Arruga, Ferreyra, Casco, Tapia, Bugatto, Barros Cisneros forman parte de una larga lista de causas judiciales que fueron sostenidas por una figura clave en el activismo político argentino: los familiares. Como resultado de la historia local, que tiene su origen en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los familiares han acumulado una experiencia integral que da cuenta de un saber hacer en el plano judicial. La antropóloga María Victoria Pita repasa el caso Maldonado, que trae un nuevo pliegue: los hermanos, pares de las víctimas que narran la historia en clave generacional.



Fotos: Dyn

 

Mucho se ha dicho y también escrito sobre lo que hoy llamamos “el caso Maldonado”. Cada día que pasa algo más se sabe, algo más se dice, y no todo informa ni ayuda a pensar ¿Cuántas historias contiene el “caso Maldonado”? Ciertamente hay múltiples entradas posibles para comenzar a narrar los hechos, el caso, la causa, la demanda de justicia y las movilizaciones, el litigio judicial, las operaciones políticas sobre los hechos y sobre la información, la puesta en juego de los múltiples dispositivos y dinámicas sociales de negación, la acción colectiva y las manifestaciones de afecto popular, la indiferencia, las intervenciones y acciones en el campo del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Entonces, otra vez ¿cuántas caras tiene “el caso Maldonado”? Quiero decir ¿cuántas son las formas posibles para contar una historia que da lugar a tantos hilos? A la hora de comenzar a escribir estas líneas, apenas un texto breve, unos apuntes para colocar algunas cuestiones para ser pensadas, imaginé tres inicios diferentes.

 

Uno

 

El “caso Maldonado” -así como hoy se lo llama- contiene, pero a la vez trasciende la del proceso judicial (e incluso la discusión jurídica) sobre los hechos, y condensa en sí una importante cantidad de temas y cuestiones vigentes y activas en la agenda local de los derechos humanos de los últimos, cuanto menos, quince años. Un rápido repaso nos deja listar estos asuntos:

 

-La histórica cuestión acerca de las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad y las complicidades judiciales y políticas que contribuyen a sus condiciones de posibilidad.

 

-Las formas históricas -y también volubles- que asumen las violencias de estado bajo regímenes democráticos.

 

-La discusión sobre autonomía y autogobierno vs. gobierno político de las fuerzas de seguridad.

 

-Los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en caso de manifestaciones públicas.

 

-La ley antiterrorista, su debate y sanción. Sus excepciones tan ad hoc.

 

-Las cuestiones ligadas a los servicios de inteligencia (en sus variantes Inteligencia Estratégica Militar y de Inteligencia Criminal).

 

-Los asuntos ligados a derechos comunitarios, propiedad de tierras de comunidades indígenas y autodeterminación o, dicho de otro modo, la concentración de la propiedad y la extranjerización de las tierras vs. derechos de comunidade.

 

Con sólo revisar periódicos y publicaciones de todos estos años se hace evidente la cantidad de trabajo y saber acumulado sobre estos asuntos. Reuniones, debates, demandas, cuestionamientos, causas, campañas. Todos estos asuntos han sido materia de intervención toda vez que los mismos mostraban una cara violatoria de derechos y libertades, y legitimadoras -o al menos habilitantes- del ejercicio de violencias estatales.

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Esos trabajos y saberes han hecho a la consolidación de una expertise en estos temas y en sus complejos cruces, lo que hace más precisas y certeras las intervenciones de los abogados del campo de los derechos humanos que intervienen en las causas. Hay ahí la acumulación de un saber y una experiencia que no reposa exclusivamente en un claro conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, sino también en la construcción de un saber del activismo, que lo torna eficiente también para comunicar la naturaleza de los conflictos en los que interviene a raíz de determinados hechos que deben ser presentados en la arena pública de manera clara, precisa y rigurosa. De hecho, es parte de nuestra historia el sostenido trabajo del activismo de los derechos humanos –por entonces no por menos intenso y consolidado, de bajo perfil- que consiguió que en 1994, cuando la Reforma de la Constitución Nacional, se lograra dar a los tratados internacionales en la materia rango constitucional.

