Brasil no está solo. Su volantazo en las urnas se parece al de Estados Unidos y Filipinas pero tiene sus particularidades: el vuelco a la derecha no es por incidencia de grupos fascistas sino de una narrativa antipetista. A ese relato clasista, racista, homofóbico, misógino y elitista no lo votan los más pobres sino sectores beneficiados por los agronegocios. También una clase media alarmada por la violencia narco y una sociedad que empatiza con gobiernos que prometen crecimiento económico personal más allá de cualquier proyecto social nacional.



Traducción: Micaela Cuesta

 

Los resultados de las elecciones de 2018 en Brasil, con la emergencia de una fuerza política de extrema derecha, no se presentan como un hecho aislado en el contexto mundial de la segunda década del siglo XXI.

 

Desde Estados Unidos a Filipinas pasando por Europa, bajo la influencia directa de los países centrales y sus experiencias de democracias liberales, se viene estableciendo, elección tras elección, un nuevo polo a la derecha del espectro político y a costa de la socialdemocracia del centro y de la centroderecha democrática. América Latina -por su posición histórica como área de influencia europea y norteamericana y por su forma de integrarse a la producción capitalista-, no queda por fuera de este movimiento.

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Estos movimientos de inflexión conservadora asumen contornos particulares según cada contexto nacional. En Brasil, tal inflexión hacia la derecha comenzó con el golpe travestido de legalidad a través del procedimiento de impeachment de Dilma Rousseff en 2016, que remite a las gigantescas manifestaciones en las calles de la clase media contra el gobierno en 2013, en particular en las grandes ciudades de la región sur (Porto Alegre, Florianópolis y Curitiba) y sudeste (Belo Horizonte, San Pablo y Río de Janeiro).

 

Una particularidad brasileña es que tal movimiento no se asocia a las prácticas neonazis o fascistas de pequeños grupos que, no obstante, existen en esta sociedad. Sí estuvo marcada ética y moralmente por posiciones antidemocráticas en la política y antiliberales en las costumbres. Hoy, esas posiciones antiliberales y nacionalistas alcanzan también a la economía. Una prueba de ésto es cómo, tras ganar en la primera vuelta, Bolsonaro se inclinó hacia una posición más liberal en la economía. 

 

Retengamos una primera característica de esta derecha: no fascista ni neonazi, aunque racista, homofóbica, elitista y misógina. Y también su primer movimiento de adecuación discursiva a los intereses del capital, pasando de un nacionalismo conservador en la economía a un liberalismo radical a través de la presencia del economista outsider del mercado financiero Paulo Guedes (1), denominado por el propio candidato a la presidencia como su “Puesto Ipiranga” (2). De esta forma, como típicamente hacen los líderes de extrema derecha, el candidato a presidente asume su ignorancia en asuntos centrales para el país de manera jocoso, burlándose de los políticos que se esfuerzan en aparentar conocimientos sobre los problemas nacionales y sus soluciones. Por su parte, el economista liberal devenido en Puesto Ipiranga inició su trayectoria profesional en la Universidad de Chile durante la dictadura militar de Pinochet, no tiene experiencia de gobierno y su posición respecto del circuito de las finanzas en Brasil es marginal. No se trata de ninguna insinuación, sino de una constatación en relación a la falta de compromiso del proyecto económico neoliberal con la democracia.

 

La retroalimentación de principios conservadores de una clase media tradicional asustada con la crisis económica ya se colocaba sistemáticamente en términos electorales a la derecha, temerosa por la pérdida de privilegios ocasionada por las políticas sociales de los gobiernos de Lula (2003-2006; 2007-2010). Pero en la actualidad eso sucede, en especial, por la adhesión moralista a la persecución política con base en procedimientos jurídicos a los principales líderes del PT, comenzando por el llamado Mensalão (3) y llegando al Lava-Jato.

 

En cuanto a la adhesión de los menos pobres, en parte privilegiados por los gobiernos de Lula, sucedió lentamente. Tuvo como momento de inflexión la huelga de camioneros debida al aumento de combustible en abril-mayo de 2018, que paralizó y llegó a desabastecer a grandes ciudades del país. Curiosamente, la narrativa construida fue que la crisis económica derivaba de los gobiernos del PT y no de aquellos que, desde hace dos años, estaban al mando del país.

 

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Esta ola moralista tuvo como pieza clave procesos ilegales y acusaciones irrelevantes para llevar a prisión al ex presidente Lula impidiéndole ser candidato. Se trató de una especie de segunda vuelta del impeachment de Dilma Rousseff. Esta ola articula además instancias jurídicas de todos los niveles, llegando al Supremo Tribunal Federal, grandes empresas, en especial las redes de televisión Globo y Record (cuyo propietario es también el dueño de la Iglesia Universal del Reino de Dios y el tío del actual intendente de la ciudad de Rio de Janeiro); las Fuerzas Armadas (que en el periodo post golpe fueron llamadas a controlar la ciudad de Río de Janeiro debido a una hipotética alta criminalidad (4); y el sistema político partidario.

