Como eco del estallido social que comenzó hace un año, Chile vota un plebiscito para cambiar la constitución vigente, escrita durante el régimen de Pinochet. Desde Santiago, Alejandra Costamagna destripa la memoria histórica y recupera palabras para ese libro colectivo que la sociedad -alerta, decidida, desconfiada- está dispuesta a reescribir.



Este texto es una reedición actualizada del artículo publicado en la Revista de la Universidad de México.

 

 

Recuerdo que tras asumir la presidencia de la República en 2010 Sebastián Piñera habló de “desaparecidos” y de “nunca más” para referirse a las víctimas del terremoto que golpeó al territorio chileno. Empezaba así un ejercicio de reapropiación de palabras cargadas de un sentido político demasiado incómodo para una derecha que llegaba al poder por primera vez después de la dictadura de Pinochet.

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Recuerdo que en mayo de 2019 Sebastián Piñera decidió que el eslogan de su segundo mandato presidencial sería “Chile en marcha”.

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Recuerdo las marchas de los años ochenta contra Pinochet, siempre con miedo pero seguros de que ese “¡Y va a caer!” era necesario y urgente. Recuerdo los años noventa como un tiempo adormilado, quieto, resignado a una transición política incompleta. Recuerdo las ataduras institucionales con la dictadura, los acuerdos tendientes a la impunidad, la profundización del sistema neoliberal. Recuerdo al expresidente Patricio Aylwin cuando anunció que en Chile habría justicia “en la medida de lo posible”.

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Recuerdo las marchas de 2006, protagonizadas por estudiantes secundarios: uno de los primeros signos del despertar ciudadano en postdictadura. Recuerdo las marchas y la masividad del descontento en 2011, que desnaturalizaron la asociación democracia-neoliberalismo, instalada desde el primer día de la transición, y que aún se sostiene en la Constitución Política de 1980.

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Recuerdo que el 7 de octubre de 2019 Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía de Piñera, anunció el incremento en el pasaje del Metro y llamó a la población a levantarse más temprano para aprovechar la tarifa económica. Recuerdo que en un país donde las familias de menores ingresos gastan cerca del 30 por ciento de su salario en transporte, el anuncio de alza fue una bofetada en la cara. Recuerdo la indignación de los estudiantes secundarios, que de inmediato comenzaron a saltar barreras, echar abajo rejas y romper accesos al Metro al ritmo de la nueva consigna: “Evadir, no pagar, otra forma de luchar.”

 

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Recuerdo que el viernes 18 de octubre de 2019 las autoridades amenazaron con invocar la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes y decidieron cerrar las estaciones de Metro. Y dejaron a los ciudadanos sin medios para regresar a sus casas. Recuerdo el masivo cacerolazo de aquella noche, las calles repletas de manifestantes que ya no hablaban de los 30 pesos sino de los 30 años de implementación de un modelo abusivo. Recuerdo los disturbios en las zonas periféricas y, como si viviera en otro país o habitara en una dimensión paralela, al presidente de la República comiendo pizza con su familia en un restaurante del barrio alto de Santiago. Recuerdo la fotografía que alguien tomó e hizo circular por redes sociales y las cacerolas retumbando con un eco multiplicado. Y entonces la reacción de Piñera: desplazarse al Palacio de Gobierno y, pasada la medianoche, decretar estado de emergencia. Como si esto fuera una catástrofe natural, un terremoto. Recuerdo que al día siguiente vino el toque de queda.

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Recuerdo cuando en los años ochenta vivíamos bajo toque de queda y los militares custodiaban las calles con sus rostros pintados y sus metralletas calientes. Recuerdo ese poema de Omar Lara titulado, justamente, “Toque de queda”, que grafica un vínculo inesperado entre intimidad e historia: “Quédate / le dije / Y la toqué”.

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Recuerdo que el domingo 20 de octubre de 2019 Sebastián Piñera dijo: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.

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Recuerdo que, en medio de la guerra imaginaria de Piñera, muy pronto empezamos a saber de gente torturada en las comisarías, abusada sexualmente, herida o asesinada por disparos o a golpe de bastones policiales. Recuerdo cuando los casos de personas con lesiones oculares producto de balines, perdigones o bombas lacrimógenas lanzados por la policía empezaron a crecer y crecer hasta que la Sociedad Chilena de Oftalmología catalogó la situación como una “epidemia de trauma ocular severo”.

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Recuerdo que en octubre de 1980, con el país aturdido por la represión, Augusto Pinochet promulgó la Constitución Política de la República, que invocaba “el nombre de Dios Todopoderoso” para decretar su aprobación. Y que, entre otras materias, no reconocía a los pueblos originarios, mercantilizaba los derechos sociales y establecía la idea de un Estado subsidiario que privilegiaba la acción de los privados. Y que entregaba a ellos, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre el agua. Recuerdo que ésa es la Constitución que nos rige en la actualidad.

