Antes de que Emiliano meta mano sobre la manija dorada del ascensor, Carolina Stanley lo saluda con un beso en la mejilla. Así lo hizo el primer día de diciembre del año pasado, cuando viajó desde su casa de Palermo hasta el Ministerio de Desarrollo Social, la mole racionalista ubicada en la 9 de Julio y la avenida Belgrano. Y desde entonces, salvo que ella venga muy embalada con el celular, la ministra y el empleado de planta repiten el ritual dentro de esa caja de uno por uno: sonrisa amplia y roce de cachetes. Después, Emiliano mueve la palanca hasta señalar el piso 14, cumpliendo con un tarea casi extinguida como trabajo rentado. Morocho de rulos, cara poceada y ojo derecho de vidrio, el hombre está encantado con la amabilidad que despliega la nueva ministra y su elenco de secretarios. Y no es el único. Superado el temblor inicial de los 1.165 despidos en el Ministerio -según datos oficiales; los gremios cuentan un poco más-, la “sencillez” de Stanley se volvió un comentario de pasillos, recepciones y ascensores.
Hija del ex presidente del Citibank y ejecutivo del Banco Macro (Guillermo Stanley), educada en la bilingüe Saint Catherine School, muchos le auguraron un paso breve por Desarrollo Social, un área de gestión clave en un contexto de inflación alta y problemas de empleo. Lleva ocho meses al frente del ministerio. Sólo en el hall de entrada del edificio hay dos bustos dorados de Eva y uno de Perón. En las fachadas del Ministerio están los famosos dos murales gigantes, el de la Evita sonriente de cara al sur, y el de la más combativa orientada hacia el norte de la Capital. Y sobre las paredes internas de mármol crema, entre banderas de los gremios estatales de ATE y UPCN, abundan las placas en homenaje de parte de los compañeros hacia la compañera Evita. En diciembre muchos se preguntaron cómo haría Stanley, la cheta, para dialogar y negociar con los pobres, punteros y militantes ideologizados que reciben planes del Ministerio: una reversión periodística de la dama y los vagabundos.
Las respuestas están en la propia biografía de Stanley y en algunas acciones de su gestión. La ministra estudió abogacía en la UBA de los noventa (una Universidad de Buenos Aires bastante más caótica que la mítica de los sesenta, setenta y hasta ochenta) y no en la Católica, El Salvador o alguna otra privada, como hizo Mauricio Macri, pero también María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti, las mujeres con perfil más alto dentro del PRO. Fue en la facultad pública de Derecho donde, según su propio relato, la vocación social se le presentó casi como una revelación, mientras cursaba una materia que ponía el foco en la situación de los presos. La sensibilidad por las personas vulnerables se le armó en un big bang estudantil que la empujó hasta su puesto actual.
En una reunión que mantuvo en marzo pasado con seis intendentes peronistas, Stanley también hizo gala de su estilo llano y anti-aristocrático. Sin sobreactuar campechanismo, los recibió sola y cebó mates para los que tenía más cerca de la cabecera: Martín Insaurralde (de Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (de San Martín) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). A los de la punta, Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa) y Ariel Sujarchuk (Escobar), les habilitó mate y termo muleto para que se autoabastecieran. Los intendentes fueron a reclamar la ampliación de la tarifa social antes las enormes subas de los servicios públicos. “No nos dio soluciones porque no quisiera, sino no porque no podía. Igual fue la única que puso oído, mientras todos los demás ministros estaban en Suiza”, valora a la distancia uno de los intendentes.
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El motoquero arranca con el semáforo de Corrientes en rojo. Acelera a tope, dobla por el único carril libre de 9 de Julio y grita, cogoteando: “¡Se les acabó la jodaaaaa!”. Daniel “Chucky” Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, interrumpe su declaración a los micrófonos de los únicos dos movileros presentes en ese corte parcial, en diagonal al Obelisco. Campera inflada, bufanda ancha y manos en los bolsillos por el frío, Menéndez está resfriado. Y por eso le cuesta imponer su voz sobre el ruido del motor, mezclado con el grito motoquero. Hace una pausa, mira irse a la moto por la avenida y sigue hablando como si el mini-episodio jamás hubiese existido: “Uno puede comprender que se haya recibido una herencia muy difícil, que la situación económica sea muy compleja, pero no se puede dejar en la lona a familias que la vienen pasando muy mal”, redondea la idea.
