Quince días antes del final del mandato del Partido Republicano, la guerra entre Trump y la democracia estadounidense tuvo otro episodio. Entre las vetustas y precarias instituciones electorales norteamericanas se encuentra la certificación de los votos electorales por parte del Congreso. Lo que en elecciones pasadas era un trámite, esta vez esa sesión se convirtió en el escenario para que Trump intentara alterar el resultado de la derrota de noviembre. Luego de que el vicepresidente Mike Pence rechazara impugnar unilateralmente los votos de algunos estados, Trump volvió a cebar a sus seguidores con su mezcla de teorías conspirativas, mentiras y futuros apocalípticos en un discurso y varios tuits. El resto se vio por televisión: negligencia policial, un asalto al edificio del Congreso, la interrupción de la sesión legislativa y, en palabras del ex Presidente George Bush, imágenes de una “república bananera”.
El resultado no fue un golpe de Estado, sino una insurrección popular combinada con una gruesa falla de seguridad, posiblemente intencional (cuesta imaginar que en una de las ciudades más vigiladas del mundo los manifestantes hayan podido hacer lo que hicieron sin algún tipo de anuencia). Que no haya llegado a ser un golpe de Estado no exonera a Trump. Por el contrario, ya hizo méritos para ser removido del cargo mediante juicio político e incluso ser juzgado por sedición. En la historia del país hubo tres juicios políticos (Johnson, en 1868; Clinton, en 1998; el mismo Trump en 2019) y una renuncia anticipada (Nixon, en 1974). Al incentivar la toma del Capitolio, Trump hizo más méritos para ser removido que en las cuatro instancias anteriores. Tal es la conmoción que en algunos círculos políticos se habla de la posibilidad (lejana) de invocar la Enmienda 25 y que el Vicepresidente y el gabinete puedan destituir a Trump, aun cuando falten solamente dos semanas para que finalice su mandato.
Pero la reacción de la clase política estadounidense a la figura revulsiva de Trump es, en muchos casos, tardía. El Partido Republicano, poblado de oportunistas, alimentó al monstruo. Como les resultaba útil para llevar adelante su agenda, lo cobijaron y se mostraron leales, a pesar de que varios lo habían criticado despiadadamente en la campaña de 2016. Aunque rechazaban sus modos, ninguno lo criticó abiertamente y en muchos casos lo apoyaron (con la posible excepción del senador y ex candidato a Presidente Mitt Romney). Cuando las hordas violentas trataron de tomar el Congreso por asalto, varios senadores y el vicepresidente Pence se despegaron. Aunque ya era tarde. El daño estaba hecho y los legados son, en mi opinión, inevitables.
A poco de finalizar su mandato, las instituciones estadounidenses han quedado contra las cuerdas pero han resistido. Los gobiernos republicanos de los estados donde perdió (como Georgia) se negaron a acompañar los pedidos del Presidente de modificar el resultado, los jueces (incluso varios nombrados por republicanos) desestimaron las insólitas denuncias de fraude y la Corte Suprema de mayoría conservadora no hizo lugar a los pedidos de la Casa Blanca. Así, el 20 de enero Joe Biden asumirá la Presidencia del país.
Trump dejará la Presidencia, pero es un error suponer que así termina la historia. Su legado persistirá. Por primera vez en la historia de Estados Unidos existe un movimiento político alrededor de una figura. Sus votantes ya no son republicanos, son trumpistas. De hecho buena parte de ellos desconfía del establishment del partido. El crisol de identidades extremistas que forman parte del trumpismo excede al Partido, que tradicionalmente estaba formado por sectores de derecha “tradicional” como los sectores corporativos, religiosos o más pudientes. En los últimos tiempos, y en especial desde la aparición de Trump en 2016, sectores de la ultraderecha hasta entonces marginal fueron haciéndose más relevantes y visibles en el paisaje político estadounidense, alimentados por la venia que el Presidente le dio a ese tipo de manifestaciones.
El carácter hasta entonces secundario de estos movimientos es visible en la etiqueta alt-right (derecha “alternativa”) que los identifica. Esta derecha alternativa es una red lábil de movimientos nacionalistas blancos que tienen su origen en espacios de sociabilidad online en la década de los 2010. Aunque hay diferencias entre ellos, la mayoría comparte el supremacismo blanco, la antiinmigración, el racismo, el anticomunismo, el antisemitismo, la negación del Holocausto, la xenofobia, el antiintelectualismo, el antifeminismo, la homofobia y la islamofobia. En algunos casos, también se definen por un grado de paranoia que bordea el ridículo. Por ejemplo, podemos encontramos conspiracionistas de ultra derecha que creen que el mundo está gobernado por pedófilos satánicos y que Trump es la única salvación (el individuo vestido de bisonte es parte de esa conspiración, llamada QAnon).
