En abril de este año, Estados Unidos desclasificó y entregó 43.000 documentos que narran la articulación represiva para asesinar militantes políticos. Los escritos de inteligencia preparados por la CIA, los intercambios entre el Departamento de Estado y su embajada en Buenos Aires, tienen un alto valor histórico y jurídico que permiten conocer en detalle cómo funcionó el sistema de decisiones en las juntas militares. Los casos de Patricia Erb, las religiosas francesas y el Plan Cóndor.



Documentos  que hablan sobre la  articulación represiva para asesinar opositores en diferentes países. Pruebas que reflejan el funcionamiento del Plan Cóndor. Papeles con escritos de inteligencia que transmiten  acciones criminales sistemáticas. Los propios encargados de desclasificar los documentos calificaron de escalofriante el contenido, y el volumen de la información que las autoridades de los Estados Unidos recibían prácticamente en el mismo momento que los hechos sucedían.

 

El acceso al material secreto permite conocer aspectos del funcionamiento diario de los centros de tortura. Se documentaron reclamos realizados por las autoridades norteamericanas que en muchos casos salvaron vidas, y también detalles poco conocidos sobre el papel cumplido por los distintos gobiernos de ese país  en aquellos años, a través de sus agencias de inteligencia, en la estructuración y operatividad logística de la articulación represiva ilegal.

 

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A la primera gran desclasificación, y entrega de documentos del año 2002, se sumaron luego la prometida por el ex presidente Barack Obama en su visita a la Argentina en 2016 y las entregas de documentos que realizó la administración del presidente Trump. La última, concretada el 12 de abril de 2019, incluye 43.000 fojas nuevas.

 

Al igual que en desclasificaciones anteriores, centradas en el intercambio comunicacional entre el Departamento de Estado en Washington y su embajada en Buenos Aires,  todas  incluyen comunicaciones de inteligencia preparadas por la  CIA, el FBI y el Ministerio de Defensa, entre otros organismos.

 

¿Qué lecturas podemos hacer de todo ese material? Son muchos los documentos que nos permiten hacer proyecciones, reconstruir tipos de funcionamiento y coordinaciones, establecer jerarquías. Una parte importante de la documentación desclasificada posibilita conocer las circunstancias concretas en las que la presión de los Estados Unidos consiguió que la dictadura cediera a sus peticiones. Ya fuera para la liberación de un secuestrado o un detenido, o para obtener un informe específico, o una estructura de funcionamiento e interlocución a través de la cual se abrió la canalización de pedidos de informes presentados por gobiernos extranjeros u organismos multilaterales. Simultáneamente, en los mismos documentos, se advierte también el tipo de información ultra secreta que circulaba. 

 

Contar tantos años después con el contenido de aquellos testimonios y de conversaciones mantenidas entre altos responsables de los dos países, facilita conocer cómo funcionó el sistema de decisiones que produjeron aquellos hechos, muchos que históricamente fueron negados. La transcripción de dichas conversaciones, muchas veces textual, con sus argumentos, aceptaciones y negaciones, cruzada con la evolución que tuvieron esos mismos hechos que conocemos  a partir del  relato de las víctimas o sus familiares, resulta de un inestimable valor para la justicia, y como ejercicio de Memoria en la reconstrucción histórica que realizan familiares, investigadores, periodistas y especialistas en estudios sobre violaciones a los derechos humanos.

 

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Al momento actual  ya suman aproximadamente 59.000 las fojas de documentos secretos relacionados con nuestro país que el gobierno de Estados Unidos hizo  públicos. El término aproximadamente se emplea porque se ha comprobado la existencia de una importante cantidad de documentos repetidos entre las primeras 16.000 fojas entregadas en diferentes desclasificaciones ocurridas entre 2002 y 2017, y porque  demandará tiempo considerable procesar las 43.000  fojas de la última entrega.

 

Los primeros documentos detallan hechos y circunstancias políticas que se vivían durante el año 1975. Varios de los telegramas y cables muestran lo informado que estaba Estados Unidos sobre la inminencia del golpe de Estado de 1976. Breves reportes diarios emitidos por la CIA entre el 27 de febrero y el 11 de marzo de aquel año le van anunciando al ex-presidente Gerald Ford el derrocamiento de Isabel de Perón. Incluso se informa del viaje a Washington de un oficial del ejército argentino con el objeto de tomar contacto con los medios de prensa para anticiparles los hechos que sucederían. Los últimos, se remiten a la época en que ya fue restituida la democracia describiendo circunstancias, hechos y personas que la ponían en peligro.

