Los legisladores de Tigre aprobaron el ingreso del transporte público al barrio cerrado que es ícono por su clausura: Nordelta. Una buena para las 10 mil personas que a diario viajan hasta allá para mantenerlo como una maqueta idílica. Delfina Torres Cabreros entrevistó a vecinos, desarrolladores y empleadas de casas particulares. Sus testimonios explican por qué el piquete de las trabajadoras le vino regio a la guerra de intereses histórica que se teje detrás.



 

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Fueron apenas unos segundos de silencio. El aire se cargó de tensión y los cantos de las organizaciones presentes, sonido ambiente de todo el debate, se apagaron de repente. La presidenta dio la orden de votar y los hombres y mujeres sentados en sus bancas alzaron un brazo. En la sala del Concejo Deliberante de Tigre no quedó lugar para la duda: el transporte público ingresaría a Nordelta.

 

Los vecinos del complejo de barrios privados, abatidos, empezaron a enrollar sus carteles. No alcanzó su presencia en la sala desde temprano ni el cacerolazo con el que habían alterado, dos días atrás, la serenidad del lugar en el que viven. Su proyecto alternativo, que proponía un servicio de transporte privado gratuito financiado con expensas, tampoco fue suficiente para torcer la voluntad de los legisladores. La aprobación de la ordenanza impulsada por el intendente de Tigre, Julio Zamora, se vivía como una derrota y el plazo para su implementación comenzaba a correr. La Asociación Vecinal Nordelta tenía 90 días para coordinar la llegada de la línea 723.

 

 

 

“Pienso en mudarme”, dice Carina Mermelstein, una abogada de 49 años. Lo que más la enoja de la situación es que hayan cambiado, de repente, los términos del contrato al que suscribió cuando compró su terreno en Nordelta, 12 años atrás. “Hables con quien hables, te va a decir que se siente estafado”, coincide José María Bernal Navas, de 43 años, y anticipa que los vecinos ya interpusieron una medida cautelar para frenar el ingreso del colectivo y evalúan iniciar acciones de amparo.

 

La preocupación por la extinción del “doble anillo de seguridad” es el punto crítico. El 723 atravesará las Avenidas de los Lagos y del Golf, un tramo de 12 kilómetros que conecta los 23 barrios del complejo y que los vecinos llaman “la troncal”. Es una calle pública que el municipio entregó hace tiempo “en guarda” a cambio de la realización de obras y el pago de tasas. Ahí Nordelta levantó la primera barrera de seguridad del lugar, que funciona como un refuerzo de las ubicadas a la entrada de cada barrio.

 

La discusión colectivo sí/colectivo no estaba sobre la mesa del municipio, de los legisladores y de los desarrolladores desde hacía meses. Su definición permanecía en suspenso por presión de la comunidad nordelteña, que prometía soluciones propias para sus propios problemas de transporte. Pero una rebelión inesperada, la de las trabajadoras de casas particulares, precipitó la decisión.

 

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* * *

 

–¡Basta, chicas, despertemos!

 

La mujer grita con la voz rota. Se sorprende de ella misma: descubre cómo suena, cuando la deja fluir, esa amargura que desde hace años esconde en el rostro sereno, domesticado para conservar la calma.

 

–No puede ser que nos discriminen. Si no nos dejan viajar a nosotras, no viaja nadie. ¡Aplaudan chicas, hagamos ruido para que nos escuchen!

 

Arenga Liliana, y las que la rodean reaccionan: aplauden, se vuelcan a la calle y bloquean el paso de los autos. Están en el cruce de la avenida Nordelta con la ruta 197, un lugar al que los vecinos llaman “puente de Pacheco” aunque en los mapas figure como puente Perón. Las trabajadoras esperan que algún colectivo de la empresa Mary Go, la única habilitada para hacer ese recorrido, las lleve en su último tramo de viaje hacia el interior del barrio. Como siempre.

 

Pero hoy están hastiadas de ver colectivos que pasan frente a la fila sin detenerse. Hace poco salió el sol –la mayoría entra a trabajar entre las 7 y las 9 de la mañana–, y las mujeres ya son más de cien.

 

 

 

–¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar!

 

Algunos conductores se impacientan: les juran que esa avenida es propiedad privada, les sacan fotos con la amenaza de identificarlas. Dos señoras les advierten que avanzarán de todos modos: sea lo que sea que pase enfrente.

 

Liliana no baja la voz:

 

–¡Estoy cansada de que nos discriminen! –estalla. –Tienen prejuicio contra nosotras, pero para sacarles la mugre y criarles los hijos no tienen prejuicios.