 

Dos

 

¿De qué maneras un hecho se convierte en un caso que deviene causa (expediente judicial) y también causa pública en demanda de justicia; en un asunto que es materia de derechos humanos? ¿Cómo se piensa socialmente un hecho de esta naturaleza? ¿Cómo se cuenta lo que pasó poniendo en juego lo insuficiente de lo que sabemos, y los dispositivos y las operaciones de negación? ¿Qué condiciones de posibilidad hay para la construcción de la denuncia y la demanda de justicia? ¿Qué herramientas disponibles, qué cadenas de significación y qué series en las que inscribir y así volver legibles los hechos? Y junto con ello ¿qué actores se destacan en esos procesos sociales?

 

Durante todo este tiempo hubo movilizaciones impulsando el reclamo de verdad. ¿Dónde está Santiago? Esa fue la pregunta inquietante que Horacio González nos devela que es pregunta crítica en su sentido más profundo, porque en una de sus modulaciones se desprende de lo fáctico y se torna existencial. Como dice González hablando acerca de las redes sociales y de los diversos medios de modulación y masificación de voces publicizadas “desde un lugar invisible pero cierto preguntamos por un lugar cierto pero invisible”. Así escribe: “no hay pregunta más profunda que la pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado?”.

 

Hoy, hallado su cuerpo aún yacente en la morgue, mientras se escribe la autopsia que todavía no termina la pregunta es ¿Qué le hicieron a Santiago Maldonado?

 

Ciertamente la demanda de justicia con el material político, simbólico y semántico disponible; con el trabajo a conciencia y con saber acumulado de varios grupos de abogados y activistas del campo de los derechos humanos, y contra las dinámicas sociales de los estados de negación fue ganando lugar la configuración –hecha de los materiales disponibles socialmente- de una denuncia y una demanda de justicia. Una que confronta la negación. Se busca conocer qué sucedió, cómo fue que sucedió, y conseguir reconocimiento estatal por lo que pasó. Se busca conocimiento (verdad) y responsabilidad (justicia).

 

Tres

 

Registrando, documentando y analizando el trabajo político de familiares de víctimas de la violencia policial, aquellos a los que se conoce como “familiares del gatillo fácil” -aunque esa nominación no sea más que una genérica ya que incluye diferentes prácticas y dinámicas violentas que implican a distintas fuerzas- advertí que más de una vez se formulaban las preguntas ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron?Unas preguntas que a la vez que buscan conocer (saber qué fue lo que pasó), interpelan: ¿quiénes(fueron), qué(hicieron) y cómo(lo hicieron)? Muchas veces, incluso, se suprime la pregunta ¿por qué? (lo hicieron). Y la mayor parte de las veces esas preguntas, que no obtienen respuestas, se afirman levantado una apuesta imaginaria: sólo dejaremos de reclamar justicia si nos lo devuelven con vida.

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Escuché más de una vez esa declaración en boca de un familiar de víctima.  Una afirmación, que es un reclamo o una demanda que, en cierto modo, se sabe que no tiene solución posible. O al menos, que no tiene más solución que la admisión estatal de la responsabilidad en los hechos, del acceso al conocimiento y del necesario –y ansiado- reconocimiento, es decir de la admisión de la responsabilidad estatal. En cierto modo, esa afirmación es semejante a la formulación “aparición con vida”. Ambas, fundadas en el deseo son a la vez principio de realidad y una apuesta infinita a la política. Porque no tienen otra solución que la política. En cierto sentido, fuerzan posiciones y reconocimientos. Y ello no implica “politizar los casos” –en el sentido de partidizar y así particularizarlos-, como vulgarmente se suele afirmar para denigrar la demanda pública de justicia, sino que justamente obliga a reconocer la politicidad de los acontecimientos, toda vez que están implicadas agencias estatales dando muerte o generando las condiciones para que tal cosa ocurra.

 

Ciertamente hasta aquí hay muchas preguntas, algunas certezas y unos cuantos saberes. Es sobre eso que me interesa escribir. Es decir, me interesa pensar sobre uno de los asuntos que nos trae “el caso Maldonado” que es el que hace al saber del activismo y que de manera continua confronta con –como diría Stanley Cohen- los Estados de Negación.

