Fotos: Agencia Infoto
—Tiene que ser un sueño, tiene que ser un sueño, tiene que ser un sueño.
Recién salida de la Unidad Penal Femenina Nº4 de Tucumán, Belén repite la frase arriba del auto de su abogada Soledad Deza. Está en libertad después de dos años, cuatro meses y 23 días de encierro, por un delito que no fue probado y que ella niega haber cometido: el asesinato de un bebé al que los médicos dicen que parió sola en un baño de hospital.
El penal queda en la Banda del Río Salí, un barrio periférico del Gran San Miguel, que, por tratarse de una ciudad de poca extensión, está a sólo 20 minutos en auto de la Casa Histórica, donde el Congreso de Tucumán declaró la independencia en 1816 y donde 22 gobernadores y el Presidente de la Nación celebraron en julio pasado el bicentenario. Un paredón de ladrillos bordea la puerta de rejas que separa la libertad del encierro. Del lado de afuera, el jueves al mediodía, cerca de treinta integrantes de la Mesa por la Libertad de Belén acompañan a la abogada y a su indignación por la demora: hace dos días que la Corte Suprema local ordenó liberar a Belén.
Alguien llama al Servicio Penitenciario provincial. No hay información. Otro llama al juez, que jura que ya hizo todo lo que le correspondía. Hay quienes consultan a funcionarios provinciales. Todos dicen tener menos información que quienes hacen las llamadas. Sigue sin haber novedades. El joven guardia que custodia la puerta recibe cada diez minutos la consulta de la abogada o de alguna de las personas que esperan la libertad de Belén, casi todas mujeres. La respuesta es siempre la misma:
—No sé nada. Voy a averiguar. Cualquier cosa, le aviso.
Ocho horas pasan desde la presentación del habeas corpus para agilizar la liberación. Hasta que una de las militantes informa:
—Hablé con alguien de la policía. Están saliendo para acá con el oficio y, con ese documento, le dan la libertad.
Entre enojos y expectativas, Deza entra al penal.
La Mesa armó máscaras blancas con la leyenda “Somos Belén”. La idea es que se las coloquen todas las presentes, incluso ella, no sólo a modo de símbolo sino también para confundir a las cámaras que también hacen guardia en la calle. Cae el sol y llega el oficio. Las chicas de la Mesa forman dos filas, una a cada lado de la puerta, convirtiéndose en un pasillo humano. Se proponen no dejar pasar a la televisión pero la negociación es difícil. Hay algunos cruces, tensión, emoción contenida. Las cámaras son apenas dos, porque el resto cubre la marcha en apoyo a la abogada de Derechos Humanos Laura Figueroa, quien sufrió un atentado en su casa.
A las 20:18 del jueves 18, se escuchan aplausos a ambos lados del paredón. La vitorean las internas, ésas que al principio la gozaban si lloraba a escondidas y terminaron aprendiendo de derecho. La aclaman las organizaciones, que afuera cantan “Olé, oleeeeé, olé, olaaaaaaaá. Olé, oleeeeeé, olé, olaaaaaá. Hoy conseguimooooos la libertaaaaaad, y estos jueces se la tienen que bancar”.
Las cámaras de televisión consiguen la imagen más contundente de la jornada: con la máscara blanca que tapa su cara y un gorro de lana fucsia que le cubre el pelo, Belén camina los diez pasos que hay de patio abierto entre la oficina de recepción del penal y la reja de entrada. Después de haber contado los minutos de cada uno de los 881 días que estuvo encerrada, observa cómo le abren la reja. Las cámaras ya no la ven: el pasillo armado por las militantes queda enseguida cubierto por un toldo improvisado entre dos banderas que se juntan. Dentro del toldo, donde está la joven liberada, puede leerse en los dos trapos “Libertad para Belén”. La emoción y el apuro son tales que ella no llega a mirar pero sí alcanza a sentirse protegida por ese abrazo entre telas, que le permite caminar a paso ligero hasta el asiento trasero del auto que la va a llevar a vivir la libertad.
Con una sonrisa en la cara, la abogada Deza se pone al frente del volante. Otros dos miembros de la Mesa se suben al auto. Los escolta un segundo vehículo, también con miembros de las organizaciones. Ambos se pierden en dirección al centro. Por más intentos que hacen los medios locales de perseguirla, por más guardia que mandan a la casa donde vivía años atrás y a las zonas que solía frecuentar, no vuelven a verla.
