Disputada por diferentes partidos políticos, volátil a la hora de votar, el blanco de gran parte del discurso mediático. Pertenecer a la clase media es el común denominador de la mayoría de los argentinos, aunque nunca quede claro cuáles son sus límites ni qué implica identificarse como tal. ¿Cómo atraviesan la crisis los distintos sectores que integran ese gran abanico? ¿De qué forma los interpela el Estado? En esta crónica, Gabriel Tuñez narra las historias de comerciantes, trabajadores estatales y cuentapropistas que aprendieron a calcular su futuro en dólares y se piensan como sobrevivientes de las crisis.



10 de enero de 2020. Alberto Fernández sale de la Casa Rosada. Lo rodean unas cinco o seis personas que se acercaron para saludarlo. Ninguna lleva barbijo. No hay coronavirus ni pandemia a la vista de Argentina ni de América Latina. La imagen, difundida por Presidencia, acompaña una declaración del Presidente a modo de balance del primer mes en el cargo. Lo hace después de una serie de anuncios económicos, entre ellos un recargo del 30% a la compra de moneda extranjera: el dólar solidario. 

 

Ese discurso de que la clase media se enoja… Yo no entiendo mucho por qué. La clase media, cuando vea cómo se reactiva la economía porque los sectores más bajos empiezan a consumir, va a ser la gran beneficiada.

 

Diez meses después, Pilar siente que se quedó afuera del grupo de los favorecidos. Tiene 58 años, es madre de cuatro hijas y vive en Villa Luro. Trabaja en el Estado y antes de la pandemia llevaba tres años sin un aumento salarial. Pero a partir de la cuarentena, y de la modalidad de trabajo remoto, empezó a sobrarle parte de su sueldo. Decidió comprar los US$200 mensuales del cupo bancario. Había escuchado que en una ferretería del barrio, además de tornillos, clavos y herramientas, también vendían y compraban pequeñas sumas de dólares, principalmente entre los vecinos conocidos. Pero buscó la formalidad. 

 

Llegué a juntar unos $1.000 y los fui sacando, no para venderlos en el mercado negro y hacer una diferencia en pesos, sino porque no confío en los bancos.

 

Con el nuevo cepo Pilar dejó de comprar. Sus hijas, que habían pasado parte de sus ingresos a dólares para hacer rendir el salario, también abandonaron ese esquema. Aprovecharon hasta donde pudieron, dice, porque en algún momento las condiciones cambiarían. 

 

Pero ahora ya está. 

 

La estrategia de Pilar lleva más de cuatro décadas en buena parte del imaginario social del amplio abanico de las clases medias argentinas. La incorporación del dólar como una moneda familiar fue progresiva, aunque existe cierto consenso en establecer al Rodrigazo, la devaluación del 60% decretada por el entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo en junio de 1975, como fecha de inicio. A partir de ahí se instaló como un recurso de ahorro o pequeña inversión que se profundizó con la desregulación de los mercados de cambio que fijó en 1977 José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la última dictadura militar. Esa combinación de una megadevaluación, alta inflación y desregulación de los mercados provocó que trabajadores y familias con un ingreso estable se recostaran en el dólar para no perder la capacidad de su poder adquisitivo o de ahorro. 

 

O para anticipar un futuro adverso. Como le sucedió a Adrián, que tiene 43 años, manda a su hijo a una escuela privada en Palermo y es cuentapropista. Desde los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri su trabajo decayó, y por eso tuvo que vender dólares ahorrados para pagar los impuestos, las expensas, la escuela o ir al supermercado. Al principio sintió que tenía un resto económico, pero con el paso de los meses se fue diluyendo porque no volvió a “producir” dólares.

 

Hay días que me siento el Banco Central perdiendo reservas.

 

En el plano nacional, fue para “cuidar las reservas” del Banco Central que el gobierno dispuso el pago de un anticipo del 35% del impuesto a las Ganancias sobre la compra del dólar ahorro y la toma a cuenta de pagos con tarjetas en dólares como parte del cupo mensual de US$200. Como explicó la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, esos dólares están destinados a “pagar las importaciones y la deuda”. 

 

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Disputada por diferentes partidos políticos, volátil a la hora de votar, el blanco de la mayoría de los mensajes de los medios de comunicación, cualquiera sea su orientación. Una categoría moral, una identidad. La clase media es heterogénea. La integran maestros, médicos, enfermeros, policías, abogados, trabajadores administrativos, empresarios y comerciantes. Del sector público y privado. Representantes de un sector social con el que se identifica la mayoría de los argentinos pero que, a la vez, resulta cada vez más opaco de descifrar. Se puede definir a una persona de clase media por su posición laboral o nivel salarial, autonomía o dependencia. Una categoría compleja de precisar y compuesta por subdivisiones: baja, media media, media alta. En la clase media parecen habitar muchas clases media y variadas identificaciones según quién lo diga: no peronista, peronista, progresista, fascista, motor del ascenso social, con antepasados europeos, título universitario y un alto nivel cultural. En 2012, una encuesta realizada por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES-UNSAM) sobre percepciones de la desigualdad preguntó a un grupo de personas a qué clase social pertenecían: casi el 75% respondió a la clase media. Entre los quintiles más pobres esta autopercepción alcanzó al 70% y sólo el 20% se autopercibía de “clase baja”.