 

Punto cero. De regreso de las derivas

Activismo, militancia, familiares

 

Al volver sobre estas líneas se hace evidente que si algo tienen en común todos estos inicios fallidos con los que busco comenzar el texto definitivo es el lugar del activismo de los derechos humanos. No son tantos los autores que se detienen sobre la cuestión del activismo, sobre sus especificidades, sus marcas locales y su saber hacer. De hecho, podríamos trazar cierta distinción entre activismos y militancia; unos más inscriptos en las tradiciones anglosajonas, la expertise jurídica y el lobby; y otra más centrada en la acción política directa con base territorial a la que se suma acción política tenida como cabildeo. Tal vez maximizando los polos de significación sea posible colocar diferencias entre la acción profesional en el marco de un entramado institucional/formal; y la acción colectiva con base territorial organizada bajo la lógica de una fuerza política. Como sea, creo que ambas prácticas hoy menos ajustadas a tradiciones (toda vez que estas ya no existen en sus estados puros) son parte del lenguaje local de un activismo y una militancia sostenidos e incesantes. Uno en el que se enlazan experiencias biográficas, trayectorias de militancia histórica y carreras militantes profesionales. Es decir, distintos caminos posibles de acuerdo a los modos en que diferentes personas atravesaron (y fueron atravesadas por) unos hechos, unos sucesos, unas experiencias: casos de violencias estatales tanto como otros casos que han supuesto el enlace de violencias particulares o sectoriales con protección y encubrimiento estatal, y así. Podemos pasar revista siguiendo la lógica de esta enumeración: casos de gatillo fácil, eventos nominados “masacres” en penales o prisiones, torturas y/o desapariciones; casos de “zonas liberadas” habilitadas para razzias o ejecuciones; casos resultantes de la ausencia de control estatal y de cohechos que implican a las fuerzas de seguridad. Podemos incluso poner nombres a hechos devenidos casos que se han tornado paradigma o emblema: el caso Arruga, el caso Ferreyra, el caso Casco, el caso Tapia, el caso Bugatto, el caso Barros Cisneros y sólo hablo de los últimos años.

 

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Lo cierto es que en la mayor parte de esos casos emerge un actor central: los familiares. Es decir, en el derrotero de esos hechos que pudieron ser convertidos en causas –esto es en procesos judiciales – y en casos -validados, es decir, reconocidos socialmente- toda vez que no va de suyo que esto sea posible sin mayores conflictos y debates, se ha destacado un actor que ha impulsado y sostenido la demanda de justicia. ¿Pero quiénes son aquellos a quienes llamamos familiares? Esa nominación tan naturalizada de nuestra escena local, a tal punto que nos resulta pretendidamente evidente, sin duda encuentra su origen en las figuras del movimiento de derechos humanos consolidado durante la última dictadura militar. Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, inauguran un “linaje” que no sólo será continuado en Hijos (con y sin puntitos) y también en Hermanos. Un origen en el que la referencia a los lazos de sangre y a las relaciones de parentesco producía, al menos cierta ilusión, de esquivar o eludir una (re)presentación política. Casi una reducción a lo primario, a lo doméstico, a lo privado, pero en cierto modo en lógica estratégica. Desde aquel origen hasta el presente la categoría familiar no perdió su poder como categoría política local. Quiero decir, atravesando la magia del parentesco es posible hacer evidente que el familiar es un tipo específico y particular d activista político. No todas aquellas personas ligadas por lazos de parentesco con víctimas de la violencia estatal (o incluso de otras violencias) devienen familiares. Y a la vez, no todos los activistas y militantes tienen el mismo status que un familiar. El campo de asuntos que se abre a partir de estas cuestiones es enorme: legitimidades, representaciones, condiciones y/o límites para universalización de demandas de justicia, impulso a la movilización basados en convencimientos previos y/o en experiencias personales. Con todo, y sin desestimar los diversos matices que la figura abre, creo que a esta altura es evidente que en nuestro país familiar es una categoría política que alude a quien, en virtud de los lazos con la víctima, deviene un tipo específico de activista político. Y, en la historia reciente, dentro de ese campo se han comenzado a destacar las hermanas y hermanos. Ese es el plus que nos trae la historia reciente. Porque de la misma manera –o incluso podría sostener que concomitantemente- que el activismo jurídico, aquel que ha consolidado su expertise y sus saberes profesionales en el campo del litigio estratégico y que se ha vuelto a lo largo de estos años un actor central debido al tratamiento riguroso de casos y causas que le ha valido reconocimiento y prestigio; las hermanas y hermanos como generación de activistas también han dado sobradas muestras de tener incorporada (en el sentido más experiencial y orgánico) la acumulación de esa experiencia que es producto de la historia local y que da cuenta de un saber hacer. La figura de la/os hermana/os trae un nuevo pliegue a la historia del activismo. Se trata de quienes son pares de las víctimas, es una historia narrada en clave generacional que además de hablarle a sus pares, lleva consigo la experiencia y el saber acumulados de todos estos años en los que se consolidaron tanto las formas eficientes del litigio, como las de comunicar, las de movilizar, y las de la sensibilidad ante las violaciones de derechos.