“Tiene que ser un sueño, tiene que ser un sueño, tiene que ser un sueño”, empieza a repetir Belén en ese auto y sigue haciéndolo hasta hoy. Cuando la mesa chica de la Mesa grande se baja del vehículo en el primer destino, Belén reúne a esas cinco o seis personas en un patio y les pide:
—Por favor, griten conmigo: ¡Soy libreeeeeeeeeeeee!
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Dos o tres segundos de silencio se escuchan en diferentes barrios de la capital provincial cuando algún lugareño es consultado por “el caso Belén”. Alcanza con preguntar sobre el tema para calcular que la mayoría de los casi 800 mil habitantes del Gran San Miguel de Tucumán está más concentrada en su rutina que en averiguar de qué se trata el asunto. Hay quienes -“de pasada”- reconocen haber escuchado un título al respecto, sobre todo en medios nacionales. Pero saber, sólo unos pocos saben detalles. Es más frecuente cruzarse con carteles o pintadas que mencionan a Belén en la Ciudad de Buenos Aires. De los 90 kilómetros cuadrados que ocupa la capital tucumana en el norte argentino, apenas pueden verse en el centro algunos grafitis aislados que reclaman “aborto seguro, legal y gratuito”, y cada tanto un recuadro en la tapa del diario local refiriéndose al caso.
—¿Belén? Ni idea.
—¿El qué? Uh, no, che. No sé.
—Algo de un aborto, creo.
Frases que se repiten, con pocas variantes, hasta que, de vez en cuando, surge un representante de la minoría informada. Es una minoría difícil de rotular. Los que han escuchado lo que vivió Belén no son ricos, pobres, jóvenes o profesionales. Hay de todo. Algunos de ellos confluyen en el Parque 9 de Julio, el principal espacio verde urbano de la región noroeste. Uno de los límites de este predio conocido como “el pulmón de la ciudad” es la avenida Soldati, que aun conserva los carteles de celebración del bicentenario y donde funcionan las cadenas hoteleras con mayor cantidad de estrellas de la zona. En el pasillo de uno de esos hoteles, Pamela intenta dejar limpia una habitación antes de que llegue el huésped de turno. El huésped llega más temprano, se cruzan, y ella nota que él carga en su mano una de las máscaras blancas con la consigna “Somos Belén”. Pamela se apresura a dejar libre el cuarto, abre la puerta para irse, la deja entornada, se asoma y pregunta:
—¿Dejaron libre a la chica?
Frente al hotel, sobre otro de los laterales del parque, Claudia está instalada con su mesada plegable porque hace meses consiguió imponerse como única vendedora de tortafritas de la cuadra.
—Nunca escuché hablar de Belén, pero contame.
Los tres adolescentes que hacen picnic a 50 metros responden algo parecido. A las caras de desconcierto se suman las de la familia Estévez, casi toda sentada alrededor de la mesa de cemento que ofrece la plaza, mientras los niños revolotean en el arenero. Pasan dos chicas a paso firme. La más joven, de no más de 30 años, lleva a su bebé en un cochecito. La otra, apenas mayor, contesta convencida:
—Yo sé de qué se trata. Belén es una chica a la que metieron presa por un aborto espontáneo.
La minoría informada tiene sus opiniones repartidas entre la versión de Belén y la de los médicos pero sabe que, en la madrugada del 21 de marzo de 2014, la joven se puso la campera Adidas blanca y le pidió a su mamá que la acompañara a una guardia porque tenía cólicos renales. “La chica”, soltera, 25 años, trabajaba en una cooperativa municipal, ganaba 2.500 pesos por mes y vivía con sus padres. En una familia de muchos hermanos, hombres y mujeres, era la única que había terminado el secundario.
Aquel viernes, cerca de las 3 de la mañana, Belén y su mamá llegaron al Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda. Ubicado en el barrio Villa Urquiza, a cinco kilómetros del centro y a unas 15 cuadras del Cementerio del Norte, “el clínicas” queda enfrente de un penal de varones. Recién pintado, con salas flamantes y poco movimiento nocturno, a simple vista se lo nota en mejores condiciones que su homónimo de Capital Federal. El sector de guardia cuenta con tanta protección policial como las calles más transitadas de la ciudad norteña y los oficiales tienen su propia oficina, al lado de los tres consultorios. Son ellos quienes ordenan la fila de pacientes que esperan atención.
