Quema de bosques y selvas, derrames de petróleo, derretimiento de hielos. El futuro como distopía resuena cada vez con mayor intensidad pero no es novedoso. Desde al menos tres décadas, hay una imagen que lo sintetiza con potencia: centrales nucleares que fallan, causan miles de muertes y producen impactos sociales y ambientales irreparables. ¿Por qué se asocia esta tecnología al riesgo? ¿Es viable desarrollarla hoy en el país? ¿Quiénes y por qué la critican? Agustín Piaz analiza los avances, tensiones y reclamos en un campo con más de sesenta años de trayectoria en el país.



Chernobyl, Chernobyl, Chernobyl” se escucha mientras suenan sirenas de alarma en los segundos finales de Jiiji. Habían pasado cinco meses del accidente nuclear más resonante de la historia cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lanzó Oktubre, el disco que contiene la canción que dio origen al autodenominado “pogo más grande del mundo”. A pocos kilómetros de la ciudad ucraniana de Chernóbil (por entonces parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el 26 de abril de 1986 hubo una explosión en el núcleo del reactor de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin. De acuerdo con el Comité Científico de las Naciones Unidas que estudia los Efectos de la Radiación Atómica, la emisión de radioactividad no controlada al ambiente causó en pocas semanas la muerte de -al menos- treinta trabajadores e impactó en la salud de más de un centenar de colaboradores que prestaron servicios en las áreas afectadas. El accidente también se ha relacionado con casos de cáncer de tiroides en niños y adolescentes, así como con múltiples impactos sociales, económicos y psicológicos, tales como la evacuación de las áreas contaminadas, el cese de actividades productivas, o situaciones de estrés postraumático.

 

Tres décadas más tarde, la miniserie Chernobyl, producida y distribuida por la señal de pago HBO, logró en cinco capítulos dar otra vez visibilidad al accidente y re impulsar debates en la esfera pública sobre el desarrollo y la implementación de la tecnología nuclear en el mundo. Argentina no fue la excepción. Desde entonces múltiples artículos, ensayos y entrevistas con representantes de sectores pro y anti nucleares emergieron en la esfera pública intentando explicar por qué no (y en mucha menor medida por qué sí) podríamos padecer “un Chernóbil en Argentina”. Pero más allá de Chernóbil, ¿qué discusiones sobre la tecnología nuclear hay hoy en un país que cuenta con más de seis décadas de trayectoria en el sector?

 

La producción de energía en Argentina depende en mayor medida de la generación térmica (predominan el gas natural y el petróleo) y la generación hidráulica. Según la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA, CAMMESA, estas fuentes representaron respectivamente en julio de 2019  el 64% y 25%  de la energía producida en el país. El sector nuclear aporta un 6% y las fuentes renovables como la eólica o solar generan el 5% restante.

 

Los sectores promotores del desarrollo nuclear  –entre ellos, la Comisión Nacional de Energía Atómica- quieren dar un nuevo impulso a la producción de nucleoelectricidad en el país. Argumentan que se debe diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de hidrocarburos. Desde el ambientalismo también se reclama la diversificación de la matriz, pero prima la opción por energías consideradas renovables en detrimento de la nuclear. Estas discusiones alcanzaron la esfera pública e incluso –aunque de manera tangencial- la campaña electoral de los principales candidatos presidenciales: mientras que sectores del oficialismo se encolumnan tras la promoción de energías renovables (principalmente vinculadas a la compra de tecnología extranjera llave en mano), en las filas del Frente de Todos se contempla re-impulsar el apoyo al sector nuclear. 

 

Argentina es uno de los líderes regionales, junto con Brasil y México, en materia de desarrollo e implementación de esta tecnología. Tiene tres centrales nucleares de potencia, tres centros de investigación y desarrollo en materia nuclear, y múltiples instalaciones que forman parte del proceso productivo de la nucleoelectricidad. Toda la actividad del sector se realiza bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). A pesar de la desinversión y el estancamiento del área, en la actualidad se está desarrollando un reactor de baja potencia de diseño nacional y se prevé la construcción de nuevas centrales. Históricamente, Argentina apostó por esta tecnología y ha alcanzado un considerable know how en cuestiones vinculadas al átomo. Por esto, se presenta como “un país nuclear”.

