Permitámonos un ensayo contrafáctico y supongamos que Horacio Verbitsky nunca habló con la radio El Destape sobre el “vacunagate”.
El diario Clarín publica una noticia en la que asegura que el ministro de Salud, Ginés González García (a quien los adherentes del Gobierno consideran uno de los mejores ministros de la historia), tiene un “vacunatorio vip” que funciona con personal del Hospital Posadas. Facilita las dosis de manera irregular, sin perderse en el laberinto del turno y que se aplican alternativamente en la sede de esa institución, en el partido de Morón, o a través de una patrulla ambulante en las instalaciones del mismo ministerio. Se sospecha que en la lista de vacunados figuran Eduardo y Chiche Duhalde (y varios integrantes de su familia), uno de los empresarios más poderosos de Mar del Plata, que también hizo vacunar a su círculo íntimo, referentes históricos del peronismo (como Lorenzo Pepe o Hugo Curto), el periodista Horacio Verbitsky y unos cuantos funcionarios, incluso algunos muy jóvenes. La metodología para hacerse de la inmunidad es simple: mientras gran parte de las personas mayores que reúnen las condiciones para ser vacunadas en esta etapa se pelea con los sistemas digitales para conseguir un turno, estos referentes obtienen una vacunación exprés con un llamado telefónico. Un cohete a la vacuna.
Muy probablemente la información hubiese sido denunciada en los primeros momentos como increíble, una fake news, una mentira o una operación más de las tantas a las que nos tiene acostumbrados el “periodismo de guerra” (que son muchas y cotidianas). Se hubiese desatado una batalla feroz en las redes sociales y hubiera florecido la industria del meme con Ginés como ángel y demonio rebotando en ambas orillas de la grieta. Lo que podría haber sucedido después quizá no hubiese sido muy diferente a lo que asistimos hoy, pero dejemos acá la mentira de la ficción contrafáctica porque la verdad de la realidad presente es peor.
Winston Churchill decía que “hay una cantidad terrible de mentiras sobre el mundo, y lo peor es que la mitad de ellas son verdad".
El asombro y la sorpresa inicial abrieron una serie de interrogantes: ¿Fue un “cisne negro”? ¿Un rayo en el cielo sereno de una distribución armónica de la vacuna escasa? ¿Un funcionario que no funcionó o que funcionó de la peor manera en un sistema que es un relojito?
A medida que se fue abriendo la caja de Pandora se descubrió que en muchas provincias y distritos existen listas de “vacunados vip”. Pasó en la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, donde las clínicas privadas aplicaron dosis selectivas (“Faltó que pongan hasta el perro y el gato” confesó el mandatario radical). Pasó en Santa Cruz, donde se vacunaron intendentes, sus choferes personales y familiares varios y también en Córdoba, donde un rabino recibió una vacuna bendita y dos vocales del Poder Judicial se la aplicaron como medida cautelar. Y en la Ciudad de Buenos Aires, en la que existió un reparto arbitrario que incluyó a clínicas y hospitales privados que anunciaban la aplicación “exclusiva” para sus socios. La distribución desigual fue tan evidente que hasta el inefable fiscal Carlos Stornelli debió imputar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y a su ministro de Salud, Fernán Quirós por presunta privatización de la vacunación en el distrito.
En varios países del mundo tan distantes entre sí como en Perú, España, Chile o Portugal estallaron escándalos de mayor o menor envergadura. Los une una misma realidad: todas las personas que esperan la vacuna son iguales, pero algunos son más iguales que otros.
Desde el Gobierno argentino se pretendió encapsular la foto del error “de Ginés” para evitar que se viese la película de todo lo demás. La foto puede dar un primer pantallazo del acontecimiento, pero no lo explica y disimula sus causas. Lo importante es el contexto en el que se inscribe el error (que no por casualidad derivó en una crisis nacional), las presiones, las prácticas naturalizadas, el contenido social del beneficio y los beneficiados. En qué marco algunos pueden recibir esa “voz amistosa en plena noche porque pertenecer tiene sus privilegios”, como decía una vieja publicidad argentina de los años ’80 del siglo pasado.
