En Bolivia Jeanine Áñez recibió los atributos presidenciales por parte de militares. La imagen no deja dudas: lo que sucedió es un golpe, dice Leandro Morgenfeld. ¿Qué tiene en común con los ocurridos en Venezuela, Haití, Honduras, Paraguay y Brasil? En este ensayo, el doctor en Historia analiza cómo operó Washington para dinamitar la UNASUR e intentar reposicionar a la OEA, y explica por qué es importante que se reestablezca una voz autónoma en la región.



En mayo de 2012, Rafael Correa entrevistó a Julian Assange, líder de Wikileaks. El entonces presidente de Ecuador inició el diálogo con una frase premonitoria: “Vea, como dice Evo Morales, el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de estado es Estados Unidos, porque no tiene Embajada estadounidense”. Este domingo la profecía se cumplió: el mandatario boliviano fue depuesto por un golpe apoyado por Estados Unidos. Al día siguiente, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que celebraba el accionar militar, a la vez que amenazaba a otros dos países: Venezuela y Nicaragua. Se desmoronan así tres mitos muy difundidos: que las fuerzas armadas dejaron de ser un factor decisivo de poder, que los golpes de estado son algo del siglo pasado y que Estados Unidos ya no está detrás de las destituciones de gobiernos constitucionales.

 

Bolivia, Estados Unidos y el golpismo del siglo XXI

 

La imagen de Jeanine Áñez, una presidenta autoproclamada por un congreso sin quorum, recibiendo los atributos presidenciales por parte de los militares que derrocaron al mandatario constitucional es clara: lo que ocurrió en Bolivia es un golpe. Un golpe clasista, racista, patriarcal y colonial que no solo destituyó a Evo Morales, sino que desestabiliza y pone en peligro a toda América Latina. Más que detenernos en las cuestiones institucionales, legales y en una coyuntura que cambia hora a hora, en un proceso todavía no cerrado –crece la resistencia popular-, hay que intentar entender qué hay detrás. Estamos en un momento crucial en el proceso de transición hegemónica, con una declinación estadounidense, pero sin vislumbrarse todavía con claridad cómo será el nuevo orden global. América Latina y el Caribe, en el actual escenario de disputa geopolítica, geoeconómica y geoestratégica entre Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia, es una región fundamental para la pretensión estadounidense de seguir conservando su primacía.

 

¿Por qué Donald Trump, como admitió en el comunicado de la Casa Blanca del lunes 11 de noviembre, estaba tan interesado en el derrocamiento del gobierno boliviano? A Evo nunca van a perdonarle la nacionalización de los hidrocarburos, su aporte en la construcción de una integración regional alternativa, su participación junto a Hugo Chávez en la movilización contra el ALCA en Mar del Plata en noviembre de 2005, ser el primer presidente de origen campesino y sindical, y haber expulsado de Bolivia a la DEA, la CIA, la USAID y hasta al embajador de Estados Unidos, cuando interfirió en los asuntos internos.

 

Evo tenía razón cuando denunciaba que Estados Unidos estaba detrás de su derrocamiento. El ahora ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, reivindicó hace seis meses la Doctrina Monroe, cuando avaló el intento golpista de Juan Guaidó en Venezuela. En diciembre del año pasado planteó la existencia de una troika de la tiranía, integrada por los gobiernos bolivarianos. Para Washington es estratégico derrotar a Evo, sofocar la revolución cubana a través del bloqueo, promover una guerra civil en Venezuela y voltear a Daniel Ortega en Nicaragua. Lograron que sus aliados sacaran del poder al PT en Brasil. Ahora intentarán avanzar para desarticular el flamante eje progresista Argentina-México y destronar a cualquiera que cuestione la preminencia política, económica, militar, cultural, diplomática e ideológica en su patio trasero.

 

Golpe a golpe

 

El martes 12 de noviembre, Alberto Fernández le contestó en duros términos al gobierno de Estados Unidos: “No comparto lo dicho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Acá no hay ningún ejército victorioso y no es verdad que se haya garantizado la democracia, para nada. En todo caso se la impidió. A mi juicio, Estados Unidos retrocedió décadas y volvió a lo peor de los 70, cuando avalaron intervenciones militares contra gobiernos elegidos democráticamente”.

 

Sin embargo, no es necesario retroceder tanto en el tiempo para encontrar estas prácticas injerencistas, autoritarias y antidemocráticas. No es la primera vez en el siglo XXI que se produce un golpe de estado consentido por Estados Unidos. En 2016, se consumó el golpe parlamentario que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, elegida en 2014 por más de 54 millones de votos. Hace poco más de medio siglo, el 31 de marzo de 1964, los militares brasileros depusieron a João Goulart. Prometieron irse en 24 horas: se quedaron 21 años. Fue una de las dictaduras más duraderas de la región.

