El aumento de ventas de bolsones agroecológicos en cuarentena y antes las marchas contra el lobby minero en Mendoza muestran la transformación cultural surgida de la alianza entre el ambientalismo rural y el urbano. Por eso, escriben les activistas Mercedes Pombo y Bruno Rodríguez, un Estado que de verdad aspira a la soberanía alimentaria debe invitar a que este nuevo movimiento social transversal se siente en la mesa chica donde se decide hacia dónde va nuestro país.



No vamos a lograr un cambio juntando colillas, haciendo compost o masa madre.

 

La única forma de combatir el modelo del descarte y las lógicas contaminantes del sistema es vinculándonos. Por eso, la batalla cultural que viene dando el ambientalismo está relacionada con el sentido común bajo el cual operan sus estrategias. Entendemos que las transformaciones sociales profundas se dan cuando existe una demanda impulsada desde las grandes mayorías hacia las dirigencias.

 

Desde esta óptica hay una serie de análisis que se construyen en base a la coyuntura política actual. La noticia sobre la intervención al grupo Vicentin es un ejemplo. El argumento oficialista para defender la medida se sostiene, en parte, en la necesidad de cuidar la cadena productiva de la industria alimentaria de la extranjerización del comercio exterior. Pero las discusiones que se libraron van más allá de los discursos de las dirigencias tradicionales: están relacionadas con la reconfiguración del escenario político a la hora de debatir sobre modelos productivos agropecuarios alternativos.

 

Por eso el caso de la cerealera santafesina abre el terreno para que las propuestas de los movimientos sociales de la ruralidad irrumpan en las esferas de decisión más determinantes. Esto es posible por el protagonismo y el reconocimiento que hoy tiene la resistencia socioambiental de base, unificando los lazos que se tejen entre sectores urbanos y rurales. Los productores agroecológicos encuentran un respaldo social en la clase media concientizada por el origen del alimento que lleva a su mesa, y por lo tanto, deciden apostar al consumo de los productos que provienen del trabajo digno. Las compras de bolsones de frutas y verduras agroecológicas se multiplicaron durante la cuarentena, esto marca un avance en la construcción de conciencia colectiva frente al consumo alimentario.

 

La transformación cultural del ambientalismo rural y citadino es el peor enemigo del agronegocio, alianza que no puede verse acotada a la capacidad de consumo de las clases medias de las grandes ciudades, sino que debe disputar el modelo de producción agrícola imperante.

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La pandemia nos deja una enseñanza (dolorosa): la racionalidad del mercado es insuficiente a la hora de dar una respuesta en momentos críticos y satisfacer las necesidades de la población. Ahora es cuando queda en evidencia que la comida no es una mercancía, es un derecho que debe estar garantizado por un modelo de producción agrícola y, en definitiva, por un modelo de país.

 

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Por su rol estratégico, el control estatal sobre Vicentin tiene la potencialidad de ser “un paso hacia la soberanía alimentaria”, como dijo Alberto Fernández el día que comunicó la decisión. Pero de ninguna manera garantiza ser un avance sustancial para lograr este cometido. Dependerá de que se le abra el juego a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en el modelo agrícola que se implemente. Un paso importante en ese camino fue el nombramiento del coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra al frente del mercado central. Esta decisión fue crucial en un contexto de cuarentena obligatoria, en donde el abastecimiento alimentario es la primera preocupación de los sectores sociales históricamente más relegados.

 

 

Las primeras medidas tomadas por Nahuel Levaggi, nuevo director del Mercado Central, estuvieron enfocadas en el aseguramiento sanitario del mercado. A su vez, se firmó el “Compromiso Social de Abastecimiento” que permitió contar por primera vez con precios fijos para determinados productos. La solidaridad de los movimientos sociales debe ser la batuta que conduzca la política del abastecimiento alimentario.

 

El modelo productivo vigente no está orientado a satisfacer el mercado interno ni asegura la soberanía alimentaria. Al contrario: busca la exportación de commodities para obtener divisas que, por otra parte, son concentradas en pocas manos. Esto permite, por un lado, el monopolio y el control de los precios en manos de unas pocas empresas y en detrimento de pequeños y medianos productores. Por otro lado, no sólo esa acumulación de divisas no es reinvertida de manera directa en el desarrollo del país sino que facilita, como refleja el caso de Vicentín, la fuga de sus capitales. Este sistema, además, se contrapone con un modelo soberano por la sujeción de los agroproductores al capital extranjero, mediante el control de la reproducción de los cultivos por parte de las empresas semilleras multinacionales y el sistema de patentes asociado.

 

Es a partir de este contexto que surge el reclamo de un sistema agroalimentario sujeto a los intereses nacionales. La creación de una secretaría de Agroecología en la provincia de Buenos Aires implica un paso primordial en la línea de esa definición política.

 

Desde una perspectiva socioambiental, los problemas que arrastra este modelo son muchos y conocidos. Por un lado, sin innegables los impactos negativos en la salud -en los pueblos fumigados, donde proliferan enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, o en la población en general, por la presencia de estos químicos en el agua y en los alimentos-. Implica, además, un desmedido avance de la frontera agrícola a cambio de tala indiscriminada de bosques y destrucción de ecosistemas -uno de los principales recursos para mitigar el cambio climático-, y provoca catástrofes naturales como inundaciones e incendios. Estas actividades depredadoras destruyen también la biodiversidad, factor elemental en la transmisión de enfermedades zoonóticas, como el COVID-19. Y el desgaste irreversible de los suelos debido a su uso intensivo, impacta a las poblaciones actuales y compromete la seguridad y la soberanía alimentaria de las próximas generaciones.