Si el error siempre renguea para el mismo costado (el de un empresario, un funcionario o una personalidad influyente) ya no es sólo un error, es una tendencia que tiene raíces estructurales más profundas que la mera contingencia.
Esas estructuras tienen que ver con la casta política. Desde el campo del progresismo varios impugnan el concepto, niegan su existencia o minimizan su relevancia. Pero, aunque no explica las relaciones sociales fundamentales de una determinada formación social y la casta no es una clase, igualmente existe y opera como una nomenclatura con beneficios múltiples y una forma vida de privilegios más cercana a los placeres del poder que al promedio de la sociedad o del pueblo. Forman parte de lo que algún intelectual —que reflexionó tempranamente sobre la burocratización de la naciente Rusia soviética— llamó “los peligros profesionales del poder”. Prácticas y “estructuras de sentimientos” que se internalizan y en algún momento se perciben casi como naturales. Realizaciones del personaje público que —como escribió el ensayista Horacio González— “cree que sus logros son un destino que llevaba oculto”.
Como veinte años no es nada, en esta crisis volvió a sobrevolar la Argentina un fantasma siempre latente: el del 2001. En la gestión memorial del pensamiento académico se quiere encapsular aquella crisis dentro de la “antipolítica”; lo cierto es que contuvo en su seno múltiples causas y otras tantas posibilidades. Entre ellas, el rechazo a esas prácticas por parte de una sociedad que había alcanzado el 50 % de pobres, un mar de desempleados, un presente destruido y un futuro incierto. Es acertado señalar que los poderes fácticos y sus intelectuales orgánicos fogonearon y fogonean la “antipolítica” porque llevada al extremo su utopía reaccionaria es la administración directa de las cosas en las manos sus propios dueños. Pero también es verdad que tiene raíces en las prácticas inconfesables que la política tradicional busca esconder debajo de la alfombra.
El sociólogo y director del Posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política de FLACSO, Ignacio Ramírez, dirige un estudio anual que mide lo que califica el “nihilismo político”, al que sintetiza como la adhesión a la idea "todos los políticos son iguales". Bajos niveles de “nihilismo político” significan que la mayoría percibe que los políticos no son todos iguales, es decir, que los ciudadanos reconocen contrastes en la oferta electoral. En cambio, un escenario teñido de “nihilismo político” alude a un contexto de desafección aguda que suele distinguirse por una mirada homogénea, en la que no se identifican contrastes. Por estos días, Ramírez alertó en su cuenta de Twitter que en 2013 sólo un 36% suscribía a esta percepción; desde entonces creció y en 2020 trepó al 45%.
El indignómetro estalló en las pantallas de Todo Noticias o La Nación+. Quienes defienden todos los días los grandes privilegios (del “campo”, de los monopolios y de los poderes fácticos en general) y desbordan de indignación por esta coyuntura pueden ser muy “moralistas”, pero carecen de estructura moral. Moralizan el debate político para despolitizarlo, “engrietan” la discusión para no profundizarla. Manifiestan con estridencia su rabia por la distribución arbitraria de vacunas y aceptan como “natural” el reparto aberrante y desigual del mercado. Dime con quién te indignas y te diré a qué intereses ocultos defiendes. Si vos querés, Larreta también.
Porque la pequeña y mediana industria del privilegio es subsidiaria de la gran empresa del beneficio.
La industria de las patentes y la propiedad intelectual que se apropia del conocimiento científico y técnico acumulado durante décadas, expropia el bien común construido por el esfuerzo de investigaciones realizadas por universidades, hospitales o centros financiados mayoritariamente por los Estados. El resultado es un sistema anárquico e irracional de “reparto vip” llevado adelante por el puño terrible del mercado. Todo lo contrario a la necesaria cooperación para la elaboración, producción y planificación imprescindibles en función de las necesidades sociales. Si se avanzara contra esos monopolios, muchos de los indignados entre los comunicadores del establishment serían los primeros en amontonarse en el Obelisco con el correspondiente cartel: “Todos somos Pfizer”. Toda indignación es política y la política es economía concentrada.
El que juzga a las corporaciones o empresas sin reparar en la casta, carece de complejidad; el que condena a la casta sin cuestionar a la clase, carece de principios y de estrategia. Lecciones importantes de un “vacunatorio vip”.