 

“La heterogeneidad de la clase media es muy grande y la suerte económica de sus integrantes no es la misma en momentos de expansión económica o crisis como la actual”, dice Gabriela Benza, doctora en Ciencias Sociales y coautora del libro “La ¿nueva? estructura social de América Latina”. Para Mariana Heredia, doctora en Sociología y directora de la Maestría en Sociología Económica del IDAES-UNSAM, probablemente “no existan muchas clases medias, sino una que está fracturada entre quienes les va mejor y peor”. Los más afectados por la pandemia -coinciden las sociólogas- son quienes tienen su posición atada a los ciclos económicos, como los pequeños empresarios, comerciantes y cuentapropistas calificados, los asalariados con menores niveles de calificación (empleados de oficina o de comercio) y los que están en negro. Aunque la crisis, advierte Benza, también perjudicó a los trabajadores estatales (médicos, enfermeros y docentes) en sus condiciones laborales.

 

 

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Leandro es propietario de una librería -dos locales de venta al público y uno de producción editorial- en Buenos Aires.  Durante el macrismo su rubro quedó golpeado por el aumento de los servicios públicos, la caída del consumo y las devaluaciones. Con la llegada de la nueva gestión, la industria editorial y del libro repuntó y durante unos meses las ventas aumentaron levemente. Pero la sensación duró poco: por el inicio de la pandemia tuvo que cerrar sus emprendimientos sin tener un resguardo financiero.

 

Como la mayoría de las PyMES, estábamos cobrando con varios meses de demora. Sin contar que en abril debía iniciar la Feria del Libro, que se suspendió. Ahí teníamos nuestro stand prácticamente pagado. Los primeros meses fueron muy duros.

 

Frente a la urgencia de miles de casos como el de Leandro, acaso con más premura que sofisticación, el Gobierno enfrentó la crisis con una distribución de recursos. Dos de las principales medidas fueron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías, y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que apuntó a dos grandes grupos de beneficiarios: los trabajadores formales del sector privado empleados en empresas afectadas por la pandemia, y los monotributistas y autónomos que sufrieron un recorte significativo en sus ingresos. Según datos oficiales difundidos en julio, hasta ese momento el IFE había abarcado a unos 8,9 millones de beneficiarios (casi el 40% de la población económicamente activa), mientras que 330.000 empresas (60% de las unidades productivas argentinas) habían accedido al menos una vez al beneficio de la ATP, que contempla a más de 2.000.000 de trabajadores. Leandro fue uno de los que recibió esta última para afrontar los salarios de los empleados de su librería. 

 

Eso nos dio mucho oxígeno admite. Ese aire se tradujo en la práctica al acceso a un crédito a tasa cero que Leandro podrá abonar en, como mínimo, 12 cuotas fijas sin intereses.

 

Aunque estas acciones no siempre respondieron a las necesidades sanitarias y económicas de los beneficiarios, en su mayoría situados en las clases medias. Es el caso de Walter, que después de 26 años en relación de dependencia decidió dar “el salto” al cuentapropismo. Se registró en la AFIP como monotributista y empezó a vender ropa por Internet. Le costó adaptarse a los altibajos de una actividad nueva, pero llegó al inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) con una pequeña reserva monetaria. 

 

Las primeras semanas de restricciones no me afectaron mucho, pero después de un mes y medio sin recibir mercadería ni vender mi situación empeoró.

 

Preocupado por su economía, decidió tramitar el IFE pero no accedió por su categoría como monotributista. Después, trató de conseguir un crédito estatal a tasa cero: pensaba usar esa plata para comprar ropa y pagar el crédito con las ganancias de las ventas. Jamás se lo dieron. Su solicitud todavía está bajo análisis de la AFIP. 

 

Para Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el golpe de la crisis en los sectores medios, en su gran mayoría asalariados registrados tanto en el ámbito público como privado, puede verse en dos niveles: salarial y laboral. “En el sector público, donde casi el 100% pertenece a las clases medias, los trabajadores pudieron sostener el empleo, pero perdieron a nivel salarial porque sufrieron un ajuste muy fuerte”, dice. En el ámbito privado, el impacto sobre los asalariados se dio por la doble vía de los ingresos y el empleo. A nivel laboral, el ajuste más fuerte ocurrió entre marzo y abril. “Solo en abril la reducción fue de 1,7% en comparación con marzo. Para tener una dimensión de esta cifra hay que decir que en todo 2019 la caída fue de 2,5%”.