Esa fila hicieron Belén y su madre. Tras una revisación superficial, a la paciente le inyectaron un calmante y la dejaron recostada en una camilla. Hasta ahí, la única parte de la historia en la que todos coinciden. Eso y que Belén nunca más volvió a su casa, porque del hospital fue derecho a prisión. Nadie se hace cargo de haberla denunciado pero el fiscal Washington Dávila, titular de la Fiscalía V, fue quien resolvió detenerla e inició la causa por la inexistente figura penal de “aborto seguido de presunto homicidio”.
Ella declara que, después del calmante, en las primeras dos horas que estuvo en la guardia clínica, fue dos veces al baño, cerca de cinco minutos en cada ocasión. En el medio le pusieron suero. La segunda vez que fue al baño tuvo un pequeño sangrado, como un coágulo, y luego regresó a la camilla, donde una enfermera la cubrió del frío con una frazada. Pasó cerca de una hora y le dijo a su mamá: “Creo que me hice pis”. No era pis, estaba sangrando. Por eso la trasladaron a Ginecología, en el primer piso del centro de salud.
En esa sala la recibió el doctor José Daniel Martín. Él le informó que llevaba un embarazo de dos meses y medio pero que estaba teniendo un aborto espontáneo. El cuadro requería un raspaje, al que el médico, en términos técnicos, llamó “legrado”.
—El doctor le ha preguntado dónde estaba el bebé porque ha constatado la placenta y el cordón umbilical. En virtud de todo lo que estaba pasando, se comunicó con el equipo de salud mental. Han ido psiquiatras, la han evaluado, la han visto. Desde el punto de vista médico y profesional, se hizo lo que correspondía hacer, que ha sido atender a la paciente.
Miguel Ferré, subdirector médico del hospital, se defiende, a él y a su equipo, pocas horas antes de la liberación de Belén. En su declaración testimonial, el doctor Martín reconoce otro orden de prioridades: “Lo que nos urgía a nosotros era averiguar qué había pasado con el feto y atender a la paciente”.
Belén no supo qué contestar ante la pregunta sobre el feto. “Cuando me desperté, estaba rodeada de policías. Un empleado de la policía, uniformado, me estaba mirando mis partes íntimas. Después vino un enfermero con una cajita que tenía una cosita negra chiquita. Y me dice, éste es tu hijo”, le contó a la periodista Mariana Carbajal. “Mirá lo que hiciste, hija de puta”, relata Belén que le decía el enfermero.
La enfermera María Liliana Monges declaró que entró a uno de los baños, se puso guantes, metió la mano en el inodoro y percibió “una superficie dura”. Dijo que, al ser partera, “sabía que era una cabeza, era un bebé, de aproximadamente 30 centímetros, ya desarrollado. El cordón umbilical estaba como desgarrado, no había placenta”.
Los médicos y la enfermera concluyeron que, cuando fue al baño, la joven parió “un bebé de 32 semanas de gestación” y que, con sus propias manos, cortó el cordón umbilical y tiró el feto al inodoro. Los profesionales sostienen que Belén, con un embarazo de ocho meses que nadie percibió en las dos horas que fue atendida en la guardia clínica, caminó los 100 ó 200 metros que hay hacia el baño –algunos médicos señalan el baño más cercano y otros el de la guardia pediátrica-. Que ahí, conectada a una vía intravenosa, tuvo un parto prematuro. Que cortó el cordón. Que golpeó a ese feto hasta matarlo de un “traumatismo encéfalocraneano”. Que lo dejó tirado, y que volvió a la camilla, sin el menor signo de las contundentes hemorragias que suele producir tanto un aborto espontáneo como un parto prematuro.
En rigor, el único que asegura que el feto tenía 32 semanas es el perito Armando Gustavo José, del Cuerpo Médico Forense. La investigación penal cita distintos relatos, que van de un embarazo de 15 semanas de gestación a uno de 22.