 

El primer piquete en la historia de Nordelta fue el miércoles 7 de noviembre pasado. Una decisión de la empresa de transporte privado preparó el terreno dos meses antes, cuando a la habitual congestión de las horas pico se le sumó una nueva política: diferenciar los servicios internos de los que viajan a Capital y prohibir que los pasajeros del primero suban a unidades destinadas al segundo tramo.

 

Pero ese miércoles 7, en la fila, otro elemento encendió el aire: un rumor. Una empleada contó que mientras servía café en una reunión de propietarios escuchó que algunos no querían compartir con ellas el transporte. “Tienen olor”, “hablan mucho”, “hablan en guaraní”, fueron los argumentos que registró mientras se inclinaba sobre las tazas.

Vieron pasar un colectivo que no paró.

Dos.

Tres.

Después del cuarto, se lanzaron a la calle.

 

* * *

 

Nordelta fue pensado en los ´70 por el empresario italiano Julián Astolfoni. Inspirado en el modelo francés de las Ville Nouvelle y anticipándose a los giros inmobiliarios, quiso construir una ciudad a 30 kilómetros de Buenos Aires, en una ciénaga del partido de Tigre. Nordelta nació mirándose en el reflejo de localidades satélite parisinas y siempre tuvo vocación de urbe. En el plan presentado en 1992 –8 años antes de que se vendiera el primer lote– y firmado por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, se autorizó el uso del suelo para unos 140.000 habitantes.

 

La obra –a la que luego se sumó Eduardo Costantini– estaba planificada a 30 años y debía ser flexible a las demandas futuras. Moldeada por un escenario de crisis e inseguridad, se convirtió en lo que es hoy: un conjunto de 23 barrios altamente custodiados donde viven más de 45.000 personas. Tienen su centro comercial, sanatorio, cines, escuelas, y su propio código de convivencia y su propia autoridad: la Asociación Vecinal Nordelta. “El régimen es igual al de cualquier barrio cerrado: nosotros no podemos normar –dice Julio Zamora, intendente de Tigre–. Es como si fuera un consorcio y los vecinos dictan su propio reglamento”.

 

En Nordelta vive más gente que en Chascomús, Balcarce o Trenque Lauquen. Entre sus habitantes hay empresarios, funcionarios públicos, deportistas y famosos de diverso currículum que decidieron alejarse del Obelisco en busca de lo que Nordelta promete en su slogan: “vivir muy bien”. Pero además de sus residentes, cada día franquean las puertas de la “ciudad pueblo” –como se define a sí misma– 10.000 personas que trabajan para mantener las casas pulcras, los niños alimentados, el césped raso, el agua de las piscinas fresca. Es decir, para que Nordelta sea lo que es: la maqueta de una ciudad idílica.

 

* * *

 

–Cuando llegué a mi casa no lo podía creer. Nunca pensé que íbamos a cortar la calle. Yo grité de bronca, porque necesitaba sacármela de encima. Y bueno, pasó.

 

Dirá días después Liliana, sentada junto a Luz, una compañera. Están en la barra de un bar de Pacheco, donde un hombre prepara café y mira Los Simpson en un televisor viejo.

 

Liliana tiene 45 años, vive en Los Troncos del Talar, una localidad que linda con Nordelta. Todos los días camina 15 cuadras hasta el puente de Pacheco, espera “la Mary Go”, luego camina 3 cuadras más. Trabajó toda su vida en negro, pero ahora está registrada y cobra $10.000 por una jornada de siete horas de lunes a viernes.

 

 

–Entramos como limpieza y terminamos haciendo de todo. Por eso hay mucha responsabilidad sobre nosotras. Yo ahora estoy en una casa que tiene cámaras. Al principio no me podía acostumbrar, pero después le encontré el lado bueno: si pasa algo no va caer el peso sobre mí.

 

Hace más de 12 años que Liliana trabaja en Nordelta y está habituada a desplazarse bajo un halo de sospecha. Una vez encontró a su empleadora encerrada en el baño de servicio revisándole el bolso. Otra, supo que desde la guardia llamaron a la casa en la que trabaja para avisar que ese día había hecho un recorrido alternativo en su caminata de salida. Le reclamaron un faltante de fiambre de la heladera, rodajas de pan lactal, un puñado de fideos. Descubrió a una patrona inspeccionando la basura para cerciorarse de que no hubiera restos de comida robada de la alacena.  

 

Luz trabaja en una casa de cuatro dormitorios, ocho baños y cinco habitantes. Está registrada, pero le pagan $2.000 en negro sobre los $11.000 que cobra por 33 horas de trabajo semanal. Dice que tiene suerte de trabajar ahí porque es una familia “tranquila”. A veces le regalan paquetes de polenta abiertos para que se cocine en el almuerzo,y le compran las galletitas que le gustan para desayunar.

