A dos meses de la muerte de Nisman, y uno del 18F, jueces y fiscales están en el centro de la escena política. Además de una ceremonia fúnebre pública y colectiva, aquella marcha representó una expresión potente de los conflictos y tensiones del poder judicial en la última década. La antropóloga Virginia Vecchioli parte de la marcha de los fiscales para analizar la conformación de nuevos espacios de activismo al interior de la propia Justicia que trascienden las coyunturas electorales.



 “La politización de los apolíticos”, “Con los paraguas en lugar de las cacerolas”, “Un golpe a la impunidad”, “Los mismos que golpeaban los cuarteles”. Sería imposible reseñar en esta nota la enorme producción de artículos periodísticos, entrevistas, comentarios de opinión, editoriales, reportajes, videos, debates radiales y televisivos surgidos a partir de la convocatoria a la “Marcha del Silencio” del 18 de febrero. Al recorrer algunos de estos materiales – y aún con sus puntos de vista absolutamente disímiles -, emerge un elemento recurrente: la sobre-interpretación y el consecuente efecto de reducir su complejidad a una lectura única, exclusiva y excluyente: una marcha opositora, un homenaje póstumo, un intento golpista, una manifestación pacífica, una traición pública o una gesta cívica.

 

Este texto no pretende revelar el “verdadero” sentido del 18F ni asumir una u otra posición en el marco de un debate antagónico. Ocupar la calle, claro está, no es nunca un hecho inocente. Es decididamente un hecho político. Pero sería ingenuo atribuirle a la movilización un sentido único. El 18F no fue apenas una marcha opositora igual a los cacerolazos del 2008, 2012 y 2013, aún cuando tengan cierto “aire de familia”. No es lo mismo reclamar por el cepo cambiario que por el esclarecimiento del fallecimiento de un fiscal de la nación, muerto en el marco de una denuncia institucional que lo catapultó súbitamente a la condición de figura pública.

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En el 18F, los familiares de la víctima ingresaron a Plaza de Mayo pidiendo justicia y se mezclaron con integrantes de uno de los poderes del Estado y representantes de asociaciones de la colectividad judía que reclaman por el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Un análisis sociológico detallado de sus participantes permitiría identificar que en este 18F se modificaron las motivaciones respecto de los cacerolazos de años anteriores. Pero aún sin contar con este recurso puedo igualmente sostener mi afirmación sobre la singularidad de la marcha tomando en cuenta algunos datos clave: sus protagonistas, convocantes y organizadores fueron integrantes de uno de los poderes del Estado, dirigentes y militantes de un sindicato de funcionarios del Estado. Entre los símbolos que resultaron consagrados se reiteraron las banderas argentinas, el color negro, la consigna del Nunca Más; y entre  los recursos utilizados durante su desarrollo primaron el silencio y la entonación del Himno Nacional.

 

No se cambiaron apenas cacerolas por paraguas.

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A pesar del temporal que arreció durante la mayor parte de aquella tarde, podía distinguirse entre la densa cortina de lluvia y la interminable sucesión de paraguas a manifestantes que, en una procesión más o menos desordenada, sostenían velas encendidas. Al iniciar el recorrido, los convocados se ubicaron detrás de una bandera negra que llevaba inscripta la leyenda “Homenaje al fiscal Nisman”. Cuando llegaron al punto de destino, la Plaza de Mayo, hicieron un minuto de silencio “acompañando el sentimiento de su familia y en respeto a la memoria” del fiscal. Una vez finalizado, los participantes respondieron en forma reiterada al grito de Nisman con la expresión “¡presente!”. Muchos de los familiares de Nisman vestían de negro. Los organizadores llevaban remeras negras. Las banderas argentinas estaban acompañadas de crespones negros que se repetían en las ropas, carteles, pines y paraguas. La marcha, cual cortejo fúnebre, hizo un alto en la sede de la Procuraduría y culminó frente a la sede de la Unidad Fiscal Amia, donde Nisman trabajó  antes de morir.

