Se ha dicho, con razón, que el macrismo es hijo de la crisis política de 2001 y poco se analizó cómo logró capturar el voto porteño durante 13 años. La apelación a los vecinos y sus problemas entra en sintonía con el individualismo de la época, pero también tiene una larga tradición: los intendentes de la ciudad de Buenos Aires siempre se presentaban como gestores y técnicos antes que como políticos. En “Gobernar Buenos Aires” (Prometeo), Matías Landau analiza la historia y el presente de la política de la Capital.



 

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Dos sucesos históricos enmarcan los límites temporales de este estudio. En un extremo, la federalización de Buenos Aires, en 1880. En el otro, su autonomía, en 1996. Desde entonces un nuevo capítulo se ha abierto que, si bien aún es incipiente, ya permite reflexionar sobre el modo en que se ha configurado el gobierno de la ciudad. La complejización de la ciudad, asociada con su crecimiento demográfico, permitió la irrupción de agrupaciones con nuevas demandas, que comenzaban a ser concebidas como sociales. El socialismo y el radicalismo han sido una consecuencia de estos cambios. Durante buena parte del siglo XX, en los períodos en los que se aseguraron las garantías constitucionales, la UCR se erigió en el partido de estas nuevas clases medias porteñas, conjugando un horizonte de ideas abstractas, ligadas al desarrollo de los valores republicanos y democráticos, con una eficaz implantación territorial que le permitía mediar entre demandas concretas de los habitantes de la ciudad.

 

Es posible suponer que hacia final del siglo XX este ciclo comenzó a cerrarse. El radicalismo, que había sido el partido con mayor presencia territorial y electoral en la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX, fue perdiendo sus bases de apoyo hasta alcanzar un 0,8% de los votos en la ciudad en las elecciones presidenciales de 2003. 

 

Las primeras elecciones de la Buenos Aires autónoma se realizaron bajo este proceso de desvinculación, que ya se había iniciado unos años antes. Es por ello que, aun siendo un cuadro partidario de extensa trayectoria previa, el candidato radical Fernando de la Rúa construyó su legitimidad en un perfil que buscaba captar el voto independiente, en tensión con las dinámicas propias de su partido. Si bien logró acceder a la jefatura de gobierno en representación de la UCR, al poco tiempo, en agosto de 1997, su partido se alió con el Frente País Solidario (Frepaso), que desde hacía algunos años venía sumando adeptos en la ciudad y se había convertido en su principal competidor. La apuesta, destinada a la construcción de una opción nacional para enfrentar al Partido Justicialista fue exitosa desde el punto de vista electoral, ya que no sólo se impuso en las elecciones legislativas de 1997, sino que permitió que el propio de la Rúa alcanzara la presidencia de la Nación en 1999, y Aníbal Ibarra, del Frepaso, fuera electo jefe de gobierno de la ciudad, en 2000.

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Entre el inicio y el final del primer mandato de Ibarra mediaron apenas tres años y medio. Muy poco en períodos de normalidad económica e institucional, pero una eternidad para un país como la Argentina de entonces. A partir de la renuncia de de la Rúa en 2001, Ibarra quedó sin una referencia nacional de su color partidario, y sólo se concentró en su construcción a nivel local. Sin embargo, logró mantener en torno a su figura el apoyo de algunos reconocidos líderes de centro-izquierda y, además, contó con el guiño del presidente Néstor Kirchner que le permitió lograr la reelección en 2003. 

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Pese a la victoria de Ibarra, 2003 quedará en la historia porteña como el año de la irrupción de Mauricio Macri, empresario y ex presidente de Boca Juniors, como aspirante a jefe de gobierno, en una apuesta que fue relativamente exitosa. En la primera vuelta obtuvo el 37,4% de los votos, frente al 33,5% de Ibarra. Aunque éste último logró imponerse finalmente en el ballottage, la irrupción de Macri modificó el tablero político vigente.

 

El ocaso de Ibarra, luego del incendio de Cromañon, fue acompañado por el fortalecimiento de la figura de Mauricio Macri. En 2005 se llevaron a cabo elecciones para renovar cargos de diputados de la ciudad. Los resultados demostraron la consolidación y el crecimiento del espacio macrista, que ya para entonces se habían unificado en una lista conjunta bajo el nombre de Alianza Propuesta Republicana (PRO). Al año siguiente, en 2007, hubo elecciones para jefe de gobierno y para renovar parcialmente la Legislatura. Salió victorioso Mauricio Macri, inaugurando una primacía que ya alcanza una década. Desde el acceso del PRO al gobierno, se ha impuesto en todas las elecciones locales.

 

La decisión de Macri de competir en la Ciudad sólo puede comprenderse en el marco de la jerarquización del juego electoral y el gobierno porteño, en un proceso que dejó atrás lo municipal. Desde la autonomía, Buenos Aires ya no es un municipio ni cuenta con una Municipalidad, sino que es una ciudad autónoma que posee un gobierno del Estado de la ciudad. Estas modificaciones se complementan con el reemplazo de los concejales, que pasaron a ser diputados de la ciudad, y del intendente, que fue sustituido por el jefe de gobierno.

