitativa ni social ni geográficamente, sino que se concentra en los territorios donde habitan los pobres urbanos, conocidos como favelas, colonias, barrios, comunas o villas en diferentes países del subcontinente.

 

Numerosos estudios en la ciencias sociales han notado las diversas asociaciones que existen entre esta violencia y el desempleo, la desigualdad, la acumulación de desventajas estructurales, la falta de eficacia colectiva y de mecanismos de control informal, la ausencia de “infraestructura social” y la influencia combinada del tráfico de drogas ilícitas y la frágil legitimidad estatal en el monopolio del uso de la violencia física.  Es en esta “influencia combinada” en la que me quiero centrar hoy.

 

Cuando examinamos los altos niveles de violencia interpersonal en zonas marginalizadas, la sociología y la ciencia política se ven obligadas a preguntarse cómo interviene el estado en esas zonas. ¿Cuál es la relación entre la violencia en una zona dada y lo que hace o deja de hacer el estado? Esta es una pregunta de la que se han ocupado autores clásicos como Weber y Elías y más recientes como Pinker y Malesevic.

 

En la sociología urbana las respuestas a estas preguntas han estados dominadas por dos perspectivas: una que identifica el abandono que el estado hace de las áreas relegadas-marginadas y otra que se centra en su fuerte, y a veces brutal, presencia punitiva.

 

Hace tres décadas, las ciencias sociales daban cuenta de las zonas marginadas – barrios, inner cities, o ghettos, como “vacíos de gobierno”, “desertificadas” olvidadas por el estado. 

 

Trabajos más recientes, sin embargo, describen a estas mismas zonas ahora como espacios militarizados firmemente controlados por el puño de hierro del estado. Lejos de ser abandonadas por el aparato represivo del estado, los territorios de relegación urbanos hoy son vistos como profundamente penetrados y en más de una ocasión traumatizados por este estado. 

 

En América Latina, las respuestas a estas preguntas sobre la relación entre la Intervención del estado, la marginalidad urbana y la violencia han sido muy influidas por el trabajo de quien hoy nos convoca aquí: Guillermo O’Donnell, y en particular por su noción de ZONAS MARRONES: 

 

“regiones neofeudalizadas” donde “la destrucción de la legalidad inutiliza los circuitos regionales de poder, incluyendo aquellas agencias del Estado, de dimensión pública y legal, sin las que el Estado nacional y el orden que respalda desaparecen.” En estas áreas, afirmaba OD encontramos una “democracia con ciudadanía de baja intensidad”.

 

El de O’Donnell no es sólo un argumento geográfico (países y regiones de países se tiñen de azul, verde o marrón) sino también categorial. 

 

“Campesinos, habitantes de barrios pobres, indios, mujeres, etcétera, con frecuencia no logran recibir un trato justo en las cortes, ni obtener de los organismos del Estado los servicios a los que tienen derecho, ni ser protegidos de la violencia política, etcétera…”.

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Estas perspectivas, tanto en la ciencia política como en la sociología urbana iluminan aspectos muy importantes de las interacciones el estado y sus (pobres) ciudadanos. Pero ni en los Estados Unidos, ni en América Latina se ha prestado mucha atención a un modo de intervención estatal que se involucra con actores ilegales y lleva a cabo acciones ilícitas como parte de su funcionamiento rutinario.

 

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Es cierto que quienes viven en zonas marginadas son muchas veces olvidados por el estado y otras veces “sobre castigados-abusados” por el estado. Pero también están sujetos a lo que el cientista político Desmond Arias denomina “collusion policial-criminal”, una constelación política activa de actores estatales e ilícitos que no sólo erosiona el “rule of law” – la ley – sino que instituye lo que él denomina un orden separado y localizado que puede reproducir altos niveles de violencia interpersonal- orden basado en lo que en las causas judiciales a las que tuve acceso y los propios habitantes del barrio conurbano en el que llevé a cabo mi investigación coinciden en llamar: “el arreglo,” “la prote” - relaciones clandestinas entre policías y quienes cometen actos que el propio estado define como crímenes.