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Fuera de los involucrados en el expediente, casi nadie se enteró del Caso Belén hasta el mes de abril, recién en 2016, cuando llegó la hora del juicio. Hasta entonces, la acusada pasó por tres abogados: Walter Frías Barrera, con quien no se avanzó demasiado; el ex fiscal Abraham Musi, quien le soltó la mano este año, cuando la familia no llegó a juntar los 20 mil pesos de sus honorarios y sólo reunió 7.500; y la defensora oficial Norma Bulacios, a la que conoció pocos días antes del juicio y que, según cuenta Belén, le indicaba que debía hacerse cargo del hecho que le imputaban.
Después de que el fiscal Carlos Sale pidiera una condena de 14 años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo y con alevosía”, el 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, con las firmas de su presidente, Dante Julio José Ibáñez, y los vocales Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas, sentenció a Belén a ocho años de prisión por el delito de “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación” y prorrogó la prisión preventiva. Entre otras referencias, el fallo comparaba este hecho con el caso de Romina Tejerina, la joven jujeña condenada a 14 años de cárcel por matar a su hija recién nacida, de la que aseguraba que había sido producto de una violación.
El fallo de Cámara dice que Belén “dio a luz a un bebé de sexo masculino, de aproximadamente 32 semanas de gestación, con una talla de 36 centímetros y 950 gramos de peso, el cual nació con vida”. El bebé del que habla el fallo sólo figura en el expediente a través de una foto. El feto se perdió. Y antes de perderse, nadie le hizo los estudios de ADN para certificar el parentesco que los jueces le atribuyen a Belén.
Deza, su actual abogada, integrante de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir e histórica militante feminista, ya había visitado a la imputada en la cárcel y le prometió ayuda. Estaba conmovida con su causa y había resuelto hacerse cargo de la defensa pero recién tras la sentencia, porque faltaban pocas horas para eso y no había tenido acceso al expediente. Deza estalló de bronca cuando, en el último día del juicio, se enteró de que no había un ADN.
—Para que haya un homicidio, tiene que haber una prueba de homicidio, y no la hay. Y para que haya un homicidio agravado por el vínculo, tiene que haber un vínculo. No porque el forense ponga en la pericia que es hijo de mi defendida sin hacer un ADN, yo voy a colegir un vínculo —dice hoy, después de haberse puesto la causa al hombro y llevarla hasta la Corte provincial. Todavía resta esperar el pronunciamiento del máximo tribunal tucumano sobre el fallo condenatorio.
No todos sintieron lo mismo que Deza sobre la falta de estudios que certificaran el vínculo.
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—El ADN no es necesariamente la única prueba por la cual se puede establecer la identidad.
Lo dice Ibáñez, presidente del tribunal. El juez decidió creer en la palabra de los tres enfermeros y cuatro médicos que declararon y no en la de Belén.
El despacho de Ibáñez no es demasiado grande. Desde su ventana del primer piso de los tribunales penales tucumanos de la calle Sarmiento, los más nuevos, puede verse cómo salen a fumar los empleados judiciales, escondidos entre la arboleda del patio interno. En ese mismo despacho, Ibáñez estudió el caso Marita Verón y condenó a nueve de los diez acusados del secuestro y prostitución de la joven, desaparecida desde 2002. También fue ahí donde firmó la sentencia que condenó a tres ex policías por encubrir la muerte de Paulina Lebbos, la chica de 23 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dos semanas después de su desaparición. El juez se sienta detrás de su escritorio, una clásica mesada de madera, cuya superficie más alta se cubre por un vidrio que protege y a su vez deja a la vista fotografías familiares y varias estampitas.
—Era el único bebé que estaba en el baño. Ella tenía el cordón umbilical cortado a tirones. Se encontró la otra parte del cordón, que coincidía. No quedan muchas dudas de quién era la madre —enumera en su despacho, aunque ninguno de esos enunciados se coteje con pruebas en el expediente—. Yo no tengo porqué desconfiar de la guardia del hospital.