 

 

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Tras la desaceleración del sector durante la década del noventa, el re-lanzamiento del Plan Nuclear Argentino en 2006 impulsó de nuevo al desarrollo de esta tecnología. Pero, así como ha ocurrido en el resto del mundo, en el país estas iniciativas enfrentaron múltiples cuestionamientos. Distintas voces hicieron foco en el riesgo ambiental y en los posibles impactos en la salud y el ambiente que genera el proceso productivo de la nucleoelectricidad, y se opusieron a los proyectos y actividades de extracción y purificación del uranio (vinculadas con la minería a cielo abierto y el procesamiento de este material), la producción de electricidad (es decir, la operación de las centrales) y el manejo y la disposición de residuos radiactivos.

 

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Los cuestionamientos a la producción de nucleoelectricidad se originaron a mediados del siglo pasado y alcanzaron picos de visibilidad durante los años setenta y ochenta. Coincidieron, por un lado, con la crisis del petróleo, la expansión del sector nuclear en el mundo y el accidente en la central de Three Mile Island en 1979, en Estados Unidos; y con el accidente en la central de Chernóbil en 1986, por otro.

 

A comienzos del nuevo milenio la tecnología nuclear recuperó protagonismo y emergió como una alternativa para la producción energética y la mitigación del cambio climático porque, a diferencia de la quema de combustibles, no contribuye con el efecto invernadero. Pero el accidente en las centrales japonesas de Fukushima Daiichi en 2011 reimpulsó el debate por la opción nuclear y el riesgo ambiental que puede implicar.

 

Para los sectores que promueven la tecnología nuclear, la producción de nucleoelectricidad es “limpia, segura y barata”. Argumentan que, en términos probabilísticos, las chances de un accidente nuclear son prácticamente nulas. Para los movimientos antinucleares, en cambio, esta tecnología es “contaminante, riesgosa y cara”. Las principales críticas tienen que ver con los impactos ambientales atribuidos a la minería de uranio y, especialmente, al tratamiento y disposición final de residuos radioactivos (que aún no cuentan con una solución definitiva en ningún lugar del planeta). Sostienen que “Chernobyl pasó, Fukushima pasó”. Y señalan que cuando piensan a la tecnología nuclear como riesgosa no contemplan sólo la actividad específica de producción de nucleoelectricidad, sino también otras etapas de este proceso.

 

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Entre todos los argumentos y discusiones, la disputa central se establece en torno al peligro ambiental. ¿Cómo se construyó la percepción de la tecnología nuclear como altamente riesgosa? La literatura especializada señala dos dimensiones. Primero, las características particulares y distintivas propias de esta tecnología, como la posibilidad de provocar accidentes catastróficos con consecuencias irreversibles y por períodos de tiempo que se pueden extender hasta los 240 mil años- es decir, la eternidad-. Luego, razones culturales que se encuentran vinculadas a la historia del desarrollo nuclear y a sus representaciones sociales (por ejemplo, las bombas atómicas, imaginería de la devastación, el hongo nuclear tras la explosiones, entre otras).

 

Como se viene señalado en la literatura desde los años ochenta, la cuestión de la aceptabilidad del riesgo (y los procesos de construcción de una tecnología como riesgosa) resulta de construcciones colectivas y de posicionamientos que confrontan. Visto así, los conceptos que forman parte de la polémica pública por el desarrollo nuclear están en permanente disputa. Por eso, se trata menos de buscar acuerdos sobre las conceptualizaciones del riesgo nuclear que de establecer si, como sociedad, estamos dispuestos a aceptar o no los riesgos indisociables que conlleva su desarrollo e implementación. La participación ciudadana es clave para alcanzar consensos que puedan sostenerse en el tiempo.

 

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En Argentina la resistencia al desarrollo nuclear comenzó durante la década del ochenta y adquirió visibilidad pública hacia finales de 1986, cuando vecinos de la localidad chubutense de Gastre impulsaron una serie de protestas contra los proyectos de construcción de un repositorio final de residuos radioactivos.

 

Durante la década del noventa organizaciones ambientalistas y vecinos de las zonas afectadas reclamaron por la remediación de pasivos ambientales vinculados con la minería de uranio en provincias como Córdoba y Mendoza. Y también hubo protestas en contra de proyectos de re-activación de procesos extractivos en La Rioja, Río Negro y Chubut. A principios de 2000 la Red Nacional de Acción Ecologista y la ONG internacional Greenpeace cuestionaron el tratamiento de residuos radiactivos en el Centro Atómico Ezeiza, el posible ingreso al país de combustible gastado o -según actores resistentes- desechos radiactivos, y la producción de dióxido de uranio en Córdoba, llevada a cabo en un predio que hoy está próximo a un barrio residencial.