 

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Las organizaciones sociales podemos ser la brújula de este cambio de paradigma. La intervención del grupo Vicentín, un estandarte del agronegocio, tiene potencialidad transformadora: por algo las patronales rurales rechazan con intensidad este proyecto. En un comunicado, la Sociedad Rural de Reconquista dijo: “No vinieron por Vicentin, no vinieron a proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia”. Con estas palabras defienden a una corporación investigada por fraude al Estado.

 

Una analogía distante pero pertinente es el negacionismo climático que impera en ciertos países, cuyas dirigencias incluso en este contexto pandémico privilegian la economía sobre la salud pública. Tienen que cuidar los intereses corporativos de quienes, muchas veces, financiaron sus campañas políticas.

 

 

En América Latina es imprescindible avanzar en la conquista de nuevos instrumentos que nos permitan hacerle frente a la agendas del negacionismo climático. Tenemos la oportunidad de ratificar el compromiso de Argentina con el Acuerdo de Escazú. Es una herramienta regional para defender al activismo ambiental, ampliar espacios de participación ciudadana en los procesos de construcción de políticas públicas, fortalecer mecanismos de acceso a la información pública y a la justicia. La crisis climática es un asunto de derechos humanos, con la ratificación del acuerdo regional damos un paso más en la reconocimiento de una realidad imposible de esquivar. 

 

Los desafíos del ambientalismo popular son varios en el nuevo contexto de un enfrentamiento ineludible con gigantes, cuyos intereses son en muchas ocasiones resguardados por aquellos sectores a los que damnifica, signo también del deterioro de las instituciones democráticas. Este fenómeno recurrente se pone de relieve cada vez que sectores de la clase media organizan cacerolazos en contra de los impuestos a las grandes ganancias, las retenciones a los grandes agroexportadores y, en este caso, la expropiación de un grupo empresario en concurso de acreedores.

 

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La confluencia de los movimientos sociales, ambientales y juveniles juega un rol central a la hora de disputar esos sentidos y convertir sus reclamos en un movimiento de masas. Nos mueve, por ejemplo, el caso de Mendoza: toda la comunidad resistió la reforma que habilitaba la megaminería. A fines del 2019, la movilización en la calle venció al lobby minero. En el nuevo contexto del enfrentamiento entre gigantes, el ambientalismo popular suma nuevos desafíos.

 

 

También nos toca blindarnos para que nuestra demanda no sea cooptada por los intereses que deseamos combatir. Y para que tampoco sea inoculada a través de la imposición de dinámicas que la constituyen como la resistencia que necesita el poder para perpetuarse.

 

La noción que supone a las acciones individuales y a las modificaciones de nuestros hábitos de consumo como las primeras herramientas de transformación, legado del neoliberalismo, es una de las corrientes que nubla la necesidad de un enfoque sistémico. Esta perspectiva suele estar acompañada por un fuerte discurso anti política, negándose a sí misma la posibilidad de estar en la agenda pública. Es importante cambiar nuestros patrones de consumo como parte de la batalla cultural por un modelo distinto, pero si tenemos el privilegio de cuestionar nuestros hábitos y cambiarlos, no podemos de ninguna manera basarnos en el señalamiento permanente a los estilos de vida individuales ajenos. Al fin y al cabo, la lucha es contra las corporaciones y por la transformación del sistema desde la raíz.

 

También hay corrientes que, en nombre de la defensa ambiental, adoptan el discurso que opone falsamente la naturaleza a la sociedad, propio de los detractores del ambientalismo, y no ven al oponente en los perpetradores de este modelo, sino en los pueblos. Este enfoque, que desde el activismo lo llamamos “ecofascista”, se vio recrudecido durante la pandemia por haberla romantizado dado sus efectos ambientales a corto plazo sin contemplar el costo humano. En realidad los sectores más pudientes los responsables de la depredación ambiental y, paradójicamente, son quienes más recursos tienen a la hora de hacerle frente; los responsables de las crisis no son quienes las padecen.

 

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Además de eludir estas tendencias, es urgente poder trazar una interseccionalidad con otros movimientos. En las agendas de las expresiones de lucha socioambiental se está incorporando la noción de la economía popular y la producción agroecológica para asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Se exige también la aplicación de mecanismos del comercio justo y la consolidación de un sistema agroalimentario nacional.

 

Sabemos, también, de la potencia de pedir por la materialización de las reivindicaciones del feminismo campesino y luchar contra la lógica dicotómica que propone una doble dominación del hombre sobre la naturaleza y del hombre sobre la mujer, las disidencias y las diversidades sexuales. Esto implica fomentar la visibilización de las desigualdades de género y las violencias de géneros en el ámbito rural, batallar contra el patriarcado en el campo y reconocer el rol de las mujeres y las disidencias campesinas en la cadena de producción.

 

Bajo el modelo productivo vigente es imposible satisfacer las necesidades populares. Necesitamos transformaciones de proporciones épicas y el conformismo con avances pequeños y medianos significa ser cómplices del presente catastrófico que atravesamos. Veamos a la coyuntura actual como una oportunidad para radicalizar nuestras demandas y construir el mundo que soñamos.


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