 

El objeto de esta charla son esas conexiones clandestinas – las que constituyen, para seguir con la idea de colores de OD, no un área marrón, azul, o verde, sino la zona gris de la política – zona que estudié hace unos años para el caso de los saqueos y a las que vuelvo ahora para desentrañar los vínculos entre quienes participan en el mercado de drogas ilícitas y miembros de las fuerzas de seguridad para ver qué nos dicen estas relaciones sobre la violencia y sobre el estado moderno. 

 

Está bien establecido que la vigilancia policial afecta la dinámica de los mercados de drogas ilegales. La policía, la mayoría de los analistas está de acuerdo, a menudo interrumpe y desplaza (pero rara vez interrumpe por completo) la distribución de drogas, a veces fomenta la militarización de las organizaciones de narcotraficantes y otras veces provoca conflictos internos dentro de esas organizaciones ilícitas.

 

Pero la mayoría de las investigaciones se han centrado en intervenciones legales y públicas, como arrestos de líderes del mercado de drogas, redadas, presencia policial intensificada y la militarización de las fuerzas policiales. Y se han examinado estas interacciones como si fuesen entre dos actores que se oponen unos a otros y cuyos límites están claramente establecidos: el aparato estatal de un lado, las operaciones ilegales del otro – fuerzas del orden vs. Criminales. 

 

Mucha menos atención analítica se ha puesto en el funcionamiento de relaciones clandestinas entre fuerzas policiales y traficantes, si bien estas relaciones son un fenómeno muy conocidos en muchas partes del mundo. En términos muy esquemáticos, estas es la zona gris en la que me quiero concentrar.

 

Cuando se discuten tales relaciones, a menudo se entienden principalmente como una ausencia estructurada de intervención estatal: en esencia, los actores del mercado de las drogas pagan a la policía para dejarlos en paz. Los narcotraficantes pagan por la protección, y esta protección toma la forma de no hacer cumplir las leyes que regulan la venta y el consumo de narcóticos ilegales.

 

Sabemos que algunos oficiales y, a veces, departamentos de policía en su totalidad protegen a traficantes individuales y, en ocasiones, a organizaciones enteras de narcotráfico, pero no conocemos los detalles más micro, pero esenciales de estas transacciones ilícitas. ¿Cómo se llevan a cabo estas transacciones (dinero por tolerancia)? Más allá de la no aplicación de la ley, ¿qué implican las relaciones clandestinas entre los actores del mercado de drogas y los oficiales de policía?

 

La “complicidad, tolerancia, aquiescencia y / o cooperación” del estado con los traficantes no es nueva en la región. Sin embargo, la dinámica interna de la colusión, los flujos de recursos reales, las prácticas específicas implementadas por sus actores principales y los procesos relacionales en el centro de estas relaciones aún no se comprenden bien. Aún menos, son las relaciones entre colusión y violencia interpersonal.

 

Estas constituyen el centro de esta charla – y del libro que está por salir: El estado ambivalente (el año que viene por SIGLO XXI).

 

De manera telegráfica, el argumento del libro tiene 3 partes:

 

1) Las relaciones ilícitas entre policías y traficantes van más allá de la bien documentada protección vía no aplicación de la ley. Sirven a los traficantes para procurar un control, siempre provisional y negociado, sobre el territorio que es central para el tráfico ilegal. Y sirven para regular – pero no de manera planeada y consistente el mercado.

 

2) Argumentamos, via demostración empírica, que este conjunto de relaciones clandestinas están recursivamente vinculado con la violencia sistemática que suele acompañar al funcionamiento del mercado de drogas criminalizadas y contribuye a la formación de la violencia que sacude a las zonas urbanas marginalizadas 

 

3) Mostramos cómo la colusión policía-traficante alimenta lo que los criminólogos denominan “cinismo legal” y a una generalizada sensación – una suerte atmósfera mental, digamos – de ausencia absoluta de poder, de resignación. Los habitantes de los márgenes urbanos comparten el sentimiento de que, en lo que hace al tráfico y a la violencia que a él se vincula, el estado es inepto, sesgado y cómplice. Es un estado que, para jugar con una expresión de Charles Tilly, participa desorganizadamente del crimen organizado.

