Ramona todavía sonríe. Tiene las manos apoyadas en su rostro, el pelo recogido y una pulsera que cae sobre un vestido claro y floreado. Al fondo, el sol hace brillar las hojas verdes de un árbol. Así se la ve en unas de las fotos que los vecinos pegaron en el frente de su casa, la número 79 de la manzana 35 del Barrio 31. También hay ramos de flores, dibujos de corazones, cartas de despedida y velas encendidas. Es la misma casa -las paredes pintadas de amarillo, la puerta de rejas blancas y una pequeña ventana- en la que el 3 de mayo se había filmado indignada y temerosa. Había decidido responder a una declaración del vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, que en una entrevista había asegurado que estaba solucionada la falta de agua que afectaba y aún afecta a cientos de familias en el barrio. “Lo invito a que se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación. El miedo a contagiarte este virus que es terrible”, decía.
Ramona Medina era una de las referentes del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de La Poderosa. También estaba a cargo de la compra de alimentos para el comedor comunitario al que cada día van cientos de personas en el barrio. Ramona murió el domingo por coronavirus. Tenía 42 años. La habían internado de urgencia en la semana anterior con problemas respiratorios. La “mataron”, gritaron sus compañeros de la organización.
El mismo día de la muerte de Ramona también falleció Víctor “Oso” Giracoy, que era referente desde hacía 25 años del comedor "Estrella de Belén". "Pensamos que se contagió en el comedor", dice Héctor Guanco del Comité de Crisis, un colectivo que agrupa a representantes de organizaciones sociales, iglesias y más de 60 comedores, merenderos y ollas populares. La conformación de Comités de Crisis se replicó en otros en otros barrios populares de la Ciudad y el conurbano para contener los contagios.
Las muertes de Ramona y Víctor conmocionaron el barrio. Lo que más lamenta Bania Quispe, promotora de salud y referente social, es haber perdido a dos personas que acercaban un plato de comida a quienes lo necesitaban y que venían peleando desde hace mucho tiempo.
La repercusión de la muerte de Ramona llegó al gobierno nacional. El martes, el presidente Alberto Fernández recibió a Nacho Levy, referente de La Poderosa. Lo hizo, expresó el jefe de Estado en Twitter, para que le contara “la situación de los barrios populares porteños ante el avance de la pandemia. A todos nos ha dolido la muerte de Ramona Medina”, admitió.
Al día siguiente, en otra reunión, Fernández escuchó en la Quinta de Olivos a catorce referentes sociales de los barrios populares de la ciudad y prometió poner en marcha “inmediatamente” políticas públicas que permitan que en esos territorios no se potencien los contagios. Además, anunció que pondrá a disposición un edificio cercano al Barrio 31 con 700 camas como espacio de aislamiento y la realización de testeos. “Somos un puente más para frenar lo que está pasando”, respondieron los referentes que fueron al encuentro. Allí volvieron a pedir el acceso al agua potable, la distribución de alimentos, el subsidio para la compra de garrafas, infraestructura para disminuir el riesgo eléctrico y atención frente al aumento de los casos de dengue. Junto al presidente estuvieron el jefe de Gabinetey cinco ministros.
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—Estamos en la primera línea de la lucha contra el virus.
Silvana Olivera también integra el Comité de Crisis de la 31. Nació en el barrio y trabaja en una panadería de Caballito, aunque está de licencia porque sufre un cuadro de bronquitis crónica. Silvana y Bania caminan juntas todos los días esos pasillos, les preguntan a los vecinos si ellos o sus familiares tienen síntomas de coronavirus, les recomiendan que se cuiden, que se aíslen, que no salgan de su casa.
—Nos dicen que tienen que comer, es muy difícil hacerlo si no pueden salir a trabajar. Entonces van a buscar un plato de comida. Nuestros compañeros de los comedores son los que tienen más contacto con las personas. Cuatro tuvieron que cerrar por el virus, porque las compañeras y vecinas a cargo están infectadas, algunas de ellas, internadas. Es desesperante.
