Texto publicado el 20 de marzo de 2018.
Hay al menos cinco listados que circulan en los pasillos y las comisiones del Congreso, horas antes del comienzo del debate. Esos recuentos no giran alrededor de un proyecto particular. Es una pregunta sin matices: ¿Están los diputados de acuerdo o en contra de la posibilidad de que una mujer interrumpa voluntariamente un embarazo?
Los cinco listados coinciden a grandes rasgos: el de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; el de Clarín (102 votos en contra y 94 a favor); el de Economía Femini(s)ta (38,52 por ciento a favor, 42,8 en contra, 7,78 no confirmado); y los de dos legisladoras que cuentan los votos para que la Cámara de Diputados apruebe en comisiones y en el recinto la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (101 a favor, 101 en contra, 53 sin confirmar, dos no votan). A pesar de las diferencias, lo cierto es que hay equilibrio entre apoyos y rechazos, y los que definirán serán los indecisos.
Pero el encasillamiento frío que se traduce en esos archivos de excel pierde de vista el proceso que está atravesando la clase política argentina, recién nacida a un debate que el movimiento de mujeres tiene masticado y digerido desde hace años. Para muchos legisladores nacionales la discusión sobre el aborto está pasando a ser una discusión de políticas públicas y no de cuestiones morales.
Lo puso en palabras en las últimas horas la jujeña María Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de Legislación Penal, una de las que participará de la discusión. "Quiero escuchar y aprender... hay opciones, como modificar el Código Penal, sacar la punibilidad a la mujer. Soy católica pero bajo ningún aspecto voy a llevar mi fe a este debate".
Después de un proceso social y político cuyos orígenes podríamos encontrar en la Ley de Divorcio, los argumentos que el feminismo amasó durante tanto tiempo empezaron a golpear a las puertas del Congreso.
El punto de partida de la discusión ya no pasa por el momento en el que comienza la vida. Ese terreno de debate obstruía cualquier posibilidad de avance. El problema que se plantean los legisladores ahora es otro. Y por eso, esta vez, puede ser que los resultados sean otros.
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El diputado aparece en la lista de los “indecisos”. Y si bien esa ubicación es correcta, el casillero puesto en contexto arroja más información sobre su posible decisión. Es legislador por el PRO. Vive en el área Metropolitana y su jefe político ya se pronunció públicamente en contra de la despenalización.
Eso no le resuelve la indecisión.
Él, por formación católica, siempre tuvo una postura contraria a la interrupción del embarazo. Se negaba incluso a dar la discusión.
Pero eso tampoco le resuelve la duda.
Y es que desde hace semanas su esposa y su hija lo llenan de argumentos, números, estadísticas, razones para que vote a favor. La más chica se enoja mucho. Le dice que no puede entenderlo. Lo presiona. Hace lobby durante la cena. Insiste con que los abortos, legales o ilegales, se practican igual. Y con que el aborto clandestino provoca muchas veces la muerte de la mujer que no puede pagar un procedimiento controlado.
Él se confiesa honestamente abrumado.
Decidió organizar una ronda de consultas. Hablará con médicos, con religiosos y con las diputadas de su bloque que apoyan la despenalización. “Soy católico, pero represento a todos”, reflexionó en los últimos días.
Se dice dispuesto a cambiar su posición histórica sin darse cuenta de que ya lo hizo. No se niega ni a la discusión ni dice que va a votar en contra.
Dice que no sabe.
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La discusión formal, dentro de los andariveles que marca y permite el Congreso, se abrirá este martes a las 18.30. En un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados habrá lugar para unos 700 expositores y largas horas de debate. Los presidentes de esos cuerpos se reparten entre la aprobación y el rechazo.
Daniel Lipovetzky conducirá el debate. El diputado preside la comisión de Legislación General y es uno de los impulsores de la despenalización. Firmante del proyecto transversal que impulsa la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Lipovetzky posó en eventos públicos con el pañuelo verde al cuello. Es una de las figuras más progresistas del PRO. Y prometió poner su influencia al servicio de que el proyecto llegue al recinto en junio.
Las restantes comisiones son: la de Legislación Penal a cargo de Burgos (UCR), la jujeña que está en contra de la legalización pero que a la vez propone explorar vías para no penalizar a las mujeres que aborten; la de Familia, conducida por otra jujeña, la radical Alejandra Martínez, que apoya la despenalización y es firmante del proyecto de la Campaña; y la de Salud, en manos de la macrista Carmen Polledo, una reconocida antiabortista. Es decir, un bonaerense, una porteña, dos jujeñas. Todos oficialistas. Dos del PRO y dos de la UCR. Dos a favor y dos en contra.
