Después de declarar por las coimas en el Senado, Mario Pontaquarto perdió la familia, el trabajo, los amigos: pensó en tirarse desde un balcón. Aún así, su caso es un ejemplo de cómo debería funcionar el sistema de testigos protegidos. Si un argentino se niega a declarar se lo acusa de obstruir a la Justicia. Historias kafkianas de hombres y mujeres que pagaron un precio muy alto por contar la verdad.



Cuando se despide de su hijo, Mario Pontaquarto tiene una sonrisa serena. Lleva un jean celeste gastado, remera rosa y zapatillas. Apaga el celular y lo apoya sobre la mesa. Al lado, deja el botón de pánico encendido, la luz roja titilando. Afuera, lo espera su custodia.

 

— Hablé porque sentí un gran cansancio. Creí que si le decía a un juez lo que sabía, en dos meses todo estaría resuelto. Necesitaba que mis hijos supieran que fui un corrupto, que me arrepentí y afronté las consecuencias.

 

En 2003, Pontaquarto denunció que varios legisladores habían recibido coimas millonarias para aprobar la Ley de Flexibilización Laboral sancionada en el 2000: según dijo, él había sido el encargado, como secretario parlamentario del Senado, de llevar la valija con el dinero. “Es uno de los episodios más vergonzosos de la vida política de nuestro país desde la restauración de la democracia en 1983”, escribió el actual juez de la causa, Daniel Rafecas, en la solapa de El Arrepentido (Sudamericana), el libro que Pontaquarto publicó en 2005.

 

Se estima que en Argentina hay más de 750 causas de corrupción que han quedado impunes. Él decidió confesar. A casi diez años, y mientras se inicia el juicio oral que involucra al ex presidente De La Rúa, ¿lo volvería a hacer?

 

— No lo sé. De lo que estoy seguro es que no podría decirle a otros que hagan lo mismo. No después de lo que pasé esperando el fallo de la Justicia que fue y vino durante años.

 

Hablar o no es una decisión solitaria.

 

El arrepentido, a diferencia del testigo, participó en el delito. Para la sociedad es un delincuente. Difícilmente, reciba algún reconocimiento por una confesión que lo condenará. Además, existe una asociación directa, de tipo cultural, entre denuncia y delación: el que habla es un traidor.

 

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Según la ley argentina, los testigos y arrepentidos por delitos de corrupción no tienen derecho a recibir protección. Los especialistas advierten que es una falla grave, y dicen que la solución es tan sencilla como que exista una ley única, de aplicación en todo el país y para todos los delitos. Y que el poder judicial debería ser el responsable. De otro modo, ¿querría el poder ejecutivo proteger a un testigo que, por ejemplo, está dispuesto a denunciar un acto de corrupción política que afecte su gobierno?

 

— Cuando en 2003 tomé la decisión de hacer la denuncia, y mientras esperaba que me vinieran a buscar para ir ante el juez, trataba de pensar que hacía lo correcto, que valía la pena que mi mujer y mis tres hijos (Tomás, Lucía y el mayor, Leo, de 14 años en aquel momento) estuvieran escondidos, fuera del país, en un lugar que ni yo conocía.

 

En 2007, la Fundación Soporte, que ofrece contención legal, psicológica y ayuda en la reinserción laboral de testigos y arrepentidos, consiguió que Mario Pontaquarto fuera incluido en el programa nacional de protección como una excepción.

 

En estos años, Pontaquarto se volvió insulinodependiente. Tiene la panza hinchada. Dice que es por las dos dosis que se aplica por día.

                                                  ***

Noviembre de 1998. Es el cumpleaños del menor de los cuatro hijos de Adriana, una mujer humilde con una vida, hasta ese día, normal. Tocan la puerta. Los policías le dicen que por un llamado anónimo, el fiscal se enteró que Adrián, su hijo de catorce años, vio un doble homicidio: debe declarar. Le piden a Adriana que prepare, rápido, un bolso con sus cosas y las de los chicos. Le informan que, por su seguridad, los van a incluir en un programa de testigos protegidos. Le dicen que se van a ocupar de ellos, que nada malo les va a pasar.