 

Entre los sentidos atribuidos e interpretaciones sobre la manifestación, parece pasarse por alto uno de los más evidentes: todos los elementos presentes en su inicio, desarrollo y final hacen evidente que constituyó en sí misma una ceremonia fúnebre pública y colectiva. Muchos de los símbolos desplegados esa tarde remitían al duelo por el difunto. Si el rito de entierro se había desarrollado como un evento privado el día 29 de enero en el cementerio judío de La Tablada, en el 18F una parte importante de la ciudadanía hizo visible su luto y su homenaje al fiscal.

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El día de la marcha, las rutinas judiciales y la escenografía de los juzgados se alteraron: las sedes del Palacio de Tribunales y de Comodoro Py comenzaron a vaciarse desde temprano y por la tarde eran pocos los fiscales que quedaban en sus despachos. En el frente de los tribunales y de los edificios que rodean la zona se exhibían los afiches convocando “a todo el pueblo argentino” a la Marcha del Silencio: “A un mes de la muerte del fiscal Nisman”.

 

 

Como toda manifestación pública, la marcha había comenzado unos días antes. El 6 de febrero, con la realización de una conferencia de prensa en las afueras de Comodoro Py, cuando los convocantes hicieron explícitos los motivos de su convocatoria: “que el silencio signifique la paz que necesitamos y necesitan los investigadores para encontrar la verdad y llegar a esclarecer el suceso”. Durante la presentación, recordaron que el Estado “tiene que garantizar la independencia y seguridad de los fiscales, aun cuando los investigamos a ellos”, de lo contrario el caso Nisman “podría no ser el último”.

 

Quienes aparecían en los afiches callejeros firmando la convocatoria se definían como una abstracta e imprecisa “comunidad judicial”. Sin embargo, la marcha la convocaban fiscales con rostros y nombre propio. En principio, un conjunto de fiscales federales que integran la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), a la que pertenecía el propio Nisman y que está presidida hoy por Carlos Donoso Castex. A esta convocatoria encabezada por Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán, Ricardo Sáenz, José María Campagnoli y Germán Moldes, adhirieron diversas asociaciones profesionales del país y del exterior como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la Asociación de Fiscales de Chile, la Asociación Internacional de Fiscales cuyo vicepresidente envió una carta formal de condolencias a sus pares argentinos. La AMFJN había dado a conocer un comunicado cinco días antes de la marcha que, bajo el encabezado “Que el silencio sea atronador”, expresaba su adhesión al 18F y convocaba a “sus asociados y a todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación a marchar al margen de toda bandería política” a unirse al homenaje de un fiscal muerto “en el contexto de su actuación como tal”. El comunicado llevaba las firmas de sus autoridades: Recondo, Sudera y Gallo Tagle.

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En los días previos, estos fiscales habían tenido una intensa actividad de promoción en los medios. También habían convocado a participar a través de los mailings de sus asociaciones profesionales. El trabajo de publicitación de la marcha, la difusión de comunicados y la realización de conferencias de prensa son herramientas centrales en la gestación de cualquier manifestación pública: contribuyen a hacer existir al grupo de sus organizadores. Al hacer uso de la palabra pública, se autorizan a hablar en nombre del grupo al que pretenden representar y buscan garantizarse el monopolio de la producción del sentido sobre la manifestación. 

 

El mismo 18, los fiscales convocantes se presentaron en los tribunales, donde recibieron muestras de apoyo y solidaridad de sus pares. Cerca de las 17hs se concentraron en Paraná y Rivadavia junto con grupos de colegas del interior del país y del exterior que viajaron expresamente para sumarse a la convocatoria. Desde la sede de la AMFJN, frente al palacio de Tribunales, lo hicieron los jueces.  La columna que abría la manifestación estaba encabezada por el conjunto de profesionales del derecho que, tomados del brazo, vistiendo traje y corbata y ocupando el ancho de la avenida, reivindicaba la figura de Nisman.