A la derecha de Menéndez, dos muchachos en fila sostienen a San Cayetano en una especie de camilla de madera. El santo del trabajo tiene un metro de alto y suele hacer base en un comedor de Rafael Castillo, La Matanza, pero sale de gira en cada marcha, reclamo y piquete que protagoniza esta organización nacida al calor del colapso de 2001. A lo largo de 16 años, Barrios de Pie ya realizó cientos de protestas, al punto de naturalizar los insultos en su contra. Pero en los últimos meses aceleró el ritmo de movidas callejeras en contra de los tres gobiernos PRO: el porteño, el bonaerense y el nacional. Con un promedio de más de un reclamo grande por mes, en lo que va de 2016 es el movimiento social que más seguido le muestra los dientes al macrismo, a pesar de no haber roto ni por un instante la mesa de negociación.
“El ADN de Stanley, como de casi todo el PRO, es diálogo, diálogo, diálogo. Ella nos recibió varias veces, nos escucha y toma nota. Pero las políticas económicas generan un perjuicio enorme, cortan las changas, y ya no hay plan social que calme la situación. A cada rato hay que rediscutir todo”, opina Menéndez, mientras confirma con el pulgar arriba que sí, que van a dejar dos carriles libres durante la marcha. El compañero capta el mensaje de Chucky (le dicen así por su cara de muñeco, pese a sus 37 años) y se lo retransmite a uno de los policías federales encargados de custodiar la caminata hasta Avellaneda.
Barrios de Pie es el brazo territorial del Movimiento Libres del Sur: cuenta con unos 30 mil militantes propios y maneja casi 10 mil cooperativas. Tiene locales y comedores en el conurbano bonaerense (San Martín, Escobar y Lomas de Zamora) y también en algunas ciudades del interior (Mar del Plata, Rosario y San Salvador de Jujuy), pero su fuerte está en La Matanza: ahí se ubica su polo productivo, como lo llaman sus referentes. En una zona con poca presencia del Estado, la organización maneja microemprendimientos, cooperativas textiles, de herrería, panadería y servicios, ferias, un centro de capacitación en oficios y unos noventa comedores. En ese centro matancero ubicado en Carlos Casares 1100, en Rafael Castillo, el principal problema no es el corte de los programas sociales, sino la caída de las changas. Unos 150 cooperativistas de Barrios de Pie reciben 3120 pesos (en su mayoría, a través del plan Argentina Trabaja), a cambio de 20 horas semanales de trabajo. Y si bien esa plata nunca llegó a cubrir las necesidades básicas de una vida digna, y muchas veces funcionó como un subsidio disfrazado, hasta hace unos meses se potenciaba con la venta en ferias precarias. Como las de González Catán y Laferrere, donde la exigencia de calidad para la ropa es bastante menor a la que rige en La Salada. Ahora ese rebusque se cortó. “Se está usando mucho el trueque o la venta de cosas usadas”, dice el referente de Barrios de Pie en La Matanza, José Oscari, un morochón de pelo larguísimo y panza redonda. Oscari a su vez es docente en un taller de higiene y seguridad que se dicta en el polo matancero, al que deberá volver después de la protesta.
Durante la campaña electoral de 2015, el futuro de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen se puso en duda: Stanley decidió mantenerlos. Destinados a desempleados sin subsidio social, a excepción de la Asignación Universal por Hijo, apuntan a que los trabajadores se asocien en cooperativas y realicen tareas de mejora de infraestructura, limpieza y trabajos en talleres, sobre todo en sus barrios y municipios. El Argentina Trabaja alcanzaba -y lo sigue haciendo- a unas 105 mil personas, en 143 localidades de 15 provincias, aunque el 50% del plan está concentrado en el conurbano bonaerense. En abril pasado, cuando el deterioro social se empezaba a percibir, Macri anunció un aumento del 20% en el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen (similar al AT, pero específico para más de 80 mil mujeres vulnerables). Planchado en 2.600 pesos desde octubre de 2014, los casi 190 mil beneficiarios de ambos programas pasaron a cobrar 3120 pesos.