 

Adrián y su madre hubieran preferido seguir su vida. Pero alguien dijo que él había estado en la ferretería el día que los dueños mataron a dos ladrones que entraron a robar. Adrián quedó obligado a testificar. Si se negaba, podría ser acusado de obstruir la justicia.

 

— Nada de lo que se debe hacer ocurrió aquel día. No hubo una evaluación de riesgos, no tenían infraestructura, ni logística, ni presupuesto, ni equipo especializado —dice en su estudio de Mar del Plata el abogado penalista César Sivo, que participó en la causa que tuvo a los primeros testigos protegidos del país, en un programa piloto de la provincia de Buenos Aires. —Estaban más preocupados por mostrarle a la prensa que el programa que habían aprobado unos meses antes estaba en marcha, que por proteger a esta familia.

 

Recién se empezaba a analizar cómo debía implementarse un programa eficaz, de quién debía depender, qué delitos tenía que contemplar el programa nacional, y cuáles otros quedaban bajo la responsabilidad de cada provincia.

 

¿Era recomendable que fuera el poder judicial o el ejecutivo el encargado de manejar el presupuesto que secretamente se destina a financiar a los protectores y a los protegidos?

 

— Los arrancaron de su casa sin tener un domicilio estable para relocalizarlos. Para protegerlos hacían cosas que generaban más desprotección.

Adrián tuvo que dejar a su novia, a los compañeros del grupo de boy scouts, a los amigos del barrio. No pudo despedirse. No los volvió a ver. Le prohibieron ir a la escuela, perdió el año y después le costó retomar; le hubiese gustado estudiar para ser electricista.

 

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De aquellos días recuerda el encierro, la falta de comida, la garrafa de gas que no alcanzaba para toda la semana, a su madre desesperada reclamando por el tratamiento psicológico y los remedios que uno de sus hermanos necesita.

No se olvida del cumpleaños que no pudo festejar ni de la navidad compartida con otros testigos en el encierro de una misma casa. “Nos trajeron una bandeja de asado y ensalada; ni siquiera un pan dulce”, comentó en una nota de 2007 del diario La Capital.

 

Gustavo Visciarelli, el periodista que hizo la entrevista, se acuerda de que a pesar de que habían pasado ocho años del caso, Adrián le pidió, por favor, que no publicara su apellido.

 

El día del juicio, Adrián se desmayó. La psicóloga que lo atendió quince minutos antes de declarar le dijo a la madre que en tan poco tiempo no podía hacer nada, que la contención tendría que haber comenzado el mismo día que entraron al programa.

 

Adrián se acuerda que había $ 50 mil de recompensa para quienes ayudaran a esclarecer el doble homicidio. Nadie les habló de eso. Ni él ni su madre quisieron preguntar.

 

Pocos meses después del juicio, Adriana se cansó de esperar: buscó un trabajo y abandonó el programa. Uno de los homicidas —contra los que había declarado Adrián—continuaba prófugo y había sospechas de un posible encubrimiento policial. Nada de lo prometido se cumplía, ni la relocalización en otra ciudad, ni el cambio de identidad.

 

Ahora, están bien. Viven. Trabajan. Adrián tiene veintitrés años y una mujer, es medio oficial de albañil. “En la declaración, pusieron que me presenté espontáneamente…. Yo, ahora de grande, quisiera que se aclare, no sé por qué llegaron a mi casa… No sé qué peligro vieron, no sé que pensaban ellos. Yo siento que me usaron para esclarecer un caso y no les interesó meterse en mi vida…”, dice.

 

Adriana sigue trabajando y se ocupa de sus hijos menores. Después de varios llamados y dudas, desde algún lugar en Mar del Plata, finalmente escribe un mensaje de texto que dice: “Con todo respeto, sé que me va a saber comprender, esa historia es parte de mi pasado, y no me hace bien hablar de eso, le agradezco pero no voy a decir nada”.

