Las elecciones legislativas de 2019 traen una oportunidad histórica: por primera vez regirá la ley de paridad de género en el armado de las listas de candidatos. Desde las sufragistas hasta las contemporáneas que impulsaron la ley de cupo, el feminismo profundiza el derecho a la participación política y al acceso a puestos de decisión. Michelle Volpin analiza el historial del lugar que ocuparon en el Congreso nacional y explica por qué el escenario pide a gritos renovación generacional y con perspectiva de género.



 

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En Argentina el 2019 trae una oportunidad histórica: por primera vez regirá la ley de paridad en las elecciones legislativas. En medio del debate por su reglamentación, es oportuno analizar qué lugar ocuparon las mujeres históricamente en el Congreso de la Nación y cómo se presenta el escenario político que pide a gritos renovación con perspectiva de género y generacional.

 

Paula se quedó toda la noche acompañando al legislador que asesora: la sesión se extendió más de lo previsto y junto a sus compañeras se encuentran en uno de los pasillos del Congreso. Victoria está concentrada: lee el dictamen y lo firma, sabe que es clave haber llegado a un acuerdo. Ana redacta el proyecto de ley que le pidió la jefa del despacho en el que trabaja. Silvia sale de su casa temprano en la mañana, sabe que tendrá una agenda muy cargada ese día intentando negociar con los distintos bloques un proyecto que vienen trabajando hace meses. Natalia se reúne con sus asesores y asesoras para repasar el orden del día y recibe la llamada de su compañero de bloque para juntarse. Todos los días escenas como estas se repiten en las instalaciones del Congreso Nacional. Las mujeres llegamos a la escena política para quedarnos, y planeamos multiplicarnos porque sabemos que son muchas las decisiones que han tomado por nosotras y son muchos los espacios y los derechos que quedan por conquistar.

 

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Inclusión financiera y empoderamiento económico, reducción de las brechas salariales y condiciones de equidad en ámbitos de trabajo, licencias de paternidad y maternidad, adopción y fertilización asistida, la efectiva implementación de la ESI: estos son sólo algunos de los temas pendientes en la agenda de género de nuestro país. Y la legalización del aborto, proyecto que volverá a ser presentado este año con modificaciones, capitalizando los aprendizajes del debate que marcó el 2018. En la militancia y en los pasillos de la Cámara de Diputados se sabe que, dado que la conformación del Congreso será la misma, pensar en que logre aprobarse en el Senado es complicado. Todo eso si es que llega al recinto, cosa que también resulta impredecible en un año electoral.

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¿Qué pasará con este tipo de proyectos cuando la paridad sea efectiva? ¿La llegada de mayor cantidad de mujeres a la vida legislativa asegura una agenda con perspectiva de género? ¿Qué nos dicen experiencias como la brasileña, cuyo flamante gabinete incluye a dos mujeres -Damares Alves, en el Ministerio de DDHH, Familia y Mujeres, y Tereza Correa, en Agricultura- que ya firmaron medidas antipopulares? Ese análisis es el que se viene.

 

La formulación de la “Ley Micaela” -que regula la capacitación con perspectiva de género para los miembros de los tres poderes del Estado-, el debate por el aborto y situaciones como la que se vivió cuando el recinto se llenó de carteles de “Justicia por Lucía” -tras la absolución de los responsables del femicidio de Lucía Pérez-, son muestras del necesario recambio generacional en el poder legislativo, donde surgen líderes jóvenes en distintos espacios políticos.

 

Las elecciones recientes en Estados Unidos también lo demostraron: aunque votar no es obligatorio, la participación femenina fue masiva. Así, 116 mujeres fueron electas, logrando el mayor número de legisladoras ocupando bancas al mismo tiempo en la historia del país. De origen latino y oriunda del Bronx, con 29 años Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en la congresista más joven en la historia de Estados Unidos, y representará al distrito 14 de Nueva York en la Cámara de Representantes. “Se supone que las mujeres como yo no se presentan a cargos públicos”, había dicho al comenzar su campaña. En su paso por la Cámara de Representantes impulsa una agenda de derechos de los y las trabajadoras, justicia social, económica y racial, desde un enfoque interseccional.

