¿Qué diferencias existen entre varones y mujeres en cuanto al acceso a recursos, oportunidades y a los determinantes de sus situaciones en las distintas posiciones de la estructura social? ¿En qué regiones y en qué segmentos poblacionales la situación es más desfavorable para las mujeres? La Encuesta Nacional sobre Estructura Social del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (ENES-Pisac) nos permite diagnosticar no solo la posición de las mujeres en la estructura social nacional, sino también las disparidades regionales y su situación dentro de los hogares, entre otros aspectos. Dado que el único dato que la encuesta registra sobre identidad de género es que alrededor del 1% de los hogares están formados por parejas conyugales del mismo sexo, el análisis y las propuestas se basan en datos de hogares heterosexuales.
Para revisar los datos y pensar en cómo deberían ser las políticas de género en el próximo gobierno, es fundamental hacer un repaso sobre qué puntos de vista privilegiamos para contar la historia de las luchas y la transformación del estatus social de “las mujeres” en la Argentina. Esto nos ayudará a comprender la diversidad de experiencias en el colectivo “mujeres” y las desigualdades de hoy. Si miramos el relato que involucra a la clase media y media alta comenzaríamos a principio de siglo XX con las primeras universitarias y mujeres feministas con un alto nivel de educativo, vinculadas al partido socialista y a organizaciones anarquistas, muy influyentes en la lucha por los derechos políticos de las mujeres; continúa con el surgimiento de la “segunda ola” del movimiento feminista a fines de los años sesenta y principios de los setenta, cuando las mujeres militaron en partidos de izquierda y, en algunos casos, participaron en la lucha armada. El feminismo reapareció con el restablecimiento de la democracia e impulsó muchos de los cambios legales e institucionales que hoy conocemos. Más cercanas en el tiempo, las manifestaciones del movimiento Ni una Menos y los paros internacionales de mujeres ya nos muestran feminismos mucho más diversos, una masificación inesperada y la puesta en agenda de los derechos de las mujeres como nunca antes.
Ahora bien, otro relato posible surge si miramos el activismo y las estrategias colectivas de demanda de derechos de las mujeres de las clases trabajadoras. Podríamos mencionar entonces la representación femenina en organizaciones obreras a principios del siglo XX y las demandas en las fábricas y teatros y las huelgas de las trabajadoras; la aprobación de la ley sobre sufragio femenino en 1947, que se dio en un contexto de reformas de la condición jurídica de la mujer en varios países occidentales, aparece como un hito polémico, por diversas razones, pero varias atravesadas por las diferencias de clase. Su correlato fue una alta participación femenina en política con el temprano logro de un alto porcentaje de mujeres en el poder legislativo pocas veces mencionado: en 1951 fueron electas 23 diputadas y 6 senadoras. También podríamos hablar de las ollas populares y las movilizaciones en las calles y en las rutas durante el siglo pasado y el actual.
Otra narrativa, aún invisibilizada, es la de las mujeres originarias. Si bien la inserción de las mujeres a las distintas esferas de la vida social y política siempre ha sido conflictiva y llena de dificultades, las desigualdades de clase y étnico-raciales son ineludibles a la hora de pensar estratégicamente políticas públicas con perspectiva de género.
En base a datos obtenidos a partir de los análisis de la ENES-Pisac, haré hincapié en tres aspectos: concentración de ingresos; división sexual del trabajo, roles de género y posibilidad de participación de las mujeres en el espacio público; y calidad de vida y acceso al trabajo remunerado y derechos laborales. El objetivo es resaltar algunos rasgos de las desigualdades de género a nivel nacional y sugerir líneas de trabajo para el diseño de políticas públicas de cara al nuevo gobierno.