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Recuerdo que en mayo de 2018 Diamela Eltit publicó la novela Sumar, en la que un grupo de vendedores ambulantes emprende una procesión de 360 días hacia la moneda (una moneda con minúsculas, que grafica el poder en sus distintas y vinculadas dimensiones: la política y la económica). Recuerdo párrafos como el siguiente: “Incremento la marcha a la que nos sumamos, nosotros, los vendedores ambulantes (chilenos). Una marcha múltiple, la más numerosa del siglo XXI. Una gesta inusual de nosotros, los ambulantes, porque tomamos una decisión radical en nuestras vidas, avalada solo por nuestro ingenio. Es que ya estamos absolutamente cansados de experimentar toneladas de privaciones. Hastiados de los golpes que nos propinan las oleadas de desconsideración y de desprecio”.

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Recuerdo la intervención lumínica de un colectivo de artistas, que una noche de octubre proyectó sobre un edificio de Plaza Italia ocho letras: DIGNIDAD.

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Recuerdo que las marchas se multiplicaron en la primavera de 2019, así como los cacerolazos, las plazas tomadas y la gente protestando en las calles. Recuerdo que junto con las movilizaciones empezaron a brotar cabildos y asambleas autoconvocadas en barrios, universidades, sindicatos, juntas de vecinos, centros culturales, escuelas, plazas o estadios. La gente se reunía a discutir cómo era el país que imaginaba, cuál era el origen de todo esto, cómo se podía sacudir el tablero, cómo se hacía para cambiar el modelo. Cuánto de las demandas sociales estaba frenado precisamente por la Constitución Política de 1980.

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Recuerdo que el viernes 25 de octubre un millón y medio de personas se reunió en Plaza Italia o en sus alrededores y otros tantos miles en regiones, en la más masiva marcha de la historia de Chile. Recuerdo que la demanda por una nueva Constitución sonó fuerte ese día en las calles. Recuerdo que Plaza Italia fue rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad y se transformó en el epicentro de las manifestaciones.

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Foto: Telam 

 

Recuerdo que al día siguiente Piñera habló por televisión. Partió pidiendo un minuto de silencio por los que perdieron la vida estos días. Eso dijo: “los que perdieron la vida”, como si de pronto las personas hubieran extraviado sus vidas así, porque sí. Como si a él no le cupiera ni una responsabilidad. Recuerdo que luego comentó que la marcha lo había llenado de alegría y que “todos hemos cambiado y estamos con una nueva actitud”. Recuerdo que entonces dio por terminado el toque de queda.

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Recuerdo que el viernes 8 de noviembre, en una marcha que congregó a cerca de un millón de personas en Santiago, Gustavo Gatica, estudiante de psicología de 21 años, recibió disparos de perdigones de la policía en ambos ojos. Recuerdo que el sábado 9 se congregó un grupo de personas afuera de la clínica donde Gatica estaba internado, para expresarle su apoyo. Recuerdo que el grupo fue reprimido con fuerza por Carabineros.

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Recuerdo que la ONU solicitó a la policía chilena que dejara de disparar perdigones y balines a los manifestantes y que el domingo 10 de noviembre el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, descartó la idea argumentando que eso podía traer más violencia. 

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Recuerdo que el lunes 11 de noviembre de 2019 una delegación chilena expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reunida en Quito sobre la violencia estatal desatada esos días. Recuerdo las palabras del coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash: “La dictadura militar chilena quedó marcada en la historia por la desaparición forzada de personas como un instrumento de terror: este gobierno pasará a la historia por los cientos de jóvenes que vivirán con mutilaciones oculares como consecuencia de la violencia opresiva […] Desde la Antigüedad que la humanidad no veía un uso semejante de la ceguera como instrumento para callar a la ciudadanía”.

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Recuerdo que la disputa sobre el cambio de la Constitución, resistida hasta entonces por el presidente y la derecha, ya había tomado suficiente fuerza y, tras negociaciones y muñequeos, la mayoría de los partidos políticos firmó en la madrugada del 15 de noviembre un pacto que abriría el camino a un proceso constituyente. Recuerdo que entonces se acordó que el 26 de abril de 2020 habría un plebiscito nacional para definir si la ciudadanía aprobaba o rechazaba la escritura de una nueva Constitución. Recuerdo que quedaron materias importantes por despejar como, por ejemplo, el modo en que los independientes podrían integrar el órgano encargado de redactar el texto, en caso de ganar la opción “Apruebo”. O la garantía de paridad de género y de escaños reservados para pueblos originarios.

