Antes de que la tiraran de un auto Peugeot 206 en movimiento en el asfalto de una calle del barrio porteño de Villa Devoto, el cuerpo de la joven brasileña Miriam Natalie Alencar Da Silva de 19 años había sido un recipiente: más de 80 cápsulas de cocaína. El último 28 de junio Miriam supo que había zafado de la cárcel cuando pudo pasar sin problemas los controles del Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza junto con su hermana de un año menor. Esa misma noche, en un hotel céntrico en la 9 de julio y la avenida Rivadavia, comenzó a evacuar las píldoras. No llegó a largar todas y las personas que la habían contactado la llevaron a un departamento en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, en La Matanza. Fue en el partido más populoso del conurbano y con nombre de exterminio, en un barrio de casas bajas y comercios, donde la muerte se instaló definitivamente en su cuerpo.
Cada vez que un envoltorio estalla en el intestino de una persona se abre una compuerta donde la cocaína drena y va directo al torrente sanguíneo. El corazón entra en estampida y ya no hay vuelta atrás. Sin asistencia médica, las cápsulas que no logran pasar de las tripas y seguir su camino hasta el colón para salir por el ano se vuelven bombas de tiempo. La vida de Miriam se puso en pausa el domingo a la noche después que estallaran dos de la gran cantidad de píldoras que había traído desde Brasil. Su hermana Miriana Niely Alencar había logrado convencer a las personas que las acompañaban que la acercaran a un centro de salud. Sin embargo, cuando llegaron al hospital de Haedo, se llevaron a la joven moribunda bajo engaños y dejaron sola a la hermana menor, la que no había ingestado píldoras. La chica caminó desorientada durante dos horas y media en una ciudad en la que nunca había estado hasta que se encontró con un patrullero en la esquina de Villegas y San Martín. En su idioma natal, portugués, le explicó a un policía Bonaerense que su hermana estaba desaparecida, que habían venido de Brasil, que les habían prometido mucho dinero. Después de pasar la noche en un refugio, la mañana del lunes, con la noticia del cuerpo arrojado desde un auto en todos los medios de comunicación nacionales, una psicóloga escuchó y asistió a la chica en la fiscalía a cargo de Analía Córdoba, responsable de la Unidad Fiscal de Delitos Conexos y Pornografía de La Matanza. La terapeuta también fue la encargada de contarle que su hermana había muerto. Luego, le preguntaron referencias para ubicar el departamento donde habían estado. Un minimercado, un lugar donde vendían muebles de algarrobo y un dato que los llevó como una flecha directo hasta la dirección que buscaban: un castillo. Desde la ventana del departamento, mientras su hermana agonizaba Miriana había visto la torre de un castillo. Un viejo salón de fiestas y cena show tradicional de la avenida Mosconi. Cualquier persona de la zona, sabe que en ese barrio obrero el cielo además de estar cruzado por cables de teléfono y luz está recortado por una absurda torre medieval.
Mulas, correos humanos, valijas, envases, vagineras, camellos, burros, aguacateras o capsuleras: el lenguaje tumbero encuentra infinitos sinónimos de animales y objetos para nombrar a las estrategias de supervivencia que atajan las mujeres pobres de América Latina y el Caribe. La exclusión social, la pobreza y la violencia machista son las principales causas que las involucran con el micro tráfico. Además de una división social de las tareas dentro de las cadenas del narcotráfico, también hay una división sexual que se evidencia en historias como la de la joven brasileña muerta y las estadísticas sobre encarcelamiento de mujeres y cuerpos feminizados. Los hombres manejan los hilos invisibles de las grandes redes de narcotráfico, mientras que las mujeres ponen el cuerpo y caen presas.
En general, el expediente mediático, además de hacer foco en el morbo, replica el repertorio de apodos para aplanar aún más su cobertura. Rara vez se habla de ellas como víctimas de trata, un paradigma que parece estar reservado en el imaginario para la explotación laboral en talleres clandestinos, campos y la explotación sexual. En este caso, además de investigarse la muerte de Miriam, el relato de su hermana abrió un interrogante que intersecta narcotráfico y trata de personas. Y en el expediente judicial se está siguiendo esa línea. Mientras la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 25, a cargo de Martín Mainardi, investiga la muerte; hay dos personas detenidas por "trata de personas, contrabando y narcotráfico en su modalidad transporte de estupefacientes". Uno de ellos es Binkienaboys Dasman, un ciudadano surinamés con antecedentes por narcotráfico a Europa, en cuyo poder se encontró una cédula verde correspondiente a un Peugeot 206 a su nombre y gran cantidad de dólares, euros y pesos. La otra es una mujer de República Dominicana.