Así, el trumpismo va más allá de una agenda de derecha (tal como reducir impuestos corporativos o nombrar jueces conservadores). Encarna la visión de una Arcadia mítica, un país idealizado del pasado que, si existió alguna vez, ciertamente no va a volver. A esa idea se le suma el rechazo a la creciente diversificación racial del país, al establishment y a la corrección política. Ese componente de racismo blanco explica la aparición de la bandera confederada entre los manifestantes que ingresaron al Congreso. Vale recordar que los Estados Unidos están construidos sobre un experimento particular: la decisión de unir en 1787 dos regiones claramente diferenciadas como el Norte liberal, capitalista y burgués, y el Sur, autoritario y esclavista con economía de explotación. Esto estuvo lejos de ser un mero detalle histórico: la convivencia entre el norte y el sur fue siempre delicada. El compromiso de Missouri de 1820, por ejemplo, estipulaba que por cada estado libre que se admitiera a la unión, se debía incluir uno esclavista para mantener el equilibrio político entre ambas zonas. Para las elites del norte la esclavitud primero (hasta 1865) y la segregación racial (hasta 1965) fueron el precio que había que pagar para mantener al país unido. Así, la cuestión de la raza se mantuvo como un elemento clave y divisivo en la política estadounidense.
El racismo, entonces, no lo inventó Trump, pero le dio luz verde a que se expresara abiertamente, sobre todo después de la angustia de estos sectores durante la Presidencia de Barack Obama. La bandera de los Estados Confederados de América (los estados esclavistas que generaron la Guerra Civil de 1861-1865) es un símbolo de la reivindicación de esos intereses blancos.
Las acciones que el Presidente llevó adelante desde noviembre tienen como objetivo consolidar ese trumpismo, esa base electoral con miras a 2024. Presentarse como un mártir político, como la víctima de un fraude producto de una conspiración izquierdista, para fanatizar a su electorado y volver a competir. Habrá que ver cómo se organiza el Partido Republicano frente a esto. ¿Buscará marginar a Trump o ve en él la oportunidad de obtener la Casa Blanca nuevamente? Algunos senadores, como Ted Cruz, se mostraron leales al Presidente aún luego de la violencia. ¿Intentará ser el sucesor de ese trumpismo?
Tal vez el mayor legado de Trump sea abrir la puerta a conductas que han cambiado los supuestos tradicionales sobre el rol de la Presidencia y su funcionamiento. Mucho se ha escrito sobre él y el apogeo de las democracias iliberales de las cuales es fiel representante. Lo que sorprende es cuán lejos llegó en su intento de modificar las reglas de juego. El actual Presidente violó todas las normas no escritas de la democracia estadounidense. Con todos sus problemas, la clase política de su país se manejaba dentro de una serie de normas tácitas de comportamiento. Trump se dedicó a empujar los límites de lo aceptable para el cargo. Es discutible si los Estados Unidos han sido alguna vez un país unido, pero sin dudas que al menos desde la Guerra Civil los Presidentes intentaban llevar adelante una política unificadora y no divisiva. Trump ha normalizado un accionar que en el pasado hubiese sido considerado impensable: mintió, atacó a la prensa y a políticos, desmanteló estructuras burocráticas y, como quedó en evidencia estas últimas semanas, incitó a otros a cometer ilícitos.
Todo esto afectará el mandato de su sucesor. Joe Biden tiene enfrente no sólo una crisis económica y sanitaria, sino además minorías finas en el Congreso y una Corte Suprema en contra. Tiene delante de sí legisladores opositores en muchos casos muy radicalizados. Pero sobre todo, se enfrenta a un tercio de la población que cree que es un Presidente ilegítimo. Ante la tremenda polarización y percepción de ilegitimidad, la gobernabilidad estará bajo amenaza. La democracia se sostiene sobre la moderación y la aceptación de reglas comunes. Todo esto está en niveles mínimos en Estados Unidos.
En definitiva, ese es el gran legado de Trump, que sobrevivirá al bochorno de estos días. A menos que el Partido Republicano haga una profunda autocrítica y genere un liderazgo nuevo dispuesto a restaurar la confianza en las instituciones, parece difícil anticipar un futuro plácido para la democracia estadounidense, que se encuentra en su crisis más honda desde la Guerra Civil.
Fotos de interior: Télam