 

Catorce años después, los especialistas dicen que en la Argentina el sistema ha mejorado. Especialmente en relación con delitos federales: lesa humanidad, narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro extorsivo, trata de personas, terrorismo. Casos que involucran redes tan complejas que incluso existen acuerdos de colaboración internacional. Sin embargo, para los delitos comunes, como un homicidio, los sistemas de protección son diseñados por cada provincia.

 

Algunas, tienen programas para ciertos delitos; otras, ni siquiera para esos.

 

                                                                          ***

Hace poco más de un año, un juez federal le pidió a Darío Díaz, el Director del Programa Nacional de Protección de Testigos argentino, estadísticas oficiales para una disertación que debía realizar en Londres. El director ofreció los siguientes datos: testigos involucrados en el Programa: 5.400; testigos que ya han testificado en juicio: 2.000; testigos que desistieron de prestar declaración, ninguno. Eso era todo. El juez no disimuló su molestia. Necesitaba números, cifras, tasa de éxitos y de fracasos, saber cómo se hace una matriz de riesgo, cómo evalúan el impacto. ¿Y los manuales de procedimiento? ¿Y el organigrama de la Dirección? “El mejor programa de protección es el que no se ve”, respondió el Director. Eso fue lo único que dijo.

 

El juez viajó a Londres, hizo su presentación y al finalizar se disculpó por las pocas estadísticas. Sus colegas extranjeros celebraron la discreción.

 

El secreto del éxito de un programa de protección es, justamente, el secreto que lo envuelve.

 

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Miles de veces el plan se cumple a la perfección, en silencio. Otras no. Por un error, una omisión, un detalle extraviado, un testigo puede morir. Sólo entonces, el caso se hace visible.

                                                                              ***

Nadie tiene obligación de confesar lo que sabe acerca de un crimen o un delito. Sin embargo, si alguien dice que esa persona estuvo ahí, la cosa cambia. En ese caso, el silencio deja de ser una opción. Aportar pruebas o declarar en contra de alguien puede ser peligroso. Es entonces cuando el sistema se activa. El juez pide protección para el testigo, los expertos analizan el riesgo y si deciden que es necesario incorporarlo al programa comienza a articularse una estrategia hecha a medida, una táctica que no debe dejar rastros.

 

El alcance de las medidas de seguridad depende de la gravedad del caso y del peso de la prueba. Lo primero que se calcula es el riesgo; se mide el impacto que las acciones tendrán sobre la vida cotidiana del protegido y su familia.

Riesgo e impacto. Desde lo más simple a lo más complejo. Custodia permanente, un botón para enviar señales de alarma, instalación de cámaras de seguridad en el domicilio, reubicación geográfica en otra ciudad del país o incluso en el extranjero, reinserción laboral y, en los casos más extremos, cambio de identidad. Las estrategias se hacen aún más complejas cuando la vulnerabilidad del testigo se contagia a su familia, cuando hay hijos en edad escolar.

 

En todos los casos el testigo debe firmar un consentimiento. Debe saber, entender y aceptar que lo van a mantener a salvo. Pero que esa seguridad tiene un costo y ese costo puede ser alto. Su libertad y su intimidad no van a ser las mismas. ¿Durante cuándo tiempo? En teoría, en pocos meses. Pero el objetivo ideal no siempre llega a cumplirse y los testigos, a veces, abandonan el programa.

 

Si un testigo no cumple con su parte del compromiso, viola las medidas de seguridad, no acepta hacer lo que le dijeron, el responsable del programa, previo consentimiento del juez, puede quitarle la protección.

 

Lo saben pocas personas. Se hace y deshace en secreto. Como si no hubiera sucedido.