Pero la verdadera novedad PRO fue una especie de puenteo a las intendencias que antes administraban los fondos para la compra de herramientas y materiales. Ese poder derivó en algunas denuncias por irregularidades o simple desconexión entre los tiempos de los municipios y las necesidades de los trabajadores. En adelante, los llamados entes ejecutores podrán ser las propias organizaciones vinculadas a las cooperativas.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (una agremiación de los trabajadores precarizados, vinculado al Movimiento Evita) será ente ejecutor de unos 17 emprendimientos. Barrios de Pie, que todavía está en negociaciones con el Ministerio, administraría al menos tres entes.
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A contrapelo de un gabinete con fuerte presencia de CEOs y gerentes (recién venidos desde la empresa, como el ministro de Energía Juan José Aranguren desde Shell, o con breve experiencia previa en el gobierno porteño, como el de Transporte Guillermo Dietrich), Stanley no pasó a ministra desde el sector privadísimo de las grandes compañías. A los 40 años, su ascenso es más un resultado de su tránsito por el mundo de las ONGs, en particular de las orientadas hacia la actividad política. Macrista desde la primera hora del 2003, entre 2004 y 2007 fue directora ejecutiva del Grupo Sophia, el think tank que Horacio Rodríguez Larreta había armado en 1994 para amenizar el salto hacia la gestión estatal. A la fecha, el semillero de Rodríguez Larreta ya dio dos hits electorales y una promesa a confirmar: María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y él mismo en la Capital, más la posible candidatura a diputada de Stanley en las legislativas del año próximo.
Si bien ella no muestra demasiado interés en postularse, ni realiza operaciones de prensa para potenciar sus chances de ocupar una banca, su nombre es uno de los que más se repite en las reuniones de Casa Rosada. Así ocurre en parte por la falta de cuadros y recambio dentro del PRO, un déficit que en realidad afecta a todo el sistema político. Frente a la necesidad macrista de caras frescas y confiables, su hipotética candidatura pasa por alto un antecedente desalentador: el Ministerio de Desarrollo Social nunca fue un trampolín eficaz hacia cargos electivos. El fracaso de Ramón Palito Ortega fue el ejemplo más rotundo. Hacia fines de los ochenta el Estado protector empezaba a desaparecer, y la pobreza se revelaba como un problema autónomo y estructural, al que ya no se podía abordar lateralmente desde el Ministerio de Trabajo o de Salud, tal como se había hecho hasta entonces. Ante esa tendencia argentina y mundial, Carlos Menem creó en 1994 la Secretaría de Desarrollo Social con rango de ministerio. Y en 1998, designó al cantante y ex gobernador tucumano Palito Ortega para foguearlo como su sucesor presidencial. Vista desde el pragmatismo, en un contexto de descrédito social en alza hacia los políticos tradicionales (faltaban apenas tres años para que explotara la bomba antisistema del “que se vayan todos”), la promoción del tucumano no parecía una mala idea. El plan menemista era que el artista popular usara ese puesto como vidriera, a fuerza de anuncios, actos y cercanía con los pobres. Pero el proyecto se derrumbó: Ortega terminó pactando para ser el candidato a vicepresidente de Eduardo Duhalde, y ambos fueron derrotados por la Alianza en 1999. Si Stanley llega a ser la cabeza de lista del macrismo en provincia de Buenos Aires (Macri así lo desea), le tocará poner a prueba la vigencia de esa maldición. Si se presentara, al menos tendría (casi) garantizado un voto proletario: el del ascensorista Emiliano.