 

Especificamos así una fuente adicional del cinismo legal y de la, para llamarla de alguna manera, resignación popular: el involucramiento ilícito de actores estatales en el tráfico ilegal de drogas.

 

Como una nota aparte: creo que hay que explorar empíricamente la relación entre el este cinismo frente a la ley y el comportamiento político, el voto incluido.

 

¿Por qué es importante explorar empíricamente estos argumentos?

 

Creo aquí pertinente contestar con una cita de Guillermo cuando – en el libro editado por Gerardo Munck y Richard Snyder, Pasión, Oficio, y Método en la Política Comparada, Gerardo le dice que “además de la innovación conceptual y la construcción de teorías, su programa de investigación actual sobre la calidad de la democracia también parece requerir nuevos datos, y le pregunta: “¿Qué tipo de información necesitamos para comprender cómo funciona la democracia hoy en América Latina?”

 

Guillermo contestaba en el año 2002: “Esta es probablemente una tarea hercúlea. Primero me gustaría saber mucho más sobre el funcionamiento real de las instituciones estatales. En segundo lugar, me gustaría tener datos de encuestas y datos antropológicos sobre cómo las instituciones estatales se relacionan con la gente común. ¿Cuáles son las percepciones de los ciudadanos sobre cómo son tratados por las agencias gubernamentales? Este es un componente crucial de la vida cotidiana en las democracias sobre el que sabemos muy poco. Tercero, me gustaría saber cómo las personas entienden el funcionamiento del estado, por ejemplo, si piensan que gobierna para todos o solo para algunos sectores de la sociedad. Sabemos muy poco sobre estos mecanismos de poder y dominación y sobre cómo se traducen en las percepciones y conductas cotidianas de los ciudadanos. Pero una vez que te convences de que la democracia es algo más que un régimen, te das cuenta de que es precisamente ese tipo de información el que necesitas. Mi esperanza es que estos datos nos ayuden a llegar al otro lado de la luna, por así decirlo”.

 

La cita, mejor que cualquier cosa que yo pueda decir, funciona como justificación tanto teórica como metodológica de no sólo de la investigación que presento aquí sino de buena parte de mi trabajo en general.

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Pasemos entonces a la sustancia de los argumentos – contra lo que solemos hacer los etnógrafos en nuestros productos finales, voy a tener que CONTAR más que MOSTRAR – la evidencia de las escuchas telefónicas y las causas judiciales es fascinante en el nivel de detalle empírico que dan sobre lo que más nos interesa en el libro – la micro dinámica de la colusión. 

 

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Los traficantes suelen contar con más de un protector dentro del aparato estatal. Muchos son los actores involucrados en los mercados ilegales incluyendo a las policías estatales, la federal y la gendarmería nacional. Los traficante construyen lo que llamamos un entramado de protección y rara vez dependen de una fuente única. 

 

Oficial de policía al líder de grupo de traficantes: “Si veo que van para tu lado, te aviso… si no te llamo, es que no van por ahí.”

 

Oficial de policía al líder de grupo de traficantes: “Avisale a tus pibes que no tengan encima nada raro. La cana está parando autos, mirando baúles, todo… están en la calle X. 50 polis de cada lado”. 

 
Al igual que en Brasil, China, México y Rusia, los actores estatales venden protección (por grandes sumas de dinero) de las acciones de las mismas fuerzas estatales a las que pertenecen. También venden protección en forma de, lo que Matías Dewey (2012: 5) llama, “no cumplimiento, o suspensión de facto de la ley” (o lo que Alisha Holland, para otro contexto, llama FOREBEARANCE – tolerancia). Pero los oficiales de policía (y los traficantes) hacen más, mucho más, que vender y comprar la no aplicación de la ley .

 

Hay tres dimensiones de la colusión entre policías y traficantes: recursos, prácticas y procesos.

 

Primero, encontramos que las relaciones clandestinas entre agentes estatales y traficantes se basan en el intercambio de recursos tanto materiales como informativos.

 

En segundo lugar, encontramos que los actores involucrados en relaciones de colusión tienen prácticas específicas: modifican sus rutinas de trabajo, manipulan procedimientos burocráticos y amplifican las tácticas de vigilancia.