 

En enero, desde su celda donde estaba detenido en la comisaría segunda de Trelew, Bruno Rodríguez Monsalve, de 23 años, vio cómo los policías violaban a un chico. Los denunció. Al día siguiente, una moto de la policía lo atropelló, lo amenazaron. La justicia de Chubut decidió incluirlo en un programa de protección. Lo trasladaron, en secreto, a otra ciudad, y con su testimonio, encarcelaron a varios de los policías, descabezaron la cúpula.

 

Dos meses después, Bruno volvió a Trelew para realizar unos trámites personales. Sería algo rápido, sencillo. Después, regresaría a la ciudad que nadie en su pueblo conocía.

 

El 26 de marzo, el cuerpo del testigo protegido apareció en la puerta de la casa de sus padres. Le habían dado tres puñaladas. La familia de Bruno, todavía, no pudo hacer el duelo. El asesinato sigue sin resolverse.

 

Junio de 2010. Dos ex conscriptos llegan a Mar del Plata desde alguna pequeña ciudad del interior del país. Bajan del avión custodiados por guardias de civil, dejan sus cosas en un hotel y se dirigen al juzgado, prestan declaración, cuentan lo que vieron y escucharon en el centro de detención clandestino más oscuro que tuvo la ciudad durante la última dictadura militar.

Después, vuelven al hotel, recogen sus valijas y se alejan del mar.

Y en el momento que hacen eso, ya son otros. Los pasajes de avión tienen nombres y apellidos diferentes; la ciudad de destino no es la misma desde donde llegaron. Viajan hacia un lugar que nadie conoce: ni el abogado, ni el director general del programa, ni la custodia que los protegió.

 

En algunos casos, todo sale bien. En otros, no.

 

Cuando el 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López desapareció en la ciudad de La Plata, no tenía custodia ni un botón de pánico desde donde enviar una señal de alarma.

 

López había sido querellante y testigo clave en el juicio que condenó a prisión perpetua al ex represor Miguel Etchecolatz por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983). Después de la derogación en 2003, de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Etchecolatz fue el primer funcionario de la dictadura en ser llevado a juicio. El testimonio de López, que estuvo secuestrado en un campo de detención clandestino dirigido por Etchecolatz, fue fundamental en el proceso que dejó involucrados a más de 60 militares y policías.

 

El caso todavía no se resolvió. Los Organismos de Derechos Humanos continúan exigiendo su aparición con vida y una investigación exhaustiva que de respuestas a la sociedad y a su familia.

 

Sus hijos siguen reclamando ante la justicia por los responsables de su desaparición. “El programa estaba creado y sin embargo nadie le ofreció seguridad. Julio López no tuvo la posibilidad de tener ni siquiera una custodia. Sus hijos no acusan a nadie, pero tienen derecho a saber quién fue responsable —dice el abogado de la familia, Alfredo Gascón—. Al menos, el sacrificio de Julio López sirvió para que se tomara conciencia de los riesgos. Ahora, a cada testigo que aporta su testimonio en estos casos se le ofrece protección.”

***

En lugar de esconderse, a diferencia de otros testigos, Mario Pontaquarto eligió exponerse públicamente: utilizó su aparición en los medios como una estrategia de protección. “Cuanto más visible sea, menos se van a animar a hacerme algo”, dice.

 

Los tiempos de la justicia no fueron los que él imaginó al confesar. Durante seis meses recibió un subsidio de 450 dólares. Desde hace cinco años, lo acompaña una custodia.

 

A medida que pasaba el tiempo, su vida se derrumbaba. Después de declarar, perdió su puesto en el Senado, los amigos no le hablaban, los dirigentes de la Unión Cívica Radical, su Partido, no le hablaban, se divorció, sus hijos se fueron a vivir lejos de Buenos Aires.

 

—¿Sabés lo que es haber tenido poder, plata, y de repente no poder festejarle

un cumpleaños a tu hijo? ¿No tener un peso para comprarle un pantalón? Que nadie te de una mano, que los que te quieren ayudar te pidan “favores” a cambio. Que la madre de tus hijos te llame y te recuerde, una y otra vez, lo que hiciste, que te pregunte qué sentido tuvo.