Jerarquía y concentración de ingresos
Me referiré en primer lugar a los segmentos más favorecidos de la estructura social. De acuerdo al análisis realizado por Verónica Maceira, las tres posiciones de la estructura social que perciben los mayores ingresos se encuentran dentro de los porcentajes más alto de hogares con núcleo completo y corresponde a capitalistas de grandes y medianas empresas (85,2%), pequeños empresarios (79,3%) y directores (77,2%). En ellos los varones, también en un alto porcentaje, son el principal sostén de hogar (PSH). Si evaluamos la situación de las mujeres, en este segmento específico, hay una clara distribución desigual de acceso a recursos productivos y oportunidades, como así también se mantiene una estructura de hogar tradicional donde el varón es el principal perceptor de ingresos. En un análisis regional, estos hogares se ubican preferentemente en el Gran Buenos Aires (que incluye CABA) y Centro del país, regiones privilegiadas en cuanto a liderazgo económico. Este dato contrasta con el 73,6% de los hogares liderados por mujeres correspondientes a la categoría proletariado informal donde, además, los hogares con núcleo completo alcanzan apenas el 57,8%. El porcentaje más alto del país con hogares del proletariado informal se ubica en la región NEA. A su vez, de acuerdo a Danani y Grassi en regiones como NEA, NOA y Patagonia destaca la ausencia de hogares de clase alta con PSH mujeres, cuando en la CABA alcanza niveles similares a los de PSH varones. Es decir, que la mayor concentración de ingresos se da en hogares con núcleo completo, con PSH varones y ubicados en regiones con liderazgo económico. Mientras que la menor concentración de ingresos se ubica en hogares del proletariado informal, liderados por mujeres y ubicados en la región NEA, donde además no existen hogares con PSH mujer en la clase alta. Otra forma de desigualdad que afecta a los hogares con PSH mujer es la menor participación en el mercado de tarjetas de crédito, tal como apuntan Wilkis y Luzzi.
División sexual del trabajo, roles de género y participación de las mujeres en el espacio público.
En el análisis de la heterogeneidad social interna de los hogares heterosexuales el porcentaje de varones con posición ventajosa sobre su cónyuge es claramente superior a la situación inversa, reforzándose de esta manera la jerarquía de género con la de clase. En la clase trabajadora formal (especialmente los obreros manuales) hay un alto porcentaje de hogares con núcleo completo (80,6%), con jefatura masculina y mayor cantidad de niños que otras posiciones. En estos hogares se da la tasa de actividad extradoméstica de cónyuges más baja de toda la estructura y la carga más alta de responsabilidad en las tareas domésticas sobre las mujeres (sean estas cónyuges o PSH). Estos datos están en sintonía con el análisis de Faur y Pereyra quienes afirman que la asignación de las responsabilidades de cuidado y tareas del hogar recae abrumadoramente sobre las mujeres (88%). Esta situación no se revierte cuando la mujer percibe la mayor parte de los ingresos, sino que ella asume las tareas en casi el 70% de los casos. La división sexual del trabajo se reproduce asimismo con la asignación de tareas del hogar a las hijas mujeres.
Pablo Pérez y Mariana Busso sugieren en su análisis que la permanencia de muchas jóvenes en el sistema educativo no se debe a una elección, sino a las bajas perspectivas de obtener un empleo. Mientras los jóvenes varones se preparan para ejercer un trabajo productivo, ellas suelen ser educadas para asumir el trabajo doméstico o de reproducción. La jerarquía en la conformación de uniones heterosexuales, los roles estereotipados, la carga del trabajo doméstico sobre las mujeres (más allá de que sean principal sostén de hogar) muestran una fuerte persistencia y efectivas estrategias de reproducción en toda la estructura.
Calidad de vida y acceso al trabajo remunerado y derechos laborales
La ENES-Pisac nos permite mapear la articulación de la desigualdad de género con otras formas de inequidad según las regiones de Argentina. De acuerdo a la ENES-Pisac las regiones de NOA y NEA son las que presentan las condiciones más desfavorables. Binstock afirma que NEA y NOA tienen la proporción más baja de hogares con altos ingresos y la más alta de hogares de bajos ingresos, en especial entre los numerosos. Y que mientras en la CABA y en la Región Patagonia entre el 13% y el 22% de los niños vive en hogares con el nivel más bajo de ingresos en el NEA y el NOA este porcentaje es superior al 70%. Asimismo, Maceira subraya que el NEA despliega un bajo nivel de asalarización relativa y tiene la mayor cantidad de hogares del proletariado informal del país, de los cuales en el 73,6% de los casos el PSH es mujer. Este dato se refuerza con lo que señalan Danani y Grassi: el 83,4% de los PSH varones están empleados en condiciones formales mientras que en los casos de PSH mujer, solo el 57,8%. NEA también es la región donde los varones perciben la AUH (Asignación Universal por Hijo) en mayor proporción que las mujeres. Con lo cual se configura como la región más afectada por las desigualdades de género que se combinan, además, con otras condiciones que generan una mayor vulnerabilidad.
Pensar las políticas de género
Estos tres escenarios revelan claramente que en todas las clases sociales persiste la desigualdad de género, que los roles estereotipados y la división sexual del trabajo permanecen robustamente en la organización de los hogares y que las desigualdades entre regiones son tan abrumadoras como necesarias de tener en cuenta.