 

Muchas madres de víctimas de la violencia policial a lo largo de todos estos años me dijeron: conmigo no van a poder, porque yo después de que pasó lo que pasó, estoy muerta. Una forma extrema de confrontar la negación y demandar justicia. Porque equivale a decir: como estoy muerta, no me van a poder matar; soy invencible.

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Hoy, el lugar de las hermanas y los hermanos, sigue poniendo en evidencia la necesidad de sostener el reclamo y la demanda, la del control y vigilancia sobre la causa, pero también consigue mostrar que se aprendió a hacer, que se sabe hacer, que la intransigencia es un valor que no elude la presencia, ni la palabra precisa, ni la mirada constante. Las hermanas y hermanos son de una generación en la que la experiencia de la demanda y el litigio son parte del universo de lo posible tanto como el reclamo por la vigencia de los derechos humanos como horizonte político y ético en el que inscribirse.

 

Es por todo eso que creo que las trayectorias de esta generación bien pueden ser pensadas como experiencias que se inscriben en lo que Raymond Williams denomina “estructuras de sentimiento” o “estructura de la experiencia” y que implican, en cierto modo, la experiencia del presente constituyéndose en una materia social que no remite sólo a aquello ya sabido, lo explícito, lo fijado, sino también a aquello que está haciéndose. La experiencia de un presente que no desdeña, por cierto, la disponibilidad (acumulada) de patrones, modelos o posiciones para representar(se), valorar y sentir conforme una(s) historia(s) social(es) y también generacional(es) que son su materia y a la vez -al menos en ocasiones- aquello con y /o contra lo que se construyen. Después de todo, es en la dimensión de la experiencia donde se encuentran pasado y presente en acto, ya que si en algún lugar espacio/tiempo se materializan es en ese campo experiencial más o menos conflictivo en el que se expresan las luchas y manifestaciones populares colectivas que ligan dimensiones y escalas diversas: la individual y privada, la pública y colectiva.

 

Coda

 

Lo que hoy puede nominarse como el “caso Maldonado” no sólo debe presentarse como una muerte que resulta de las equívocas, violentas e ilegales formas de intervención estatal, sino también como una causa pública que incluye los trabajos sociales de configuración de una demanda de justicia, de un asunto de derechos humanos.

 

No es novedad afirmar que no sólo los muertos y la muerte, sino también los diferentes tipos de violencias que las producen cuentan con cierta valoración social y adquieren sentido una vez que resultan insertos en una trama de significación. La sensibilidad social frente a distintos tipos de víctimas, así como ante determinadas dinámicas de violencia puede llevar a la conmiseración y a la impugnación de los hechos y de allí a la conmoción social y/o al impulso de demandas de justicia, tanto como generar rechazo o indolencia, o bien desinterés y así pasar ignoradas o inadvertidas. Las condiciones sociales que resultan del trabajo de diferentes actores colectivos e individuales, las coyunturas y su enlace con la historia local, las tradiciones de movilización política y social hacen al tejido de tramas sociales que expresan una sensibilidad legal que se sostiene en unas valoraciones morales. Y, al menos desde mi perspectiva, la cuestión Derechos Humanos –tanto así, como las impugnaciones a ciertos hechos y procesos toda vez que son cifrados como violación a ellos- adquiere su sentido y significación de resultas de la dimensión local, esto es del proceso histórico particular que le asigna sentido, significados; uno que puede, incluso llegar a producir un sistema clasificatorio. Lo que por cierto implica genealogías, series, categorías y también valoraciones y legitimaciones diversas, capaces de ofrecer eventualmente status y prestigio, pero sobre todo, como señalara Christian Ferrer, un régimen de visibilidad.

