En 2006, se descubrió que en la base Almirante Zar de Trelew la armada hacía espionaje de políticos, estudiantes y periodistas. Luego, la investigación judicial demostró que se trataba de una actividad “sistemática y generalizada” que en toda la fuerza venía funcionando como una “comunidad informativa”. Mientras se analizan las modificaciones al proyecto de reforma de la Agencia Federal de Inteligencia y a días de que empiece otro juicio por ese caso, la antropóloga Eva Muzzopappa advierte que hay que considerar las maneras en que los servicios han escapado al control institucional y modificar los mecanismos que favorecieron su autonomización.



La muerte del fiscal Nisman ha reavivado el interés sobre los organismos de inteligencia. Periódicamente, algún escándalo involucra a este monstruo creado para sostener al Leviatán. Esta vez, el caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de reemplazar la Secretaría de Inteligencia por una nueva estructura; la propuesta ha sido la creación de una Agencia Federal de Inteligencia. La pregunta es cuál puede ser el verdadero impacto de esta propuesta y cuáles serían las advertencias a tener en cuenta para evitar viejos errores.

 

No es necesario ir mucho tiempo atrás. En marzo de 2006, el estruendo provocado por la realización de tareas ilegales por parte de una oficina de inteligencia de la Armada en la base Almirante Zar en Trelew, Chubut, provocó el cierre y la reforma de las secciones de inteligencia del sector castrense. Tras la denuncia, se realizó un allanamiento judicial que logró secuestrar un archivo que daba cuenta del trabajo de los agentes.

 

Lo que intento exponer aquí es cómo el análisis de este material puede ofrecer pistas interesantes para problematizar las prácticas en este sector y advertir (particularmente en lo que se refiere al eterno dilema del control democrático) tanto sobre los propios organismos como sobre sus actividades y prácticas, prestándole atención a la distancia que puede separar la legislación de lo que efectivamente “sucede en el campo”.

 

 

Un archivo

 

 

La primera información sobre las actividades ilegales de la oficina de inteligencia de Trelew llegó a través de un correo electrónico. Un suboficial envió material que daba cuenta del seguimiento a integrantes de organismos de derechos humanos, agrupaciones indigenistas, sospechosos árabes y organizaciones piqueteras. La legislación vigente prohibía esa actividad.

 

Las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, de los años 1988 y 1992 respectivamente, habían dividido lo que la doctrina de la seguridad nacional había unificado, escindiendo entre “seguridad externa” o defensa: el uso de la fuerza ante eventuales agresiones de origen extranjero; y la “seguridad interna”, vinculada con el orden jurídico y social. Así, las fuerzas armadas no podían ya tener como hipótesis de trabajo la adscripción política de ningún ciudadano, menos entonces establecer relaciones de jerarquía o de cooperación con las ahora “fuerzas de seguridad” (gendarmería, prefectura, policía) sin que mediara la orden de una autoridad civil.

 

Cuando el Juez federal Jorge Pfleger concretó el allanamiento, en la oficina encontraron carpetas con recortes de artículos periodísticos, fotos, informes y memorándums de entrada y salida, resoluciones generales de la Armada, CD’s y algunas computadoras. En otras palabras, un archivo de inteligencia.

 

Habitualmente, los trabajos en torno a los llamados “archivos de la represión” han intentado hallar en ellos los registros burocráticos que permitan rearmar el circuito represivo, asignar responsabilidades, reconstruir los recorridos de las víctimas y, eventualmente, encontrar los cuerpos. Así, el accionar de los servicios de inteligencia ha sido destacado en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad. Lo que trato de señalar aquí es que, amen de información concreta sobre casos específicos, el estudio de los archivos puede dar pistas concretas sobre sus instituciones productoras. En esta ocasión, se trata de dar cuenta de ciertas continuidades en las prácticas de inteligencia.

 

 

Malos hábitos

 

 

Aproximadamente diez años después de que a través del decreto 337/46 Perón creara el primer organismo estatal en el ámbito de la presidencia de la Nación dedicado a la recolección, centralización y coordinación de la información necesaria para el ejercicio de la “conducción de los asuntos del Estado” (Sain, 1997), con la Revolución Libertadora se desencadena un proceso de militarización que redunda en el control y la ocupación de los organismos de información e inteligencia por parte de las fuerzas armadas. De manera paralela, la preocupación por la lucha contra el comunismo lleva a diseñar una serie de mecanismos institucionales a fin de coordinar el accionar de los organismos de inteligencia, que serán cada vez más diversos y relevantes en las tareas de control y represión.