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Recuerdo que el 20 de noviembre el colectivo artístico Lastesis presentó su performance “Un violador en tu camino”, que aúna teoría, activismo y arte para denunciar la violencia sexual ejercida por el Estado hacia las mujeres. El título es un guiño al lema de Carabineros en los años 90: “Un amigo en tu camino”. Y una de las estrofas cita textualmente el himno de la institución: “Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente, vela tu amante carabinero”. La coreografía, además, apela en un momento a una de las prácticas de tortura que usó la policía durante la revuelta: las sentadillas que obligaba a hacer a las mujeres desnudas. La intervención callejera revitalizó la protesta y en una segunda jornada, el 25 de noviembre, reunió a dos mil mujeres en Santiago. Recuerdo que “Un violador en tu camino” ha sido traducida y replicada por millones de mujeres en el mundo.  

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Recuerdo que el 21 de noviembre de 2019 Amnistía Internacional dio a conocer su informe sobre Chile, en el que consigna que la intención de las fuerzas de seguridad del gobierno es clara: “dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”. Recuerdo que el informe fue rechazado por el gobierno y la policía, que negaron su veracidad. Recuerdo que al reporte de Amnistía siguieron los de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Recuerdo que dieron cuenta de las brutales violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde el 18 de octubre y recomendaron cambios urgentes en las instituciones de orden y seguridad.

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Recuerdo que el martes 26 de noviembre, mientras caminaba desde su casa al trabajo en la comuna de San Bernardo, Fabiola Campillai, de 36 años, recibió en la cara una bomba lacrimógena disparada por un policía. Al día siguiente los médicos informaron que el impacto la había dejado con ceguera total, tal como a Gustavo Gatica.

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Foto: Telam 

 

Recuerdo que por esos días Sebastián Piñera volvió con su discurso del inicio: “Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie […] que actúa con una planificación profesional y sin límite”. Un enemigo que, además, tendría injerencia extranjera. Recuerdo que el 19 de diciembre el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó a la Fiscalía Nacional un documento que, dijo, reunía información “extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología big data”. Recuerdo que pronto el informe fue filtrado a la prensa: se trataba de un análisis de redes sociales en el que figuraban como influencias extranjeras en el estallido social algunos jóvenes aficionados al K-Pop de origen coreano, actores como el argentino Juan Diego Botto o músicos como el español Ismael Serrano y el rapero puertorriqueño Residente.

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Recuerdo que en enero de 2020 un grupo de estudiantes secundarios boicoteó la realización del examen de ingreso a la educación superior, que por esos días debía ser dado por casi 300 mil jóvenes. Recuerdo que el vocero del movimiento es nieto de un detenido desaparecido de la dictadura de Pinochet. Recuerdo que la ministra de Educación es hija de un ministro de Pinochet, y la recuerdo amenazando al muchacho y anunciando que invocaría la Ley de Seguridad del Estado en su contra. Recuerdo que la derecha decía, entonces, que no estaban dadas las condiciones para iniciar un proceso constituyente.

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Recuerdo que a comienzos de marzo nos organizábamos para ese proceso constituyente que tenía muchísimas imperfecciones y que estábamos discutiéndolas, porque nos movía ante todo la idea de que al fin cambiaríamos el instrumento heredado de la dictadura. Íbamos a cumplir cinco meses en ese despertar colectivo cuando llegó la pandemia y nos recluyó. Recuerdo que el domingo 22 de marzo el gobierno decretó toque de queda para todo el país. Recuerdo que cambiamos las capuchas por las mascarillas y asumimos que si nos cuidábamos individualmente estábamos cuidando a los demás. Recuerdo que pensábamos que el confinamiento nos llegaba con el código de lo colectivo ya incorporado. Que la rebelión de octubre había sido una suerte de adiestramiento. Porque sabíamos que lo que estaba en juego acá, justamente, era la precarización de los más de dos millones de trabajadores informales que no tienen seguridad social, de los migrantes, de las mujeres que asumían mayoritariamente los cuidados de la población vulnerable, de los presos tratados como desechos (decenas de jóvenes detenidos durante la revuelta, sin haber sido procesados, siguen en prisión preventiva), de las personas que viven en la calle, de los ancianos que reciben pensiones de miseria, de los trabajadores de la cultura que siempre han sido ninguneados por un sistema que sólo mide logros productivos. De un orden que todo lo mercantiliza, incluida la enfermedad.

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Recuerdo que ver al ministro de Salud diciendo que Chile tenía “el mejor sistema de salud del planeta” y que el virus podía mutar y convertirse en “buena persona” fue una burla que acrecentó la rabia de la revuelta. Recuerdo que el dictamen de la Dirección del Trabajo, que estableció que en casos de fuerza mayor, como la cuarentena decretada en buena parte del país, los empleadores no estarían obligados a pagar las remuneraciones de sus trabajadores fue otra bofetada, otro punto para la indignación. Fue la evidencia de un sistema que ya no daba para más.