 

Un despliegue de fuerzas federales en un territorio que, en gran medida está gobernado por ellas, es decir en el cual las fuerzas de seguridad construyen un poder soberano. Un poder político que avala y estimula sus formas de hacer. Y un poder judicial que asistió al poder político y destrató a la familia; y a la comunidad. La dificultad del trabajo de producción de pruebas a través de indicios cuando la causa se convierte en una mina capaz de ofrecer elementos preciosos para la operación política, la causa como material para operar políticamente sobre los hilos que hacen a la trama social de una sociedad a la que no les son ajenas las lógicas del complot y la conspiración, la del secreto y la de los servicios de inteligencia. Sin embargo, esto no ocurre en un espacio de puro dominio de un único grupo de actores sociales, de agencias y corporaciones.

 

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La diversidad de actores sociales, colectivos e individuales, la experiencia acumulada y el saber hacer del activismo de los derechos humanos dan lugar a acciones urgentes y certeras. La intervención de los organismos de derechos humanos, su saber experto en el campo del litigio estratégico, el enlace con las agencias e instituciones que son parte del derecho internacional de los derechos humanos -uno que algunos en su ignorancia ningunean y reducen a una lectura de roscas y operaciones- posibilita avanzar.  El derecho es una acción conforme a reglas que se enlaza al hacer de las burocracias, unas que funcionan como máquinas más o menos eficientes y que pueden hacerlo al servicio de cualquier amo, como diría Weber, pero que por eso mismo dejan registro de cada paso que dan, de cada procedimiento. Y ahí, la experiencia del activismo y de la militancia en el campo de los derechos humanos, y la más específica aún en el campo del litigio estratégico, están siendo centrales. Derecho y política, pueden llegar a ser las dos buenas fuentes de la vida social.


Sólo el saber resultante de esa experiencia ha sido capaz de afrontar una escena tan oscurecida con la lucidez suficiente como para objetar procedimientos carentes de control y por fuera de toda legalidad, recibir y conversar con la familia de la víctima, atender a aquellas personas que tienen algo para decir y recordar porque fueron testigos de los hechos teniendo presente que, muchas veces, el miedo en toda la comunidad hace más difícil la tarea. Reconstruir la secuencia de los hechos, buscar comprender los sucesos, explorar los indicios, producir prueba e impulsar la(s) causa(s) es uno de los trabajos, junto al seguimiento y lectura atenta -para intervenir con eficacia- de la escena política nacional. Saber atender al expediente. Saber leer las marcas, los registros que van dejando las burocracias en su hacer. Quién intervino, quién dio pase a quien, qué indicio o directamente qué informe queda de aquello que se hizo, aquello que se indicó hacer, y de lo que no se hizo. La experiencia acumulada es enorme y eso no es hoy sólo herencia de una historia que dio lugar a un linaje plebeyo sino, fundamentalmente, de un saber puesto en juego. Y es un saber disponible socialmente, uno que los hermanos están poniendo en juego toda vez que ya no es un saber de los familiares, sino el de una generación que no está dispuesta ni a dejar que ocurran las violencias, ni a dejar pasar las injusticias. Y que está más que entregada a universalizar su demanda.

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  • María Victoria Pita

    Academico

    Es investigadora independiente del CONICET e integra la coordinación del Equipo de Antropología Política y Jurídica en el Instituto de Ciencias Antropológicas de Filosofía y Letras/UBA. Es profesora asociada en Filosofía y Letras/UBA y docente y miembro de la Comisión del Doctorado en Derechos Humanos/UNLa. Estudia y escribe sobre poder policial, violencia, demandas de justicia, activismos y militancias en derechos humanos. Ver más

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