 

Nuevos detalles del Plan Cóndor

 

Los documentos agregan nueva y abundante información sobre la activa coordinación de los servicios de inteligencia y de seguridad que integraron el tantas veces nombrado Plan Cóndor. Así, por ejemplo, un documento del 22 de julio de 1976 reseña que “bajo el nombre en código de Cóndor varios países acordaron iniciar acciones operativas en Francia con el objetivo de liquidar terroristas latinoamericanos”.

 

Veinte días más tarde, otro documento señala que, no obstante lo acordado de iniciar operaciones en terceros países entre Argentina, Uruguay y Chile, se había resuelto suspenderlas hasta que Brasil definiera si se sumaba a las operaciones.  Esto podría conducirnos a pensar que Brasil tuvo menor participación que los otros tres países en el desarrollo de acciones de persecución y represión más allá de sus fronteras; sin embargo, un documento del 9 de mayo de 1976 revela que el país que provee la infraestructura de comunicación cifrada para la ejecución del plan es Brasil, y figura como el proveedor de los equipos de comunicaciones “Condortel”, que justamente cumplieron una función logística determinante para la articulación de las operaciones represivas.

 

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Pocos meses más tarde el ex secretario de Estado Henry Kissinger envió instrucciones precisas a su embajador en Buenos Aires a través de un telegrama secreto que lleva por título” Plan Cóndor”. El 23 de agosto de 1976, Kissinger le pide al embajador Robert Hill que hable con Jorge Rafael Videla el presidente argentino y que le diga que los Estados Unidos se encuentran preparados para intercambiar información sobre la actividad terrorista en cualquier lugar del mundo. El telegrama secreto contiene también instrucciones concretas para sus representaciones en Santiago de Chile, Asunción, La Paz y Montevideo. En el  último párrafo, llama la atención que Kissinger alerte sus embajadores, advirtiéndoles que en ningún caso una agencia estadounidense puede señalar individuos para que sean asesinados.

 

Debe tenerse en cuenta que desde hacía meses la represión había convertido a la Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires –especialmente– en un infierno. Pocas semanas antes de que Kissinger enviara el mencionado telegrama, el  ex presidente de Bolivia Juan José Torres fue secuestrado cuando había ido a cortarse el pelo a la vuelta de su domicilio en la Capital Federal. Apareció asesinado días más tarde en la localidad de San Andrés de Giles. En mayo  de 1976 habían sido secuestrados los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en pleno centro de Buenos Aires. Eran refugiados y aparecieron asesinados varios días después.  A su vez decenas de refugiados uruguayos, chilenos y brasileros eran secuestrados y se encontraban desaparecidos. Es el propio embajador Hill quien escribe que “elementos de seguridad del gobierno argentino pueden estar involucrados en los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Torres” y que, si bien su embajada no cuenta con evidencias positivas, sí deben considerase las circunstancias como evidencias. Y agrega: “los secuestradores de Gutiérrez Ruiz estuvieron una hora en su casa, no hicieron esfuerzo alguno por ocultarse y, a la esposa de Michelini no quisieron tomarle la denuncia del secuestro de su marido cuando se presentó en la policía”.

 

No había pasado un mes de las instrucciones precisas enviadas por Kissinger en su cable titulado “Plan Cóndor” cuando, el 21 de septiembre de 1976, una bomba colocada debajo del auto de Orlando Letelier en la ciudad de Washington terminó con su vida y la de su secretaria. El ex canciller del presidente Salvador Allende de Chile fue asesinado por el reconocido agente de la CIA Michael Townley,  quien además cumplía órdenes del gobierno de Pinochet.

 

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Townley fue, años más tarde,  interrogado en Estados Unidos, y afirmó haber construido, instalado y detonado la bomba y, a cambio de esas confesiones, obtuvo los privilegios de protección a testigos. También asumió ser el autor, junto a su esposa, de los asesinatos de las primeras víctimas de lo que sería una verdadera internacional del terror: colocó y activó la bomba que costó la vida del ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Carlos Prats y de su mujer, cuando llegaban en auto a su domicilio en la Capital Federal en 1974.

 

El secuestro de Patricia Erb

 

En el plano de la relación bilateral entre Argentina y los Estados Unidos, debe remarcarse que son muchísimas las fojas que transcriben con insistencia reclamos por ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados o que se encontraban detenidos. También hay una gran cantidad de pedidos de averiguación por ciudadanos argentinos, uruguayos y chilenos en iguales circunstancias. Muchos de ellos fueron tramitados por inquietud de legisladores estadounidenses en comunicaciones dirigidas al Departamento de Estado. Desde allí, las solicitudes eran enviadas a su embajada en Buenos Aires, luego canalizadas a la Cancillería argentina, que, a tal efecto, creó primero una “unidad de trabajo” y luego una “Comisión”, centralizando la recepción de solicitudes y la emisión de respuestas.