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En abril de 1956 se crea la Dirección de Informaciones Antidemocráticas (DIA) con el objeto de “reunir y coordinar los distintos organismos de seguridad del Estado: Jefes del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), Servicio de Informaciones Naval (SIN), Servicio de Informaciones Aeronáuticas (SIA), de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense” (Funes, 2008). En 1963 se instituye a la SIDE como el organismo estatal encargado de “realizar actividades informativas y producir inteligencia en interés de la seguridad de la Nación, para la conducción de los asuntos de Estado y para la acción contra el comunismo” con tareas tales como las de “planear, orientar, centralizar y coordinar la actividad informativa integral del Estado y “coordinar la comunidad informativa”, esto es, del mecanismo de cooperación integrado por los servicios de informaciones de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad (Sain, 1997).

 

La sanción de la ley 16.970 en 1969 determina la creación de una Central Nacional de Inteligencia, bajo un modelo donde los organismos de inteligencia son presididos por oficiales militares con amplias facultades de coordinación.

 

En este contexto, se fue consolidando una “comunidad informativa”: una comunidad  que concretaba encuentros y capacitaciones a nivel local, provincial y nacional. Este trabajo conjunto constituiría luego la pieza estratégica de la represión en la última dictadura militar: la información recabada por cualquier organismo podía ser solicitada y enviada a las fuerzas represivas de cualquier parte del país. Policías, marina, fuerza aérea, ejército, organismos de inteligencia provinciales y nacionales compartían los datos obtenidos, haciendo más eficaz el seguimiento de las víctimas.

 

Tras la finalización de la dictadura, las mencionadas leyes de defensa nacional y seguridad interior desarticularon esta “comunidad”; sin embargo, lo que no era ya legal había pasado a ser una costumbre, que quedó evidenciada a lo largo de la causa de Trelew.

 

Durante, el Juez Pfleger solicitó a los distintos jefes de los organismos de seguridad e inteligencia de la provincia de Chubut (delegado zonal de la Secretaría de Inteligencia del Estado, al jefe de la Policía Provincial, jefe de Prefectura Nacional en Puerto Madryn, jefe de la Policía Federal en Rawson y al jefe de la agrupación correspondiente de Gendarmería Nacional) que informara si los mismos se encontraban integrados a la llamada “comunidad informativa”. Aunque las respuestas fueron negativas, en el juicio oral el fiscal arremetió con un documento –proveniente del archivo secuestrado- donde se daba cuenta de la solicitud de información a un “integrante de la Comunidad”.

 

Si bien en términos legales ya no existía, en la práctica continuaba funcionando de tal manera que convertía a los agentes de inteligencia en miembros de algún tipo de “logia”, unidos por el intercambio de favores.

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El cabo de la marina que en 2006 denunció el espionaje ilegal en la base Zar fue Carlos Alegre. Cinco años después, el hombre que fue pasado “a retiro obligatorio” por la armada encontró una pintada en el paredón de su casa: “Alegre traidor, vas a ser boleta”. Debajo, catorce bombas molotov sin explotar. Catorce habían sido los procesados por espionaje.

 

Y en un viaje entre Trelew y Bariloche, Alegre (que ya había presentado el caso ante el CELS) sufrió un accidente que consideró “dudoso” y volcó su auto. Estuvo un mes en coma, luego dio testimonio en la causa.

 

 Cuando le preguntaron, dijo que las relaciones entre agentes de diferentes organismos existían y que inclusive los encuentros realizados en la misma Base Almirante Zar no eran registrados en el libro de guardia.  

 

“Había personas que pertenecían a la comunidad informativa local y se les pedía desde la Oficina de Inteligencia al Suboficial de Guardia: No anotes que ya van a venir 5 personas que no… son de nosotros. Entonces, no le pedían documentos y no quedaban registradas…”

 

Junto al testimonio de Carlos Alegre, la piedra basal de ese caso de espionaje era también el archivo de inteligencia secuestrado por el juez. Allí se hallaron algunas fotos de seguimiento a organizaciones piqueteras, pero sobre todo recortes periodísticos, informes y memorándums de entrada y salida, normativa y reglamentación específica de la sección de inteligencia y algunos casetes de VHS. Realmente, nada espectacular, al menos en una primera mirada.