Cada uno de los integrantes de la Cámara podrá sugerir hasta cuatro expositores ante el plenario de comisiones. Es decir que podría haber más de mil disertantes durante el tratamiento en las comisiones. Cada uno de ellos dispondrá de siete minutos para argumentar.
El proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito es el que tiene más respaldo y 71 firmas. Propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y garantizar que cualquier persona gestante pueda acceder a ese derecho de forma gratuita en todos los establecimientos de salud del país.
Hay otro en un sentido similar, firmado por el diputado del PRO Sergio Wisky, que además de despenalizar el aborto propone establecer requisitos mínimos para que la ley se cumpla en todo el país. Apunta a que no suceda lo mismo que en la actualidad ocurre con los abortos no punibles, con un protocolo que debió ser establecido por la Corte Suprema y al que adhirieron sólo nueve de las 24 provincias.
También presentaron proyectos de legalización la correntina Araceli Ferreyra y sus compañeros del Movimiento Evita; y el macrista Marcelo Wechsler. Por el Frente para la Victoria-PJ, Daniel Filmus prometió uno más.
Las propuestas que se oponen por ahora son dos y, según prometieron los presidentes de las comisiones que llevarán el debate, se discutirán por vía separada. Una de esas iniciativas lleva la firma de 15 diputados que consideran que cualquier tipo de aborto (incluso los que hoy permite la ley argentina) es violencia contra la mujer, y proponen por eso no sólo la prohibición total, sino además una asignación especial monetaria para las mujeres que hayan quedado embarazadas producto de una violación y para los hijos nacidos de esos embarazos. Se llamaría Asignación Universal del Niño por Nacer. El texto lleva las firmas del cordobés Juan Brügge (Partido Demócrata Cristiano), Silvina Frana (Frente para la Victoria-PJ), Vanesa Massetani (Frente Renovador), Lucila Lehmann (Coalición Cívica) y Stella Maris Huczak (PRO), entre otros. Y está patrocinado por la Red Federal de Familias.
Las comisiones muestran la misma paridad que los relevamientos previos reflejan para el pleno de los diputados. Excepto en Legislación Penal, donde más de la mitad de los integrantes ya se pronunciaron en contra de la despenalización, en las tres restantes la decisión estará en manos de los que todavía no definieron o no publicitaron su postura.
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Daniel Scioli sorprendió en una entrevista con Luis Novaresio para Infobae. De ex candidato que hizo campaña con su foto rezando arrodillado en una Iglesia a diputado que reconoce que la legalización del aborto tiene relación con la disminución de las muertes maternas. Scioli es otro de los legisladores que viene analizando el tema en charlas con su equipo y que se está nutriendo de lecturas para tener argumentos durante la discusión. En los días en los que habló con Novaresio venía leyendo, justamente, estadísticas sobre cómo impactó la despenalización en la mortalidad materna.
Entiende, dicen quienes hablan con él a diario, que hay un problema de salud y de políticas públicas que es urgente. Y que mantener la penalización de los abortos no permite solucionar ese problema.
Está en la transición.
Los episodios que se conocen de su vida personal colaboran, sin dudas, en ese giro. Hace casi un año, cuando el ex candidato contó públicamente que estaba esperando un hijo de Gisela Berger, la modelo se mostró sorprendida por su declamada felicidad. “Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría... quería que me haga un aborto. A-bor-to”, dijo. Según su relato, cuando le contó a Scioli del embarazo, la reacción del diputado fue: “No. Esto es una cagada. ¿No hay algo para hacer?”.
Pablo Ibáñez y Walter Schmidt, biógrafos de Scioli, cuentan que un episodio similar atravesó Margarita Renteria Beltrán. La rosarina es la mamá de Lorena, a quien Scioli reconoció como hija cuando ella ya tenía 16 años, después de un juicio por filiación en 1993.
Sin una contradicción tan flagrante, otro diputado que fue señalado públicamente fue el macrista fueguino Gastón Roma, quien se opone a la despenalización pero aparece en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos provincial por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria para la manutención de sus hijos.
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Una diputada oficialista de una de las provincias más grandes también atravesó varias semanas de indecisión y de repensar sus posiciones sobre el tema. Aunque para ella ese proceso ya está terminado: va a votar a favor.