 

Quienes convocaron eran los mismos que ya habían expresado sus condolencias por la muerte del fiscal, tanto públicamente a través de comunicados, como participando de la ceremonia de su entierro. Algunos ocuparon un lugar protagónico, como fue el caso de Donoso Castex, quien leyó un poema en homenaje a Nisman en el cementerio de La Tablada. Si ya habían participado del luto en privado y también habían sido protagonistas apenas pocos días antes de otras manifestaciones públicas reivindicando la figura de Nisman, ¿cuál sería entonces el sentido de convocar a una nueva marcha?

 

Nuevamente resulta imprescindible no subsumir su sentido a una simple manifestación opositora. El 18F expresa magistralmente cuán importante es para este sector de los profesionales del derecho y de la justicia manifestarse y materializar así su propia existencia. En este sentido, la presidenta tiene razón cuando destaca que esta no es cualquier marcha sino una en la que el protagonismo lo tienen sectores que pertenecen al mundo del derecho y de la justicia – aún cuando, claro está, no conformen un partido político. La movilización fue una expresión de fuerzas de un sector de la justicia y del derecho. Por eso, considero imprescindible detenerse en este universo particular para entender algunas de las incitaciones clave que movilizaron a sus convocantes, participantes y adherentes.

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Lo que se destaca en el 18F es que los fiscales buscaron garantizarse el monopolio del sentido de la manifestación eligiendo a) el momento, b) el lugar y el itinerario de la marcha, c) el tema convocante, d) a quienes harían el trabajo de organización de la misma. Por último, monopolizaron la “firma”, la autoría de la convocatoria, al punto que la dirigencia partidaria no pudo llevar sus banderas ni participar de la marcha junto con sus adherentes en calidad de tales. Ni partidos políticos ni grupos corporativos opositores estuvieron al frente de su la organización: fueron personas físicas que, hasta el momento, no pertenecían a ninguna agrupación específica y cuyo punto en común era pertenecer a uno de los poderes del Estado. Se trata de actores nucleados provisoriamente para una manifestación que, al dar existencia pública a las demandas de esclarecimiento de la muerte de Nisman, de protección a la tarea de los fiscales y de una justicia independiente, los hizo existir públicamente como actores clave de la justicia. Estos emprendedores ad-hoc, acompañados por una organización sindical que nuclea a los empleados de la justicia (UEJN), no se expresaron como dirigentes políticos: no levantaron consignas partidarias ni reivindicaron los colores de ninguna agrupación. La importancia que tuvo esta convocatoria al interior del mundo del derecho, y en particular de la justicia, queda evidenciada cuando se observa que quienes se opusieron al 18F se vieron obligados a expresar públicamente su posición.

 

En el 18F, un conjunto muy heterogéneo de hombres del derecho buscó exhibir públicamente sus exigencias respecto del deber ser de la justicia y del lugar de los fiscales dentro del campo de poder del Estado. Para ello, trataron de imponer esas reivindicaciones al paso que midieron fuerzas con los sectores con los cuales mantienen distintos tipos de rivalidad dentro del propio campo jurídico. Sus reivindicaciones son subproductos del trabajo de representación que estos fiscales y jueces están llevando adelante al interior del universo del derecho.

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Esta marcha no fue la primera ocupación pública de la calle por parte de integrantes de la justicia: varias marchas ya habían sido convocadas anteriormente, explicitando la intensidad de las rivalidades internas que, en determinadas coyunturas, desbordaron el restringido ámbito de los pasillos y despachos de los tribunales.

 

En junio de 2013 la Asociación Justicia Legítima convocó a fiscales y jueces para marchar al Palacio de Justicia bajo la consigna “Democracia o Corporación Judicial”, en apoyo de la ley sancionada por el Congreso de reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada por el poder ejecutivo y posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, el juez Alejandro Slokar hizo público su rechazo al fallo argumentando que conciliaba un status quo corporativo. El fiscal Jorge Auat afirmó públicamente que a pesar del fallo adverso, “la democratización de la Justicia ya comenzó y no la para nadie”.