 

La problemática municipal había atravesado el siglo XX, delimitando formas cambiantes de estructurar los modos de relación entre poderes locales y nacionales, definiendo los legítimos integrantes del municipio, los alcances en términos jurisdiccionales y los límites territoriales, entre otros aspectos. En este sentido, constituyó un espacio de perpetua transformación, pero sostenido sin embargo sobre una concepción predominante, que evitaba caracterizar a Buenos Aires como un espacio político constituido por ciudadanos.

 

Desde la autonomía, la concepción política, ligada con la construcción de un gobierno sostenido sobre los principios de una Constitución propia, originada a través del acuerdo entre los representantes de la ciudadanía porteña, ha originado un nuevo horizonte de sentido, que la ubica en pie de igualdad con las provincias en el régimen federal. Por primera vez, Buenos Aires se define como una comunidad de ciudadanos autogobernados, y no como un espacio de convivencia de poderes políticos nacionales y autoridades municipales locales. 

 

Si bien Buenos Aires ya elegía sus representantes para la Cámara de Diputados y la de Senadores, lo hacía en tanto Capital Federal. Luego de la autonomía, quedó explicitado que aun en el caso en que, en el futuro, la Capital se trasladase a otro sitio, la ciudad porteña seguiría eligiendo a sus representantes. Esto la pone en un pie de igualdad respecto a las otras provincias. Pero la modificación más significativa fue la de la inauguración de la tan ansiada elección directa de la autoridad ejecutiva. Por primera vez en la historia posterior a la federalización, a través de las elecciones se juega el acceso a poder ejecutivo local, con el poder simbólico y material que eso conlleva. 

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Además de las oportunidades políticas e institucionales abiertas luego de la crisis de 2001, el macrismo puede ser considerado como el resultado de las transformaciones socio-urbanas de fin de siglo XX, que ha cerrado el horizonte social de una ciudad integrada, ligada por lazos de solidaridad y lógicas de socialización del riesgo, para volver, bajo nuevas formas, a configurar una urbe erigida como el espacio de las actividades civiles de sus habitantes, en un contexto de creciente fragmentación e individuación.

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Si en otros momentos históricos hemos analizado cómo algunas agrupaciones que tuvieron un rol destacado en la ciudad, desde el socialismo al radicalismo, pero también el peronismo clásico, fueron fruto del pasaje de una ciudad civil a una social, el macrismo puede inscribirse en el proceso inverso. En este sentido, es más que un partido político ya que representa rasgos de la cultura y la vida urbana contemporánea.

 

Las transformaciones socio-urbanas y las modificaciones de las demandas y expectativas de los electores capitalinos no sólo impactaron en la “desvinculación” respecto a la UCR o la crisis del PJ, sino que configuraron formas específicas de vivir la ciudad y, por ende, de generar demandas a las autoridades. Éstas apuntaban en forma creciente a diversas medidas que pueden ser incluidas dentro de la “policía urbana”, es decir formas de administración y control del espacio público o regulación de comercios, junto a otras asociadas con clásicos servicios urbanos, como alumbrado, limpieza, desramado, pavimentos, etc.

 

El PRO supo encarnar estas nuevas demandas, construyendo un partido y una gestión gubernamental que mezclan lo nuevo y lo viejo, la modernización y la tradición. El partido de Macri supo interpelar a buena parte de las clases medias que ya habían cambiado sus formas de vida y, en consecuencia, sus preferencias y demandas electorales en el ámbito de la ciudad. Esta agenda, que llevó al PRO a privilegiar políticas como el Metrobus, las ciclovías, los paso bajo nivel, el cuidado de plazas y parques, la construcción de una “ciudad verde”, fueron valoradas positivamente por los habitantes de Buenos Aires. Para hacerlo, se basó en una prédica de la “gestión” por sobre la “política”, presentándose como alejados de las divisiones ideológicas y solo preocupados por “hacer”. Y, para ello, desarrolló una política de proximidad, bajo la consigna de estar cerca de los “vecinos”, “escucharlos” para hacer las cosas “juntos”, resolviendo los problemas sin “conflictos”, sino por medio del “diálogo” y el “acuerdo”. En síntesis, el PRO buscó legitimarse en una de gestión de proximidad de resolución no conflictiva de los problemas civiles de los vecinos.

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Si bien es cierto que en términos discursivos y prácticos el PRO supuso una renovación de las formas y los contenidos propios de la centro-derecha, su novedad parece más matizada si, en lugar de compararlo con otros partidos políticos, lo analizamos en relación a los modos históricos de estructurar las formas institucionales y las lógicas gubernamentales propias de la ciudad. Su carácter pragmático, técnico y gestionario lo inscribe en una larga tradición de gobiernos municipales de impronta técnica, llevado a cabo por intendentes provenientes de sectores liberales o conservadores.

