En nuestro país más de cien mil personas están privadas de su libertad, uno de cada cuatro por delitos no violentos. Todas permanecen en condiciones de hacinamiento y sin posibilidad de transitar una cuarentena razonable. Con ellas interactúan familiares, guardias, personal administrativo y médicos: no están aisladas de la sociedad y por eso cuidarles es cuidar a toda la población. Marcelo Bergman se mete de lleno en el debate de la coyuntura y muestra con datos los límites de las políticas punitivas y del “que se pudran en la cárcel”.



Foto interior: Fernando Vigliecca, estudiante del taller de fotografía y comunicación del CUSAM

 

El texto está escrito con la colaboración de Ana Safranoff, Fernando Cafferata y Carolina Bologna

 

Cuando entré a un pabellón de la unidad 32 de Florencio Varela, unos 150 presos me clavaron una mirada penetrante. Conversé con alguno de ellos, homicidas, violadores, transas y chorros. Algunos arrepentidos, otros callados; varios me observaban desafiantes. Ramiro me invitó a ver su celda. Dudé. Pero me animé. Allí, en un cubículo de 2 x 3, dos internos estaban sentados. Ramiro me dijo:

 

Estos son los reyes, duermen en las dos camas. 

 

¿Y vos? 

 

Acá en el piso contra esta pared.

 

¿Entonces son tres en este espacio tan reducido?

 

No, somos cuatro. El cuarto entró hace poco y va en el piso, al medio. Duerme en esa colchoneta plegable que le trajo su familia.

 

Me cuesta imaginar que en ese cajón de manzanas duermen cuatro personas. Cuando están acostados no creo que tengan espacio para moverse.

 

Hoy, cuando pienso en el Covid y en la distancia social me queda claro que es imposible lograrla en nuestras cárceles. No tenemos que interrogarnos si va a entrar el virus a las cárceles, ¡ya entró! La pregunta correcta es qué efectos va a tener en las personas privadas de su libertad (PPL), en los guardias, en el personal penitenciario y en sus familias. ¿Cómo afecta el coronavirus a nuestro sistema penitenciario? ¿Y cómo afecta la vida extramuros?

 

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En la provincia de Buenos Aires en 2010 había 26.900 personas privadas de su libertad. Hoy hay más de 50 mil. Lo que hoy estamos debatiendo son las consecuencias de la sobrepoblación carcelaria. El Covid-19 aceleró un proceso cuya trayectoria desemboca de manera indefectible en una crisis del sistema penitenciario: o el estado invierte mucho más para seguir encarcelando mayor cantidad de infractores, o se replantea el régimen de sanciones.

 

Este no es solo un problema argentino. En todo Latinoamérica las cárceles hacinadas están siendo sometidas a una presión insostenible. En nuestro país hoy existen más de cien mil personas privadas de su libertad cuando hace una década había cerca de sesenta mil. Y este incremento se produjo sin expansión ni importantes mejoras edilicias, y sin servicios adecuados. Esto ha llevado a que por cada 100 plazas disponibles las cárceles argentinas alojan 130 personas, y en la provincia de Buenos Aires por cada 100 espacios hay más de 170 privados de su libertad hacinados. No sólo duermen en el piso, sino que conviven con servicios sanitarios, educativos y laborales, entre otros, muy deficientes. En las actuales condiciones no hay posibilidad de separar y ofrecer cuarentenas razonables, a menos que se hagan grandes inversiones en nuevas instalaciones. A los argentinos las cárceles ya nos cuestan más de 1.000 millones de dólares por año. No es gratis seguir encarcelando. 

 

El Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la UNTREF presentará próximamente los resultados de una encuesta de más de mil hombres y mujeres privadxs de su libertad en el Sistema Penitenciario Federal y de la provincia de Buenos Aires. Este estudio muestra las severas limitaciones de nuestras cárceles y anticipa la imposibilidad del aislamiento. Se estudian temas de género y prisión, inmigrantes, delito y cárceles, el rol de las familias, las deterioradas condiciones (especialmente en provincia de Buenos Aires), la máquina judicial de condenas con juicios rápidos de flagrancia, el trato de los detenidos por la policía, el consumo de drogas y alcohol, mercados ilícitos dentro de las cárceles, la violencia al interior de los establecimientos, entre otros.

 

El análisis de los datos y la comparación con otra encuesta similar realizada por el mismo centro de estudios en el año 2013 muestra un tema del que poco se habla: no todos los presos son iguales. Casi uno de cada cuatro internos no cometieron delitos violentos.

 

 

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Como se ve en la infografía, las cárceles argentinas no están llenas de grandes capos, narcotraficantes, sicarios o violadores seriales. La gran mayoría fue procesada y/o condenada por robo de muy poco valor y por pequeñas ventas callejeras de drogas o de transporte. Más aún, al comparar con 2013, se puede observar que el crecimiento de la población carcelaria estuvo impulsado por los delitos vinculados a las drogas, que generalmente no son violentos. En estos dos sistemas (el federal y el bonaerense), que concentran el 69% de todos los PPL del país, solo uno de cada cuatro individuos están presos por homicidios o delitos contra la integridad sexual.