El caso debe leerse en un contexto de tasas exorbitantes de encarcelamiento de mujeres empujadas por la fuerza de leyes de drogas extremadamente punitivas y la imposición de penas desproporcionadas. En todo América Latina y el Caribe las mujeres están siendo apresadas por delitos relacionados con drogas a un ritmo alarmante y el crecimiento del encierro supera, junto a Asia, al de cualquier otra región del planeta. Si bien es cierto que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encierro de mujeres están creciendo a una tasa más rápida.
Según el Institute for Criminal Policy Research, la población carcelaria femenina total en en territorio latinoamericano ha aumentado en 51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparación con un 20% para el caso de los varones. En Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60% de las presas están privada de libertad por delitos relacionados con drogas. La población de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó 271% en Argentina entre 1989 y 2008, y 290% en Brasil entre 2005 y 2013. Los datos se desprenden del informe "Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe", de la organización de derechos humanos WOLA –Washington Office on Latin America–.
“Su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública. Por el contrario, la prisión suele empeorar la situación, dado que reduce la posibilidad de que encuentren un empleo decente y legal cuando recuperan la libertad, lo que perpetúa un círculo vicioso de pobreza, vinculación a mercados de drogas y encarcelamiento”, señala la guía hecha por la Organización de los Estados Americanos. Ante esta situación el informe recomienda aplicar indultos, amnistías y conmutaciones de penas y programas de reinserción laboral.
En Argentina hay, al menos, 3125 mujeres privadas de la libertad: se trata de la mayor cantidad en la historia del país. Se estima que más de la mitad es por infracción de la ley de estupefacientes 23.737. La desfederalización de esta ley en Buenos Aires produjo una sobrerrepresentación de mujeres encarceladas por este delito. En territorio bonaerense, según el Observatorio de Violencia de Género de esta Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (OVG), se alojan 1223 mujeres de ese total. En los últimos 15 años aumentó un 32% la cantidad de mujeres presas. El 61 % se encuentra con prisión preventiva. El 90% de las mujeres presas son madres de las cuáles 56 conviven con sus hijos en las cárceles de Buenos Aires. Pesa sobre ellas un doble castigo: la punición que sufren también alcanza a sus hijos e hijas.
Los números de la población travesti y trans carcelaria también dan cuenta de cifras alarmantes por infracción a la ley de drogas: para 2016 el 95% de los y las detenidos estaban presos por este delito.
Los perfiles de vulnerabilidad de las detenidas se repiten calcados: tiene poca educación, viven en condiciones de pobreza, muchas están a cargo de sus hogares y son responsables del cuidado de personas dependientes –niños/as, jóvenes, personas de mayor edad o con discapacidad–. Todas son fácilmente reemplazables por esta en un sistema que se rige bajo una filosofía del descarte. Según datos oficiales de 2011, nueve de cada diez extranjeras encarceladas por delitos de drogas a nivel federal lo fueron por transportar drogas y el 96 % de ellas fueron primo-delincuentes: no habían tenido conflictos con la ley.
La historia de las dos hermanas brasileñas está, sin dudas, atravesada por el enfoque de género. Debe leerse desde la mirada interseccional que permite ver los infinitos cruces de género, clase, raza, etnia, edad. Hay un dato paradojal: Miriam ingestó casi un kilo de cápsulas en la ciudad de Belém do Pará. Se trata de un nombre emblemático para la lucha de los derechos de las mujeres. En esa ciudad en 1994 allí se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, uno de los instrumentos internacionales más relevantes que define la violencia contra las mujeres y establece que tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Ese horizonte trazado por la Convención todavía parece deseo cuando interrumpe la imagen del cadáver de Miriam en el cordón de la vereda de Villa Devoto. Una escena de violencia explícita que delinea el paisaje económico, sociopolítico, simbólico y cultural de la necropolítica y la violencia machista que se imprime en el cuerpo de las mujeres cuando devienen envases. En la "guerra global contra las drogas" las que van presas o son asesinadas, también son mujeres.