 

Finalmente, hay un conjunto de procesos relacionales en el trabajo en interacciones colusivas: señalización recíproca, cambio de identidad y cambio de escala.

 

¿Por qué es importante – entrar en este nivel de detalle – identificar y describir densamente estos intercambios, prácticas y procesos? Porque eso nos sirve para comprender mejor, por un lado, el carácter negociado y provisional de las relaciones interpersonales clandestinas.  

 

Leyendo trabajos periodísticos y no pocos académicos, uno puede llevarse la impresión de que existe un plan claramente diseñado para maximizar ganancias provenientes del tráfico y obtener impunidad. Pero cuando miramos más de cerca, cuando buscamos densidad en las descripciones, vemos emerger una suerte de universo Mertoniano – Tillyiano repleto de, por un lado, errores, consecuencias no queridas de las acciones, e improvisaciones de último momento, y por el otro, correcciones constantes de esos traspiés, e intentos por reparar relaciones que fueron dañadas por esos errores. En lugar de una estrategia consistente, encontramos maniobras incesantes, improvisadas, y abruptas. 

 

Identificar y describir densamente estos intercambios, prácticas y procesos también nos permite una mejor comprensión de los vínculos entre la colusión y la violencia cotidiana y 3. El carácter altamente ambivalente de la acción estatal en los márgenes urbanos. 

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Por razones de tiempo, déjenme dar un rápido resumen de los RECURSOS. Como mencioné, los miembros de organizaciones de narcotraficantes y fuerzas represivas estatales intercambian bienes, información y asesoramiento. Estas actividades relacionales clandestinas incluyen transacciones aparentemente sencillas, como la venta y compra de dólares estadounidenses y autopartes. También incluyen la venta y compra de armas y municiones. La información es un segundo recurso que circula entre traficantes y policías.

 

El intercambio de información se puede agrupar en tres tipos generales: la información de protección sirve para resguardar a los traficantes de las acciones policiales y otros actores estatales; la información competitiva proporciona información sobre el funcionamiento de los mercados ilícitos; y la información retaliatoria ofrece datos sobre confianza y lealtad entre los actores involucrados.

 

Desde “el punto de vista narco” el estado es un recurso a ser utilizado y una fuerza a ser tenida en cuenta y evitada.  

 

-Gardenal (gendarmería) le pregunta al líder de grupo traficante si conoce a Belporto (policía estatal). Líder contesta: “Si, si, con él está todo bien. Podés confiar. El cumple”.

 

-Belporto (policía estatal) le dice a (traficante) Murray que no se puede confiar en otro policía, está “acusando a tu gente”. 

 

Las escuchas telefónicas parecen sugerir que los traficantes y los miembros de las fuerzas de seguridad están construyendo una red de confianza. Pero también están co-construyendo lo que la antropología clásica llamaría un Sistema de reciprocidad difusa y precaria – difusa porque la definición exacta de la equivalencia no es muy precisa y la secuencia de eventos no está claramente delimitada. Precaria porque es un sistema inestable que, como vemos aquí, está sujeto al uso de amenazas y rupturas súbitas. 

 

“Hey, escuchá, llamalo al comisario Pedele, viste a la Colo le pusieron un bagallo, decile que… así nomás, que llame al Ministro de Seguridad o al que lo manda a él, que más vale que no le… que el bagallo, más vale que no sea el bagallo, porque vamos a ir todos en cana, desde él hasta… desde el cabo cuarta hasta el Jefe de Policía, decile […] que yo tengo todas las grabaciones, todo, cuando hablábamos, decile que lo tengo bien grabado, que hable, que no la embagallen porque vamos todos en cana, no nos importa nada a nosotros, decile así nomás.” 

El suboficial Héctor Hastin contesta: “ahí le digo…ahí te llamo”.

 

Murray insiste “decile que hable, que toque al que tenga que tocar, al Jefe de Policía, a todos, porque ahí no había nada en la casa de la Colo […] sino ahora, decile que yo ya le di los videos al abogado. Si para dentro de un rato no arreglan eso, vamos todos en cana, decile. Ellos también van a ir en cana, decile”.