 

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En los últimos años se discutió por la extensión de vida de la central nuclear Embalse, por los avances en los proyectos de construcción del CAREM (acrónimo de Central Argentina de Elementos Modulares), por la localización de una Nueva Planta productora de dióxido de Uranio (NPU) en Formosa, y por el emplazamiento de una central de potencia en Río Negro. Este último proyecto adquirió una notable visibilidad pública en 2017 e impulsó la decisión del entonces gobernador Weretilneck de “no autorizar la construcción de una central nuclear en el territorio provincial”. Y también contribuyó con la reciente creación del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA),  una coalición de históricos –y más recientes- actores vinculados al ambientalismo y la lucha antinuclear con base territorial en diversos puntos del país. 

 

La tecnología nuclear ha sido una de las más cuestionadas y resistidas en el mundo. Pero a pesar de su desarrollo y de las protestas de magnitud, en el país la resistencia antinuclear no alcanzó la visibilidad ni los niveles de participación pública que sí tuvieron otras protestas contra emprendimientos científico-tecnológicos asociados a potenciales impactos negativos en el ambiente. A diferencia de las actividades mineras, la instalación de industrias con potencial contaminante o el cultivo de soja transgénica, el desarrollo nuclear no se asoció con procesos extractivos, narrativas del saqueo o empresas representantes de capitales e intereses extranjeros. Por el contrario, se vinculó con procesos de desarrollo nacional de ciencia y tecnología, y se configuró como una opción para avanzar hacia la soberanía tecnológica y energética.  

 

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Argentina trabaja en la construcción del reactor CAREM, un prototipo de 25 Mw en la ciudad de Lima, a unos 100 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan Atucha I y Atucha II. Es una de las grandes apuestas de la CNEA para la producción de energía. En paralelo, busca avanzar en los proyectos de construcción de al menos una nueva central de potencia, resultante de los acuerdos -iniciados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y ratificados durante el gobierno de Mauricio Macri- con la República de China.

 

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El modelo previsto para la potencial cuarta central nuclear del país sería el Hualong One. Este reactor utiliza uranio enriquecido como elemento combustible. Por esta novedad, las negociaciones generaron múltiples críticas. Incluso hacia el interior del sector nuclear hay quienes señalan que el país optó históricamente por reactores que utilizan uranio natural, y que por lo tanto ha desarrollado know how y capacidades específicas para fabricar el combustible nuclear y operar este tipo de centrales. Según estas voces disidentes, un cambio de tecnología no sólo obligaría a comprar uranio enriquecido en el exterior, sino que apartaría al país de una larga tradición basada en un posicionamiento considerado como tecnopolítico: uranio natural y agua pesada para alcanzar la autonomía tecnológica en materia nuclear y reducir la dependencia de voluntades extranjeras.

 

Otros cuestionamientos de los sectores que promueven esta tecnología apuntan a las actuales políticas en materia nuclear. Éstas incluyen reducciones presupuestarias (del orden de un 50% en dólares, acompañadas además de una menor participación en el Presupuesto General Nacional), paralización de proyectos vinculados con la producción de agua pesada, la construcción de la NPU y reducciones en el salario real de los trabajadores, según un comunicado publicado conjuntamente por el Institute for Global Security y el Centro de Economía Política Argentina.

 

En un escenario incierto para el sector nuclear argentino, los movimientos antinucleares también reclaman ser escuchados. Entre otras propuestas, sostienen que el país debería abandonar la producción de núcleo-electricidad, una actividad riesgosa e innecesaria. Argumentan, además, que empresas como INVAP o la misma CNEA podrían impulsar y fortalecer investigaciones en estas áreas, tal como lo comenzó a hacer el Comisariado para la Energía Atómica y las Energías Alternativas de Francia. Y de igual forma exigen la apertura de espacios institucionales (alternativos a las Audiencias Públicas) para el diálogo y la participación ciudadana ante los proyectos de construcción de nuevas centrales de potencia. Semejantes decisiones deberían resultar de consensos colectivos. Más aún cuando se trata de cuestiones vinculadas  al átomo.

 

En Argentina, las resistencias y los procesos de discusión por la producción de núcleo-electricidad fueron en aumento desde los años ochenta hasta la actualidad. Esas posiciones contrapuestas, que conforman una polémica inherentemente política, ganaron espacios de importancia en la esfera pública. Aunque esta dimensión antagónica no debería ser entendida como un problema. Más bien, podría ser considerada como una condición necesaria y fundamental para el ejercicio de la democracia.


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