 

Entre junio del año pasado y el mismo mes de 2020 se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo. Para encontrar variaciones mayores hay que remitirse a los peores meses de 2002, donde hubo caídas del 10% del empleo. El panorama actual pudo ser peor, opina Campos, porque la contención que hizo el Gobierno a partir de medidas como la prohibición de los despidos, la habilitación de suspensiones -que alcanza casi al 10% de los trabajadores formales y garantiza el pago del 75% del salario neto de los trabajadores de sectores económicos o empresas que se vieron afectadas por la pandemia- y el ATP “en cierta medida, y con muchas comillas, fue exitosa”. 

 

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Esteban está casado y es padre de tres hijos. Vive con su familia en un departamento en la Avenida Del Libertador a la altura de Beccar, en una de las zonas más acomodadas del norte del conurbano. Se define como emprendedor y cuenta que le encontró “la vuelta” para ser beneficiario del IFE aunque sin cumplir estrictamente con las condiciones fijadas por el Estado. Asegura que es la primera vez en su vida que aplica y recibe una ayuda de este tipo. Algunos de sus amigos “del barrio y del club” en el que juega al tenis también lo hicieron. Esteban admite que los $10.000 que recibe cada poco más de 30 días son importantes para la economía familiar, pero marca diferencias con otro tipo de intervenciones del Estado.

 

No me siento un planero.

 

Existen muchos componentes de la clase media que muestran el rechazo a la ayuda estatal o que la ven de manera negativa. “Hay personas que después de preguntarles varias veces me dijeron, casi con vergüenza, que reciben un IFE, pero que lo aceptaron porque el Estado no las deja salir a trabajar. Que es algo circunstancial y que no van a vivir de eso”, cuenta el antropólogo e investigador de CONICET Sergio Visacovsky.

 

Benza explica que eso se observa en cómo se desestima, por ejemplo, el servicio público de la salud. En el caso de la educación pública, todavía mantiene cierto prestigio en una parte de los sectores medios, los más progresistas. “El rechazo a lo estatal se basa en un estigma o porque es menor a la merecida. Pero es cierto que la ayuda a la clase media históricamente ha sido poca”, dice la socióloga. Heredia, por su parte, explica que la política social del Estado fue mutando con el tiempo. En los años 60 y 70 apuntaba a universalizar la salud, la educación o el acceso a la vivienda, lo que permitió que la clase media prosperara. En los años siguientes la asistencia comenzó a “quebrarse” y los sectores medios motorizaron la privatización de esos servicios, enviando a sus hijos a escuelas subvencionadas o atendiéndose en clínicas privadas, asumiendo que iba a recibir algo mejor que lo que le daba el Estado. 

 

El retiro de la clase media de los servicios públicos hizo que el Estado asumiera que si alguien podía pagar, mejor que lo hiciera. Recurrió a políticas focalizadas como la entrega de bolsones de comida a los sectores populares o los planes de regularización de los barrios de emergencia. “Ahí es donde aparece la idea del planero, que es mentirosa porque el Estado distribuye de distintas maneras (en justicia, transporte, servicios públicos) y porque, exceptuando la crisis de 2001 y sus alrededores, está demostrado que los planes son un elemento más de la composición de los ingresos populares”, dice Heredia, y asegura que es algo mucho más ideológico que real. “Sin embargo, este momento histórico lo redefine porque hay una clase media que tiene la posibilidad de pedir el IFE o la ATP”. 

 

Frente a esta ayuda todos, aunque con sus diferencias o recelos, parecen quedar igualados: la clase media autónoma de los comerciantes y pequeños empresarios y la dependiente de los trabajadores estatales y privados.

 

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Sábado 19 de septiembre de 2020. Ricardo tiene 55 años, viste un sweater bordó, un barbijo negro y una bandera argentina que flamea con la mano izquierda. Estacionó su auto gris al pie del Obelisco, principal escenario de una nueva manifestación opositora al Gobierno en plena pandemia. Cuando terminó la protesta el Ministerio de Salud nacional reportó 9.276 nuevos casos de coronavirus y 94 nuevas muertes, cuatro de ellas en Buenos Aires. 

 

Vengo por los valores de mi abuelo y el futuro de mis nietos. Estamos en manos de un gobierno de psicópatas que nos divide. Acá está toda la clase media.. 