 

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Esta es una conversación entre un suboficial de la policía y el líder de un grupo narco: “es medio bocón ese muchacho (que trabaja para vos)”. [les había dicho al personal policial] “con quién habla, con quién no habla, para quién trabaja, para quién no trabaja… el vago contó, dio nombre, apellido, radio, todo dio”. El líder acuerda: “es re vigilante, no sirve para nada”. 

 

El suboficial procede entonces a asesorar al líder para que este pase el consejo a sus subordinado sobre los que podríamos llamar la mecánica secreta de la interrogación: 

 

“[C]uando empezó a hablar, le das uno para que hable y dos para que se calle, yo para que lo tengan en cuenta, viste, a mí me chupa tres huevos, viste, pero vos sos mi amigo, yo te aviso cómo es el tema.

 

Permítanme ahora desplazarme desde el foco en la interacción microscópica requerida por la atención a la dinámica de la colusión en el terreno a una visión más amplia – ¿Qué es lo que esto, y las decenas de conversaciones similares que no puedo presentar aquí, nos dice sobre lo que es y sobre el funcionamiento del estado? Preocupación fundamental en el trabajo de Guillermo – su libro clásico El Estado Burocrático Autoritario, al fin y al cabo, nos ayudó a pensar a esa organización a generaciones enteras de jóvenes sociólogos.

 

El conjunto de interacciones clandestinas que descubrimos apuntan a un estado que es una organización profundamente ambivalente, un estado que hace cumplir la ley mientras que al mismo tiempo (y en el mismo lugar geográfico) funciona como cómplice de lo que define como conducta criminal (zonas marrones en zonas azules).

 

La mayoría de quienes estudian al estado moderno no dirían que la coherencia es una de sus características definitorias. Jessop, por ejemplo, habla del estado como un ensamblaje polivalente y polimorfo en el que compiten varios proyectos estatales. 

 

Bourdieu, para citar otro ejemplo, habla del estado como campo, como arena en la que una pluralidad de agentes, grupos, e instituciones están en lucha constante. Las tensiones y contradicciones son, para los sociólogos y cientistas políticos, inherentes al estado. 

 

Muchos entonces dirán que hablar de un estado ambivalente es una tautología. Los estados son siempre ambivalente. Y estoy de acuerdo. Lo que intentamos demostrar es qué actores estatales hacen cumplir y rompen la ley de manera simultánea, en los mismos espacios marginalizados, entre la misma población marginalizada. Lo que procuro hacer entonces es construir evidencia empírica sobre una instancia más específica, más concreta, de esta ambivalencia en las zonas bajas del espacio social y simbólico. 

 

Esta ambivalencia no es meramente el producto del carácter desagregado del estado, de la multiplicidad de agencias, de sus varias manos como bien describe la reciente compilación de Morgan y Orloff, sino que es el resultado de las conexiones clandestinas entre actores estatales y actores ilícitos. Proponemos entonces que para teorizar sobre la falta de consistencia y la presencia de contradicciones en el estado, además de desagregarlo y no tratarlo como un actor monolítico, habría que que poner sostenida y sistemática atención a estas relaciones oscuras y oscurecidas.

 

Pasando del origen a los efectos de la ambivalencia: 

 

Esta ambivalencia específica impacta y canaliza la violencia interpersonal.

 

Esta ambivalencia específica alimenta el cinismo legal entre quienes necesitan más del estado. 

 

Déjenme pasar ahora, aunque sea brevemente a la relación entre colusión y violencia interpersonal – lo que podríamos denominar – la zona gris en las áreas marrones.

 

Las disputas entre dealers-transas rivales, las represalias por robar o no pagar las drogas o el castigo por vender productos adulterados son bastante comunes en los mercados de drogas de todo el mundo.

 

A ese conjunto de intercambios volátiles, agreguemos ahora las acciones de los agentes de policía que realizan pactos con los narcotraficantes, que liberan zonas (pero no otras) para la venta, que venden armas y municiones a los traficantes, que protegen ciertos puntos de venta de drogas (y les permiten a los traficantes atacar a otros) y que, en efecto, se convierte en una fuerza armada que protege a un competidor del mercado sobre otros.