 

Aquel apoyo estadounidense a los golpistas envalentonó a otros militares latinoamericanos, muchos de ellos entrenados en la Escuela de las Américas. Medio siglo más tarde, el imperio pretende restablecer el dominio en su patio trasero, desafiado en los últimos años tanto por una creciente cooperación e integración regional, como por una diversificación de los vínculos extra hemisféricos, con China, la Unión Europea, Rusia y la India como actores fundamentales. Los objetivos son los mismos, pero los instrumentos otros. El sojuzgamiento ya no se impone a través de regímenes militares, pero sí con golpes parlamentarios, institucionales o cívico-militares, cuando no lo logran a través de las urnas. El año pasado, el lawfare sirvió en Brasil para encarcelar y proscribir a Lula, que lideraba todas las encuestas. Permitió así la llegada al poder de Jair Bolsonaro, un militar evangélico, misógino, homofóbico y neoliberal, pero sobre todo absolutamente subordinado a Estados Unidos.

 

En abril de 2002 Chávez fue secuestrado por militares, quienes lo apresaron bajo la amenaza de bombardear la casa de gobierno y lo llevaron a una isla. Los golpistas nombraron al empresario Pedro Carmona como su reemplazante -aunque el presidente constitucional no había renunciado-, que fue reconocido diplomáticamente casi en forma automática por George W. Bush. Sin embargo, la rebelión popular y la lealtad de la mayor parte de las fuerzas armadas desbarataron los planes y el carismático mandatario bolivariano fue liberado y dos días más tarde volvió al Palacio de Miraflores para reasumir sus funciones.

 

En Haití, el 29 de febrero de 2004 el presidente Jean-Bertrand Aristide fue obligado a dimitir. Desde la República Centroafricana, donde debió exiliarse, contó cómo un grupo de militares estadounidenses lo había obligado en su residencia en Puerto Príncipe, a firmar un documento a través del cual renunciaba a su cargo. Lo hizo bajo amenaza de una masacre contra la población de su país. Cinco años más tarde Manuel Zelaya fue depuesto en Honduras. Un comando de las Fuerzas Armadas lo sacó de la cama antes del amanecer del 28 de junio de 2009, lo retiró en pijamas de su residencia y lo condujo a un avión militar que lo trasladó a San José de Costa Rica. Tuvo que pedir asilo político y ya nunca más volvió a gobernar su país, que sufrió una violenta represión que asesinó a dirigentes sindicales y campesinos, entre ellos Berta Cáceres, y periodistas. Otro tanto ocurrió con Fernando Lugo en Paraguay en 2012, a quien el congreso quitó de su cargo con un juicio express, sin derecho a defensa y violando principios constitucionales básicos.

 

En estos dos últimos casos, Estados Unidos les dio cobertura diplomática a los golpistas. Y los nuevos gobiernos, que emergieron con un barniz de legalidad, recibieron apoyo financiero, se alinearon rápidamente con la Casa Blanca y fueron funcionales a sus intereses y agendas. En Brasil, ocurrió algo similar. Si bien el gobierno de Obama no se expresó explícitamente a favor del golpe contra Dilma, sí dio señales de que avalaba el impeachment impulsado por quienes habían sido derrotados en las urnas en 2014. Thomas Shannon, influyente funcionario del Departamento de Estado, se reunió en abril de 2016 con Aloysio Nunes, uno de los senadores que impulsaron la destitución, luego de que la Cámara de Diputados habilitara el proceso contra Dilma. Como señaló en ese entonces el analista Mark Weisbrot, co-director del Centro de Investigación en Economía y Política, en Washington DC, ese gesto envió una señal diplomática muy clara a los demás países de la región: la Casa Blanca estaba avalando la caída del gobierno del PT.

 

¿Qué tienen en común los golpes en Venezuela (2002), Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019)? Salvo en el primer caso, que pudo ser revertido por la resistencia, en los otros cinco se derrocaron presidentes no alineados con Estados Unidos y quienes terminaron reemplazándolos actuaron en perfecta sintonía con la Casa Blanca. ¿Casualidad? Con distintas modalidades, más o menos abiertamente, Washington respaldó los golpes blandos o duros, como parte de su estrategia de fomentar la balcanización regional, fundamental para sostener su dominio regional. En los seis casos, los golpes los sufrieron presidentes que resistían la subordinación a Estados Unidos.

 

Golpes de Estado en América Latina

 

La ofensiva: romper la UNASUR, reposicionar la OEA

 

El avance de las derechas en la región, que se profundizó tras el triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015, fue funcional al objetivo de Estados Unidos de derrotar cualquier proyecto alternativo de coordinación y cooperación política, fuera del comando de Washington.

 

La UNASUR sirvió en 2008 para frenar la secesión de la media luna rica que se alzó contra Evo en Bolivia. En 2010, para evitar que una rebelión policial terminara con el gobierno de Correa en Ecuador y para encontrar una solución pacífica en el conflicto entre Colombia y Venezuela. En otras palabras: la UNASUR actuó para dirimir los conflictos regionales sin la omnipresencia de Estados Unidos a través de la OEA, cuya sede no casualmente se encuentra en Washington DC, a escasos metros de la Casa Blanca.

