Luciano Arruga hoy tendría 22 años. En los últimos cinco años y ocho meses, mientras su cuerpo estuvo desaparecido y la Argentina amplió los derechos para los niños y jóvenes, otros miles atravesaron este lustro en una situación de exterminio latente. Persiste el señorío de la vigorosa subsistencia de esquemas criminales represivos que regulan la relación de las personas con los territorios más vulnerables y cuyos principales operadores de calle son las fuerzas policiales.
Hubo decisión política, más allá de los matices, miserabilidades y déficits, de hacer concreta aquella retórica de “los únicos privilegiados”. La ley garantiza que quienes quieran votar, puedan hacerlo desde que cumplen 16. Asistimos al período de mayor extensión de la seguridad social, con un expresa priorización de niñas, niños y adolescentes con la universalización de la Asignación por Hijo. Alcanzamos el calendario de vacunaciones más completo de la región y existen programas que permiten a quienes no han podido estudiar, hacerlo con un pago que vuelva efectiva la garantía del acceso a la educación, cortando con la perversidad neoliberal de reconocer derechos aluvionalmente al tiempo que se desmantelaban toda las posibilidades de acceder efectivamente a ellos.
Aun con estos nuevos escenarios, para muchos otros jóvenes los riesgos siguen siendo vitales. Un despliegue territorial de violencia institucional condiciona sus vidas. Y la latencia puede dejar de ser tal y terminar con ellos más de lo que cualquiera que no conozca esos lugares pueda imaginarse.
Las formas de exterminio construidas al calor del imperio territorial de mercados criminales ya no pueden pensarse sin el componente de estatalidad que es su condición de posibilidad. Ya sea por acción o por ineficacia, este género de violencia es de una rutina tal que hasta puede clasificarse en especies:
I. Pibes que se involucran activamente en el crimen como mano de obra tan subalterna como intercambiable, que cuando no sirve más se (le) tira.
II. Pibes masacrados como resultado de reacciones corporativas del mercado criminal cuando en el magro margen de autonomía que pueden ostentar se cortan solos a la aventura delictiva, desafiando las reglas de la competencia.
III. Finalmente, pibes que construyen otras resistencias, traducidas en la decisión de mantenerse lejos de la violencia criminal y de la peligrosa policía, que terminan como Luciano Arruga: desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, con causas judiciales inventadas.
El fatídico recorrido de estos pibes, plagados de etiquetas mediáticas, pedagógicas, médicas y sociales, es una auténtica encerrona que facilita que los más vulnerables sean negados en vida al ser nombrados como “ni ni” (apócope de “ni estudia ni trabaja”, que no era el caso de Arruga quien trabajaba en una fábrica de fundición) para ser enterrados como NN.
La urgencia por desmontar en serio y de una vez la maquinaria criminal que ostentan las fuerzas policiales, hace mucho dejó de ser una cuestión de calidad institucional y fortalecimiento democrático. Es una auténtica cuestión de vida o muerte para demasiada gente aquí y ahora. Es una necesidad para trabajar en contra de la desintegración de las formas más elementales de vida comunitaria y, por eso, un problema central de la democracia, de lo político.
Ni errores ni excesos
Que las denuncias por hechos como el de Luciano Arruga, que recaen sobre la policía, no lleguen a “palacio” son demasiado frecuentes como para considerarlas error o exceso. Si logran ingresar, será poco probable que sobrevivan a la indolencia del archivo o al desperdicio de un tiempo que en Tribunales se mide en plazos, pero que las víctimas cuentan en angustia. Incluso, a veces, encuentran un ahínco adicional: ceños fruncidos de sospecha sobre las víctimas, para encubrir victimarios.
Por supuesto, logran atención los casos en que la ilegalidad policial o la inoperancia de cualquier burocracia da con la víctima equivocada porque no responde al estereotipo de criminal que a diario nos construyen: vive en barrio lindo, goza de cierta condición social y cultural.
Cuando se trata de vidas que no se encuadran ideológica, social y materialmente como excedentes, fijados en aquel patrón identificado por Castel en los ‘90’ como inútiles para el mundo, las respuestas dominantes son otras.
Logran sortear esa dinámica los hechos que producen un efecto de movilización social generalmente encabezados por mujeres que han asumido antes el cuidado de esas vidas. En lo que muchos de nosotros, provistos de más soportes y comodidades quedaríamos exhaustos, vemos mujeres, -la abuela de Walter Bulacio, Rosa la mamá de Miguel Bru, Vanesa la hermana de Luciano, Raquel la mamá de Mariano Wittis- sostener dignamente sus reclamos, construyéndose al calor de la lucha en verdaderas referentes, con liderazgos de una lucidez que raramente se detendrá, al igual que su capacidad de solidaridad y compromiso con la acción política.