 

Más cerca de estas latitudes Marielle Franco irrumpió en la escena brasilera. Como concejala en Río de Janeiro Marielle luchaba contra la violencia institucional y el abuso policial en las favelas, acompañando a las víctimas y sus familias, soñando con el fin de la militarización. Esa violencia que tanto denunciaba y a la que combatía cada uno de sus días como militante y legisladora, terminaron con su vida el pasado 14 de marzo, cuando fue asesinada a la salida de una actividad que la define por completo: “Mujeres Negras Moviendo Estructuras”.

 

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Las mujeres han sido uno de los últimos colectivos en obtener derechos políticos dentro de las democracias contemporáneas. Lo cierto es que a pesar de que no subsisten impedimentos legales para su participación política, su presencia en los poderes legislativos continúa siendo baja. ¿Por qué?

 

Los datos sobre la representación durante los últimos 20 años en el Congreso argentino son claros: el promedio histórico femenino en ambas cámaras es sólo 34%. Hablemos de subrepresentación.

 

El lugar relegado en la política es tan sólo una arista más de la extrema desigualdad de género histórica y socialmente construida y que se visibiliza en diversos espacios como la cultura, la academia, el deporte, la economía y la justicia, entre tantos otros campos. En los últimos 20 años las legisladoras superaron el nivel de preparación académica de los varones pero al parecer no alcanza: los lugares de poder y de toma de decisión como las presidencias de bloques o comisiones son ocupados mayoritariamente por hombres.

 

Algunos datos:

Sólo el 16,5% de las legisladoras que obtuvieron una banca en el Congreso Nacional entre el 2000 y el 2018 ocuparon el primer lugar en su lista electoral.

- En ese mismo período, de un total de 575 comisiones conformadas, sólo el 31% fueron presididas por mujeres (Cámara de Diputados: Legislación Penal y Libertad de Expresión, Senado: Legislación General y Educación).

- Las legisladoras con título -de grado y posgrado- sobrepasan a los legisladores con esos niveles de formación en un 11%.

 

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En todo el globo, las discusiones legislativas, producto de las luchas históricas del colectivo de mujeres, comenzaron a dar más lugar a las temáticas de género y la defensa de sus derechos. Pero ese nivel de participación no se tradujo, hasta ahora, en un aumento del número que ocupan en ámbitos de poder. Según un estudio publicado por Naciones Unidas, en 2017 el número de parlamentarias en el mundo creció sólo un 0,1%.

 

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Existen nuevos debates sobre las cómo abordar los obstáculos para la plena participación femenina en la política. Ejemplos de subrepresentación hay de sobra: en Brasil sólo hay 77 bancas ocupadas por mujeres dentro de las 513 que conforman la Cámara de Diputados (15%) y en Chile sólo 35 de 155 (22,58%). En el estudio actualizado que la Unión Interparlamentaria (UIP) realiza sobre 193 países, la Argentina aparece en el puesto 17 del ranking de cantidad de parlamentarias (38.9% en Diputados y 41.7% en Senado). Este dato muestra a las claras que nuestro país es pionero, y que debe asumir el compromiso de continuar en esa línea, impulsando esta agenda y siendo referentes en este tema.

 

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Revisemos el historial. En un primer momento, las discusiones y normativas para combatir la desigualdad de la representación femenina en los Poderes Legislativos trabajaban sobre la obligatoriedad de establecer un porcentaje mínimo -en concepto de “cuota”- que garantice su presencia en los parlamentos. Hoy, el debate pone el foco en la necesidad de establecer leyes de paridad.

 

La Ley 24.012 de cupo femenino fue promulgada en 1991. Estableció que debían ocupar al menos un 30% de las listas. Fue una normativa de vanguardia para su época y logró transformar lo que se proponía. La propuesta de la paridad surge porque las leyes de cupo encontraron un límite: quedó el desafío de avanzar por la plena y autónoma participación de las mujeres de forma igualitaria. No se trata sólo de cantidad, sino de responsabilidades, cargos y poder: conducción en cámaras, bloques y comisiones.

