Como pasa después de cada atentado, los principios fundacionales que organizan al Estado francés se ven fuertemente cuestionados. Una y otra vez resurge la tensión entre libertades individuales y la eficacia en la previsión del terrorismo. Los franceses vuelven a preguntarse hasta dónde puede o debe llegar el Estado para evitar matanzas como las del 14 de julio en Niza, o las que enlutaron a París en noviembre de 2015. Entre las banderas francesas envueltas en listones negro, el abogado Roberto Amette Estrada cuenta desde la costa atacada cómo se intenta seguir con la vida en los espacios públicos y reflexiona sobre el debate que atraviesa el país bajo ataque.



Foto: Paco Granada

 

En las alcaldías, restaurantes y tiendas, la bandera francesa no solo por la fiesta nacional sino también por la Eurocopa, se encuentra atada con una cinta negra. El duelo, esta vez, será por tres. En los paneles electrónicos de las autopistas se lee el mensaje “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, el lema que eternizó la revolución francesa del siglo XVIII. Además aparecen los carteles con la inscripción “Todos somos Niza.” Y en esa atmósfera opresiva todo sigue adelante. La vida en el espacio público continúa para muchos con miedo y dolor.

 

El festival de Avignon, ciudad donde se encontraba el presidente François Hollande cuando sucedieron los atentados de Niza, incentivó a los espectadores a no quedarse en su casa y a participar de las obras programadas. Un correo electrónico fue enviado a aquellos que tenían entradas. Condensa buena parte de la angustia y de la voluntad frente al horror de otro ataque.

 

“En este día de duelo, reafirmamos que un espectador es una mujer, un hombre, un niño comprometido, su sola presencia desmiente las tinieblas. Estar juntos hoy es nuestra fuerza. Es un gesto de resistencia. Hamlet dice a Horacio  “suspende tu dolor para contar mi historia”. No vamos ni a suspender ni a negar nuestro dolor, sino a decirlo sin interrumpir la vida y nuestra solidaridad con las víctimas. Vamos a decir otra vez la historia común, la común presencia y la esperanza que nos damos los unos a los otros. Frente a los que quieren imponer el silencio, les proponemos no hacer un minuto de silencio sino aplaudir juntos las fuerzas de vida.”

 

Hay una Francia antes y después de los atentados de Charlie Hebdo. La política de seguridad irrumpió en la vida diaria. En todos los centros comerciales y museos, los bolsos son revisados en búsqueda de explosivos. Casi diariamente los altavoces del subte informan sobre trastornos en la circulación por la presencia de objetos sospechosos. Durante la Eurocopa buena parte de París estaba militarizada con helicópteros sobrehilando en rondas de control. Los militares fuertemente armados son ya parte de la postal en los lugares públicos, las lanchas de Prefectura circulan a toda velocidad por el Sena. Dos días después de la matanza en Niza es posible ver cómo estas medidas recrudecen. Las celebraciones del 14 de julio -que recuerdan la toma de la Bastilla-, en varias ciudades se realizan el 15 y el 16 fueron suspendidas.


 

Después del ataque a Charlie Hebdo (enero 2015) y el atentado en el teatro Bataclán (noviembre 2015), buena parte de la sociedad francesa dio grandes muestras de racionalidad con manifestaciones pacíficas que lejos de recrudecer prejuicios y violencia buscaban reafirmar los principales valores republicanos que se resumen en la famosa fórmula de libertad, igualdad y fraternidad.

 

Después de los atentados de noviembre, todavía con la amargura por Bataclán, algunas tiendas decidieron retirar de la venta todas las armas de juguete. Otras propusieron, incluso, intercambiar armas de juguete por libros, peluches o rompecabezas.

 

Alejado de este espíritu, el gobierno socialista promovió casi de inmediato soluciones motorizadas por el miedo, todas orientadas al castigo del sospechoso y, posiblemente, a sacar provecho del –muchas veces electoralmente redituable– populismo penal.

 

Sin embargo, esas decisiones tomadas al calor de las grandes matanzas no tuvieron el consenso de una sociedad que no parece dispuesta a virar hacia un estado securitario.

 

Después de los atentados de noviembre dos de los pilares de la lucha contra el terrorismo propuestos por Hollande fueron la de insertar a la constitución del estado de emergencia y el impulso de un proyecto para quitarles la nacionalidad a quienes cometieran actos de terrorismo. Ambos proyectos terminaron por fracasar en el trámite parlamentario, pero son el reflejo de la enorme tensión entre el respeto por las libertades individuales y la lucha contra este tipo de ataques.

 

En efecto apenas unos días antes de la matanza de Niza, un tribunal de primera instancia condenó al Estado francés por no haber vigilado suficientemente al futuro autor de los atentados de Toulouse en 2012. La decisión soslaya el hecho de que no existían pruebas para vigilarlo y que los servicios de inteligencia están obligados a cumplir la ley. No basta, en un Estado de derecho con sospechar, las pruebas son necesarias. En algún sentido, el fracaso en la prevención del crimen debe ser leído como un triunfo cultural en el respeto por los derechos más básicos que siguen siendo el núcleo de la organización de la vida en común.

 

Como un símbolo, en el día en que se celebraba “la República” francesa, Hollande anunció que el 26 de julio se daría por terminado el estado de emergencia. Posiblemente consciente del error que había cometido al proponer políticas tan agresivas. En en el tradicional reportaje del 14 de julio retomó el discurso republicano y dijo que prolongar el estado “no tendría ningún sentido. Hacerlo significaría que no seríamos más una república con un derecho aplicable en todas las circunstancias.” Menos de 24 horas después, debió dar marcha atrás. En la primera conferencia de prensa tras los atentados anunció la extensión del estado de emergencia y el refuerzo de las intervenciones militares en Siria e Irak.


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