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La primera toma la hicieron en mayo de 2004, en un baldío de dos manzanas que ya tenían estudiado. Funcionaba como basural y con cada lluvia se convertía en un lodazal imposible. El dato alentador era que el dueño había muerto hacía más de 40 años sin dejar herederos. Esa toma bonaerense de Villa del Parque, a 200 metros de la colectora, justo cuando el acceso oeste empalma con la ruta 7, fue la primera ocupación organizada en la ciudad de Luján. El grupito se componía de unas 60 familias. No tenían un discurso político claro ni muy unificado: tomaban pedazos de tradiciones peronistas y de izquierda, de experiencias piqueteras e instintos de superviviencia.
El origen conceptual de aquella movida se remontaba al año 2002 y a unos 100 metros de donde se haría la toma: 15 jóvenes desempleados se habían empezado a reunir en la iglesia del barrio. Ahí discutían, se daban ánimo y proyectaban rebusques colectivos. A los meses, abrieron un comedor y armaron una huerta. Se consolidaron como grupo y referencia barrial, al punto de que decidieron bautizarse como Movimiento de Trabajadores Comunitarios. Eligieron ese nombre descriptivo y de ideología casi neutra, a pesar de que varios de sus integrantes ya militaban en el Frente Popular Darío Santillán. Tras esa etapa de autoafirmación, en 2004 se jugaron a encarar el problema de las viviendas. Coparon el baldío y lo lotearon en 52 terrenos. Desde ese momento, tardaron más de cinco años en construir la primera tanda de 16 casitas, todas con techos de chapa, tanque de agua a la vista, luz eléctrica y cloacas.
En 2009 armaron una cooperativa para anotarse en Argentina Trabaja, impulsados por el kirchnerismo tras la derrota legislativa contra Francisco de Narváez. Desconfiaban del gobierno, pero se sirvieron de sus reflejos políticos ante la caída electoral. A partir del (relativo) éxito de la primera toma, encararon otra en un terreno vecino. Para cumplir con los requisitos burocráticos del Argentina Trabaja, armaron tres cooperativas más, y en 2011 terminaron 20 viviendas nuevas. En 2015, otras 20 más. Así, con 56 hechas y entregadas a lo largo de más de una década, este movimiento se convirtió en un importante constructor de viviendas para Luján, una ciudad de 100 mil habitantes y en la que nunca se desarrolló el plan Procrear. Esas 56 casas fueran las únicas hechas con ayuda de un plan estatal, ya sea nacional, provincial o municipal.
A 12 años de la primera ocupación precaria, hoy el grupo tiene un galpón propio para trabajar, una camioneta Ford F100 roja y un Toyota Hilux del 81, que en los días buenos arranca. En el barrio todos los conocen y los saludan por las calles de tierra. Ahora pertenecen al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
“Construyendo cambio social”, dice en la fachada del galpón, que está ubicado en frente y en diagonal a las 56 casitas. A la derecha de la frase, hay una pintura de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán, sobre una Latinoamérica presentada con el sur hacia arriba, como la América invertida de Joaquín Torres García. Las paredes del local son de ladrillo a la vista: cuelga una foto polvorienta de Hugo Chávez, cinco cascos y una bandera de Maxi y Darío, los jóvenes piqueteros asesinados por la policía en junio de 2002.
Bajo el paraguas gremial de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), este movimiento lujanense cobra 42 planes Argentina Trabaja. Y tras algunas negociaciones en el ministerio, consiguió ser ente ejecutor de sus proyectos: es decir, en adelante sus propios integrantes administrarán la plata para comprar materiales y herramientas.
“La propuesta kirchnerista de programas comunitarios y asociativos nos parecía bien. Pero a la hora de organizar el trabajo dependíamos de que el municipio nos diera las herramientas. Nos bicicleteaban y nos terminábamos juntando para tomar mates”, recuerda el principal referente del grupo de Luján, Agustín Burgos, militante del MTE y la CTEP. Con botas marrones y pantalón pampero de trabajo, es el líder indiscutido. Con barba de cinco días, sonrisa tatuada y un temple de acero, a sus 33 años Burgos y su novia esperan a su primera hija.