¿Qué fortalezas tiene hoy Argentina y cuáles son los principales temas, áreas y problemas a abordar, además de mantener una transversalidad de género en toda la administración pública? ¿Cómo resolver estos problemas? ¿Qué lugar ocupa la teoría feminista y de género en estos debates? La respuesta a estas preguntas debe actualizarse en base a diagnósticos sustentados en una producción de datos fidedigna y con perspectiva de género y a la evaluación de las capacidades existentes.
Argentina tiene hoy capacidades que son producto de las transformaciones del movimiento de mujeres y feminista (en plena efervescencia) y de los resultados de la inversión en educación en los últimos años (profesionales altamente capacitados, producción local de teoría y datos cuantitativos y cualitativos).
Propongo trabajar en dos planos. En uno, identificar los aspectos de la desigualdad de género que son transversales a toda la estructura social nacional, como la división sexual del trabajo, donde las mujeres de las distintas posiciones asumen en un altísimo porcentaje la mayor carga del trabajo doméstico y de cuidado, muchas veces acompañada de una “heterogamia de tipo tradicional” (hogares con varones socialmente mejor posicionados que sus cónyuges). Esto afecta claramente la participación social, política y laboral de las mujeres y es un aspecto que afecta a las mujeres de todo el país. Por un lado, es prioritario un debate serio y profundo para resolver la carencia de una red institucional que dé respuesta a las necesidades de contar con una oferta de cuidado integral y de calidad para niños y niñas, prioritariamente para los hogares más afectados por las condiciones socio-económicas que producen vulnerabilidad. Por otro, profundizar en todos los niveles educativos la flexibilidad en los roles de género y promover la división del trabajo doméstico y de cuidado entre varones y mujeres.
En otro plano entiendo que es necesario pensar cómo las desigualdades de género se articulan con las condiciones de vida materiales de las mujeres de acuerdo a su posición en la estructura social y su identificación étnico-racial. Se trata aquí de diferenciar las estrategias de implementación para abordar procesos complejos que tienen una larga historia y revelan inequidades propias de contextos específicos donde la vulnerabilidad se genera en una cadena de causas profundamente arraigadas en los sistemas ideológicos, sociales y económicos. Para tal fin es importante definir objetivos por región, de acuerdo a los datos y diagnósticos disponibles. Teniendo en cuenta la persistencia de las asimetrías y los roles estereotipados de género, las masculinidades son otro tema a incorporar, en tanto determinan la posición hegemónica en un patrón dado de relaciones de género.
Considero que Argentina hoy está en condiciones de construir políticas de género con una impronta sui géneris, utilizando los recursos existentes. Contamos con varias generaciones comprometidas con los temas de género, de las que carecíamos hace apenas unos años; existen numerosas organizaciones de mujeres que reivindican la militancia territorial y se reconocen en los feminismos populares que se construyeron en las últimas décadas e incluyen tanto a mujeres trabajadoras, desocupadas, mujeres indígenas, cooperativistas, feministas villeras, como el movimiento de la diversidad sexual y de personas travestis y trans entre otros. En este sentido vale la pena repensar y reactualizar la relación del Estado con los movimientos sociales vinculados al tema; la teoría feminista y de género ha avanzado notablemente en la construcción de significativos instrumentos para el diseño de políticas de género. Sin embargo, sería importante reforzar las estrategias de implementación a partir de las características de contextos específicos que suelen diferir de las premisas que produjeron ese conocimiento. En este sentido, existe un caudal significativo de investigaciones y tesis de grado y posgrado que, a través de descripciones etnográficas detalladas, ayudarían a comprender “el conjunto de normas y valores, los sistemas simbólicos y las relaciones de poder que rigen en las unidades grupales”, como lo señalan Perona y Schiavoni. Una nueva política integral de género podría a su vez listar temas de investigación estratégicos para orientar las investigaciones de las Universidades y las agencias de financiamiento.
Las vulnerabilidades producidas por la clase social, la raza, la etnia, el género, la religión u otras formas de desigualdad merecen especial atención. Daniel Jones y Lucía Ariza afirman que “la información recolectada y los análisis realizados confirman las tendencias marcadas por la literatura especializada respecto de cuáles son los grupos que más sufren las diversas formas de discriminación, vulneración de derechos y violencia institucional en la Argentina contemporánea, esto es: las personas de niveles socioeconómicos bajos, los migrantes y los descendientes afro e indígenas, lo que señala un camino complejo y largo por recorrer para lograr revertir esta situación”. Es conveniente que las políticas de género se institucionalicen en un espacio burocrático específico, pero también realizar un trabajo de articulación con la totalidad de los ministerios y es vital que las medidas se sostengan el tiempo.