 

–¿Sentís que te tratan de igual a igual?

 

–No no, de todos modos se marca la diferencia. Por ejemplo, si mi patrón viene a almorzar cierra las puertas del comedor diario y me deja afuera a mí. Y cuando están con amigos es donde más lo marcan; si necesitan pedirme algo, ni me tutean. O cuando les abro la puerta a las visitas a veces ni te saludan. Es como si la puerta se hubiera abierto sola.

 

 

“La de las trabajadoras domésticas es una historia de trabajo invisible”, dice Enrique Catani, profesor de derecho laboral de la Universidad Nacional de La Plata y juez del Tribunal de Trabajo Nº 3 de esa ciudad. Catani encuentra las causas en las características de las personas que integran el colectivo: mujeres, pobres y migrantes. Según datos del Indec, 1 de cada 4 mujeres trabajadoras es empleada de casas particulares. Es un colectivo enorme que, sin embargo, no refleja su magnitud en derechos adquiridos. La informalidad en los modos de contratación ronda el 75% y recién en 2013 se sancionó la ley que les reconoce una jornada máxima de 8 horas y licencia por maternidad.

 

“Lo determinante es la cuestión de género –retoma Catani–. Es un colectivo compuesto en un 97% por mujeres que hacen trabajos de mujeres que ‘no trabajan’. Hay una dificultad para reconocerlas como trabajadoras que se ve hasta en la forma en que se las nombra: ‘la chica que me ayuda’. Hay también una cuestión de clase: son las empleadas peor pagas. Suelen tener poca calificación profesional y en muchos casos conviven con situaciones de pobreza. En las sociedades modernas entendemos que el empleo te saca de la pobreza, y acá no pasa.”

 

–La primera vez que entré a una casa de esas quedé ahhh.

 

Dice Carmen, que trabaja en Nordelta desde hace 8 años y vive del otro lado del muro, en el barrio Las Tunas.

 

–Yo miraba el tamaño de los vestidores, las carteras y pensaba: con una de esas hago el techo de mi casa. Después te acostumbrás. Ahora mi hija de 20 años también trabaja ahí adentro y le enseñé: “Cuando entres te vas a sorprender, pero tratá de no mirar mucho porque te puede jugar en contra”.

 

 

* * *

 

El video circuló por todos los medios y convirtió a las empleadas domésticas en algo que no habían sido nunca: noticia. Una mujer con la cámara del celular encendida sube detrás de otras dos a un ómnibus de Mary Go que para en una estación interna de Nordelta, pero cuando pasa al lado del chofer éste le sugiere que espere al próximo. “Nos viven discriminando”, dice la mujer, que es paraguaya, y se baja.  

 

 

–Yo entiendo la pelea de esta pobre gente.

 

La “pobre gente” son las trabajadoras de casas particulares y el que habla es Nicolás Pasqualini, CEO de Mary Go. Cuenta que inició su empresa manejando un taxi, que hasta hace dos años fue él mismo chofer, y que la primera vez que pidió autorización para ingresar con su servicio a Nordelta, en 2001, lo echaron diciendo que Mary Go era “marca pirulo”.

 

 

Pasqualini asegura que en el video “no se ve discriminación”. Según su versión, la mujer no pudo subir al colectivo por una cuestión de recorrido –era una unidad destinada a Capital y ella necesitaba hacer solo el tramo hasta el puente de Pacheco– y porque las butacas ya se habían agotado vía Internet. Dice que recibió muchas quejas de los pasajeros y que ya no puede permitir que haya gente que viaje parada, ni siquiera los dos kilómetros que separan Nordelta del puente donde la mayoría de las empleadas se baja para hacer trasbordo.

 

–Las chicas sufren maltrato, se sienten solas. Con este asunto lograron tocar una veta sensible y están visibilizando su conflicto. Pero a mí nunca me llamó un propietario para decirme: “No quiero que tal persona suba y se siente al lado mío”. Lo que sí pasa es que viajan mal.

 

Para Pasqualini no depende de su empresa que esto cambie sino de la Asociación Vecinal Nordelta, que se niega a invertir recursos para mejorar la frecuencia de los vehículos que hacen el recorrido interno en las horas pico.

 

–Los ómnibus no se pueden sostener con el valor de un boleto, que hoy es de $30. Cuando le propusimos que aportaran el 50% del pasaje por medio de las expensas, no quisieron. Ahora están asustados con el colectivo y dicen que tienen un proyecto alternativo, que se van a hacer cargo del total de los gastos, pero no es verdad. Nunca se preocuparon por las empleadas.