Ahora mismo, dos compañeros de Agustín están terminando de soldar la parada de un colectivo, que en realidad es la única línea que pasa por ese barrio de calles de tierra: el 501. Más tarde, tras una pausa para tomar mates con azúcar -una cucharada por cada cebada- y comer pan chicharrón, van a pintar los fierros. Y de yapa le van agregar un banquito de madera que el municipio no solicitó. “Sin banquito no tiene sentido”, explica Walter, un herrero de 43 años que su sumó al equipo en 2009, tras cubrir francos en una remisería.
Hasta 2009 el Argentina Trabaja era un programa muy demandado por organizaciones y municipios. “Nos daba 2.100 pesos, que no era poco. Pero cinco años después se quedó en 2.600, y se fue convirtiendo en un plan social. Cuando llegó el macrismo, hicimos varias marchas y logramos ser entes ejecutores. ¿Es contradictorio que avancemos con este gobierno de derecha? Y sí, lo es, pero es así”, dice Burgos, sentado en la mini-oficina del galpón.
Desde el Ministerio confirman que la decisión es darle prioridad a las organizaciones sociales. “Además de fortalecer la etapa formativa y el control de la ejecución, uno de nuestros objetivos es garantizar la autonomía del trabajo de las organizaciones en el territorio”, dice el titular de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social del Ministerio (en los hechos, el encargado de negociar con las agrupaciones), Matías Kelly. Hasta antes de pasarse a la política, Kelly era director Ashoka en Argentina, una ONG global que desde hace treinta años se ocupa de promover la llamada cultura emprendedora. Con anteojos de carey, modales irreprochables y un aire al actor Tim Robbins, a los 39 años Kelly pasó de un golpe a negociar con los dirigentes de Barrios de Pie, el Evita y la Corriente Clasista y Combativa.
Pero no todas las agrupaciones valen lo mismo, ante los ojos del PRO. La CTEP, ese espacio heterogéneo que aspira a ser la CGT de los cartoneros, vendedores ambulantes, campesinos, costureros, motoqueros, cooperativistas, artesanos y obreros de empresas recuperadas (un universo que estiman en 4 millones de personas), se convirtió en el interlocutor favorito del gobierno. “El deterioro social avanza mucho más rápido que los paliativos. Pero al menos hay una relación de respeto mutuo y vemos vocación de diálogo en Desarrollo Social”, dice el líder de la CTEP, Juan Grabois.
La elección macrista de la CTEP se explica en parte por su fusión con el Movimiento Evita, espacio que recientemente rompió con el kirchnerismo y fracturó el bloque del Frente para la Victoria en Diputados. ¿Puro pragmatismo rosquero en la decisión? No solamente. La jugada macrista apunta a garantizar cierta paz social, recurriendo a la capacidad instalada y el know how del Movimiento Evita. Ese acuerdo, en el que hay bastante de provecho mutuo, no implica de ninguna manera un romance, un pacto de sangre o la desarticulación definitiva del conflicto en la calle.
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Antes de sumarse a las filas PRO, la ministra Stanley combatió retrospectivamente el prurito gorila del macrismo, presente tanto en su base electoral como en el alma de algunos de sus dirigentes: entre 2000 y 2003 fue asesora de política social de la legisladora María Laura Leguizamón, quien ocupó dos veces la Secretaría de Juventud del PJ bonaerense. Aunque en forma indirecta y en una función algo técnica, Stanley tuvo un pasado peronista. Ahí conoció a su actual esposo y actual jefe de gabinete de la gobernadora Vidal, Federico Salvai. Salteño, 38 años, con look y humor siempre relajados, Salvai fue el motor invisible de la campaña de Vidal. Ahora, ante cada cumpleaños o aniversario, la pareja suele reafirmar su amor en las redes sociales: se dicen “te amo” por twitter y suben fotos de su hijo Mateo (hermano mayor de Juan) el día de la jura a la bandera.