 

En materia de poderes legislativos subnacionales cabe resaltar que existen leyes de paridad en varias legislaturas provinciales: Córdoba, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires.

 

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A finales del 2017 el Gobierno Nacional promulgó la Ley 27.412. Se establece la implementación del principio de paridad de género en las listas de candidatos a legisladores nacionales, que regirá por primera vez en 2019 y se terminaría de implementar en 2023 en la totalidad del Congreso de la Nación.

 

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En medio de los debates actuales en torno a su reglamentación y teniendo en cuenta las particularidades de nuestro sistema electoral, hay puntos a tener en cuenta:

 

- Que precise que las exigencias se deben cumplir tanto en las listas de precandidatos como en las de candidatos (PASO y elecciones generales).

- Que se respete la Ley 26.743 de Identidad de Género. Hoy la ley de paridad se refiere a ”sexo” cuando hace la diferenciación pero en el borrador que circula de la reglamentación se está planteando que sea el género autopercibido y que aparece en el DNI el que sea tenido en cuenta.

- Que no sólo se invite a los partidos políticos a adecuar sus estatutos o cartas orgánicas a los principios y disposiciones de la ley, sino que se los inste a cumplir con la paridad. Sólo de esa manera podrá aplicarse de forma clara la caducidad de la personería de los partidos en caso de que no cumplan con las obligaciones de la ley.  

- Que se incluyan instancias previas de penalización para reformular listas que estén en falta con la ley, previo a la caducidad como respuesta final. Un ejemplo de esto sería la intimación de la Justicia a un partido político a adecuar su lista en caso de que la presentada para las PASO no cumpla con la paridad.

 

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La presencia de mujeres en el Congreso no sólo presenta la oportunidad de apuntalar la agenda temática específica sino que enriquece la calidad del debate político, complejiza la mirada, la diversifica. Es cierto que hay cuentas pendientes en materia de ampliación de derechos, y esos debates deben ir acompañados de una perspectiva de género transversal a las temáticas sobre las que se legisla.

 

Las mujeres deben formar parte de los espacios de toma de decisiones. Y dentro del ámbito político el Poder Legislativo es, por naturaleza, el lugar para la deliberación, donde se decide y se legisla para todos y todas los y las habitantes de nuestro país. La plena paridad en el Congreso resulta fundamental no sólo para la igualdad de género sino también como hecho que otorga un mayor grado de legitimidad a las decisiones de nuestros legisladores.

 

La reglamentación de la ley implicaría un paso importante en el camino hacia la igualdad de género en nuestro país. Pero sabemos que con leyes y reglamentaciones solamente no alcanza: basta como ejemplo el de la provincia de Córdoba, que aunque tiene ley de paridad su sistema electoral sigue condicionando el número de mujeres en el órgano legislativo de la provincia. Esto tiene que ver con que la mitad de sus distritos son uninominales, es decir, se elige solo a un candidato por ese distrito, y como los que encabezan las listas son varones, la legislatura no refleja un número parejo de participación femenina y masculina.

 

En el caso del Congreso Nacional hay un dato que se vuelve más que relevante: si para ocupar bancas en el Senado continúa la tendencia que se sostiene hace por lo menos 20 años de que las listas sean encabezadas por hombres, la paridad en esa cámara nunca será posible ya que dos bancas se le asignan al partido con mayor cantidad de votos y una al segundo. De ser así, cada distrito estaría representado por dos varones y una mujer.

 

Nos resta estar atentas y organizadas, porque leyes hay miles pero el desafìo es que se implemente de forma efectiva, justa y respetando el espíritu con que la ley fue concebida. Para ello será vital nuestro rol como organizaciones de sociedad civil, áreas de gobierno afines, universidades y medios de comunicación. Porque al contrario de lo que a veces creemos, no alcanza únicamente con que sea ley.   

 

 


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