 

Pero la riqueza era precisamente que daba cuenta de las actividades concretas de los organismos de inteligencia en el período 2000-2006. En este contexto, adquiría mayor relevancia la referencia a “un integrante de la Comunidad”. También adquiría otra dimensión significativa el tipo de organización del archivo, que guardaba notables similitudes con la del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Este último, por ser el más completo y el más trabajado desde una perspectiva archivística, generalmente permite hallar parámetros útiles para la comparación.  

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Todos estos fondos documentales, pertenecientes a diferentes organismos, y de períodos diversos, muestran similitudes que dan cuenta de prácticas que han conformado el habitus de los agentes de inteligencia y que permanecen pese a los cambios normativos mencionados previamente. Resabios de sus tiempos de trabajo conjunto, la primera característica notoria reside en la similitud en las formas de organizar y clasificar la información. Así, en el archivo de la DIPPBA la información enviada desde las agencias locales se organizaba en secciones denominadas “factores”. El “factor social”, “político”, “económico”, entre otros, también se encontraban en el archivo de Trelew: pese a que la legislación vigente ya especificaba que las fuerzas armadas no podían realizar actividades de inteligencia interior. Al parecer, los criterios de clasificación de la inteligencia no habían cambiado desde la década de 1970.

 

Y si hablamos de clasificación, podemos referirnos a ese principio generador y organizador de las representaciones del mundo al que Bourdieu (2010) denomina habitus, lo cual daría cuenta de ciertas constancias. La forma de mirar y clasificar el mundo que adoptaron hasta entonces los agentes de inteligencia no se relacionaba con la normativa, sino con una manera absolutamente “naturalizada” de entender los riesgos, los peligros, las amenazas y, evidentemente, dónde buscarlos.

 

En definitiva, a días de que comience el juicio al ex jefe de la Armada Argentina, almirante retirado Jorge Godoy, y a quien fuera su segundo, vicealmirante Benito Rotolo, a cargo de la base Almirante Zar, se debe revisar lo que pasó: en 2012, trece oficiales recibieron pena de entre seis meses y un año, que todavía no cumplen su pena a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema (la apelación entró en mayo).

 

Mientras se analizan las modificaciones al proyecto de reforma de la Agencia Federal de Inteligencia, se trata entonces de advertir que el cambio de un sistema de inteligencia no radica meramente en cambios normativos o en la inclusión de principios democráticos que regulen su funcionamiento. Junto con entender que en las organizaciones hay vías diversas a partir de las cuales se traspasan “saberes”, se trata también de asumir lo que hay aquí de desidia y/o el (des)interés de muchos sectores. Entender que se requiere de voluntad política para efectivizar la fiscalización de las actividades y las prácticas, a fin de evitar que los organismos de inteligencia continúen siendo un aceitado sistema de chantaje al servicio de internas imprecisas. La situación puede adjudicarse en parte por carencia de dirección política efectiva, en parte por carencia de control (la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación existe desde el año 1991 y nunca se pronunció en el caso de espionaje de la Base Almirante Zar) y en buena medida porque este contexto permitió la perpetuación de tales hábitos y costumbres.

 

Que la nueva Agencia funcione en beneficio de un sistema democrático deberá considerar entonces las diversas maneras en que históricamente los servicios de inteligencia han escapado al control institucional y apuntar directamente a los mecanismos que han favorecido su autonomización. Y esto requiere tanto de repensar los criterios de captación y formación del personal como de asumir las responsabilidades políticas en la creación de tal Quimera burocrática.

 

 

 

 

Bibliografía

 

Bourdieu, Pierre. 2010. El sentido práctico. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

 

Funes, Patricia. 2008. “Desarchivar lo archivado. Hermenéutica y censura sobre las ciencias sociales latinoamericanas”. Revista ÍCONOS 30: 27-39

 

Sain, Marcelo. 1997. “Condiciones institucionales del control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”. En Control democrático de los organismos de seguridad interior en la Argentina. CELS- Documentos de trabajo. pp.140-176.

 

Ugarte, José Manuel. 2000. Legislación de inteligencia. Legitimidad y eficacia. WOLA: Guatemala


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