Al Gobierno no le resulta indiferente el desenlace de la votación de la legalización del aborto en el Senado. Un triunfo del "no" podría tener un efecto sísmico sobre la opinión y el espacio público: la calle, las redes y los medios. Pero si la ley sale, la minoría intensa que lo apoya se sentirá traicionada. Por eso el resultado del 8 de agosto depende menos de las conciencias de los senadores y más del cálculo del Gobierno.



El camino hacia el debate sobre la legalización del aborto en el Senado contiene un enigma y un dilema. Más allá de la incertidumbre sobre el resultado de la votación del 8 de agosto, el verdadero enigma es el misterioso y casi invisible comportamiento del Gobierno Nacional. Tomemos un principio politológico básico: con el Gobierno trabajando enérgicamente para que no salga la ley, bajo un régimen presidencialista como el nuestro, la ley no podría salir. Al revés, si el Gobierno estuviera firmemente interesado en aprobar la ley, fin de la discusión: habría ley. A partir de ese principio politológico, mi tesis es la siguiente: el resultado del 8 de agosto depende menos de las conciencias de los senadores y más del cálculo del Gobierno.

 

¿Por qué hago referencia al comportamiento del Gobierno en términos de enigma? Porque no podemos responder con seguridad ninguna de las siguientes preguntas: ¿Qué opina Macri del tema? ¿Qué hipótesis tuvo el Gobierno cuando el 23 de febrero decidió habilitar el debate? ¿Qué rol jugó durante la votación en Diputados? ¿Qué desenlace prefiere para el Senado?

 

Tal ambigüedad ha permitido que convivan narrativas distintas y contradictorias sobre la actuación del Gobierno frente al tema. De un lado, el siguiente relato: el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se le estaría “arrancando” al Gobierno; es decir, el tema estaría avanzando a pesar de su voluntad o, incluso contra su voluntad (“Macri habilitó el debate porque le aseguraron que no pasaría de diputados”, dijo la diputada Elisa Carrió). Una versión alternativa sostiene que el tema avanza gracias a que el Gobierno hizo posible el debate, y añade que incluso algunas de las voces más destacadas de la causa –Lospenatto y Lipovetzky- pertenecen a Cambiemos.

 

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El silencio y la ambigüedad admiten una potencialidad y contienen un riesgo: que los actores rellenen esa falta de sentido proyectando sus deseos (“el gobierno está haciendo lo que yo pienso”) o, por el contrario, que bajo un ambiente discursivamente polarizado ningún actor se sienta protegido ideológicamente por los zigzagueos de Cambiemos o por el silencio de Macri. En síntesis: que el Gobierno quede en el medio. Y como sabemos desde hace algunos años, en el medio no hay nada ni nadie; el medio era un espejismo. 

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Examinemos dos hechos: el Gobierno sí habilitó el debate pero la mayoría del bloque que “responde” al Gobierno votó en contra. ¿Contradicción? ¿Estrategia? ¿Genialidad? ¿Irracionalidad? ¿Efectos no buscados? Enigma.

 

En los términos a través de los cuales el Gobierno decidió encuadrar y comunicar su decisión pueden detectarse algunas pistas que no disuelven el enigma pero ayudan a transitarlo:

 

El 23 leíamos en Clarín: “El Gobierno nacional no pondrá obstáculos al tratamiento este año en el Congreso de un proyecto de ley para legalizar el aborto, y además dará “libertad de conciencia” a los legisladores de Cambiemos para que voten de acuerdo con sus convicciones”. Y también: “El Gobierno tomó nota del masivo “pañuelazo” del lunes pasado frente al Congreso, convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”

 

En la decisión, pero sobre todo en el lenguaje que la envuelve, se ven tres ingredientes básicos del abordaje del Gobierno frente al tema:

 

1.Privilegio del método sobre el contenido:

Desde un primer momento, el Gobierno se presenta a sí mismo como el actor que desaloja los obstáculos para el debate. Arma una escena que no aspira a dominar. El presidente interviene no interviniendo, tan solo inaugura el debate, lo hace posible. No lo vigila ni controla. Del Estado mínimo al Presidente mínimo.

 

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El Gobierno pone el acento sobre el método, sobre la forma, dejando casi en un lugar secundario al resultado o al contenido (“lo importante es debatir”, “debatiendo crecemos”). Cambiemos despliega un activo partidario: en su interior conviven (¿armoniosamente?) puntos de vista y posiciones divergentes sobre el tema, buscando mostrar una gestualidad plural, una vocación de tolerancia (Un estudio encargado y difundido por el mismo Gobierno acredita la importancia atribuida desde Casa Rosada al método).

 

2.Privatiza punto de vista:

El Gobierno anuncia “El Gobierno no tiene una posición”, desplazando el centro de gravedad hacia “las conciencias”, exactamente a contramano del framing legalizador, según el cual objeto del debate no debería ser aborto sí, aborto no y la herramienta para decidir no deberían ser las conciencias, sino las políticas.

 

El planteo del Gobierno abreva en la extendida idea según la cual el “aborto es un tema de conciencias” y los Gobiernos no tienen conciencias; la conciencia es un atributo de las personas. Bajo este enfoque, el tema resulta privatizado, individualizado. Si politizar lo íntimo (problematizar, tensionar y debatir lo que se acepta como natural y doméstico) es uno de los efectos y objetivos del feminismo, el argumento “El Gobierno no opina sobre el tema, es un tema de conciencias” transita – discursivamente- en la dirección inversa: desplaza lo público-político hacia la intimidad de los legisladores.  