 

A medida que se van leyendo los cables se revive la incertidumbre, se reconstruyen los mecanismos internos y externos de relación que estableció la dictadura, y sobre todo, se puede realizar un ejercicio de Memoria: abundan datos, algunos de ellos poco conocidos, sobre cómo se practicaba el terrorismo de Estado. En la larga nómina de personas por las que el gobierno norteamericano se interesó y reclamó en forma categórica, figura un caso que llama especialmente la atención.

 

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El  pastor de la Iglesia Menonita, John Erb, oriundo de Minnesota, residente en la Argentina desde el año 1958, se presentó en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires el 14 de septiembre de 1976 a las 4 de la tarde para denunciar que su hija Patricia Ana había sido secuestrada en su casa la noche anterior. John contó que Patricia militaba en la Juventud Guevarista de la Universidad de Buenos Aires.

 

Los funcionarios de la embajada comenzaron a averiguar: la comisaría del barrio donde Patricia vivía dijo que no la tenía y un alto funcionario de la Policía Federal informó  que estaba en manos del Servicio de Inteligencia de Ejército (SIE). El día 15 una alta fuente del SIE insistió en que ellos no la tenían.  El mismo día, el Director de la cárcel de Devoto informó que allí no estaba.

 

El señor Erb avisó que estaba pensando convocar a una conferencia de prensa. La embajada se lo desaconsejó e informó del caso a la agencia de noticias Associated Press. La agencia emitió un cable que no se publica en Argentina pero sí en el exterior.

 

El día 17 el embajador presentó una nota en la Cancillería argentina y manifestó su preocupación por la seguridad y el bienestar de Patricia. Ese mismo día informó en un cable al Departamento de Estado que el Nuncio le había confiado en una entrevista personal  que eran muchos los militares que en sus confesiones contaban que “no pueden dormir por la noche por las torturas que aplican a sus secuestrados durante el día.”

 

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Una nota oficial de la Cancillería argentina fechada el 20 de septiembre acusó recibo de la nota presentada por el embajador: aseguraba que se estaba averiguando el paradero de Patricia. Ese día el John Erb grabó una entrevista con la cadena CBS y acusó a la policía.  

 

El 21 se septiembre el embajador llamó al presidente de la Nación Jorge Rafael Videla por teléfono y se corrío hasta la Casa Rosada. Estuvo una hora y media conversando. Videla le dijo que a Patricia la estaban  buscando y que “cuando la encuentren”(…)“si es que la encontramos”(sic)(…)“la expulsaremos del país”.

 

El 24, el embajador mandó un telegrama a Washington en el que anotó las autoridades con las que habló del secuestro de Patricia Erb: presidente Jorge Rafael Videla , canciller Oscar Montes ,ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, los jefes  de inteligencia de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, el director de seguridad de la Policía Federal argentina, el jefe de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, varios miembros de la SIDE (Servicio de Informaciones del Estado) y también con jefes de policía de varias provincias. En el telegrama el embajador recomendó no publicitar acusaciones de complicidad oficial ya que  pondrían en grave riesgo la vida de Patricia.

 

Finalmente, un telegrama emitido el 29 de septiembre desde la embajada hacia Washington, firmado por embajador Hill, dio cuenta de que el día anterior a las 13 horas, se comunicó un funcionario de la Cancillería argentina pare informar que Patricia Erb se encontraba con vida y que podía ser visitada por el cónsul. Todo lo que Patricia le contó al cónsul esa tarde en el telegrama se encuentra tachado, no se puede leer.

 

Otro telegrama fechado 6 días después, el 5 de octubre, informa que “Patricia Erb abordó un avión rumbo a los Estados Unidos hoy a las 18.45 hs.”

 

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Una vez arribada se supo la verdad. Patricia contó que fue llevada a un centro clandestino de detención ubicado en la guarnición de Campo de Mayo donde vivió en el horror, y que en el mismo lugar estaba también secuestrado, entre muchos otros,  el conocido guerrillero del PRT Domingo Mena. Dijo también que varios días antes de ser liberada se imaginó que las acciones de su padre podían estar dando resultados, ya que los guardias comenzaron a cambiar el comportamiento para con ella. A partir de allí, suponiendo que podría llegarle la legalización y la libertad,  trató de memorizar  todo. Y que,  una semana antes de ser liberada, la trasladaron a una comisaría lindera a la guarnición militar de Campo de Mayo, en la localidad de Bella Vista,  adonde fue a visitarla el cónsul.