 

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El argumento que sostiene que el gobierno de la ciudad debe ser el ámbito de la administración y la gestión se remonta a fines del siglo XIX. En el esquema censitario del municipio doméstico, se sostenía la necesidad de administrar los asuntos comunes ligados a la vida cotidiana de los vecinos-contribuyentes. Ya entrado el siglo XX, la complejidad creciente de las ciudades, a partir del aumento demográfico, significó la aparición de una perspectiva complementaria que planteaba que, para resolver los asuntos urbanos y sociales de la ciudad, el gobierno debía ser una tarea llevada a cabo por especialistas. Es a partir de esta idea que se constituyó una larga tradición de intendentes que hacían gala de su primacía de la técnica por sobre la política.

 

Entrado el siglo XX, las concepciones técnicas se potenciaron. En el debate de 1917 fue justamente la defensa de este carácter técnico lo que aducían quienes se oponían a la instauración del intendente electivo. Pero aún aquellos que planteaban la necesidad de que el pueblo de la Capital elija a su Intendente, no le negaban tal carácter, sino que invocaban que no existía contradicción entre las credenciales técnicas y el voto popular.

 

En los ’30, Mariano de Vedia y Mitre, intendente entre 1932 y 1938, sostenía que las organizaciones estatales administraban, en general, menos eficazmente que las que “en el orden privado, manejan y custodian intereses de orden comercial o industrial”. Para remediarlo, proponía incorporar a la gestión pública una racionalidad propia del mundo privado. Y la ciudad aparecía, a sus ojos, como el ámbito privilegiado para hacerlo.

 

También la dictadura de 1976-1983 orientó el gobierno de la ciudad haciendo gala de la supremacía de la técnica por sobre la política y la burocracia. En el marco del auge de un liberalismo tecnocrático, la distinción de una ciudad de los vecinos que “merecen” vivir en la ciudad, de aquellos que deben ser expulsados, fue potenciada por una retórica modernizadora, tanto en el plano de los grandes proyectos faraónicos, como de las reformas administrativas, destinadas a introducir las nuevas lógicas que postulaban una administración flexible. La reforma del Estado municipal siguió en los ’80, a través de diversos programas llevados a cabo durante la gestión de Grosso, quien trajo consigo una concepción del gobierno de la ciudad ligada a las máximas gerenciales, producto en parte por su experiencia previa en el sector privado, casualmente en el grupo empresario de la familia de Macri.

 

Recordando estos antecedentes, no pretendemos afirmar que el macrismo no sea más que la reactualización de formas gestionarias ya presentes en el pasado. Pero sí que puede ser inscripto en una línea histórica que tiene suficientes antecedentes previos.

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El traslado de un saber gestionario, proveniente del mundo empresarial, al gobierno de la ciudad potencia el proceso de individuación y sostiene una concepción de la ciudad como conjunto de actividades civiles, desarrolladas por sus vecinos. No extraña, en este sentido, la constante utilización de esta figura, por sobre otras como ciudadanos y trabajadores, que han sido significativas en otros períodos. Tiene sentido en el marco de una experiencia que, por sobre el vínculo político y social, ganó legitimación en el plano urbano y territorial. El macrismo reactualizó, bajo un prisma contemporáneo, las distintas capas de los diversos usos y sentidos de ser vecino. A través de él, recorta una imagen de la ciudad como un conjunto no conflictivo de cuestiones que incumben a la vida civil en común de quienes contribuyen a las arcas municipales, apela a las pertenencias territoriales para potenciar las diferencias respecto a quienes “no son” del barrio o la ciudad, incorpora estrategias de contacto “directo” en cada barrio, y en algunos casos plantea una ciudad basada en los criterios ligados a una relación mercantil sustentada en el intercambio de servicio y consumo.

 

Las máximas gestionarias y la interpelación al vecino se conjugan en un estilo gubernamental que presume de tener un vínculo “cercano” entre gobernantes y gobernados. La gestión del PRO ha sabido incorporar la búsqueda de cercanía y la legitimidad del “hombre común” bajo un estilo que se apartó de la proclama democrática, propia del uso que ciertos sectores progresistas hacían de las máximas participativas, para concentrarse en el objetivo de generar empatía en los habitantes. No extraña, en este sentido, que por sobre los programas participativos se hayan concentrado en el vínculo directo.

 

Es posible plantear la hipótesis de una “afinidad electiva” entre las novedades que implicó el PRO como partido de una “nueva derecha”, pragmática y gestionaria, con viejas tradiciones aun presentes en muchos porteños al ponderar aquello que debería realizar un gobierno de la ciudad: resolver, en forma eficiente y no conflictiva, los asuntos que hacen a los usos cotidianos de los vecinos de la ciudad.


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