Stanley obedece el mandamiento macrista sobre la centralidad de las redes sociales para comunicar. Cuelga fotos, videos y opiniones (lo hace su equipo, pero ella supervisa atentamente) todos los días: “Abogada. Casada y mamá feliz de 2 varones”, se describe a sí misma en su cuenta.
“Vamos a ayudar a 8 millones de personas”, tuiteó el 21 de diciembre pasado, después de que Macri anunciara desde Casa Rosada un plus único de 400 pesos para quienes recibieran la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo y la jubilación mínima. Con la elección del verbo ayudar Stanley confirmó la sabido: la ministra no habla un lenguaje de derechos, un idioma en el que se da por hecho que el Estado debe ocupar un lugar absoluto y no intervenir solamente en casos de reclamo violento o necesidad extrema. Desde ese paradigma, definido por la academia como principio de subsidiariedad del Estado, la política social se parece a una ambulancia que levanta a las víctimas de la política económica, tal como metaforizó el politólogo Carlos Vilas en su libro “De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo”. Aunque Stanley introduce un matiz respecto a la figura de ese libro publicado en 1997: ella está convencida de que las medidas macro del gobierno -un combo de ajustes, devaluación, despidos estatales y ventajas empresariales para fomentar la inversión- a la larga redundarán en beneficios para todos. ¿Quiénes son todos? Los ricos, los del medio y los que se cayeron del mapa en los últimos meses (1,4 millones de nuevos pobres, según estadísticas de la UCA validadas por la ministra) y los que ya venían caídos de antes (la UCA estima que hay un total de 10 millones de argentinos pobres).
En un ministerio que arrastra una impronta católica desde sus inicios de 1994 (en sus distintas etapas, por ahí pasaron el actual secretario de Culto, Santiago “El Obispo” de Estrada; y los dirigentes de perfil católico Eduardo Amadeo, Jorge Capitanich y hasta el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico), la mirada de Stanley retoma cierta versión de la Doctrina Social de la Iglesia. “Las afinidades entre las políticas sociales de 1966-70, 1976-83 y 1989-2002 remiten a las fuentes doctrinales en las que abrevaron los cuadros a cargo de las oficinas sociales: la Doctrina Social de la Iglesia”, dice el Doctor en Ciencias Sociales e investigador de los elencos de gobierno, Guido Giorgi.
Ese regreso a las políticas focalizadas, con fuerte inspiración religiosa, se confirma al repasar los nombres del equipo de Stanley. Por primera vez un dirigente de Cáritas es viceministro de Desarrollo Social. Se trata del secretario de Coordinación, viceministro en la práctica, Gabriel Castelli. A mitad de camino entre la Iglesia Católica y la empresa con sensibilidad social, su currículum lo pinta de cuerpo entero: licenciado en Administración de Empresas, ex director de la cementera Loma Negra, del HSBC Bank Argentina S.A., de la cadena Farmacity; director nacional de Cáritas Argentina, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), y miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica (UCA).
Al frente de la Subsecretaría de Responsabilidad Social (una innovación institucional bien PRO, con un aire a la estrategia caritativa de las empresas) está Victoria Morales Gorleri, secretaria de la Vicaría Episcopal de Educación por diez años, ligadísima al por entonces arzobispo Jorge Bergoglio.
El arte de congraciarse con el Papa también se compone de estos pequeños gestos. “Conozco la sensibilidad social de la gobernadora María Eugenia Vidal y de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, y sé por la Iglesia argentina que siguen siendo muy sensibles ante el sufrimiento de los que menos tienen", dijo el papa Francisco en una entrevista reciente -un intento de firmar la paz o acercar algunas posiciones con el gobierno- que le hizo el periodista de La Nación Joaquín Morales Solá.