La defensa de Belén sí se pregunta por qué los médicos armarían algo así. Desliza que podría haber más de un feto y cuestiona si no hubo otras embarazadas ese día en el hospital. Los jueces sostienen que no. Deza sospecha que quizás se está encubriendo otro caso. No está segura. Tampoco descarta que se hayan ensañado con la paciente creyendo que quiso abortar. Belén jura y perjura que no sabía que estaba embarazada antes de entrar a Ginecología. Eso no quita que el personal de esa guardia pudiera pensarla en la casa tomando pastillas abortivas que le provocaran aquellos dolores que la llevaron al hospital. Con o sin especulaciones, las versiones son dos. Ibáñez sólo desconfió de una.
—Y jamás se discutió de aborto; se discutió de homicidio agravado.
—Pero en la historia clínica sí se habla de aborto espontáneo.
—Mire, en la historia clínica un médico puede llegar a poner lo que ve en un primer momento.
Los jueces del tribunal que condenó a Belén –a quienes en Tucumán se llama “vocales de Cámara” porque sólo les dicen “jueces” a los de Instrucción- no quieren dar entrevistas a los medios. Se limitan a hablar con algunos de alcance nacional “porque esto ha tomado mucha trascendencia”. Los tres defienden el fallo condenatorio sin dudarlo.
Ibáñez sabe que su accionar en el Caso Belén está en la mira de sus superiores. Se defiende diciendo que no tendrá inconvenientes en dar precisiones si le hacen un juicio político.
—De haber tenido alguna duda, la hubiera absuelto.
La hija de Ibañez milita en una organización que apoya el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de un embarazo.
—Los médicos no violaron el secreto profesional porque hay un delito de por medio. El médico tiene la obligación de denunciar. Si no, entra uno disimulando un balazo después de haber matado a alguien para robarle, y el médico tiene que quedarse callado —dice el juez .
—Un aborto no es un balazo.
—Bueno. Es un delito.
La Ley de Salud Pública (26.529) dice que “toda actividad médico - asistencial debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles”. El artículo 156 del Código Penal reprime al que, “teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”.
Los médicos dicen que no fueron ellos quienes hicieron la denuncia. Y aquellos que declararon en el juicio no quieren hacerlo ante la prensa. Lo hacen, en su defensa, los delegados gremiales y autoridades del hospital. Cuando el caso se hizo público, empezaron a circular por redes sociales historias de mujeres que denuncian abusos por parte del doctor Martín. “A mí me maltrataron haciéndome sufrir 16 horas de trabajo de parto, 21 tactos, dejándome sentada en el inodoro y no me dejaban levantarme. Usted, señor Daniel Martín, cuando me di por vencida y no aguantaba los dolores, me contestó: ‘Ahora, por pelotuda, te vas a una cesárea’”, dice un texto de Facebook que se viralizó pero no se plasmó como denuncia judicial. A partir de esos comentarios, los médicos organizaron un abrazo simbólico al Hospital Avellaneda. Martín estuvo ahí, lejos de los micrófonos.
—Hay médicos que son mala gente. Éste no, éste es de los mejores — dice Adriana Bueno, delegada del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán. A través de un comunicado, el gremio se solidarizó con “los trabajadores que estuvieron de guardia ese día y cumplieron con su deber”, y repudió “a los cobardes que descalifican y escrachan, amparados en el anonimato”. El texto cierra con una conclusión: “Somos trabajadores y no el pato de la boda entre quienes están a favor y en contra del aborto, que tampoco es este caso, pues se trataba de un embarazo de más de siete meses”.
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Tras hacerse cargo de la defensa, Deza presentó dos recursos extraordinarios: uno para que cese la prisión preventiva y otro para declarar la nulidad de la causa. Mientras empezaban a correr los 90 días hábiles de plazo para la decisión de la Corte Suprema tucumana, once organizaciones, de los más diversos orígenes, se presentaron ante el máximo tribunal como amicus curiae, con los mismos argumentos de Deza.
Poco antes, un total de cuarenta organizaciones, entre las que se cuentan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Andhes, Asociación de Prensa Alternativa, y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), habían conformado la Mesa por la Libertad de Belén, para planear acciones conjuntas con ese único objetivo. A eso se sumaron las 120 mil firmas que Amnistía Internacional recolectó en distintas partes del mundo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo lo propio al exhortar al Estado argentino a revisar el caso. Y el Poder Ejecutivo intervino: el Consejo Nacional de las Mujeres, que preside Fabiana Túñez, envió al tribunal otro amicus para la liberación de la joven y pidió que se investigue a médicos y enfermeras por la violación del secreto profesional; y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hizo una presentación ante la Corte provincial en el mismo sentido.