Personas que hasta entonces tampoco han tenido vidas apacibles logran mover el límite infranqueable de distintas estructuras de poder que sólo les había reconocido interlocución para la persecución y el castigo. Pareciera que sus reclamos fueran un desafío al que se les responderá con intenciones repelentes, agudizando la angustia y la desesperación. ¿Qué fue sino este intervalo cruel de 5 años y 8 meses producto de la desestimación indolente de aquel primer hábeas corpus que su familia presentó apenas desaparecido Luciano? No creo apropiado hablar de inacción judicial: es un caso testigo de toda una forma activa de intervención y despliegue estatal que hace tiempo se ha hecho carne y uña con la violencia policial que debería controlar. Policía y Justicia son partes inescindibles de la subsistencia del terrorismo de Estado en su readecuación: la violencia institucional.
La ficción jurídico policial
Hace tiempo se cuestiona esa ficción jurídica que sustenta el funcionamiento del aparato judicial, relativa a que las actuaciones policiales se presumen legales. En las aulas de derecho suele repetirse sin soplar que los funcionarios judiciales controlan las investigaciones y que las fuerzas policiales son auxiliares de tales órganos. Pero lo cierto es que, en la práctica, la justicia penal se alimenta de casos que la policía lleva terminados.
Lo que se conoce como criminalización primaria – la policía decidiendo qué casos serán llevados al sistema judicial y qué casos no- asegura la persecución de algunos y la impunidad de otros, manteniendo a la justicia estructuralmente distraída de las formas más dañinas del delito. La convalidación de todas las rutinas policiales opera como regla, desplazando al control. El caso Arruga muestra hasta qué punto, esa presunción de legalidad se ha vuelto manifiestamente irrazonable cuando se trata de las intervenciones estatales a través de fuerzas de seguridad frente a jóvenes pobres. Ellos lidian con policías que los convocan a robar, y tienen facultades de detención por averiguación de antecedentes -que paradójicamente usan para detener (¿extorsionar?)- a aquellos cuyos antecedentes conocen. Y si no se los conocen se los inventan. Los persiguen si no roban para ellos, o si no comparten lo que roban. Los usan de chivo expiatorio para encubrir otros delitos. Los persigue por lo que son. Y este auténtico asedio lombrosiano no podría existir si la rutina policial no encontrara convalidación judicial del otro lado del mostrador.
Así, los días de justicia transitan entre una enorme maraña de expedientes, cuerpos, actas y latinazgos presuntuosos, que refuerzan las ficciones jurídicas y hacen caer la moneda por el lado de la impunidad. Por supuesto están las excepciones, pero la situación de exterminio latente de la que hablábamos se sostiene por lo que aquí definimos como regularidad del comportamiento judicial de convalidación y no cuestionamiento de las prácticas policiales.
Ahí se plantea una tensión: los mismos que a diario llevan las noticias del crimen que alimenta la burocracia judicial -que firma sin cuestionar prisiones preventivas, por ejemplo- ahora aparecen en calidad de sospechosos. Y cuando se impone el tratamiento de denuncias de abusos policiales, las formas de intervención judicial aseguran impunidad selectiva. Como un gran generador de contrasentido, la justicia interviene para negar su función declamada, generando más impunidad o asegurando la preexistente.
No podría asumirse esta reflexión en profundidad aquí, pero es posible dejar una nota sobre la curiosa relación judicial con la duda ante casos de abuso policial. Cuando a los ojos de los empleados de jueces o fiscales -pues éstos no suelen ni ver a los acusados- son llevados como un número pobres acusados por la policía, la escena la ocupa la presunción de legalidad de los procedimientos. Y el casillero donde termina el caso es previsible: institucionalización, prisión preventiva y otras violencias. Ahora bien, si el banquillo es excepcionalmente ocupado por la policía -supongamos por matar o torturar a alguien- la duda opera con una fuerza inusual.
Si algo pone en jaque la confianza que se da por sentada acerca de la versión policial, al final del recorrido, su señoría podrá expresar dudas y las cosas vuelven a su atroz racionalidad diaria. Dirán, “¡Es la inocencia!” “¡Qué bien!”. Es difícil ver coexistir esa extensión de la duda cuando matan los agentes del estado, mientras las cárceles están llenas de gente sin condena -inocentes, aportados por policías que encuentran cucardas moldeadas en la indolencia judicial que ni siquiera pestañea ante sus procedimientos.
Es de una coherencia preocupante el destino de estos casos. En primer lugar, nunca se pone en duda el accionar policial cuando trae detenidos o muertos. Se lo convalida judicialmente con prisiones preventivas, con confirmaciones a la tesis del enfrentamiento; una danza centenaria que silenciosamente se da entre bailarines policiales y judiciales. Ahora bien, si la rutina se altera y el caso llega a juicio, podrá estirarse el manto de la duda y absolver, manteniendo intacto el ingrediente indispensable para la impunidad: la convalidación judicial.
Esa presunción básica de legalidad en la actuación policial es el sustento principal de la impunidad y la garantía de continuidad de esta forma de terror estatal. Una auténtica subversión de esas presunciones debe operar cuando se trata de la intervención policial con jóvenes.