 

Tras las primeras semanas de la cuarentena se instaló en buena parte de la sociedad, y en los medios de comunicación, la discusión acerca de si era preferible preservar vidas y el sistema sanitario con un duro aislamiento o levantar las restricciones para favorecer a los sectores de la economía más perjudicados por el ASPO. Como otras veces, el debate llegó a las calles primero en forma de cacerolazos y luego en marchas frecuentes, pero minoritarias, de comerciantes, trabajadores formales y opositores al gobierno. A partir de mayo se sucedieron manifestaciones en distintas ciudades del país en contra del aislamiento, pero también de medidas políticas tomadas por el Presidente, todo mezclado con proclamas antivacunas, terraplanistas y reivindicativas de la última dictadura militar.

 

“La gente va despertando. No es la mayoría, pero hay un cambio de conciencia. Nos encerraron con la cuarentena para que no pudiéramos ver otra cosa. Están encubriendo algo”, dice Patricia, que asistió a los últimos tres banderazos. Junto a Claudio, que es abogado, juntan firmas para que la vacunación contra el COVID-19 no sea obligatoria. 

Ambos reconocen que no todos los que se movilizan como ellos se oponen a la vacuna que ponga fin al COVID-19. Hay quienes cuestionan el “avasallamiento a la justicia” con la reforma impulsada por el gobierno o el traslado de tres jueces de Cámara cuyos apellidos, admiten, no conocen. A las primeras movilizaciones concurrieron comerciantes que pedían autorización para abrir sus negocios o profesionales de diferentes rubros privados. Sí, aseguran, la gran mayoría se opone en líneas generales a la gestión de Fernández. Y aceptan que no todos parecen ser de clase media, sobre todo quienes llegan en autos importados. 

 

“Nadie puede negar el carácter drástico de las medidas contra la pandemia, pero en las marchas hay más una reacción política contra el gobierno que sociológica de clases”, opina Ezequiel Ipar, doctor en Filosofía y en Ciencias Sociales e investigador del Conicet. Y ejemplifica: “Si uno hace clasificaciones objetivas, los policías que días atrás rodearon la Quinta de Olivos son de clase media”.

 

Para el politólogo Diego Reynoso, director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA), lo que empezó siendo la expresión de un estado de ánimo contrario al ASPO se transformó en un reclamo que “se resumiría así: ‘estamos destrozados económicamente, el país se viene a pique, no soluciona la pandemia y nos coarta la libertad’. Ese es un discurso que pega muy fuerte en la clase media”. Al analizar la relación entre el gobierno y los sectores medios, Reynoso historiza: “Al peronismo siempre le costó interpelarlos. Cuando lo logra, puede ganar una elección. Son otros los partidos que logran atraer a la clase media, aunque no le dan las políticas públicas que sí les concede el peronismo”.

 

Aunque en este contexto de crisis y marchas, Heredia dice que poner a la clase media en el banquillo de los acusados o vincularla con la nueva derecha es equivocado, porque ese señalamiento tiene una interpretación tan sesgada como decirles planeros a los sectores populares. Se trata, dice la socióloga, de un prejuicio sin asidero y con efectos políticos peligrosos. La clase media es también la que integra las organizaciones sociales que ayudan en los barrios vulnerables, la de los maestros y los médicos que trabajan en las zonas más calientes. La del progresismo que lee Página/12. 

 

Las crisis no se pueden resolver encontrando chivos expiatorios, ya sean los planeros o la clase media facha, sino viendo cómo se distribuyen los recursos en un escenario de pérdidas. Un sistema político que alimenta estas posturas no resuelve el problema: lo perpetúa.

 

 

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Desde los años 80 Osvaldo es propietario de una empresa de juguetes en Lanús. Durante el menemismo debió cerrarla porque no podía competir con los productos importados y pasó a manejar un taxi. Tras la crisis de 2001, consiguió reabrirla y “volver al ruedo”. En los últimos años tuvo que “hacer un ajuste”, pero desde el inicio de la pandemia, dice, trabaja “a cuatro manos” por el repunte del sector. Al caer las importaciones, la producción local de juguetes debió abastecer a un mercado que, si bien alicaído, continuó comprando, mayormente online, a partir de la necesidad de mantener entretenidos en las casas a los niños, según estima. “Es mi mejor temporada en 20 años”, comenta. 

 

La pandemia causó un impacto directo y mayoritario en la economía y las dimensiones sociales del país. Las últimas estadísticas oficiales difundidas detallaron que durante el segundo trimestre, el del confinamiento más duro, se registró un fuerte aumento del desempleo (llegó al 13% y afecta a 2,3 millones de argentinos, la cifra más alta desde 2004) y el mayor derrumbe en la historia de la actividad económica: 19,1% en el segundo trimestre. Argentina ya estaba sobre un escenario de crisis alimentaria, productiva y sociosanitaria. Pero la clase media parece tener un expertise para sobrevivir a la incertidumbre que dejan las crisis cíclicas. Dependerá de la magnitud, cuánto dure y de las medidas que se tomen para salir rápido, otra vez.

 


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