—Apenas tuvimos conocimiento del caso, pusimos a trabajar a los abogados de la secretaría para analizarlo. En la última reunión del Consejo Federal en Tucumán le hicimos llegar nuestra preocupación al máximo tribunal —dice Avruj.
Cuando faltaban dos días para la marcha nacional que exigía “Libertad para Belén”, este mismo reclamo, que se hizo hashtag y se coló en premiaciones internacionales y videos de artistas locales, surgió de la voz del ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez. Emitió un dictamen donde evaluaba la falta de fundamentos para extenderle la prisión preventiva y argumentaba, como el recurso de la defensa, que la mantuvieron presa de oficio, porque no hubo pedido previo del fiscal de Cámara. Dos semanas antes, en otro dictamen, le había dicho al máximo tribunal que la condena debía ser anulada.
Apenas pasado el mediodía del martes 16 de agosto, la Corte respondió a uno de los dos reclamos, el más urgente: se pronunció sobre la prisión preventiva. Con la firma de los jueces Daniel Posse, Antonio Estofán y Antonio Gandur dispuso la liberación de la joven, que ahora tiene 28 años. El fallo indicaba que los miembros de la Sala III de la Cámara Penal, que la habían condenado y mantenido presa, debían instrumentar la libertad de Belén. Esa orden de la máxima autoridad judicial de la provincia demoró 55 horas en cumplirse.
Al día siguiente de la decisión de la Corte, a las 8:40 de la mañana, Belén fue trasladada a Tribunales para ser notificada de la orden de libertad. El traslado se hizo sin que ninguna autoridad judicial le avisara a su abogada, quien se enteró por la hermana de Belén y corrió al edificio judicial. La joven, todavía detenida, permaneció cinco horas esposada en la alcaidía. Deza consiguió entrar a la fuerza a ese cuartito e impidió que la policía la mostrara esposada, a cara descubierta, en esos pasillos que por esas horas estaban llenos de periodistas a los que fuentes judiciales les habían pasado del dato del traslado.
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“¡Ahora, ahora, resulta indispensable! ¡Liberen a Belén, la justicia es responsable!”, gritaban al unísono las decenas de mujeres de la Mesa que se concentraron en el hall del primer piso hasta que la policía las desalojó junto a los periodistas. Recién ahí, Belén pudo sentarse frente al secretario y recibir la notificación oficial de la decisión de la Corte. Lo que Belén no comprendía era por qué, si la decisión estaba tomada, la seguían privando de su libertad.
—¿Hasta último momento me harán sufrir? —preguntó llorando. Nadie respondió. La llevaron de nuevo al penal.
Los jueces de la Sala resolvieron que la joven podía recuperar la libertad a través de una caución de 40 mil pesos. La versión de los magistrados era que los dos fiadores demoraban en presentarse ante la mesa de entradas de la Cámara a firmar el papeleo y que la familia de Belén se había atrasado en el pago de los mil pesos que cuesta el trámite de sellado –dinero que, en gran parte, salió del bolsillo de la abogada-.
—Citaron a los fiadores a las 11.30 y Rentas cierra a las 12. No hubo tiempo para hacer todos los trámites —decía Deza, en la puerta de los Tribunales, convencida de que el requisito podía hacerse con su defendida en libertad y que el atraso era el modo que tenían los jueces de mostrarle su poder —. Estamos ante una justicia penal a la que es muy fácil entrar pero de la que es muy difícil salir.
Para la abogada, la sentencia de la Corte no le dio el cese de prisión, hizo más que eso: dijo que los doctores Ibáñez, Macoritto y Fradejas no tenían competencia para decidir la prórroga de su prisión.
—O sea que podemos decir que hace cuatro meses que ella está ilegítimamente privada de la libertad.
El jueves a la mañana, decidida a no dejarles pasar una a los que no se ocupaban de liberar a su defendida, la abogada de Belén presentó ante la Corte tucumana un recurso de habeas corpus para apurar el trámite y se plantó en los tribunales junto a dos miembros de la Mesa a ver si, de una vez por todas, mientras la familia de la chica pagaba el famoso sellado, los vocales de la Sala III mandaban el oficio al Servicio Penitenciario y se hacía efectiva la libertad.