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Recuerdo que la pandemia corroboró el sentido de la revuelta y la urgencia del cambio de la Constitución Política. Recuerdo que el plebiscito fue aplazado por razones sanitarias para el domingo 25 de octubre. Recuerdo que la revuelta seguía ahí: como un fantasma que atravesaba los muros. 

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Recuerdo la intervención lumínica del mismo colectivo de artistas de octubre, que una noche de mayo de 2020 proyectó sobre el mismo edificio de Plaza de la Dignidad seis letras: HAMBRE. Recuerdo que unos focos de luz cegadores, provenientes de un camión escoltado por Carabineros, volvieron ilegible el mensaje. Recuerdo que un diputado de derecha pidió que se investigara y persiguiera a quienes estaban detrás de las proyecciones lumínicas porque respondían a una “ideología y agenda política, violencia incluida”.

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Recuerdo que desde la llegada de esta primavera, la Plaza de la Dignidad volvió a ser frecuentada por manifestantes. Con mascarillas y distancia social, pero con el mismo ímpetu del inicio: las demandas sociales expresadas desde el 18 de octubre seguían sin ser atendidas. Las pintadas y los rayados en los muros habían sido borrados durante el confinamiento. La policía había renovado su arsenal represivo y ahora sofocaba en minutos cualquier intento de manifestación. Recuerdo que el viernes 2 de octubre de 2020 un carabinero arrojó a un muchacho de 16 años al río Mapocho desde el puente Pío Nono.

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Recuerdo que durante la dictadura aparecían cuerpos flotando en el río Mapocho. Recuerdo el lamento de una mujer frente a los cadáveres que llegaban a la orilla. Recuerdo sus palabras en un video que alguna vez vi en el Museo de la Memoria: “Más de 60 años tengo, pero nunca vi cosa igual. ¡Tanto huacho que está quedando, tanto hijo sin padre!”.

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Recuerdo que a un año del 18 de octubre de 2019 el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en su informe anual había establecido que durante estos meses ocurrieron las vulneraciones más graves desde la dictadura, entregaba un nuevo balance: 2.520 querellas presentadas que consideran a 3.203 víctimas de tortura, violencia sexual, heridas oculares, lesiones y otros abusos. Hasta entonces, sin embargo, sólo han sido formalizadas 31 causas y existen 72 funcionarios imputados a nivel nacional.

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Recuerdo que en una entrevista en los años ochenta Pinochet dijo que los derechos humanos eran “una invención muy sabia de los marxistas”. Y también que “la única solución para el problema de los derechos humanos es el olvido”. Recuerdo que en una entrevista en diciembre de 2019 Piñera dijo que muchas de las noticias y los videos relacionados con derechos humanos difundidos estos días “no corresponden a la realidad”. Y que “son falsos, filmados fuera de Chile o tergiversados”.

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Recuerdo que en los años noventa Pedro Lemebel escribió una crónica acerca del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que dio cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Recuerdo que en el último párrafo Lemebel apunta: “Nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más jóvenes, cada día más frescos, como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta, en una canción de amor que los renace, en un temblor de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo”.

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Recuerdo que el domingo 18 de octubre de 2020 volvimos masivamente a las calles, a retomar de una vez lo que habíamos iniciado un año antes. Recuerdo haber pensado, mientras miraba las banderas por el “Apruebo” flameando desde los balcones de los edificios cercanos a Plaza de la Dignidad, que el silencio engañoso del confinamiento ocultaba un rumor afinado en el balbuceo de la incertidumbre. Que éramos las mismas personas, sólo que ahora usábamos mascarillas y veníamos pálidas de encierro y aún seguíamos con toque de queda. Y queríamos abrazarnos, pero nos saludábamos con las cejas o con el codo o con la pura sonrisa que imaginábamos debajo de la mascarilla. Quizás estábamos un poco aturdidas, más precarizadas aún, dolidas por estos días extraños. Había en la calle una emoción nueva que, de a poco, iba surcando su territorio. Teníamos derecho, eso sentíamos, a convertir la rabia y la pena en aguaceros de memoria. Teníamos la urgencia de imaginar un país distinto. Recuerdo haber visto gente con megáfono, explicando el proceso constituyente que estaba encima. Recuerdo haber pensado en las imágenes de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai en la franja por el “Apruebo” a cargo de organizaciones de la sociedad civil. Recuerdo haber pensado, ya de vuelta al encierro, que el domingo siguiente estaríamos haciendo historia. Y que a partir de entonces tendríamos que recuperar las palabras para ese libro colectivo que íbamos a escribir. Y que habría que estar muy alerta y no confiar demasiado y destituir para constituir. Y, ante todo, que no teníamos que olvidar.


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