La perspectiva conceptual de Stanley rompe con la tradición (a veces más retórica que concreta) del peronismo y el progresismo o de cierto cruce circunstancial entre ambas vertientes. Así, mientras el kirchnerismo se jactaba de su despliegue territorial y cercanía con los pobres, el macrismo organiza actos cuidadísimos en el comedor ya conocido de Los Piletones, en Villa Soldati, donde Margarita Barrientos se convirtió en una especie de amiga pobre del PRO. Una amiga a la que ya recurrieron una y otra vez, cuando el gobierno quiso dar muestras de preocupación por “los que menos tienen”. Lo que tampoco convierte a Stanley en una dama de beneficencia 2.0. O al menos no la aleja por completo del espíritu que tuvo el ciclo kirchnerista. Al contrario, en los hechos son muchas más las continuidades (asistencialistas) que las rupturas respecto a la gestión específica que monopolizó (aunque no siempre ocupó el puesto de ministra) la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, durante 12 años.
“Es una administración prolija que entró con la premisa de no cortar planes. En general no hubo cacerías ideológicas y se aprovechó lo que había, sin aportar nada innovador para romper la barrera de la pobreza”, evalúa el ex viceministro de Alicia Kirchner, Daniel Arroyo, hoy parado en el Frente Renovador de Sergio Massa. Licenciado en ciencias políticas con perfil de experto en temas sociales, Arroyo es uno de los que quiso dar el salto electoral, tras haber pasado cuatro años en el Ministerio. Pero primero no consiguió respaldo dentro del kirchnerismo; después transitó dos años por el sciolismo bonaerense y al final terminó (derrotado) como candidato a vicegobernador de Felipe Solá en 2015.
“La principal diferencia que veo es que el nuestro era un Ministerio mucho más activo y presente”, afirma una de los ex funcionarios de confianza de Alicia Kirchner, ahora reconvertido en asesor de la gobernación de Santa Cruz.
Los puntos en común citados por Arroyo se explican en parte por la inédita estabilidad que vivió el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a lo largo de más de 12 años: en una situación inusual en la historia de los gabinetes, el MDSN siguió una línea de criterios, de cuadros técnicos y políticos desde la presidencia de Eduardo Duhalde. Un tercio del equipo duhaldista se mantuvo en la etapa kirchnerista de Alicia Kirchner, incluidos los secretarios Carlos Castagneto y Carlos Cipolla. Así, aunque se lo hubiera propuesto, Stanley no podría haber roto tan fácilmente con esa inercia. Y lo cierto es que ni siquiera se lo propuso.
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Son las 10.30 de la mañana y la marcha desde el Obelisco está por empezar. La primera parada de Barrios de Pie se hará en Avellaneda, donde los manifestantes participarán de una misa, comerán un guiso y descansarán un poco, antes de seguir caminando hasta La Plata. A diferencia de otras protestas previas, esta vez la CTEP y la CCC optaron por no sumarse junto a Barrios de Pie. Si bien existen matices que las distinguen y a veces les generan ciertas fricciones, el 7 de agosto las tres orgas fueron juntas desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. Tras haberse visto obligadas a abrir 600 nuevos merenderos sólo en el área Metropolitana, la consigna consensuada por las agrupaciones fue Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, agregando las tres “T” del Papa.
“Esta vez decidieron no estar, pero nos respetamos mucho”, comenta Menéndez, que sigue parado al frente de su tropa. Con banderitas de mano y pecheras celestes, unos 500 hombres y mujeres sub30 esperan la orden a puro mate, galletitas dulces Maná, algunas risas y bastante aburrimiento. Una chica con camperón de River y gorra de los Chicago Bulls vacía la yerba del mate sobre el boulevard que separa Cerrito de la 9 de Julio. La pancarta más grande resume el motivo del corte: “Señora gobernadora, queremos trabajar”. Ese pedido genérico disimula uno más concreto: la administración de María Eugenia Vidal amenaza con recortar el contrato que la cooperativa 8 de octubre, enrolada en Barrios de Pie, tiene con la provincia desde hace 10 años. A cambio de 3.300 pesos, 200 trabajadores se calzan guantes y se atan a una soga para limpiar arroyos bonaerenses contaminados, como el Morales, de González Catán.