 

La gravedad de la destrucción de ese organismo, decidida en 2018 cuando Bolivia asumió la presidencia pro tempore, termina de entenderse con los acontecimientos de esa semana.

 

En estos días Nuestra América atraviesa una oleada de rebeliones populares e inestabilidad política, económica y social. Washington fue hábil: operó junto a sus aliados locales para paralizar la CELAC y dinamitar la UNASUR. Promovió a través de sus aliados-vasallos la Alianza del Pacífico, durante la Administración Obama, hizo lo mismo con el Grupo de Lima para hostigar a Venezuela (del cual prometió salir Alberto Fernández, a pesar de las presiones continuas de los enviados del Departamento de Estado) y finalmente fomentó la PROSUR, lanzada por Piñera este año (cuyo futuro, luego de estas semanas, es claramente sombrío).

 

Detrás de estas iniciativas, el objetivo de Estados Unidos es reposicionar a la OEA, calificada en los sesenta por Fidel y el Che como un “ministerio de colonias” de Estados Unidos. Su actual Secretario General, Luis Almagro, se ocupa hace años de atacar a Venezuela. Esta semana, a pedido del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, convocó a una reunión, no para repudiar el golpe cívico-policial-militar en Bolivia, sino para acusar a Evo de ser responsable de un “auto-golpe”. Nunca el cinismo quedó tan expuesto.

 

La región enfrenta grandes peligros en la actualidad, cuando la declinación relativa de Estados Unidos deviene paradójicamente en una mayor agresividad imperial, con algunos elementos novedosos. En vez de las invasiones militares directas, como las que sufrieron Afganistán e Irak en 2002 y 2003, los casos de Siria y Ucrania muestran la puesta en funcionamiento de nuevas estrategias y tácticas, como las denominadas “guerras híbridas”.

 

A través de grupos paramilitares, guerra psicológica, corporaciones mediáticas, procesos judiciales, presiones diplomáticas, penetrando en las fuerzas de seguridad y de defensa, manipulando organizaciones y movimientos sociales mediante una aceitada red de ONGs bien financiadas, con golpes de mercado o manipulando los procesos electorales, Estados Unidos sigue persiguiendo los objetivos del siglo XX: controlar los territorios y sus poblaciones para apropiarse de sus recursos y sus mercados.

 

La apuesta al Grupo de Puebla para frenar el golpismo

 

El triunfo de Fernández dio impulso al Grupo de Puebla, que reunió en julio a más de 30 líderes regionales con la idea de promover una serie de agendas progresistas que tengan que ver con los problemas de distribución del ingreso, el respeto de la soberanía de cada país y la resolución pacífica de los conflictos. El 8, 9 y 10 de noviembre se realizó el segundo encuentro de este grupo en Buenos Aires, que pasó rápidamente de festejar la liberación de Lula a condenar el golpe en Bolivia. El miércoles 13 de noviembre Evo y Álvaro García Linera, asilados en México, anunciaron su incorporación a este foro, en el que también participan otros ex mandatarios derrocados o perseguidos, como Dilma, Lula, Correa o Lugo.

 

En un momento de ofensiva de Estados Unidos es importante que se establezca una voz autónoma en la región, que se recuperen principios básicos en el sistema interamericano, como el de no intervención en los asuntos internos de los países, de solución pacífica de las diferencias y de autodeterminación de los pueblos. América Latina debe seguir siendo una zona de paz.

 

En este escenario, el Grupo de Puebla está llamado a tener un rol clave. Fernández habló en las horas posteriores al golpe con los presidentes de México, Perú y Paraguay para gestionar el asilo político a Evo Morales y evitar un magnicidio.

 

Desde México, Evo declaró: “El golpe de Estado fue una conspiración política y económica de los EE.UU. Condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto, y autoproclamado por la derecha con la complicidad de la policía y FFAA”. También señaló que la OEA, “tuvo una decisión política y no técnica ni jurídica”, al desestimar el resultado de la elección. “La parte más importante [del informe] dice que el MAS [el partido de Morales] ganó, pero no estamos seguros si ganó en la primera vuelta. Si hubiera sido que no hubiera ganado en primera vuelta entonces hay segunda; y no decir ‘nuevas elecciones’. La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, está al servicio del imperio norteamericano. Hay que cambiarle el nombre y ponerle Organización de Estados del Norte, y no de América”.

 

Viendo el papel de Almagro en la OEA –argumentó que Evo había realizado un “autogolpe”- se entiende por qué los aliados de Trump operaron para destruir la UNASUR, que otrora permitió resolver pacíficamente, sin la omnipresencia estadounidense, conflictos en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia. Macri, Temer, Duque, Piñera y Lenin Moreno fueron cómplices de ese daño irreparable. Al retirarse de la UNASUR en 2018 y ahora al negarse a condenar el golpe cívico-policial-militar.

 

El continente está convulsionado y en disputa. Estados Unidos pretende sostener su dominio, incluso a fuerza de golpes. Los pueblos resisten. La integración latinoamericana autónoma es más necesaria que nunca.

 

 

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