 

Una vez que consideramos estas acciones, no es difícil entender cómo y por qué la violencia sistémica que suele acompañar el funcionamiento del mercado de drogas (aunque hay excepciones) adquiere la forma que adquiere en muchos barrios pobres. 

 

¿Cuál es entonces la relación entre la colusión entre transa y policías y la violencia interpersonal, entre las conexiones clandestinas y los “repentinos cambios de fortuna” para usar una expresión de Norbert Elias, cambios que definen las vidas de los más desposeídos? 

 

Primero, como aprendimos de los casos judiciales, los traficantes atacan, lesionan y matan a otros con la impunidad que brinda la protección policial.

 

En segundo lugar, todos nuestros casos muestran que muchos de estos actos de violencia se llevan a cabo con el apoyo material (en forma no solo de armas y municiones, sino también de personal de la policía que asiste a los traficantes mientras desalojan a los competidores) y los recursos informativos (en la forma de señalización sobre el paradero de otros participantes en el mercado) proporcionados por actores estatales.

 

La colusión a veces apoya la violencia, otras veces la canaliza. Los traficantes no dirigen, no pueden dirigir, sus ataques a otros traficantes si están protegidos por la policía. Cuando estos no están protegidos por miembros de alguna fuerza estatal, entonces los traficantes pueden “darle a mansalva”, como vimos en la historia con la que inicié esta charla.

 

En otras palabras, la protección dirige hacia dónde va la violencia señalizando los objetivos que no están conectados clandestinamente con el estado.

 

La relación entre colusión y violencia no es unidireccional sino recíproca (la violencia da, a su vez, forma a la colusión). Cuando los envíos pueden ser confiscados y el dinero no devuelto, cuando los traficantes pueden ser atacados, heridos o asesinados para recuperar deudas o eliminar a un competidor, todo esto (que los criminólogos llaman violencia sistémica) incentiva a los actores a buscar protección policial, no simplemente para poder comerciar sino para hacerlo de la manera más segura – en términos de riesgo corporal – posible.

 

Estas son vías bastante DIRECTAS en las que la colusión entre policías y traficantes se relaciona con la violencia interpersonal. Pero una vez que combinamos casos judiciales y material etnográfico, tenemos otra forma más intrincada, menos directa, incluso diría más perniciosa.

 

En el barrio pobre donde trabajamos, la violencia relacionada con las drogas hace que tanto las calles como los hogares se vuelvan inseguros. El miedo impregna las interacciones interpersonales. Los residentes no solo temen aventurarse fuera de sus hogares, sino que también están aterrorizados por la incierta situación de sus seres queridos, especialmente cuando estos están involucrados de alguna manera en el consumo y / o comercio de drogas.

 

Existen una serie de caminos a través de los cuales la violencia del narcotráfico se traslada al interior del hogar y muchas veces se convierte en disputas brutales entre los miembros de la familia. La violencia entra a los hogares por medio de tres vías secuenciales que a menudo coexisten: 

 

1) invasión, en la cual los transas ingresan a los hogares en busca de otros participantes del mercado de drogas y las familias quedan atrapadas en el medio de esa disputa; 

 

2) protección, en la cual los miembros de la familia buscan protegerse, a veces violentamente, del robo repetido de artículos del hogar que uno de sus miembros lleva a cabo para sostener su hábito y/o pagar deudas; y 

3) prevención, en la cual los padres y madres usan la violencia contra sus hijos e hijas en un esfuerzo por prevenir la violencia más seria contra ellos y ellas por parte de otros participantes del mercado de las drogas.

 

Una y otra vez, los padres angustiados (en su mayoría madres) nos contaron sobre su uso de los puños, patadas, palos, escobas y cadenas para mantener a sus hijos e hijas alejados de la “mala junta” (amigos que se cree que son malas influencias) o, si “ya habían caído” para tratar de controlar su participación en la economía de las drogas.

 

Dadas sus fundadas sospechas sobre narcopolicías que regularmente “traicionan lo que es correcto”, para usar la expresión de Jonathan Shay, dado el cinismo legal generalizado, ¿por qué los residentes recurrirían a la policía?