A pesar de su posicionamiento histórico, vinculado a su vida social y política en una región con mucho peso de la Iglesia Católica, ella coincide con los principales argumentos que aportó el movimiento de mujeres.
Pero no lo dice en público.
Cuando los periodistas le preguntan ella dice que votará en contra.
No quiere tener que gestionar las presiones de la Iglesia Católica en los dos meses que quedan de debate.
Cuando llegue la votación, confía, su postura quedará diluida en un mar de otros doscientos cincuenta y pico de votos.
El que cuenta sin temor cómo fue variando su postura a lo largo de los últimos años es Juan Cabandié. “Hubo varias cuestiones que me llevaron a tomar esta posición. Principalmente entender, con los datos duros, con las mismas estadísticas, que la penalización no impide la práctica del aborto”, dijo.
Todas las transiciones van en la misma dirección: diputados que estaban en contra y ahora dudan o están a favor. Y para los muy indecisos, las diputadas impulsoras del proyecto ya están dando una estrategia alternativa: conseguir que, si no votan a favor, se ausenten.
Así, habrá que mirar también a quienes no asistan a los debates. Ninguna ausencia será inocente, con una sola excepción: Julio De Vido, preso desde fines de octubre del año pasado. Y en caso de que consiga la excarcelación, el ex ministro ya avisó: apoya el proyecto de la Campaña y votaría a favor.
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Con el debate ya instalado en la calle y el Congreso, una de las incógnitas que aparecen en el horizonte es por la postura que podría adoptar el Senado. Con tino, analistas y observadores marcan la fuerte institucionalidad inescindible entre la Cámara alta y las provincias: a la hora de los votos se traduce en una influencia muy fuerte de los gobernadores sobre las bancas.
En el Senado, es cierto, las cuestiones provinciales suelen pesar más que las llamadas nacionales (que muchas veces son apenas la expresión del área metropolitana de Buenos Aires). Ese escenario, sumado a la fuerte influencia de la Iglesia Católica en la mayoría de las provincias, empuja a quienes siguen de cerca la discusión a pensar que el Senado podría terminar por hacer caer la posibilidad de una ley.
Quienes empujan la ley desde la Cámara de Diputados observan otros detalles. El primero es que hay senadores que están atravesando procesos parecidos al de los diputados. Muchos de ellos piden información extra, se juntan con las legisladoras referentes en el tema. El debate despertó su atención.
Una de las senadoras más importantes de la Cámara alta, por ejemplo, analiza votar a favor. Cuando se haga pública esa postura, si finalmente se concreta, será una noticia fuerte. Estaba hasta ahora identificada con un pensamiento conservador, más cercano al de quien la acompañó en la boleta electoral. Pero en las últimas semanas mantuvo reuniones con una de las diputadas de su partido, ante quien reconoció su silencioso viraje a favor de la despenalización.
Un recorrido similar, aseguraron ex legisladoras que estuvieron cerca suyo, está haciendo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ahora juega al misterio y sus voceros dicen no tener información. Sólo remiten a sus últimas declaraciones públicas sobre el tema, en septiembre del año pasado. En una entrevista con Víctor Hugo Morales, dijo: “Yo creo que la sociedad lo tienen que discutir independientemente de las posiciones que tengamos cada una de nosotras. Me molesta mucho la estigmatización contra las mujeres que están a favor del aborto. Cuando se pueda dar la discusión en un marco civilizado y sin estigmatizaciones, el Congreso lo va a tomar”.
Y el Congreso lo tomó.
También en el Senado hay un dato político que para los entendidos no pasó desapercibido: el jefe del bloque del PRO en esa Cámara, Humberto Schiavoni, se pronunció a favor de la despenalización. Schiavoni, misionero, es además presidente del PRO a nivel nacional. Su postura pública reverberó al interior del bloque oficialista. Apareció como contrapeso de otra de las figuras importantes del bloque: el ex ministro de Educación y ganador en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que no sólo está en contra de la legalización del aborto sino que considera que los embriones son ciudadanos.
Además, la otra figura de peso en la Cámara, el rionegrino Miguel Pichetto, también apoya la despenalización.
El escenario está abierto y falta todavía un trecho largo. La Cámara de Diputados dedicará al menos tres meses al debate antes de poder siquiera pensar en tratar el tema en el recinto. Recién entonces, y sólo si se aprueba allí, el tema llegará al Senado. Una Cámara que, por estos días, sigue la discusión desde lejos pero atenta.