Hace poco más de una semana, en uno de los comedores que funciona en el barrio, un vecino llegó apurado poco antes de que terminara el día y le dio su tupper a una de las encargadas para que le sirva la comida. Cuando ella se lo devolvió lleno, él le dijo: “Menos mal que llegué a tiempo, tengo el virus pero salí un segundito para conseguir comida”.
La escena la cuenta Silvia Saravia, coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie.
—Nuestra compañera quedó paralizada. No sabemos si se tocó la cara, se rascó la nariz o tocó algún elemento de la cocina después de eso.
A más de 60 días de dictada la cuarentena, Saravia reclama la implementación de un procedimiento “para todo lo que sea asistencia comunitaria” con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos de contagio.
Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) establecieron un protocolo propio para la atención de casos sospechosos de contagio en los barrios. La preocupación es grande. Las villas de Capital Federal representan el 17% de los contagios a nivel nacional cuando los 300.000 habitantes apenas son el 0,6% de la población total de la Argentina. Además, sólo en las últimas dos semanas se duplicó la velocidad de propagación en el mismo sector social. En los barrios de Retiro y Flores, donde están las villas 31 y 1.11.14, agrupan casi la mitad de los casos de coronavirus en todo el territorio: 48%. El incremento de testeos en la 31 mostró que el número de casos aumentó: al inicio de esta semana había 1.083 confirmados.
—Hay muchas personas con problemas de salud en los barrios, la mayoría está en riesgo porque comió mal en distintas épocas de la vida, porque vive cerca de lugares contaminados o padecen enfermedades respiratorias o diabetes, un cuadro que aparece cada vez más en los niños y niñas por la incidencia de la malnutrición —dice Saravia.
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Esteban Marcioni es referente del Frente Popular Darío Santillán en Lanús. Allí los militantes detectan las primeras alertas de posibles casos, informan a las autoridades y acompañan a los equipos sanitarios para generar una referencia en el barrio. Hasta hace una semana, la organización había identificado el 10% de los casos positivos en todo el municipio. La tarea está llena de dificultades. Muchas, arrastradas desde antes de la pandemia.
—Nos pasó que varias personas, por desconfianza o miedo, les decían a los promotores de salud que no tenían síntomas de coronavirus y cuando se alejaban nos contaban a nosotros que tenían fiebre. Nuestro miedo es que no lo mencionen porque quizá se imaginan que van a ser estigmatizados en el barrio o porque no quieren dejar la casa sola. Y eso es un problema si no tienen cómo cuidarla durante los días de ausencia.
El trabajo de campo se intensificó después de que un vecino llamó cuatro veces a la línea telefónica abierta para reportar síntomas del virus, pero quienes lo atendieron le diagnosticaron dengue.
—A la quinta vez lo llevamos al hospital en un camión de la organización, que manejé yo —dice Marcioni.
Allí comprobaron que se había infectado con coronavirus.
Lanús forma parte de la Región Sanitaria VI, una de las más populosas y extensas de la provincia de Buenos Aires. Según estimaciones del Ministerio de Salud bonaerense, habitan más de 4.200.00 personas sobre un total de 17.500.000 en todo el distrito. Abarca, además de Lanús, a Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. Algunos de esos municipios se asientan en el territorio de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. La población de los barrios periféricos en la cuenca está expuesta a enfermedades crónicas y altos niveles de contaminación que dan cuenta de un daño sanitario y ambiental extremo, acaso aún mayor frente al coronavirus, como muestran los reportes de un grupo de investigadores del Instituto Gino Germani.
Desde el inicio de la cuarentena las organizaciones trabajan en conjunto con los dispositivos socio-sanitarios del Estado para garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la salud integral en los barrios populares. A mediados de abril, por medio de la Secretaría de Economía Social, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha “El Barrio cuida al Barrio”, un programa de emergencia con promotores y promotoras comunitarias que acompañan a grupos de riesgo, difunden medidas preventivas y distribuyen elementos de seguridad e higiene en los barrios populares.