 

Padres y madres usan la violencia contra sus seres queridos por la frustración de la falta de formas alternativas de abordar lo que más les preocupa: la probabilidad de que sus hijos e hijas resulten lastimados debido a su participación en las drogas.

 

Debido a que los oficiales de policía son percibidos (con razón) como criminales, padres y madres creen que, cuando se enfrentan a la aterradora realidad de que sus hijos o hijas se pongan en peligro porque están consumiendo y / o vendiendo drogas, no tienen otra alternativa que la disciplina violenta.

 

La colusión se relaciona con la violencia de esta manera, menos obvia y pública.

 

Concluyo ahora con una lección analítica de este proyecto para la construcción de una sociología política de la marginalidad urbana y un comentario general sobre lo que aprendí en estos años de analizar la política sin ser cientista político.

 

Aunque se ha prestado mucha atención a la acción estatal abierta que castiga y / o disciplina a los pobres, no se han considerado las intervenciones clandestinas del estado en lo que Wacquant (2007) llama “territorios de relegación urbana”. 

 

Escudriñar esta forma de acción estatal ilícita es imperativo si queremos comprender mejor no solo lo que el estado es y lo que hace en los márgenes urbanos sino también algunas de las fuentes de violencia interpersonal menos examinadas entre los destituidos.

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El comentario general

 

Gran parte del análisis político, tanto en la sociología política como en la ciencia política, se basa en una separación estricta entre el campo político donde los funcionarios, políticos, activistas, expertos, periodistas y otros actúan e interactúan y la esfera de la vida cotidiana donde vive la gente común, donde esta va a la escuela, trabaja, sobrevive, cría a sus hijas e hijos, come en un comedor popular.

 

Tomemos, por ejemplo, a una madre como Carolina, que vive en Ingeniero Budge y quien, la última vez que hablamos con ella, estaba genuinamente angustiada por el destino de un hijo “perdido por las drogas”. O la historia de un padre, como algunos con los que hablamos en ese barrio conurbano, que golpea a su hijo con una mezcla de frustración y furia para que “rompa su hábito” o para mantenerlo alejado de la “mala junta”. Consideren el caso de un traficante de drogas que hace un “arreglo” con un oficial de policía. 

 

Estas experiencias y acciones vividas no son (se nos dice implícitamente) los objetos apropiados de la investigación política – a menos que esos padres, madres, vecinos, policías o traficante asistan a una manifestación o expresen sus opiniones sobre esta política o ese candidato. 

 

La política se convierte así en un objeto pre-construido, como diría Pierre Bourdieu. Los actores dentro del campo político definen qué es la política y qué hace, y luego los analistas reproducen estas construcciones dominantes en sus investigaciones.

 

El empeño académico subyacente en el proyecto del que hablé, pero en realidad, en todo mi trabajo, es colocar la política en el lugar donde más importa: en la vida cotidiana de la gente común — preocupación que uno puede ver maravillosamente ejecutada en aquel hermoso ensayo de Guillermo “¿Y a mí qué me importa? Notas sobre sociabilidad política en Argentina y Brasil” que Lucas Rubinich, mi amigo y primer tutor, me recomendara hace muchos años cuando daba mis primeros pasos como sociólogo.

 

Al mostrar que la desesperación de los padres por la adicción de sus hijos o el conocimiento de los residentes o las sospechas sobre la complicidad de la policía con los narcotraficantes no solo son mutuamente imbricados, sino que también están íntimamente relacionados con lo que el estado hace (o no hace), buscamos construir un objeto social y político relacional. Este objeto no es algo que se “encuentra” sino que, repito, se construye en pos de integrar esas experiencias ordinarias, aparentemente triviales, en el análisis político.


Al hacerlo, esperamos contribuir a promover la agenda de una sociología política de la marginalidad urbana participando en lo que podríamos llamar, parafraseando a C. Wright Mills, un ejercicio de imaginación sociopolítica, una perspectiva que vincula el funcionamiento del estado con las complicadas vidas en los márgenes urbanos, y en particular con la violencia cotidiana que sufren sus habitantes. 

 


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