Los silencios por vencer
En general, estos hechos son ignorados. Así se silencian las demandas de transformación de las causas estructurales que integran los reclamos nodales de las Rosas, las Vanesas y muchos otros familiares; cuestiones que guardan una relación mucho más sustentable con la inseguridad, palabra invocada hasta para hablar de peleas en los recreos escolares.
Asistimos a una amplificación de las demandas represivas de víctimas de robo u otros delitos contra la propiedad, mientras son eludidas las demandas de los sectores populares cuando son víctimas.
Cuando hablamos de violencia institucional el reclamo se reconduce hacia el pedido de cambios profundos en los modos de relación del Estado con los territorios y terminar con la criminalización que administran contra los jóvenes las patrullas policiales. Esto ocurre en el contexto en el cual el debate público expone una enorme carga bélica, algunas identidades y formas de existir aparecen precondenadas, y hay una sobredeterminación de la seguridad como racionalidad política dominante.
La maquinaria comunicacional refuerza a legitimar aquellas ideologías subyacentes que más bien ansían que ese exterminio latente ya mencionado, deje atrás esa potencia. Y, aunque algunos logren disimularlo en términos discursivos, lo cierto es que piensan que la solución de los problemas de violencia social no es la intervención sobre las causas estructrurales sino la eliminación de sus consecuencias. Aunque hablemos de vidas.
Existe una sobreoferta comunicacional para las demandas individuales, siempre y cuando tengan un tono represivo rector que exceda la justicia del caso y se proyecte a los demonios ya prefabricados. Y una invisibilización -hasta la negación - para quienes han articulado demandas por ser víctimas del Estado. Así fue con las víctimas de la dictadura militar; así es mayoritariamente con las víctimas de la violencia institucional hoy. Ellas se involucran con demandas que exceden el legítimo reclamo de justicia en términos individuales y se ponen al hombro la lucha por la transformación en clave colectiva.
¿Qué hacer?
Romper con la funcionalidad que genera el silencio comunicacional es también una tarea de la política que, por ahora, se mantiene en los cánones del reflejo autoritario y la ratificación de la autonomía policial en la construcción de políticas de seguridad.
Las exigencias hoy se dirigen al Estado -productor de estas formas de impunidad- hacia todos sus ámbitos y jurisdicciones. Aunque su conducta no puede considerarse monolítica. Señalábamos al inicio sus políticas de inclusión hacia jóvenes. Vueltos al terreno de la seguridad y la actitud frente al caso, no fue menor la diligencia de la Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, asignada a ese rol en 2011 cuando aún la conducción ministerial se proponía dar la batalla por una política de seguridad democrática.
Fue una intervención que asumió lo que el resto negaba hasta hace poco: que estábamos ante un caso de desaparición forzada. Se consiguió así terminar - aunque muy tarde- con la incertidumbre de dónde estaba el cuerpo. No se trata de rescatar una acción individual que además es un deber. Pero es útil ver cómo la persistencia de una forma de gestionar desde el Estado, asentada en la convicción de que el control policial es una necesidad democrática, logró marcar una diferencia, y que pudo hacerlo más allá de la marginalidad a que dicha perspectiva va quedando relegada.
La sociedad civil también tiene una asignatura pendiente. ¿Qué tipo de vida social consentimos con la indiferencia frente a este continuum de la desaparición y la muerte? En otra escala, con otros motivos -pero no menos relevante políticamente- que la de otros tiempos. Llenar de sentido y comprensión política esta violencia es, citando a Claudio Martiniuyk, una forma de salirnos de la perversión del régimen de la indiferencia, de desapasionamiento por los otros. El desafío es dejar de ser espectadores anestesiados, consumistas y no quedarnos atrapados en la dinámica reserva e indiferencia; de la autopreservación del habitante metropolitano.
Los discursos coyunturales del delito y la violencia que hacen de los jóvenes de sectores populares el punto de llegada y partida de todas las explicaciones, transformando en causa lo que todos saben es consecuencia, guardan una directa relación con la legitimación de estas prácticas. Se pone el acento en que lo paradigmático del caso de Luciano fue su resistencia a transar con la policía.
Circuló en estos días cierto reconocimiento mediático acerca de la innegable relación que tiene el desprecio en la investigación con la condición social de Luciano Arruga. Pero es probable que sea acotada y esté consentida por esta épica que se volvió para él sostener con su propia vida la negativa a delinquir. Luego la condena y la indignación podrían evaporarse hasta volver al silencio habitual, cuando esas mismas prácticas alcancen a jóvenes que entre otras cosas, cometen delitos, legitimando acríticamente estructuras de exterminio.
Existen activos para organizar reacciones constructivas que permitan romper la indiferencia frente a unas formas de violencia que evocan nuestros peores tiempos y que hoy se combina con tensiones sociales y redistributivas que plantean una lógica de integración ciudadana centrada hegemónicamente en el consumo.