“Son las y los referentes de los barrios quienes conocen mejor a los vecinos, y eso hace que nuestra intervención sea más eficaz”, explica Carolina Brandariz, directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social. Las y los promotores comunitarios, además, son fundamentales para conocer lo que sucede en el barrio porque reciben datos de los casos sintómaticos que luego, articulados con el sistema de salud, pueden ser hisopados, testeados y fácilmente aislados. Además, realizan un mapeo en cada uno de los barrios para identificar y hacer un acompañamiento específico de la población en riesgo. El objetivo es desplegar el programa a todo el conurbano bonaerense, allí donde el gobernador, Axel Kicillof, teme las consecuencias del impacto que puede traer “volver a la normalidad” cuando todavía el virus está circulando. “Sería un suicidio colectivo”, dijo en un acto.
El otro objetivo es articular el programa con el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr), el operativo sanitario coordinado por los ministerios de Salud nacional y de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad. “Los ajustes y propuestas que las organizaciones sociales hacen al programa son escuchados: mejoran la intervención del Estado en los barrios. Hasta colaboran para que el traslado de las personas sea más eficaz”, sostiene Brandariz.
En toda el Área Metropolitana de Buenos Aires las organizaciones tuvieron que adaptarse frente a la pandemia y transformar las tareas que venían realizando. Charly Fernández es referente del FOL. Desde que empezó la cuarentena las actividades que hacían antes se redujeron a dos: asistencia alimentaria y sanitaria.
—Nuestros jardines de infantes, a los que iban 400 chicos, tuvieron que cerrar y los reconvertimos en postas del operativo DETeCTAr, y también funcionan como centros de vacunación para la gripe.
Fernández cuenta que en el último tiempo la organización pasó de entregar 2.000 a 4.000 raciones de comida. Y no solo en las villas y asentamientos, sino también en barrios consolidados como La Boca y Barracas.
—Ahora se acercan personas que hasta no hace mucho te miraban con recelo y te decían ‘planero’.
Fernández, Saravia y Marcioni coinciden: en paralelo a las acciones para contener el avance del virus las organizaciones duplicaron la cantidad de alimentos que entregan en los barrios. El cierre de escuelas -en muchas funcionan comedores- y la caída del empleo agravaron la situación socioeconómica.
En el comedor del Frente Popular Darío Santillán en el barrio La Fe, en Lanús, se triplicó la cantidad de personas para las que cocinan: a partir de la cuarentena pasaron de 150 a 450. En ese aumento empezaron a acercarse rostros que nunca habían visto.
—El otro día vino a buscar comida un hombre que bajó de un auto casi nuevo, algo que no se ve en la zona. Los compañeros le preguntaron de dónde venía y él les dijo que era chofer de Uber y que no tenía laburo - cuenta Marcioni.
La respuesta ante este aumento también llegó desde las propias organizaciones. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que recibe decenas de pedidos diarios de alimentos a lo largo del país, donó 15.000 kilos de verduras y frutas a diferentes comedores y ollas populares en la ciudad y el conurbano. Un camión con 6.000 kilos se instaló en el centro del Barrio 31 para abastecer a los vecinos. Agustín Suárez, quien forma parte de la organización de familias, calcula que ese día más de mil familias tuvieron su alimento. Armaron bolsas de cuatro o cinco kilos con productos que cultivan en esta época y en una hora entregaron todo. En la distribución los ayudaron las chicas y chicos de La Poderosa, con quienes trabajan también en otros barrios.
—No damos abasto para cumplir sobre todo por la logística que implica. No somos el Estado.
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En la cuarentena las organizaciones están cumpliendo un rol fundamental: son las que conocen el territorio, las que actúan como primer eslabón de una cadena que sostiene de la vida social en los territorios. La respuesta desde abajo que complementa y en muchos casos suple ahí donde el Estado no llega. Más allá de la emergencia por la pandemia, las organizaciones sociales y el Estado tienen una histórica y fuerte conexión, originada fundamentalmente en el acceso y reparto de alimentos. “Sin la capilaridad social propia de las organizaciones sociales no hay forma de llegar a los barrios en un contexto en el que, por la pandemia, la presencialidad del Estado está suspendida”, dice Pilar Arcidiácono, Doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Y opina: “El Estado no podría estar haciendo ni el 50% de lo que hace sin las organizaciones sociales”.