 

En septiembre de 2008, el entonces ex presidente provisional del Senado de la Nación JoséGenoud, uno de los denunciados por Portacuarto, se suicidó con dos disparos en el pecho. Sus allegados dijeron que la depresión que sufría el ex senador tenía que ver con temas personales. El portal Periodismo de verdad escribió: “La traición de Pontaquarto que Genoud no pudo soportar.”

Pocos meses después, él también intentó suicidarse.

 

Su pareja lo encontró en el balcón. Le pidió que no lo hiciera. La mujer no se acercó mucho. Tenía miedo de que cualquier movimiento suyo pudiera impulsarlo a saltar. Estuvieron una hora en silencio. Ese fue el tiempo que tardó Pontaquarto en desistir de lo que para él, en ese momento, era el único fin posible.

 

— No lo hice porque se me cruzó la cara de uno de mis hijos.

 

El 29 de julio de 2009, el diario La Nación publicó una carta de lectores en la que su abogado, Hugo Wortman, describía: “La lucha lo está consumiendo… Hemos intentado todo para conseguirle algún tipo de reinserción social, sin ningún éxito…No consiguió trabajo, perdió sus afectos, no tiene medio de subsistencia, su fortaleza psíquica se agota y se prolonga su agonía, regresando del vacío del otro lado del balcón. Toda o parte de la sociedad puede considerar que éste es un problema individual de Pontaquarto… ¿Esto es así?…Como sociedad, ¿podremos hacer algo? Caso contrario, será otro final decepcionante.”

 

— Tuve que soportar de todo. Desprecios, dudas. “Por algo habrá hablado”, decían. “¿Cuánto le habrán dado?”. Después de diez años, se empiezan a convencer. Me ven trabajando como encargado en un restaurante, ven que sigo peleando ante la justicia para que se pruebe que mi testimonio es verdad. Recién ahora, me felicitan en la calle, o me hacen notas preguntándome cómo me siento, cómo está mi vida.

 

Desde el año pasado trabaja en un restaurante cubano. Durante el verano, abrieron una sucursal en Córdoba y pudo llevar a sus hijos los tres meses de vacaciones.

 

—Pude volver a disfrutar la vida. ¿La custodia? Todo el tiempo conmigo. Una noche me olvidé de avisarles que iba a ver un recital. Al ratito, lo tenía al Director del programa en el teléfono: que dónde me había metido, que los muchachos estaban como locos. Le pedí disculpas. No me di cuenta. Tal vez, por el trabajo, con mis hijos alrededor me sentí otra vez un hombre normal.

El día que decidió contar lo que había hecho, lo que sabía, Pontaquarto dejó de ser un hombre normal.

 

Hace pocos días, comenzó el juicio oral. Quizá, como arrepentido, obtenga una reducción de la pena. En la Fundación Soporte, creen que muchos, miles, estarán esperando el resultado para decidir si hablan o no.

 

—¿Qué espero yo? Una condena. Si no la tengo, no la tendrá ninguno de los imputados.

 

Se abrocha el botón de pánico al cinturón del pantalón y enciende el celular. Tiene varios mensajes de sus hijos, y uno del dueño del restaurante cubano. Prometió cocinar comida argentina y está retrasado.

 

En la entrada del edificio, lo espera la custodia: la puerta abierta, el auto en marcha.

 

En los últimos tres años, son los mismos seis policías de civil que hacen turnos para darle protección. A ciertos amigos les incomoda esa presencia. Otros la aceptan. En esos casos, puede pasar que en alguna quinta del Gran Buenos Aires los custodios terminen compartiendo la mesa de un asado. Amigos no, pero existe un vínculo respetuoso. Se conocen desde hace mucho.

 

— Solo, solo, no volvés a estar nunca más.


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