 

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Patricia Erb declaró luego que hay heridas que  cierran y cicatrices que quedan abiertas. Y que quería compartir la experiencia vivida “no solo porque servirá para comprender mejor lo que pasó, sino porque nos permitirá conservar la dignidad humana cuando yo narre el horror. “Mi historia es la historia de muchos que no la pueden contar porque fueron exterminados, y ése es el valor real de lo que comparto: escuchar a través de mi voz, la voz de los desaparecidos.”

 

El secuestro de los familiares y de las religiosas francesas

 

Otro hecho represivo que quedó reflejado en una secuencia de documentos altamente significativos es el secuestro de los familiares reunidos en la Iglesia de la Santa Cruz, en Buenos Aires, el 8 de diciembre de 1977. El día 12 del mismo mes llegó un cable a la embajada estadounidense en Buenos Aires, emitido desde el Departamento de Estado en Washington, en el se alertó sobre el arresto de entre 15 y 20 personas  reunidas en la iglesia con “el objeto de encontrar un método para obtener información sobre sus familiares desaparecidos”. La embajada respondió enviando una nómina de personas secuestradas en la iglesia y en sus domicilios en días posteriores. A su vez, informó que el embajador se encontraría esa noche con el jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera, en una recepción y que le preguntaría qué era lo que sabía del caso.

 

En la primera nómina enviada figura como secuestrado Gustavo Niño, seudónimo que, después se supo, utilizó como infiltrado en el grupo de familiares, el ex capitán de la Armada Alfredo Astíz. El 13 de diciembre llegó a Washington una nueva lista con los nombres de 13 personas, enviada desde el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, que ya no incluyó a Gustavo Niño; a a esa altura se suponía que había sido el infiltrado y entregador.

 

El 14 el nuevo embajador de Estados Unidos, Raúl Castro,  informó que le preguntó a Massera sobre lo que  había pasado. El hombre fuerte de la Armada le respondió que no sabía nada, que se estaba enterando en ese mismo momento a través de él. “Todo es muy confuso”, dijo Massera. Castro escribió que también habló del tema con el general Roberto Viola y con Martínez de Hoz.

 

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El día 17 llegaron a Washington los capitanes de la Armada Joaquín Gómez y Enrique Montemayor. Se reunieron en el Hotel Plaza Dupont a las 4 de la tarde con el funcionario del Departamento de Estado Richard Feinberg. Los capitanes –escribió Feinberg en un Memorándum secreto elevado el mismo día– plantearon “la necesidad de un cuarto hombre que le diera al gobierno argentino la unidad y dirección que necesita”.

 

“Pintaron a Videla –reseñó Feinberg– incapaz para liderar, y advirtieron sobre las consecuencias de un posible vacío de poder que podía degenerar en una suerte de caudillismo, y se refirieron explícitamente a los generales Menéndez y Suárez Mason”. “Los capitanes reportaron que Massera, de quien son subordinados, propuso en la junta una lista de presos políticos a liberar pero que los comandantes regionales se niegan. Esto demuestra la incapacidad de Videla para imponer su voluntad.” Al preguntarle a los capitanes sobre las recientes desapariciones de los familiares de desaparecidos, opinaron que “varios de ellos eran miembros del movimiento trotskista marxista leninista”. “Los capitanes reconocieron que la Argentina nunca fue muy pro EE.UU. pero sugirieron que mejorar las relaciones era posible y que Massera podía realizar esa mejora”. Finalmente se manifestaron creyentes en la democracia pero aseguraron que la sociedad argentina debía ser reestructurada. Con respecto a la legislación laboral suspendida respondieron que los sindicatos debían ser despolitizados.

 

El 19 de diciembre,  R. J. Kelly, funcionario de la embajada en Buenos Aires, redactó un memorándum dirigido al “ministro/embajador” en el que transcribió la conversación que mantuvo con una persona de la que no dio nombre y apellido pero que identificó como “un miembro sénior de las fuerzas de seguridad que estuvo involucrado en la lucha antisubersiva en los últimos 5 años”. Y agregó: “la fuente ha reportado con credibilidad en el pasado y posee conocimiento en lo relacionado al Ejército y las fuerzas federales de seguridad que actúan en el gran Buenos Aires”. El informante señaló que, según su conocimiento, “el ejército no tiene responsabilidad en el secuestro de las Madres de Plaza de Mayo o de las dos monjas francesas”. Y más adelante agregó que “fueron secuestradas por la Armada o fueron secuestradas por fuerzas montoneras….la explicación más realista es de que fueron víctimas de las ambiciones del almirante Massera, jefe de las fuerzas navales (…) la Armada tiene la capacidad operacional y de inteligencia para haber realizado los secuestros”.