 

Para algunos, a partir de la idea de guerra híbrida, se trató de un golpe híbrido. Sin embargo, aun cuando haya sido absolutamente sistémico, la articulación, luego de afectar directamente al PT, sacudió al sistema político partidario establecido por la Constitución de 1988, forjada para el establecimiento del pacto democrático post dictadura militar. El resultado de este impacto se manifestó, primero, en las elecciones municipales de 2016 con la derrota del PT en todo el país, pero paradójicamente se complementa ahora con el vaciamiento de los partidos de centro, centro derecha, en especial el PSDB que se alterna desde 1995 en el poder con el PT, y el MDB (antes PMDB), partido de sustentación de todos los gobiernos desde la caída de la dictadura militar en 1985.  

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Una mirada rápida sobre los resultados electorales del domingo 07/10 explicita el clivaje clasista de la sociedad brasileña entre pobres y ricos y, entre ellos, una gradiente que va de los no pobres hasta los no ricos donde se sitúa la clase media brasileña.

 

La extrema derecha, a diferencia de lo que caracteriza a los movimientos neonazis y neofascistas contemporáneos, no tuvo su electorado mayor entre los más pobres de baja escolaridad, sino entre los más ricos y más escolarizados. En el caso de la sociedad brasileña, se observa de modo nítido una asociación entre escolaridad, ingreso y regiones. Las ciudades más ricas, tomando como indicador el IDH, son aquellas con mayor escolaridad, concentración de ingresos más altos y situadas en el sur (Florianópolis, Curitiba y Porto Alegre) y Sudeste (San Pablo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte). Más recientemente, en la región centro oeste (estado de Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul) donde el agronegocio se desarrolló aceleradamente a través de la producción de granos y, de modo secundario, de la extracción de minerales, aparecen ciudades ricas dependientes del campo, no obstante, como en todo el país, con gran desigualdad.

 

Si el discurso ético moral de la extrema derecha brasileña se opone a las conquistas civilizatorias, como aquellas asociadas a las ideas de libertad e igualdad constitutivas de la moderna sociedad occidental y, al mismo tiempo, a hipotéticos trazos que serían característicos de la sociedad brasileña como el del hombre cordial o el mestizaje racial, su implantación no estuvo entre los pobres, feos y malos, desescolarizados, sino, por el contrario, en la elite económica y escolarizada de las grandes ciudades del sur y sudeste, el Brasil rico. Ciudades y regiones en las que -junto al centro oeste- vive más de la mitad del electorado brasileño. Fue allí donde, también, en los últimos años se concentraron los movimientos de oposición a los gobiernos de Lula y Dilma, en particular el estado de San Pablo, el más rico del país, históricamente gobernado por el PSDB.

 

Esa base de clase media y burguesa altamente escolarizada, localizada en las grandes ciudades del sur y sureste, migró aceleradamente hacia el discurso de extrema derecha a partir de lo que los medios de comunicación vienen denominando, desde las elecciones de 2014, “anti-petismo”. Un anti-petismo con ribetes moralistas fundados en la asociación de los gobiernos del PT a la corrupción. Narrativa construida por acciones absolutamente parciales y selectivas del poder judicial, y difundidas por las redes sociales y los grandes medios de comunicación, fortalecida por la recesión iniciada en 2015 y agudizada a partir del impeachment.

 

Esta narrativa borra de la memoria que fueron estos gobiernos del PT los que llevaron al país a la mejor posición de su historia en términos de PBI, y el que sacó a millones de personas de la miseria, aunque sin disminuir la desigualdad, en la medida en que los más ricos se hicieron todavía más ricos, en particular en los gobiernos de Lula. Y ello sin tener en cuenta que la crisis económica de 2015-2017 se intensificó precisamente durante el gobierno de Temer. De cierta forma esta narrativa del anti-petismo construida por y para los más ricos, omite su participación en el golpe contra Dilma y en el ascenso del gobierno de Temer, tres veces acusado de improbidad administrativa (5) por la Procuraduría General de la República (lo que no ocurrió en el caso de la destitución de Dilma Rousseff).

 

Luego, exactamente la región sur y sureste de esta clase media y burguesa, con su narrativa anti-petista, se volvió contra los partidos tradicionales que la representaban, PSDB y MDB, por considerarlos, en alguna medida, parte del sistema que forjó al petismo. En estas clases y regiones del país fue donde la extrema derecha pudo crecer y viabilizar un candidato pretendidamente fuera del sistema pero que, no obstante, es diputado desde hace casi tres décadas y tiene sus hijos adultos también en la política, replicando lo que de más tradicional tiene la política brasileña: sus clanes políticos.

 

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Para volverse un candidato viable, un candidato con probabilidades de éxito, era preciso un movimiento como el que la huelga de camioneros de 2018 trató de construir, esto es, la penetración de la candidatura de extrema derecha junto a los menos pobres entre los pobres, en especial, entre las mujeres de las periferias de las ciudades del sur y sudeste.