 

3.Toma nota:

La decisión de Macri aparece vinculada con el emergente y creciente movimiento de mujeres, al cual el Gobierno estaría escuchando. Es decir, el Presidente estaría siendo un aliado pasivo de la calle: corresponde pero no promueve, escucha pero no responde. La calle, y el reclamo de las mujeres, aparece señalado desde un primer momento como variable explicativa de la decisión, lo cual podría estar aportando una pista que muchos insisten en ignorar.

***

Pero ahora, a pocas semanas del debate, es cuando el enigma se convierte en dilema. Un dilema es una bifurcación en la que no se advierte con claridad cuál es el camino más conveniente. Para analizar la anatomía del dilema es indispensable situarlo, examinar el tema en su contexto, porque el debate sobre el aborto no constituye un “recreo temático” sino que su desarrollo se sobre-imprime a la competencia política general, impregnada de ansiedades electorales.

 

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Algunos datos de encuestas ilustran el contexto que da forma al dilema del Gobierno. Una reciente medición nacional de la Consultora “Córdoba&Asociados” mostró que un 54% de la opinión pública está a favor de la legalización y un 40% en contra. Ahora bien, al hacer doble clic sobre el segmento que votó a Cambiemos en primera vuelta en el 2015 encontramos un perfil muy distinto, allí las proporciones se invierten: cerca de 6 de cada 10 votantes de primera vuelta de Cambiemos se oponen a la legalización del aborto.

 

Una investigación de la Universidad de San Andrés alumbra valores y tendencias equivalentes: el 51% a favor y 42% en contra que registra en población general se invierte a 43% a favor y 53% en contra en lo que el mismo estudio llama “oficialistas duros”, por cierto el segmento donde más se encoge el respaldo a la legalización.

 

Ahora sí es posible formular los términos del dilema:

 

Dada la sangría de popularidad que ha sufrido, el Gobierno se prepara para transitar un largo invierno apoyado sobre su minoría intensa, que vive de sentimientos (anti kirchneristas) y valores (una constelación que podríamos resumir en la fórmula “Orden & Mérito”). Tal minoría intensa (25-30%) es, en su mayoría, ruidosamente contraria a la legalización del aborto. ¿Entonces?

 

Si la ley se aprobara se van enojar los sectores más intensos de su minoría intensa, que viene acompañando con pan y cebolla, sin pedir desempeño económico a cambio. La pregunta sería entonces por la elasticidad de ese enojo: ¿en qué momento un enojo se convierte en decepción?

 

Al mismo tiempo, en caso de aprobarse la ley, el Gobierno podría recuperar parte de las credenciales postmaterialistas (cambio cultural) perdidas para la envejecida marca Cambiemos. Y, sobre todo, evitaría quedar demasiado a la derecha del ecosistema político, ya que si la ley no sale – y el Gobierno quedara identificado como responsable- a la orientación de su programa económico (percibida como insensible y con un sesgo de clase por una amplia mayoría) le estaría sumando una intervención conservadora en el terreno social y cultural. Perdería así, tal vez de manera irreversible, cualquier lazo simbólico con valores de innovación y futuro. Pasaría de Cambiemos a Restauremos. El dilema, en consecuencia, pasa por qué riesgo correr.

***

Desde mi punto de vista, la solución al dilema se organiza en relación a cuatro ejes:

 

1. Al Gobierno no le resulta nada indiferente el desenlace.

2. Un desenlace negativo (no tanto al revés) podría tener un efecto sísmico sobre la opinión pública y sobre el espacio público (calle, redes y medios).

3. El desenlace depende más del cálculo del Gobierno que de las conciencias de los senadores.

4. El 8 de agosto se presenta asimétrico: si la ley sale, al Gobierno le resultará difícil – y poco conveniente -posicionarse como principal responsable del desenlace (aprobación). Por el contrario, si la ley no se aprueba, el Gobierno será señalado por todos los actores (de un lado y otro del debate) como el principal responsable (desaprobación).

 

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Dada la complejidad del asunto – y la delicadeza del contexto – pareciera que el Gobierno debe tomar dos decisiones: qué resultado prefiere y en qué lugar de la escena quiere aparecer. Mi hipótesis: se va inclinar por un desenlace a favor (en todo caso, evitar lo que sería el costoso desenlace en contra) sin que se note, insistiendo en la capitalización del activo “debate y gestualidad plural” al que proyectará como contraste de la intolerante disciplina kirchnerista, contra la cual se apresura a volver a competir.

 

Dos reflexiones finales. Primera: la apuesta sociológica del consultor Jaime Durán Barba por una sociedad apática por la cosa pública sigue naufragando. Más que una mayoría silenciosa, la opinión pública argentina es una constelación de minorías activas y ruidosas. Segunda: existe una extendida tendencia a atribuir al Gobierno una especie de astucia comunicacional por la cual cada uno de sus movimientos estaría guiado por un preciso análisis. A la luz del último semestre, deberíamos considerar la alternativa de un Gobierno que equivoca recurrentemente la lectura de la sociedad argentina, sus valores, historia y comportamiento. En su hoja de ruta, pero sobre todo en su lenguaje, Cambiemos viene mostrando severas dificultades para representar sensibilidades de mayorías.  

 

El Gobierno planifica su camino al 2019 apoyado sobre dos “certezas”: su sólido piso y el bajo techo del kirchnerismo o de la oposición. Pero piso y techo tienen los edificios; la política se hace con arena y al Gobierno se le está escurriendo entre los dedos. 


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