Diego Pando, presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, afirma que el Estado deja en claro que es “la llave indispensable para defender los derechos, en particular, de los que menos tienen y más sufren”. Pando, docente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, resalta, como ejemplos, la implementación el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); los créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos; y la asistencia a las pymes a través de la reducción de las contribuciones patronales y el pago de salarios. “Esto permitió atenuar el impacto económico y social de la inactividad”, analiza.
En la 31, el gobierno porteño suspendió hasta julio el cobro de las cuotas que unas 300 familias pagan después de escriturar y mudarse a las nuevas viviendas construidas en el barrio. “Sabemos que el aislamiento hace difícil para muchos vecinos y vecinas seguir adelante con sus trabajos, generando obviamente menos ingresos. Así llevamos un alivio para que todas puedan quedarse en sus casas y cumplir con la cuarentena”, dice Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad.
Según datos del Ministerio, desde la declaración de la cuarentena unas tres millones de personas se sumaron a programas de asistencia alimentaria. Así, la cifra creció de 8 a 11 millones de argentinos. Uno de los objetivos es sostener el ingreso, reforzar la asistencia alimentaria y lograr el menor movimiento posible en los barrios donde predomina el hacinamiento, como en la 31.
Aunque el Estado aporta los recursos, son los militantes los que ponen el cuerpo y hasta arriesgan su vida. En la casa de Ramona quedaron sus dos hijas -una de ella sufre una discapacidad múltiple- y otros cuatro familiares, todos contagiados por el virus. Los siete vivían en un espacio de 30 metros cuadrados.
La primera muerte por coronavirus en el Barrio 31 ocurrió el 2 de mayo. Toribia Balbuena tenía 84 años y era la madre de la primera infectada. Al esposo de Balbuena también lo internaron tras dar positivo al virus; los tres vivían en la misma casa. Según el Gobierno porteño, la familia “eligió permanecer en su hogar” pese a que le habían ofrecido aislarse en un hotel. La Poderosa desmintió esa información y agregó que la Ciudad no aisló a la familia a tiempo para evitar otros contagios en el barrio. Allí residen entre 50.000 y 60.000 personas, casi todas en inmuebles compartidos y sin los servicios básicos necesarios.
“El virus se propaga, principalmente, en los inquilinatos, donde hay seis o siete familias viviendo hacinadas en habitaciones de tres por tres metros y con solo un baño en común”, cuenta Silvana Olivera.
A las deficiencias de infraestructura históricas, similares a otros barrios populares de la ciudad, se agregó que durante casi dos semanas miles de familias padecieron la falta de agua, un factor clave para que cumplir con las medidas de prevención e higiene ante la pandemia. Después de un cruce de acusaciones entre la Ciudad y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la situación “está en vías de solución”, dice Olivera, aunque advierte que el suministro en los sectores conocidos como Ferroviario y Bajo de la Autopista todavía no se regularizó. En ese lapso dramático sin agua y por ocasiones también sin luz, los referentes sociales se movieron por el barrio para llevar alimentos y bidones con agua potable a quienes lo necesitaban. Algunos en moto o bicicleta, pero la mayoría caminando y subiendo las escaleras hacia los pisos más altos. Una cadena de manos que unió cada casa con los camiones cisternas que envió AySA y que, por lo angosto de los pasillos, no pudieron ingresar al barrio y estuvieron estacionados en los ingresos.
Ramona y el ‘Oso’ eran vecinos históricos, solidarios que reclamaban el por derecho a la vivienda digna. Los cortes de agua y de luz hicieron visibles lo que los habitantes de las villas reclaman desde siempre.
—Vivimos abandonados —dice Bania—. Ahora nos toca ahora sacar fuerzas para no abandonar la lucha.