 

Este estrato de clase parece haber sido el responsable de llevar la candidatura de extrema derecha de menos del 30%, según las encuestas de intención de voto, a casi el 50% de los votos, no siendo electo en el primer turno apenas por unos votos. A pesar de ser, en alguna medida, el estrato de clase beneficiado por las políticas sociales de los gobiernos Lula-Dilma, aún de forma marginal y, sobre todo, a través de las políticas de empleo y acceso a la universidad, este segmento parece haber sido uno de los más afectados por la recesión de 2015-2017, cuya narrativa anti-petista coloca como legado del petismo.

 

El desempleo hoy afecta al 25% de los jóvenes pobres, paradójicamente quienes más se habían beneficiado con la empleabilidad del periodo 2003-2014. Sumemos a esto el horror de las acciones del narco en las periferias de las grandes ciudades, no por azar posteriores al impeachment. El grupo de narcotraficantes más organizado, el Primer Comando de la Capital (PCC), actuando desde el estado de San Pablo, más específicamente desde las cárceles paulistas, decide declarar la guerra a grupos locales –en particular en la disputa con el histórico Comando Vermelho (CV)–, con acción y base en las cárceles y periferias cariocas.

 

La guerra del narco entre diferentes grupos y con las policías militares estaduales (6) mata básicamente a jóvenes, hombres y negros en la periferia de las grandes ciudades normalmente alcanzando a familias cuyas responsables son las madres. A pesar de su carácter misógino y racista, el discurso de la extrema derecha, al proponer el derecho al uso de armas y a matar a hipotéticos delincuentes, aparece como una posible solución para las muertes en las periferias donde viven los pobres, mujeres y negros del país. Una solución para el fracaso de las políticas públicas de seguridad que, antes que modificar la situación, promovieron con el paso del tiempo la expansión, profesionalización, armamento y penetración, en el marco de un supuesto estado de derecho, de grupos de narcotraficantes.

 

Por otro lado, la región más pobre del país, el nordeste, votó contra la extrema derecha y garantizó la llegada de Haddad a la segunda vuelta, gracias al efecto de las políticas sociales de los gobiernos Lula-Dilma que sacaron de la miseria a millones de personas sea a través del Programa Bolsa Familia y/o de las políticas de financiamiento de la agricultura familiar. En este territorio, la narrativa anti-petista no parece haber penetrado, quizá a causa de la presencia de un candidato de raíz nordestina, Ciro Gomes, a quien gran parte de las fuerzas de izquierda defendían y sostenían que debería haber formado parte de la dupla presidencial junto al candidato del PT.

 

No deja de ser alentador y, al mismo tiempo, sintomático del clivaje socio espacial que atraviesa al país en estas elecciones, el que el sur, sureste y centro oeste, voten a la extrema derecha y el nordeste a la izquierda. Sin embargo, tenemos que tener presente la incapacidad demostrada por los sectores intelectuales y democráticos concentrados en los estados del sur y sureste para hacer frente a la ola avasalladora de la extrema derecha en las elecciones de 2018 en Brasil.

 

Tal vez sea necesario construir una formulación capaz de explicar la relación con la democracia de las nuevas clases ascendentes, clase media y burguesía, en el contexto del neoliberalismo contemporáneo, en el que emerge una desvinculación en estas clases con un proyecto de vida social permeado por la participación democrática, quedando como único valor societario la inserción económica y la capacidad de consumo. Se abre aquí un espacio para la reflexión, quien sabe a partir de resultados que desmientan tal hipótesis o que presenten una nueva alianza entre sectores de la clase media intelectual, los pobres y los más pobres garantizando la continuidad de un proyecto de sociedad nacional comprometida con la democracia y la disminución de la pobreza y la desigualdad social.

 

1 Ver perfil “O Posto Ipiranga”, en Revista Piauí 144, septiembre de 2018.

2 Referencia a una publicidad de televisión de la red de puestos de abastecimiento de Ipiranga en la cual una multiplicidad de sujetos extraños le preguntan a un típico pobre del Brasil profundo, vendedor de un puesto en la ruta, dónde pueden encontrar distintas cosas y la respuesta es siempre la misma: “allí en el puesto Ipiranga”.

3 Proceso jurídico que llevó a prisión al ex jefe de la Casa Civil José Dirceu del primer gobierno de Lula quién realizaba pagos a través de la liberación de recursos públicos a los políticos de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional que apoyasen las medidas propuestas por el gobierno.

4 Aun cuando en el momento de la intervención del Ejército en Río de Janeiro la ciudad no fuese la más violenta del país ocupando la séptima posición en ese ranking.

5 La acusación más grave y consistente es la medida provisoria que aumenta la concesión para la utilización del Puerto de Santos por el grupo económico que controla el puerto desde décadas, por más de 25 años. Es importante de saber que el Puerto de Santos está controlado políticamente por el grupo político de Temer desde el fin de la década de 1980. Este puerto es considerado el mayor puerto del mundo con la menor fiscalización de containers. En una operación inédita llevada a cabo por la Policía Federal, el año pasado fueron encontradas 200 toneladas de cocaína.

6 En Brasil los estados tienen sus propias policías militares.


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