 

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Unos meses después, entre diciembre de 2013 y junio de 2014, otros integrantes del mundo de la justicia y del derecho volvieron a ganar las calles, esta vez, para manifestar públicamente su apoyo al fiscal federal José María Campagnoli, uno de los organizadores del 18F. Bajo la consigna “Todos somos Campagnoli”, jueces, fiscales y abogados se convocaron frente a la sede de la Procuración General y en la Plaza de Mayo para denunciar el juicio político contra el fiscal. Durante la marcha se exhibieron banderas, se pronunciaron discursos que reivindicaban la inamovilidad de jueces y fiscales y se entonó el Himno Nacional. Entre quienes la organizaban, se encontraba la agrupación Será Justicia. Estas convocatorias fueron consideradas un factor clave en la restitución de su cargo.

 

En 2015 las calles fueron tomadas nuevamente por integrantes de la justicia en el marco de la muerte del fiscal Nisman: todas estas movilizaciones contribuyen a construir de forma política el descontento y las reivindicaciones de grupos diversos al interior del poder judicial.

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Señalar a la marcha apenas como una manifestación opositora implica dejar de lado las profundas transformaciones operadas en el mundo de la justicia en los últimos diez años, que van desde la conformación de una Corte Suprema autónoma del Poder Ejecutivo hasta la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la creación de nuevos tribunales y juzgados especiales, el ingreso a la justicia por concurso público, las recientes reformas a los códigos civil, comercial y procesal penal, entre muchas otras. El 18F fue, en parte, una expresión política de los conflictos y tensiones creados a partir de estos cambios, que incluyen la conformación de nuevos espacios de activismo al interior de la propia Justicia y que trascienden las coyunturas electorales nacionales. Este parece ser un dato clave ya que si los enfrentamientos y tensiones no son novedosos, lo nuevo es que a lo largo de este proceso se han conformado distintos espacios de activismo judicial al interior del propio poder del Estado. Estas configuraciones se hacen visibles cuando la expresión del descontento y el reclamo por una serie de reivindicaciones conducen a estos actores a salir del ámbito de los tribunales para ganar la calle. Los proyectos militantes se han ido conformando en este agitado contexto, haciendo inclusive poco útiles ya categorías tan consagradas en el espacio académico como “familia judicial” que hoy en día y a la luz de los conflictos expresados a través de la Marcha del Silencio y de los notorios reacomodamientos no parecen mantener ya su potencial explicativo de ataño.

 

 

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Diversos sectores del oficialismo suelen mirar las manifestaciones con desdén respecto a las formas legítimas de la competencia política (las luchas electorales, parlamentarias, etc.), salvo si degenera en revolución o golpe de Estado. Para el caso que nos ocupa, estos actores transitaron por ambos extremos: de la irrelevancia a la denuncia golpista. Para distintos grupos de la oposición, la marcha del 18F fue una suerte de celebración militante que legitima sus propias ambiciones electorales. Para muchos de los manifestantes, el 18F fue una rememoración de la gesta patriota del 25 de Mayo cuando los vecinos de la ciudad exigían bajo sus paraguas “saber de qué se trata” (Ver Leandro López en Revista Anfibia).

 

Una descripción de la complejidad de los sentidos desplegados por el 18F implicaría tomar en cuenta a todos estos otros actores y sus disímiles posicionamientos, lo que excede el espacio de este texto. Más allá de las heterogéneas interpretaciones sobre los sentidos de la marcha, me importa destacar que todo lo que se publica, comenta y discute después de la manifestación constituye uno de sus momentos esenciales: es en este momento cuando se pone en juego la capacidad de los distintos sectores por monopolizar el sentido de la misma. En el actual contexto de disputas judiciales, partidarias y electorales, se hace evidente que el significado del 18F no pudo ser monopolizado por ningún grupo en forma exclusiva. La manifestación persiste aún hoy como polémica y objeto de debate. Tampoco sabemos cuáles de sus efectos serán efímeros o persistirán en el tiempo. Pero sí se hace evidente que es a través de todo este trabajo de interpretación, disputa y controversia, que una marcha como el 18F es creada, recreada e instituida como una actividad específica del espacio de la política. 


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