 

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El 20, en un cable emitido desde la embajada, dirigido al Departamento de Estado con copia a  cinco embajadas del Cono Sur, se reseñó que “durante el fin de semana las autoridades argentinas realizaron dos dramáticos anuncios relacionados con las desapariciones(…)Un comunicado con palabras cuidadas repudió el involucrar al gobierno y acusa a la subversión nihilista por las desapariciones(….)Y al día siguiente el primer cuerpo de Ejército emitió un comunicado en el que informa que la organización Montoneros se ha adjudicado la responsabilidad del secuestro de las dos monjas francesas, y piden que para liberarlas, sean puestos en libertad 21 presos políticos… (Se transcriben los 21 nombres)”.

 

El 16 de enero de 1978 dos oficiales de inteligencia contratados por la firma Coca Cola de la  Argentina le señalaron a su presidente, el Sr. Ornstein, que “sus colegas tomaron a las monjas porque están cansados de las medidas moderadas” y que la “congregación a la que pertenecen es de izquierda”. Así lo señaló el cónsul de EE.UU. Goodwin Shapiro, escribiendo un “memorándum de la conversación” que mantuvo con Ornstein durante un almuerzo en el American Club. El presidente de Coca Cola le confió además a Shapiro que uno de sus empleados, que tenía una hermana en la misma congregación, consideraba que la orden de las religiosas era de izquierda. Los oficiales de inteligencia dijeron también que “las monjas se encontraban guardadas en alguno de los lugares de detención de los que dispone la SIDE”.

 

El 1 de febrero el embajador Castro recibió un llamado de Massera que “lo invitaba para que se dé una vuelta a tomar algo”. En el cable en que Castro describió el encuentro, remarcó entre paréntesis que concurrió a la oficina central de Massera pero que durante toda la entrevista no le sirvieron nada. Massera le manifestó que estaba informado que, tanto al Ejército como a la Aeronáutica, las autoridades de Estados Unidos les habían autorizado el ingreso de repuestos para sus equipos militares y que la Armada no recibió nada.  Massera le dijo también que de acuerdo a lo que le informó Jorge Aja Espil, embajador argentino en EE.UU., “la Armada es antipopular en el gobierno de los Estados Unidos”, y agregó: “Dicen en Washington que tenemos a las monjas”. Finalmente el embajador Castro reseñó que la entrevista la mantuvo a las 9 de la mañana pero que, apenas salió de la oficina de Massera, las radios ya lo estaban informando, y que todo fue montaje para obtener publicidad ya que, según le había dicho “un calificado funcionario de la presidencia, Videla ya estaba harto de Massera.”

 

La vuelta a la democracia

 

Así como los primeros documentos detallan las circunstancias políticas que se vivían durante el año 1975, los últimos reflejan múltiples vicisitudes vividas desde que se confirmó el triunfo electoral de Raúl  Alfonsín hasta los levantamientos carapintadas del año 1987, con un foco especial puesto durante el período que fueron juzgadas las Juntas militares.

 

Uno de los documentos que bien puede reflejar aquellas circunstancias, y las que vendrían, es la reseña que redactó el agregado militar de Estados Unidos, en la que informó un encuentro que mantuvo con Raúl Borrás, futuro ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín, días antes de su asunción el  10 de diciembre de 1983.

 

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Borrás, y el militar estadounidense intercambiaron información sobre la relación existente entre las fuerzas armadas de ambos países, entendiendo que “no siempre estuvo orientada a la democracia y sobre el peligro que representaba tener los servicios de inteligencia argentinos desempleados”. Borrás le preguntó si el personal militar argentino era importante para las operaciones que realizaba Estados Unidos en Centroamérica, a lo que el funcionario estadounidense respondió que creía que ya no existían militares argentinos destinados en Honduras y Nicaragua, y agregó que la pregunta era todo un tema, y que lo mejor era no debatirlo públicamente.

 

Finalmente, sugirió que la presencia de militares argentinos en Bolivia se mantenía por un interés que iba más allá del de ser meros observadores. Borrás  manifestó que la Argentina no debería permanecer con asesores militares allí.

 

Al inicio de  la conversación Borrás planteó, que si bien no contaba con experiencia en temas de defensa,  el presidente electo Raúl Alfonsín, su amigo personal, le pidió que asuma ese ministerio para defender la democracia en el largo plazo.

 

 


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