 

Dice Pasqualini. Sin embargo, la propuesta de los vecinos va en serio, al menos por un período breve. Durante los 90 días que tardará en ingresar el colectivo se harán cargo del servicio de Mary Go, que será gratis para los pasajeros desde hoy.

 

* * *

 

Nordelta llegará a contar 60.000 habitantes en cinco años, y una vez construido el centro cívico y terminados los barrios que faltan serán 100.000. “Nos encaminamos a convertirnos en una ciudad abierta, y es impensable un lugar como éste sin transporte público”, analiza Diego Moresco, director ejecutivo de la desarrolladora Nordelta S.A y miembro de la Asociación Vecinal Nordelta. “Lo que está pasando es una crisis de crecimiento”, dice desde las oficina que tiene sobre el confín suroeste del complejo, contra una fila de pinos frondosos que camuflan el cerco perimetral de postes de hormigón y alambre de púas.

 

Según una encuesta interna, el 85% de los habitantes de Nordelta no está de acuerdo con su visión. Los vecinos creen que la habilitación del transporte público guarda muchos riesgos y lo hacen saber por todas las vías posibles. En el Facebook de la Asociación Vecinal, por ejemplo. Si publican una invitación a para participar de un avistaje de aves, comentan: “No habrá más pajaritos cuando abran la troncal”. Si se iniciarán tareas de fumigación, aportan: “Pronto no hará falta fumigar: con el humo y el ruido de los colectivos no queda nada vivo”. Si alientan a transmitir las “normas de comportamiento” a los nuevos inquilinos, encuentran la oportunidad para decir: “¿Quién le avisa a la gente que ingresa en transporte público un sábado a la tarde que no se puede jugar al fútbol junto al lago?”.

Moresco admite que entre los vecinos existe “ese temor de que si entra el colectivo va a bajar gente con la lonchera y la sombrilla”. Pero más que cuestionar la arquitectura de esa fantasía, se apura a derribarla: “No va a pasar. Ni un trabajador ni un vecino puede hacer un asado en la costa del lago. El reglamento se hace cumplir”.

 

 

Sentadas en las banquetas altas de la casa de comidas de Pacheco, Liliana y Luz dan fe de que el reglamento –explícito o tácito– se hace cumplir.

 

–Si ustedes quieren salir a caminar por el barrio en algún recreo del trabajo o tomar café en el club house, ¿pueden?

 

–Tendría que estar con los perritos –se apura Liliana.

 

–Sería raro una empleada en el house –agrega Luz–. A mi me tocó ir un rato el otro día porque vinieron a fumigar a la casa, pero fui y me senté en una silla, no me fui a tomar un café porque te miraban con cara de qué hacés acá. Y eso que fui sin el uniforme.

 

 

 

–Lo mismo las chicas que trabajan con cama; no se pueden poner de acuerdo y decir “En la hora de descanso vamos al lago a tomar unos mates”.

 

* * *

Si en algo coinciden los vecinos de Nordelta es en que nunca presenciaron situaciones de discriminación como la que denunciaron las empleadas domésticas y los medios se encargaron de replicar. Al contrario, se sienten víctimas de generalizaciones injustas y difamaciones. “Viajo siempre en la Mary Go. Fui testigo de una escena enternecedora. Un domingo a las 8 de la noche unos chicos estaban en la parada del barrio esperando a la empleada. Apenas la vieron se le fueron encima con abrazos y besos, dándole la bienvenida”, dice María Rafaela Valles, abogada venezolana de 33 años. Y agrega: “No digo que esa escena se repite en todas las familias pero tampoco es correcto decir que todos los que vivimos aquí somos piojos resucitados, grasas, esclavistas, narcotraficantes, nuevos ricos.”

 

 

Para muchos de ellos, las denuncias por discriminación son al menos “raras”. Huelen a un montaje para forzar el ingreso del transporte público, algo que les convendría al municipio para mantener sus vínculos con la empresa transportista favorecida y a los desarrolladores para generar valor en zonas aún no explotadas.

 

–Si le hicimos un favor al intendente, no era nuestra intención. Nuestra intención es que no nos discriminen más y poder viajar como corresponde.

 

Dice Liliana, que ahora está en contacto con muchas otras trabajadoras de Nordelta mediante el grupo de Whatsapp “Empleadas”. Lo armaron la mañana del piquete y ya tiene más de 50 integrantes. Por ahí hacen circular links de notas periodísticas, novedades, ideas: se organizan. Al grupo les llegó un mensaje de apoyo del colectivo Ni Una Menos y otro de los obreros de la fábrica recuperada Madygraf, que les ofrecieron su predio para hacer un picnic de fin de año. Será la primera vez que las empleadas de Nordelta organicen un festejo propio.

 


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