 

La explosión carcelaria que tenemos está asociada a infractores que obtienen ganancias de actos ilícitos. Son los llamados delitos de mercado, precisamente porque hay una gran demanda por esos bienes ilegales o robados. Existe un vasto mercado doméstico de drogas ilícitas, de celulares, de autopartes y de miles de productos que se venden en la vía pública o en lugares conocidos, pero que provienen de actos delictivos. La cárcel no resuelve estos delitos. Cuando se encarcela a un “transa” o a un ladrón, hay que pensar que existen otros listos para tomar su lugar: la venta de droga o de productos robados en la calle continúa.

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Un capítulo especial de esta ola de encarcelamientos masivo es el crecimiento de la población femenina, que entre 2013 y 2019 se incrementó en un 45%. Si bien las mujeres en prisión sólo representan el 6% de la población total, la tasa de crecimiento entre ellas es mayor que entre los varones. Muchas tienen el cuidado de sus hijos e hijas en prisión y cuando estos/as crecen son separados/as de sus madres para que continúen sus vidas con otros familiares. Nos ha tocado ver en la unidad 42 de Florencio Varela el sufrimiento de madres que están a punto de llegar a ese momento desgarrador, cuando las niñas o los niños de cuatro años deben abandonar la prisión y despedirse de ellas, muchas veces, por largos años.

 

 

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Hay que hacer varias consideraciones sobre la población femenina en reclusión. En promedio, tienen una edad mayor que los varones. Y en mayor medida están presas por delitos contra la ley de drogas. En esta muestra representativa, la mitad de las mujeres privadas de su libertad fueron “mulas” o vendedoras de droga desde kioscos propios, o apoyaron a sus parejas para transportar estupefacientes. Todos delitos sin violencia. Es muy probable que, en su gran mayoría, estas mujeres de escasos recursos incursionaran en la venta y transporte de drogas para obtener algún ingreso que les permitiera mantener a su familia. Lo cierto es que estos encarcelamientos masivos no eliminan ni reducen la oferta de drogas en la calle: y al igual que con los varones, las mujeres encarceladas son reemplazadas por otras. La venta de drogas no se detiene y nuestras cárceles siguen creciendo.

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Las cárceles de nuestro país no resocializan. Cientos de PPL nos han dicho que quieren trabajar en la cárcel, pero no hay trabajo. En algunos talleres de los sistemas penitenciarios de la provincia (herrería, carpintería, etc) los internos nos pidieron materiales y órdenes de trabajo para que ellos pudieran hacer distintas actividades. Es imposible tener un sistema eficiente de trabajo si todo depende de alguna visita fortuita, además de luego tener que sortear el enjambre burocrático para poder introducir a la cárcel madera y clavos para que los internos puedan hacer el trabajo de carpintería.

 

El trabajo en reclusión está pensado como un pilar de la rehabilitación, como un espacio de entrenamiento y capacitación para “el día después”. Pero, como vemos, desde 2013 a 2019, la oferta laboral en las cárceles empeoró. La gran mayoría de los internos pasan largas horas del día sin hacer nada. El ocio en la cárcel puede transformarse en boomerang.

 

 

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Las cárceles hacinadas y la baja inversión también afectan el acceso a los servicios de salud. De acuerdo a la encuesta, la mitad de los PPL de la provincia y uno de cada tres en el SPF manifiestan que cuando se enferman no reciben atención médica. Lo más preocupante es que estos guarismos aumentaron desde 2013. Es decir, a mayor población, menor atención médica. A este dato hay que sumar otro igual de preocupante: de acuerdo a datos del SNEEP, en 2018 había al menos 4.527 PPL que padecían alguna de las siguientes enfermedades: Hipertensión, Diabetes, Asma o Epoc, tuberculosis o HIV, todas ellas consideradas de alto riesgo en caso de contraer el coronavirus. 

 

Los internos en las cárceles descansan en sus familias para la provisión de bienes básicos como jabón, pasta dental, ropa, calzado, toallas higiénicas y tampones y, como vimos, en algunos casos hasta colchones y almohadas. La suspensión del régimen de visitas durante la pandemia afectó esta provisión fundamental. Las revueltas y/o motines también están asociados a la suspensión de visitas.

 

Más de un tercio reconoce haber consumido sustancias en la cárcel, y probablemente sean bastante más. Muchos tienen problemas de consumo excesivo y dejarán la cárcel con problemas de adicciones.

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Es una falacia creer que las cárceles están aisladas de la sociedad. Los PPL tienen familias que necesitan generar ingresos tanto para quienes están libres como para quien está preso. Además, en nuestro país hay más de 200 mil hijos o hijas que tienen un padre o madre en la cárcel. ¿Cuál es el impacto a largo plazo sobre esos jóvenes? Asimismo, es necesario observar que hay una alta rotación de reclusos en nuestras cárceles. En promedio los PPL permanecen presos cuatro años y medio. En los últimos veinte años han pasado o están en las cárceles más de 250 mil internos. Es decir que hoy  hay 150 mil personas que están fuera de ellas. 