Deza fumaba y hablaba con la prensa en ese patio que se ve desde la ventana del despacho del juez Ibáñez. Como si no hubiera existido el habeas corpus, los secretarios de la Sala III buscaron a la abogada y le dijeron que, si se comprometía a llevar al otro día la documentación pendiente, los jueces estaban dispuestos a ordenar la liberación. En secreto, a escondidas de los miembros de la Sala, sabiendo que la respuesta de los magistrados obedecía a la presión que ella había hecho ante el máximo tribunal de la provincia, Deza y las dos chicas se abrazaron emocionadas, creyendo que faltarían minutos para lograr la liberación.
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Belén no se llama Belén. Deza le puso así, para que su identidad quedara protegida ante los medios y entre los vecinos. La elección del nombre no fue azarosa. Ya en un caso parecido, que ahora está en manos de la Corte Suprema de la Nación, la abogada le había puesto “María Magdalena” a una paciente que entró a otro hospital provincial con un aborto incompleto. “Belén” es de origen hebreo. Significa “la casa del pan” y recuerda a una ciudad cercana a Jerusalén, donde nació Jesús.
Pocos días antes de la liberación de la joven, su nombre real trascendió en la prensa porque nadie lo había tachado de los expedientes que el Poder Judicial les proveyó a los periodistas. A pesar de los pedidos de la defensa para que se protegieran esos datos, el juez Ibáñez le explicó a la prensa que “el nombre no tiene ninguna protección; protección tiene quien es víctima, menor o testigo reservado: acá hay una imputada”.
La falta de sentencia firme indica que Belén es inocente porque por el momento no se demostró lo contrario.
—En esta sociedad occidental y cristiana donde vivimos, no debe haber un delito más estigmatizante que el de homicidio agravado por el vínculo. Ya el de aborto es estigmatizante, imaginate lo que es una matahijos —dice Deza, y se pregunta: — ¿Cuál es el valor de revelar su nombre, si no es generar un daño?
La preocupación por preservar la identidad tiene más que ver con el apellido. Ya sabe que es probable que sus conocidos sepan quién es pero, además del temor a ser señalada, como describe Deza, Belén quiere evitar que el caso le genere problemas a la familia, sobre todo a los hombres de la familia. Esos hombres eligieron no verla en prisión. Nunca un varón visitó a Belén en el penal. Iba la mamá, la hermana, nunca un varón. No ser un peso para los hombres de la casa es tal vez su mochila más grande. Se reencontró con su papá recién a los dos días de recuperar la libertad. Él necesitaba tiempo.
Los hábitos que Belén consiguió disfrutar en sus días de prisión fueron leer y escribir. Leyó, entre otros, Mujercitas, de Louise May Alcott; El país de las mujeres, de Gioconda Belli; y Jaque a la reina, del que participa su abogada y que describe las causas iniciadas por aborto en Tucumán en los últimos 20 años. Escribió detalles de su caso. Los sentimientos, las vivencias. Tiene deseos de publicar ese material, siempre bajo el nombre de Belén, mientras todavía espera que la Corte anule el fallo condenatorio.
Entre todo aquello que escribió, redactó un agradecimiento a quienes la apoyaron y resumió sus sensaciones en pocas líneas, para que Deza las difundiera: “En esta sociedad, muchas veces, para ocultar algo buscan a alguien a quien echarle la culpa. Señalan con el dedo a personas que no pueden defenderse y se las acusa. No se las escucha. Son culpables por su cara, por su ropa, por ser pobres o por ser mujer, como yo”.
Y sigue: “A nadie le importó lo que yo tenía para decir. Yo dije mi verdad, pero nadie me escuchó. Me creyeron culpable apenas me vieron. Todos han hablado de mí como si yo fuera un monstruo (…). Esta sociedad se convierte en suciedad cada día que pasa sin que haya justicia (…). Lo que más lamento es que me separaron de mi familia. Gracias a todos los que piden por mí y los que me acompañan desde todos los lugares. Ojalá que ninguna otra chica tenga que pasar lo que estoy viviendo yo. Muchas, muchas, muchas gracias por luchar por mí”.