 

Estos son solo algunos ejemplos acerca de cómo la cárcel y los presos están intrínsecamente conectados con el mundo que los rodea. La total separación de la persona  privada de su libertad con el mundo exterior es una fantasía. Aun para los que prefieren no mirar más allá de estos días, los efectos de la pandemia pueden ser palpables en la sociedad. En algunos establecimientos de Estados Unidos donde se ha testeado a toda la población de una cárcel, como la prisión de Marrion en Ohio, el 80% de los internos había contraído el Covid-19. Hay razón para pensar que en las actuales condiciones de las cárceles argentinas la gran mayoría también se irán contagiando. En este caso, si solo el 2% requiriera internación hospitalaria, más de 1500 presos deberán ser atendidos en hospitales públicos. Si el virus llegara a propagarse rápido por el hacinamiento, en algún momento habrá 1500 camas menos para atender a la población extramuros.

 

Aunque no hay cifras actualizadas, por cada diez internos hay por lo menos cinco personas que trabajan en centros penitenciarios, desde guardias a personal administrativo o de salud, y que interactúan con los PPL. Será muy difícil prevenir que a través de estas interacciones varios de los más de cincuenta mil trabajadores del sistema no se contagien. Así como también lo será que a través de ellos no se infecten sus familias, amigos y otros contactos. Al igual que los asilos u hospitales, las cárceles son o serán ámbitos de alta contagiosidad. El virus no se detiene en la entrada de los penales.

 

En resumen, lo que ocurre dentro de los penales también afecta directa o indirectamente afuera de ellos. Cuidar a quienes están privados de su libertad es cuidar a toda la población

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Quienes sostienen “que los presos se pudran en la cárcel” deberían pensar que todos los reclusos algún día salen y regresan a sus comunidades. No es un buen negocio para la sociedad dejar de invertir en la rehabilitación, porque las cárceles hacinadas y sin presupuestos se convierten en “universidades del delito”. En los pabellones se forman pandillas y mafias que desde allí organizan delitos. Muchos de quienes recuperan su libertad salen con severos problemas de adicciones y sin recursos, programas de apoyo o trabajo que los contengan. En este contexto, el camino a la reincidencia es muy corto. Más de la mitad de los liberados vuelven a delinquir rápidamente. En parte por eso no baja el delito a pesar del crecimiento de la población carcelaria.

 

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Tampoco se trata de liberar homicidas, violadores, secuestradores o defraudadores de la fe pública. La cárcel, en condiciones razonables, es precisamente para ellos. Lo que debemos pensar como sociedad es el régimen de sanciones. No resulta gratuito aumentar las penas ni sancionar con la privación de la libertad muchas conductas ilícitas. Si la sociedad quiere más cárceles entonces habrá que pagar más impuestos para sostener el creciente encarcelamiento masivo. De lo contrario deberíamos pensar en otras sanciones para delitos menores, ya sea prisión domiciliaria con pulseras, trabajo comunitario, multas y reparaciones. Desde luego, para delitos menores.

 

El argumento más potente para pensar “fuera de la caja” es que el actual camino no nos está llevando a buen puerto. Primero y principal porque no hay evidencia de que los robos y la venta de droga disminuyan a pesar de haber ya transitado dos décadas de un encarcelamiento creciente. Y, segundo, porque lejos de resolver los problemas las cárceles los agravan, no solo para los PPL y sus entornos, sino también para la sociedad en su conjunto. La separación cárcel/sociedad es una falacia.

 

Hay que aprender de las lecciones internacionales. Un crecimiento carcelario de esta magnitud resulta insostenible para nuestros países. También lo es para los países ricos. En los últimos 15 años en California el gasto en cárceles aumentó un 65% más que el de los hospitales. En Europa Occidental, donde el consumo de drogas es muy alto, hubo una reducción en la población carcelaria sin que repercutiera en violencia en las calles, cuya cifra es muy baja. Y si queremos ver el futuro al cual nos encaminamos, no miremos a Holanda o a Alemania, sino a Brasil, a El Salvador o a Colombia. Aumentaron la población carcelaria exponencialmente, pero el delito continúa batiendo records.

 

La política pública debe contemplar el mediano y largo plazo, más allá de que la actual situación nos obliga también a pensar en el corto. Una nueva política de sanciones que castigue a infractores no graves con medidas alternativas al encierro podría descomprimir hasta un tercio de la población carcelaria. Sabemos que las cárceles no resuelven la mayoría de los problemas de inseguridad, y en general los agravan. Por eso debemos plantearnos hacia dónde queremos direccionar nuestros escasos recursos presupuestarios. Debemos tener cárceles adecuadas para quienes cometieron delitos graves. Pero también tenemos que decidir si queremos más cárceles y gastar en castigar con prisión por delitos no graves, o mejor asignar esos recursos limitados a escuelas, laboratorios científicos u hospitales. Ese es el verdadero dilema. Los tiempos de pandemia y post pandemia nos interpelan a repensar nuestro régimen de sanciones.


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